Longform

    Lo que se ha publicado esta semana del 6 al 12 de noviembre de 2026

    Contratación Pública

    Caso de éxito con empresa del sector salud: exclusión tras justificar una oferta anormalmente baja

    Litinet · Contratación Pública

    Una empresa sanitaria queda primera clasificada, su precio se considera anormalmente bajo y, pese a explicar costes, organización del servicio y medios, la excluyen sin que la decisión diga por qué esas explicaciones no bastan. El caso se plantea desde el artículo 149 LCSP, que exige tramitar el procedimiento de comprobación antes de rechazar una oferta por inviable. Si el órgano de recursos aprecia un defecto en la valoración o en la motivación, puede anular la exclusión y ordenar que se examine de nuevo la viabilidad, lo que no equivale a ganar el contrato. Es una entrada de un despacho que presenta su servicio a través de un caso.

    La legitimación en la contratación pública (art. 48 LCSP)

    esPublico Contratación · Contratación Pública

    Repaso casuístico de quién puede interponer el recurso especial. Reúne supuestos de inadmisión por falta de legitimación: el licitador que no ha presentado oferta frente a un pliego, la empresa con prohibición de contratar inscrita en el ROLECE, el segundo clasificado cuando la distancia de puntuación es insalvable o quien queda cuarto sin beneficio acreditable, y un ayuntamiento disconforme con los medios asignados a su municipio en un transporte sanitario autonómico. También recoge que la legitimación se examina aunque nadie la haya alegado y que participar en la licitación no la otorga por sí solo.

    La relevancia de la conducta del contratista en los modificados y las ampliaciones de plazo de las obras públicas

    José Antonio Segura Prieto, en Almacén de Derecho · Contratación Pública

    Si el contratista firma un modificado o una ampliación de plazo sin reservas y meses después reclama los sobrecostes del retraso, la Administración suele oponerle esa firma. A partir de las SSTS 372/2026, de 25 de marzo (rec. 1078/2024), y 1088/2025, de 21 de julio (rec. 4247/2022), el texto sostiene que el silencio no basta para rechazar la reclamación y que hay que examinar qué se aceptó realmente. Separa tres preguntas: si hubo renuncia o una solución que incluía las consecuencias económicas, si el retraso es imputable a la Administración y si los daños están acreditados. Advierte además de que el caso de 2026 se resolvió bajo la Ley 30/2007 y de que los artículos 29.2 y 195.2 LCSP no son intercambiables.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    Sentencia casacional: penalización de la Administración por remitir el expediente incompleto

    José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

    Comenta la sentencia de la Sala Tercera de 23 de octubre de 2026 (rec. 74/2024), dictada en materia tributaria pero con vocación de aplicarse a cualquier ámbito. Un expediente de regularización del IVA no incorporaba documentos que fundamentaban el acto, entre ellos el contenido volcado de varios ordenadores. El Supremo fija doctrina: que el interesado no haya pedido el complemento del expediente no neutraliza el deber de la Administración de ponerlo a disposición completo, y las consecuencias de los defectos recaen sobre ella, por derivar del artículo 24 CE. La entrada recuerda el cauce del artículo 55 LJCA y recoge comentarios de lectores sobre la práctica de reservar documentos para la contestación a la demanda.

    Restringido portillo para promover la revisión de oficio de nulidad por falta de requisitos esenciales

    José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

    La sentencia del Supremo de 26 de octubre de 2026 (rec. 2441/2024) aborda la nulidad del artículo 47.1.f) LPAC y su equivalente tributario, el 217.1.f) LGT. Una constructora pidió la revisión de oficio de una resolución que le denegaba una devolución de ingresos indebidos y el Tribunal desestima: esa causa solo vale para actos favorables, de los que se adquieren facultades o derechos, y no para actos de gravamen o denegatorios. Quien resulta perjudicado tiene que acudir a otros motivos de nulidad, tasados y de interpretación restrictiva. Chaves extiende la regla al artículo 47.1.f) LPAC.

    La ejecución de sentencias no llega más allá de sus pronunciamientos específicos

    José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

    El auto del Supremo de 22 de octubre de 2026 (rec. 891/2022) resuelve un incidente de ejecución tras anular un acuerdo por haber dictado la AEAT liquidaciones de IVA con competencias autonómicas. Las entidades ejecutantes pedían anular también las liquidaciones y devolver lo pagado, pero el fallo no lo decía, y tampoco habían solicitado complemento de sentencia. El Tribunal rechaza ampliar en ejecución el objeto del proceso y descarta el artículo 103.4 y 5 LJCA, porque las liquidaciones eran anteriores a la sentencia y no se dictaron para eludirla. La entrada concluye que, ante un fallo abierto, conviene pedir aclaración o complemento antes de instar la ejecución.

    Ayudas por la DANA Adam | Claves del Real Decreto-ley 33/2026

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 un real decreto-ley para los daños de las inundaciones del 17 al 19 de octubre. Tiene cinco capítulos y treinta artículos. Para el sector agrario complementa la subvención al seguro hasta el 70 % de la prima, con 700.000 euros de crédito, y crea una ayuda de minimis de oficio para la parte del daño no indemnizada, con 3.000.000 de euros y un mínimo de 100 euros. Prevé obras de emergencia en caminos agrícolas e infraestructuras de riego, canalizadas por SEIASA y con 85.000.000 de euros, además de una línea ICO-MAPA-SAECA hasta el 1 de marzo de 2028.

    Función Pública

    ¿Puede excluirse el anonimato en determinadas pruebas selectivas a través de las bases reguladoras de una convocatoria?

    esPublico Personal · Función Pública

    Parte del anonimato como garantía ligada a los artículos 23.2 y 103.3 CE y al 55 TREBEP, y del artículo 4 del RD 896/1991, que lo exige en los ejercicios escritos siempre que sea posible. De ahí deduce que las pruebas no escritas, como la exposición oral en el acceso a cuerpos superiores de la Administración Local, podrían no admitirlo. Repasa la jurisprudencia de la Sala Tercera, entre ella las SSTS de 19 de enero de 2009 (rec. 8098/2004) y 8 de julio de 2015 (rec. 1460/2014), que configuran el anonimato como derecho de cada aspirante, cuyo ejercicio no depende de la conformidad de los demás.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Nulidad parcial del planeamiento: STSJ CANT 1101/2026

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    El TSJ de Cantabria ha anulado el PGOU de un municipio cántabro aplicando la STS 1462/2025, de 17 de noviembre (rec. 3501/2023). La doctrina parte de que los planes son normas y su vicio es nulidad de pleno derecho con efectos ex tunc; la regla general es la nulidad total y la parcial solo cabe si el vicio puede individualizarse en un ámbito o en determinaciones concretas sin afectar al resto. Al caer el PORN de las Marismas de Santoña en que se apoyaba el plan, la Administración no acreditó qué partes podían sobrevivir y la nulidad fue total.

    Suspensión de licencias

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Resume la doctrina de la STS de 30 de junio de 2022 (rec. casación 5615/2020) sobre la suspensión de licencias mientras se tramita un nuevo plan. Es facultativa, puede acordarse con ocasión del estudio del plan sin que haya empezado el procedimiento formal de aprobación, y busca evitar que se consoliden aprovechamientos amparados por el plan vigente pero contrarios al nuevo modelo. Como limita derechos, su contenido se interpreta de forma restrictiva y todo exceso sobre los supuestos que permite la ley resulta ilegal.

    Resoluciones de la semana: empleo público, responsabilidad patrimonial y otras materias (11 de noviembre de 2026)

    Lo publicado esta semana en empleo público, responsabilidad patrimonial, subvenciones, ayudas de Estado y derecho regulatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.

    Empleo público

    Sentencia de 4 de noviembre de 2026 del Tribunal General de la Unión Europea, Sala Tercera ampliada (Asunto T-622/24, GI contra Comisión Europea, ECLI:EU:T:2026:718)

    Un funcionario de la Comisión impugna su informe de evaluación de 2022, que califica su rendimiento de insatisfactorio, y reclama una indemnización por daños materiales y morales. El Tribunal General desestima el recurso: no es competente para ordenar ascensos o reclasificaciones retroactivas, inadmite las pretensiones nuevas formuladas en la réplica y rechaza los motivos de falta de motivación y de error manifiesto de apreciación. El motivo sobre el doble papel del superior jerárquico (autor de una contribución al informe y, a la vez, validador) es inadmisible porque no se planteó en la reclamación administrativa previa. Criterio útil: la reclamación previa contra un informe de evaluación no es obligatoria, pero si el funcionario opta por ella, el recurso posterior queda vinculado a lo planteado en esa reclamación.

    Sentencia nº 1182/2026, de 22 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 158/2025, ECLI:ES:TS:2026:4382)

    La Asociación Unificada de Guardias Civiles impugna el Real Decreto 353/2025, que reorganiza la Dirección General de la Guardia Civil, porque no se recabó el informe del Consejo de la Guardia Civil ni se consultó a las asociaciones profesionales. El Tribunal Supremo admite que, en abstracto, los cambios en los órganos de representación y en la secretaría que interviene en los ascensos podrían afectar a los guardias civiles. Pero desestima el recurso porque la recurrente no concreta cómo esas modificaciones afectan a sus condiciones profesionales, y le impone las costas hasta 4.000 euros. Criterio útil: quien alega la omisión de esos trámites debe justificar con detalle la afectación concreta a las condiciones profesionales.

    Sentencia nº 356/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 587/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3528)

    El Ayuntamiento de Bilbao recurre la sentencia que anula la base del proceso de estabilización (por concurso) de ocho plazas de trabajador social que solo valoraba la experiencia en el propio Ayuntamiento adquirida a partir del 31 de diciembre de 2015. La Sala desestima la apelación. Admite que se limite la valoración a la experiencia más reciente, pero exige que la justificación conste en el expediente de aprobación de las bases: «Es preciso que durante la tramitación del expediente que llevó a la aprobación de las bases se dejara constancia de los argumentos que servían para incorporar la limitación en la valoración de la experiencia». El informe municipal elaborado más de un año después de aprobarse las bases no cubre ese deber, y tampoco justifica la fecha elegida.

    Sentencia nº 361/2026, de 22 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 671/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3532)

    Un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía reclama la diferencia entre el componente singular del complemento específico que cobra en el puesto de «Personal Operativo Investigación» de la Jefatura Superior del País Vasco y el que tiene asignado el mismo puesto en Madrid. La Sala estima el recurso siguiendo su doctrina reiterada: si los puestos tienen la misma denominación en la RPT, corresponde a la Administración, por facilidad probatoria, acreditar las razones objetivas de la diferencia retributiva, y la Abogacía del Estado se limita a criterios genéricos. Rechaza que fuera necesario impugnar la RPT y que la Ley de Presupuestos de 2013 impida reconocer la diferencia, y condena a pagar 1.811,04 euros más intereses, con costas.

    Sentencia nº 366/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 558/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3531)

    Una médica con plaza fija en Osakidetza, en comisión de servicios en el Servicio Riojano de Salud desde 2013, queda excluida de la convocatoria extraordinaria de asignación de nivel de desarrollo profesional porque no acredita un año de prestación efectiva de servicios en Osakidetza en los tres últimos años. La Sala estima la apelación y reconoce su derecho a participar. Quien está en comisión de servicios conserva su plaza y sigue en servicio activo con todos sus derechos, entre ellos el desarrollo profesional, y excluirla podría dejarla sin ningún servicio de salud que le reconozca la carrera profesional. La Sala reitera el criterio de sus apelaciones anteriores sobre la misma convocatoria.

    Sentencia nº 365/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 267/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3530)

    En un recurso en materia de personal contra Osakidetza, la Sala revoca el auto que archiva las actuaciones por incomparecencia de la actora a la vista y ordena retrotraerlas para que se le requiera que aclare si comparece por sí misma o representada. Ante la confusión sobre la representación, el principio pro actione exige requerir la subsanación, porque «es al órgano de instancia a quien compete velar por la observancia de los presupuestos procesales».

    Responsabilidad patrimonial

    Sentencia nº 1163/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 9433/2024, ECLI:ES:TS:2026:4367)

    El juzgado penal omitió el ofrecimiento de acciones al hijo de una víctima de asesinato, que por ello no pudo personarse en el proceso penal, y la Audiencia Nacional rechazó su reclamación por el distanciamiento total entre el recurrente y su padre. El Tribunal Supremo fija doctrina: esa omisión es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia con independencia de las relaciones personales entre perjudicado y víctima, que solo pueden valorarse al cuantificar la indemnización. Estima el recurso, aprecia una pérdida de oportunidad de reclamar en el proceso penal y, atendido ese distanciamiento, fija la indemnización en 1.000 euros (frente a los 51.751 reclamados).

    Sentencia nº 1186/2026, de 22 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 5558/2024, ECLI:ES:TS:2026:4366)

    Un alumno de formación profesional dual de un instituto público sufre la amputación de varias falanges al manejar una plegadora durante sus prácticas en una empresa con convenio con la Junta de Andalucía. El TSJ rechazó la reclamación porque el daño sería imputable a la empresa y no a la Administración. El Tribunal Supremo fija doctrina en sentido contrario: «La acción formativa llevada a cabo por la empresa forma parte del servicio educativo prestado por la Administración», de modo que la empresa no es un tercero ajeno y los daños son imputables al servicio público, sin perjuicio de que la Administración pueda reclamar a la empresa por incumplimiento del convenio. Estima el recurso y condena solidariamente a la Junta y a su aseguradora a pagar 42.313,11 euros; la impericia del alumno no rompe el nexo causal, porque es propia de quien está en formación.

    Subvenciones

    Sentencia nº 1081/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 4733/2024, ECLI:ES:TS:2026:4399)

    El Gobierno de las Illes Balears denegó una ayuda directa COVID-19 por no estar la solicitante al corriente de sus obligaciones tributarias, y el TSJ anuló la denegación aplicando el principio de proporcionalidad. El Tribunal Supremo fija doctrina: la proporcionalidad solo opera en la fase de comprobación y control posterior a la concesión, para graduar las consecuencias de incumplimientos parciales, y no permite modular los requisitos para obtener la condición de beneficiario, que son binarios: «o se está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el momento legalmente relevante, o no se está». Aun así, desestima la casación por otra razón: las liquidaciones no estaban notificadas en la fecha de la solicitud, así que no había deuda exigible y la solicitante sí estaba al corriente. Criterio útil: el mero devengo de una obligación tributaria no equivale a una deuda que impida obtener la subvención.

    Sentencia nº 449/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 201/2024, ECLI:ES:TSJPV:2026:3514)

    Una investigadora no seleccionada impugna la concesión de una ayuda del Programa Postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor del Gobierno Vasco a otro candidato, porque su solicitud carecía de documentos esenciales, se le computaron méritos fuera de plazo y la valoración no está motivada. El Tribunal desestima el recurso: la falta de documentos preceptivos es subsanable conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, a diferencia de los méritos que cada aspirante aporta voluntariamente, de modo que «el elenco de posibles subsanaciones del art. 27 de las bases de esta convocatoria no puede entenderse como un numerus clausus». Admite también la motivación incorporada al resolver la alzada, porque «la motivación tardía debe limitarse a explicitar o desarrollar razones ya contenidas implícita o explícitamente en el expediente». Para combatir el juicio técnico del comité evaluador, la recurrente tenía que aportar un criterio técnico alternativo, y no lo hace.

    Ayudas de Estado

    Sentencia de 5 de noviembre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera (Asunto C-266/24 P, C-269/24 P, C-289/24 P, Comisión Europea y otros contra Ryanair DAC, ECLI:EU:C:2026:930)

    La Comisión autorizó, en el marco temporal de la COVID-19, una garantía estatal y un préstamo subordinado de los Países Bajos a KLM, y consideró que KLM y sus filiales eran las únicas beneficiarias. El Tribunal General anuló esa decisión a instancia de Ryanair por error manifiesto al excluir al holding Air France-KLM y a Air France. El TJUE estima los recursos de casación: el Tribunal General aplicó correctamente el concepto de unidad económica, pero excedió los límites de su control al sustituir la apreciación de la Comisión por la suya sin demostrar que esta fuera inverosímil. Rechaza el primer motivo de Ryanair y devuelve el asunto al Tribunal General para que resuelva los demás. Criterio útil: los compromisos contractuales que asignan la ayuda a una sociedad del grupo no pierden eficacia por haberlos suscrito el holding que la controla.

    Sentencia de 5 de noviembre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera (Asunto C-505/24 P, Condor Flugdienst GmbH contra Comisión Europea, ECLI:EU:C:2026:931)

    La Comisión no formuló objeciones a una ayuda de reestructuración de Alemania a Condor (modificación de préstamos COVID-19 y condonación parcial de deuda), y el Tribunal General anuló la decisión a instancia de Ryanair por entender que debió dudar del cumplimiento del punto 67 de las Directrices de salvamento y reestructuración, que exige que el Estado participe en las futuras plusvalías del beneficiario. El TJUE estima la casación: ese requisito de reparto de cargas solo se aplica cuando el beneficiario conserva fondos propios después de que los accionistas y acreedores subordinados existentes hayan absorbido las pérdidas, y no alcanza a los nuevos inversores. Como el antiguo accionista perdió todo el valor de su participación y los acreedores condonaron casi todos sus créditos, la Comisión examinó implícitamente esa cuestión. El TJUE anula la sentencia y desestima el recurso de Ryanair.

    Derecho regulatorio

    Sentencia de 5 de noviembre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta (Asunto C-468/24, SR contra Netz Niederösterreich GmbH, ECLI:EU:C:2026:936)

    Un tribunal austriaco pregunta si un cliente final puede negarse a que el gestor de la red eléctrica le instale un contador inteligente. El TJUE responde que la Directiva 2019/944 no obliga al gestor de red a aceptar esa negativa ni a facilitar en tal caso un contador convencional. La Directiva 2014/32 no se opone a una definición nacional de contador inteligente sin requisitos específicos de seguridad de los datos, siempre que otras normas nacionales garanticen la seguridad y la protección de datos personales. Por último, las condiciones del artículo 5.3 de la Directiva 2002/58 sobre acceso a información en el equipo terminal no se aplican a una red eléctrica por la que puedan transmitirse datos personales.

    Sentencia de 5 de noviembre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera (Asunto C-205/25, Joachim Lindenberg contra Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, ECLI:EU:C:2026:933)

    La autoridad bávara de protección de datos deniega a quien presentó una reclamación el acceso a sus datos personales que obran en el expediente, porque la ley regional excluye todo acceso a los expedientes de las autoridades de control. El TJUE declara que, en el procedimiento de reclamación del artículo 77 del RGPD, la autoridad de control es responsable del tratamiento y debe, en principio, dar acceso a esos datos conforme al artículo 15. El artículo 23 del RGPD se opone a una norma nacional que niega al reclamante cualquier derecho de acceso a sus datos en poder de la autoridad de control.

    Sentencia nº 1177/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 2546/2024, ECLI:ES:TS:2026:4385)

    La Dirección General de Carreteras autorizó un cartel de EBOCA Vending Labs junto a la autovía A-23 con la condición de suprimir la expresión «audaces y rebeldes», y el TSJ de Aragón anuló esa condición porque la expresión forma parte del nombre comercial. El Tribunal Supremo estima la casación del Abogado del Estado y confirma la resolución: la Ley de Carreteras solo permite carteles que informen de la identidad corporativa de la actividad, un concepto más estricto que el nombre comercial, y «No puede confundirse esta información referida a la identidad corporativa con el nombre comercial de una empresa». Criterio útil: en los carteles visibles desde la carretera solo caben el nombre de la empresa y su actividad, no las expresiones destinadas a fomentar la contratación, aunque formen parte del nombre comercial.

    Sentencia nº 1183/2026, de 22 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 6329/2024, ECLI:ES:TS:2026:4394)

    La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicó a Barcelona de Serveis Municipals que su concesión para explotar un aparcamiento en el puerto, otorgada antes de la Ley de Puertos de 1992, vence el 15 de diciembre de 2027, y el TSJ de Cataluña reconoció el plazo pactado de cincuenta años. El Tribunal Supremo estima la casación y fija doctrina: estas concesiones están sujetas al límite temporal del régimen transitorio del texto refundido de la Ley de Puertos (35 años), porque lo decisivo es la ocupación del dominio público portuario y no el objeto de la concesión. Tampoco cabía la ampliación hasta cincuenta años, porque la concesionaria no la solicitó en la forma prevista.

    Sentencia nº 1181/2026, de 22 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 7710/2024, ECLI:ES:TS:2026:4391)

    Terminales Marítimas del Sureste, titular de la terminal pública del puerto de Alicante, pide acceso a la documentación no confidencial del expediente de una concesión solicitada por un competidor durante el trámite de información pública. La Autoridad Portuaria lo deniega y el TSJ de la Comunidad Valenciana inadmite el recurso por falta de legitimación, porque la recurrente no participó en la competencia de proyectos. El Tribunal Supremo fija doctrina: tienen legitimación quienes participaron solicitando la concesión y quienes impugnaron el inicio de la competencia de proyectos, y en el trámite de información pública cualquier persona puede examinar el expediente conforme al artículo 83.2 de la Ley 39/2015, con protección de la parte confidencial. Anula la sentencia y ordena al TSJ dictar otra sobre el fondo, delimitando qué documentos son accesibles.

    Sentencia nº 309/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 207/2026, ECLI:ES:TSJPV:2026:3584)

    Un abogado recurre la suspensión del ejercicio durante siete meses que le impone el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, confirmada por el Consejo Vasco de la Abogacía, por interponer demandas en nombre de una clienta sin su consentimiento y sin informarla, lo que la obligó a pagar costas. La Sala desestima la apelación: la queja de la clienta basta para desvirtuar la presunción de inocencia y no se exige al letrado una prueba diabólica, porque «él tenía la facilidad probatoria de haber acreditado que sí facilitó a la cliente la obligada información». La suspensión es proporcionada atendida la reiteración de la conducta, ya sancionada en otros expedientes confirmados judicialmente.

    Sentencia nº 308/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 388/2026, ECLI:ES:TSJPV:2026:3602)

    La Diputación Foral de Álava apela el auto que mantiene suspendida cautelarmente la inhabilitación durante tres años para organizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil impuesta a la Asociación Sarrea Euskal Udalekua por no presentar la comunicación previa de sus campamentos de verano. La Sala desestima la apelación: el perjuicio que justifica la medida es concreto (daño reputacional y ruptura de un proyecto de más de cincuenta años que una sentencia estimatoria tardía no repararía). Rechaza que la Diputación invoque quejas de familias y unas diligencias penales en curso: «Pretende la Diputación que se valoren en este incidente cautelar hechos distintos a los que tuvo en cuenta en su resolución sancionadora, lo que indudablemente implica una vulneración de los principios básicos del derecho sancionador».

    Resoluciones de la semana: contratación pública (9 de noviembre de 2026)

    Lo publicado esta semana en materia de contratación pública por los tribunales de recursos contractuales: OARC/KEAO, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Navarra y Canarias. Esta semana no hay resoluciones de contratación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo ni del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.

    OARC/KEAO

    Resolución nº 175/2026, de 14 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    La segunda clasificada impugna la adjudicación de un servicio de asistencia jurídica en materia sancionadora del Ayuntamiento de Abadiño, porque se aceptó la justificación de una oferta anormalmente baja sin asesoramiento técnico y se le denegó parte del acceso al expediente. El OARC rechaza el acceso: la recurrente ha podido fundar su recurso, pide datos de la misma naturaleza que los que ella declaró confidenciales en su propia oferta y la justificación de la baja revela la estrategia empresarial de la adjudicataria. Sí aprecia la infracción del artículo 149.4 LCSP, porque el acta de la mesa solo recoge su propia apreciación y no identifica ningún servicio técnico que haya intervenido. El asesoramiento no tiene que tomar la forma de un informe separado, pero el artículo 149.4 LCSP «sí exige que en el procedimiento quede constancia suficiente de que dicho asesoramiento ha sido solicitado y tenido en cuenta». El OARC estima parcialmente el recurso, anula la adjudicación y ordena retrotraer las actuaciones para recabar ese asesoramiento antes de decidir sobre la baja.

    Resolución nº 176/2026, de 14 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones de España impugna su exclusión de un suministro de red de voz y datos de Bilbao Exhibition Centre por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación en los criterios sujetos a juicio de valor. El OARC rechaza que el recurso sea extemporáneo: el acta de la mesa solo recogía las puntuaciones, sin exteriorizar la decisión de excluir, y el licitador no tiene la carga de deducirla cruzando esas puntuaciones con los pliegos. En cuanto al fondo, el informe está suficientemente motivado y el peso dado al dimensionamiento wifi no es un subcriterio oculto, sino un elemento propio del criterio; penalizar la solución cloud por sus consecuencias funcionales tampoco es una preferencia encubierta. Valorar el mismo aspecto de la oferta en dos criterios distintos no es una doble penalización cuando afecta a prestaciones diferentes. El OARC desestima el recurso.

    Resolución nº 177/2026, de 15 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Elurnet Informatika Zerbitzuak presenta un escrito calificado como «alegaciones» contra la adjudicación de un lote de cursos de formación del profesorado del Gobierno Vasco. El OARC lo tramita como recurso especial, porque lo que pretende es anular la adjudicación y la calificación errónea no impide tramitarlo según su verdadera naturaleza. En cuanto al fondo, la recurrente obtiene cero puntos en experiencia del personal porque los cursos que alega no contienen en su denominación las palabras clave del lote que exigía el pliego. Como el criterio es automático y la regla de similitud es clara, el OARC no admite otra vía para apreciar la semejanza, como la afinidad de contenidos, y desestima el recurso con remisión a su Resolución 170/2026 sobre el mismo contrato.

    Resolución nº 178/2026, de 16 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    La Cuadrilla de Añana excluye a Contenur porque su memoria técnica para un suministro de contenedores ocupa 57 caras, cuando el pliego limitaba «esta Memoria» a diez. El OARC estima el recurso: el cuerpo de la memoria tenía diez páginas y el resto eran portada, índice y anexos con fichas, planos y certificados que el PPT exigía por separado para acreditar los requisitos mínimos, sin que los pliegos dijeran que esos documentos computaban en el límite. La oscuridad del pliego no puede perjudicar al licitador, porque la exclusión «requiere que el incumplimiento se refiera a una obligación formulada de manera clara e inequívoca». Como ya no es posible valorar por separado los criterios de juicio de valor y los de fórmula, el OARC anula la exclusión y cancela el procedimiento.

    Resolución nº 179/2026, de 18 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Biogen Spain impugna la adjudicación a Amgen del lote de adalimumab de Osakidetza: sostiene que las ventajas de su producto no se reflejan, o se reflejan con diferencias demasiado pequeñas, en varios criterios de juicio de valor. El OARC desestima el recurso porque el informe identifica cada ventaja y la traslada a la puntuación, y el pliego no fija ninguna escala que obligue a una distancia numérica mayor; exigirla supondría sustituir el juicio técnico. Dos ofertas distintas pueden recibir la misma puntuación cuando cada una tiene ventajas y desventajas que se compensan dentro del criterio. El OARC no entra en el motivo sobre el criterio cuantitativo de almacenaje porque, aunque se estimara, la recurrente no llegaría al primer puesto.

    Resolución nº 180/2026, de 22 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    El OARC declara concluso, por pérdida sobrevenida de objeto, el recurso contra los pliegos de un servicio de retransmisión de plenos, porque el Ayuntamiento de Tolosa desiste del procedimiento. Advierte que, si una nueva licitación reproduce las cláusulas impugnadas, la recurrente podrá volver a impugnarlas sin que pueda oponérsele que son un acto firme.

    Resolución nº 181/2026, de 23 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Una asociación empresarial impugna los pliegos del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Sestao porque exigen un certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de categoría media. El OARC aclara que no es un requisito de solvencia, sino una exigencia que solo debe acreditar el licitador propuesto como adjudicatario antes de la adjudicación. El ENS no depende de que el contrato sea informático: se aplica porque la ejecución se apoya en un programa de gestión compartido con el Ayuntamiento que trata inventarios, incidencias, documentación laboral y comunicaciones con la ciudadanía. Por eso considera la exigencia vinculada al objeto y proporcionada, y desestima el recurso; mantiene la suspensión porque sigue pendiente otro recurso contra los mismos pliegos (resuelto en la 184/2026).

    Resolución nº 182/2026, de 25 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Clece impugna la adjudicación del servicio de atención de llamadas de emergencias del Gobierno Vasco porque la oferta técnica de la adjudicataria tenía 54 páginas, cuando el pliego exigía una extensión inferior a 40, sin contar índice ni portada. El OARC rechaza el acceso a esa oferta, porque la recurrente pudo identificar el incumplimiento y argumentarlo sin indefensión material. En cuanto al fondo, «inferior a 40» significa un máximo de 39 páginas computables; las doce páginas de índice intercaladas y la contraportada no computan porque no aportan contenido valorable, de modo que solo excede la página 40. La consecuencia prevista en el pliego es no valorar esa página, no excluir la oferta, y como esa página no contenía el aspecto que justificó la máxima puntuación, el OARC desestima el recurso.

    Resolución nº 183/2026, de 1 de octubre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Chemtrol División Teatro impugna los pliegos del suministro de equipamiento escénico del Teatro Principal Antzokia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El OARC valida que se exija una muestra física con 34 puntos, la prohibición de subcontratar tareas críticas de integración y coordinación, y la experiencia previa con certificación SIL 3 como requisito de solvencia. Anula, en cambio, los cuatro subcriterios de valoración de la muestra, que solo enuncian un aspecto sin decir qué se valorará favorablemente, y el límite de subcontratación del 40 % del importe, porque la limitación debe ser cualitativa y referirse a tareas críticas concretas, no a un porcentaje abstracto. Anula también la exigencia de certificados de colegiación para acreditar el personal adscrito, porque no acreditan capacidad técnica y no figuran entre los medios del artículo 89.1 LCSP. Estima parcialmente el recurso y cancela el procedimiento, porque las cláusulas anuladas afectan a criterios de adjudicación y de solvencia.

    Resolución nº 184/2026, de 2 de octubre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Loraberri impugna tres requisitos que el PPT del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Sestao exige al delegado del servicio, y el OARC anula los tres. Los cinco años de antigüedad en la empresa licitadora no acreditan capacitación ni encuentran amparo en el artículo 76.2 LCSP. Los diez años de experiencia solo en zonas verdes municipales restringen sin motivo, porque el trabajo es equiparable al de otras zonas verdes, y producen un efecto próximo al que prohíbe el artículo 40.b) LCSP. La colegiación solo puede exigirse si una ley estatal la impone para actuaciones concretas, y el pliego no las identifica. Como cambian las reglas de acceso a la licitación, el OARC cancela el procedimiento.

    Resolución nº 185/2026, de 5 de octubre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    El OARC inadmite por extemporáneo el recurso de PreZero España contra la segunda adjudicación de un lote de limpieza viaria y recogida de residuos de Portugalete, dictada en ejecución de su Resolución 47/2026. Los motivos ya pudieron invocarse contra la primera adjudicación, y la nueva adjudicación no permite reabrir aspectos que la retroacción no tocó y que quedaron consentidos.

    Resolución nº 186/2026, de 7 de octubre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    El Ayuntamiento de Barakaldo excluye a CHZ Lighting Spain de un suministro de luminarias. La recurrente alega falta de motivación, aunque su oferta declaraba resistencia al impacto IK10 y el ensayo que aportó acreditaba IK09. El OARC considera que la imprecisión del informe sobre el número de modelos no causa indefensión material, porque el recurso rebate cada causa de exclusión, y que hay una contradicción objetiva entre lo declarado y lo ensayado: un ensayo superado en IK09 no acredita el IK10 que exige el PPT. Pedir aclaraciones no permite incorporar después un certificado distinto, porque eso sería completar la oferta fuera de plazo. El OARC desestima el recurso.

    Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

    Resolución nº 680/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 658/2026)

    La recurrente impugna la adjudicación del lote 1 del suministro de una sala de control de emergencias del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla porque la pantalla del videowall ofertada por la adjudicataria tiene un ángulo de visión horizontal de 160º, frente a los 170º del PPT. El Tribunal rechaza la exclusión automática, porque el propio PPT pide entender las especificaciones «en términos aproximados, similares o equivalentes», pero tampoco confirma la adjudicación: ni la oferta ni el informe técnico explican por qué esa diferencia es equivalente, aunque el informe sí razona la equivalencia de otros parámetros. Estima parcialmente, anula la adjudicación y ordena una nueva comprobación motivada sobre la oferta inicial, sin admitir cambios de modelo. El criterio es claro: «La aceptación de una prestación equivalente requiere demostrar la existencia de esa equivalencia».

    Resolución nº 681/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 652/2026)

    La recurrente es excluida del suministro de un sistema de videovigilancia del tráfico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por no alcanzar el umbral mínimo de 24,50 puntos en los criterios sujetos a juicio de valor, e impugna la valoración. El Tribunal descarta el error material y la desigualdad de trato, pero aprecia insuficiente motivación en tres puntos: el peso dado a la falta de visitas presenciales a los emplazamientos (que el PCAP no exigía), las referencias a una arquitectura con servidores físicos no impuesta por los pliegos y la coherencia de la puntuación de la tercera clasificada. Aun así desestima: ampliar la motivación no cambiaría la puntuación de la recurrente, que seguiría sin superar el umbral, y aplica los principios de economía procesal y proporcionalidad, porque «el recurso especial no es un mecanismo de depuración abstracta del procedimiento».

    Resolución nº 686/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 654/2026)

    Una empresa que no presentó oferta impugna los pliegos del servicio de seguridad y vigilancia de la Delegación Territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Sevilla, que agrupan vigilancia presencial, mantenimiento de sistemas y conexión a central receptora de alarmas (CRA) y exigen las tres habilitaciones. El Tribunal le reconoce legitimación, porque la habilitación de CRA le impide concurrir sola, pero rechaza que la no división en lotes esté mal motivada: la justificación podría ser más detallada, pero supera el umbral del artículo 99.3 de la LCSP. Tampoco ve restrictiva la exigencia de las tres habilitaciones, que son requisitos de aptitud y no se suplen con subcontratación. Sí estima la incoherencia entre el PCAP, que admite la subcontratación sin reservar tareas críticas, y el PPT, que obliga a explotar directamente el servicio, y anula esas previsiones para que se armonicen.

    Resolución nº 689/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 659/2026)

    En una reclamación contra los pliegos del suministro de polielectrolitos de Gestión Integral del Agua de Huelva (GIAHSA), la recurrente impugna los criterios evaluables por fórmula sobre rendimiento del producto (sequedad del fango y calidad del escurrido) y la facultad de GIAHSA de declarar no viables las ofertas con valores incoherentes o insuficientemente justificados. El Tribunal no ve criterios ocultos, pero sí una predeterminación insuficiente de los parámetros que hacen suficiente o representativa la justificación técnica, lo que deja un margen de apreciación impropio de un criterio automático y además sin motivar. Rechaza en cambio la ventaja del contratista actual, la insuficiencia del plazo para preparar ofertas y la impugnación de las cláusulas del PPT sobre pruebas y penalizaciones, que operan en fase de ejecución. Estima parcialmente y anula la cláusula 4.2 del PCAP y las determinaciones vinculadas: en los criterios por fórmula, también los elementos previos que condicionan la admisión y la valoración deben estar definidos con precisión.

    Resolución nº 692/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 669/2026)

    La recurrente impugna su exclusión del servicio de telefonía e internet del Ayuntamiento de Guillena. El Tribunal admite el recurso en plazo: la exclusión solo se publicó en el perfil, sin notificación individual, y la solicitud de acceso al expediente que presentó la recurrente no se refería a su exclusión, por lo que no prueba que la conociera. En el fondo desestima: la oferta incorpora elementos VoIP y SIP pese a que el PPT descartaba cualquier solución VoIP, no incluye el plan específico del nodo radio exigido y discutir ahora la proporcionalidad de esas exigencias es una impugnación indirecta de pliegos firmes. Aunque la recurrente tuviera razón sobre el Esquema Nacional de Seguridad, la exclusión se sostiene en otras causas autónomas.

    Resolución nº 693/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 671/2026)

    La Agencia Pública Andaluza de Educación rechaza por anormalmente bajas las ofertas de la recurrente a los lotes 1 y 2 del servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia de Huelva. El Tribunal desestima: disponer de medios y organización no equivale a acreditar que el precio cubre su coste, y el informe técnico identifica partidas concretas sin justificar (absentismo en un contrato con subrogación, formación, reuniones mensuales ofertadas como mejora y gastos generales). Sobre la formación que la recurrente presenta a coste cero por tener formadores propios, «no resulta aceptable tener por acreditado un coste nulo». Precisa también que la suma de diferencias con la memoria económica no prueba por sí sola un déficit, y que un beneficio industrial positivo no compensa la falta de justificación de partidas esenciales.

    Resolución nº 698/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 668/2026)

    La recurrente es excluida de numerosos lotes del acuerdo marco de reactivos y equipamiento para los laboratorios clínicos del SAS en Córdoba porque sus precios superan los unitarios máximos, y alega un error material: consignó el precio por kit en lugar del precio por determinación. El Tribunal desestima: el error no se deduce de la propia oferta económica, sino de otros documentos de los sobres 2 y 3, y corregirlo exigiría aplicar divisores distintos en cada lote, lo que altera la oferta cuando ya se conocían los precios de los competidores. No hay trato desigual respecto de otro licitador al que se dejó corregir un error en el cálculo del IVA, porque ese error sí resultaba de la propia oferta. La impugnación del lote 358, en el que la recurrente no superó el umbral técnico y no lo discutió, no prospera.

    Resolución nº 701/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 670/2026)

    La recurrente pide excluir a la adjudicataria del suministro de equipos de patología digital para el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera porque ofertó dos escáneres de 300 portaobjetos en lugar de uno con capacidad mínima de 350, y porque su visor no permitiría visualizar capas. El Tribunal desestima: el PPT no exige expresamente un único escáner, la solución ofertada no es una variante ni una mejora, y solo procede excluir ante un incumplimiento claro, expreso y deducible de la oferta. En cuanto al segundo motivo, el PPT exige escaneado multicapa, no visualización multicapa, y prevalece la presunción de acierto del informe técnico.

    Resolución nº 710/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 691/2026)

    El Tribunal inadmite por incompetencia el recurso contra la adjudicación de un suministro del Ayuntamiento de Almería: es un municipio de gran población con órgano propio de recursos contractuales y no ha suscrito convenio para atribuir la competencia al Tribunal autonómico. Remite el recurso a ese órgano municipal.

    Resolución nº 690/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 663/2026)

    Una UTE impugna la adjudicación de la asistencia técnica de la estrategia de desarrollo integrado local de Andújar, cofinanciada con FEDER, por la puntuación del criterio de experiencia en proyectos europeos de innovación urbana. El Tribunal desestima: el PCAP solo puntúa los proyectos en que la empresa haya participado como socia, beneficiaria o encargada del diseño de la propuesta seleccionada, no la mera asistencia técnica, y la documentación de la recurrente acredita únicamente servicios prestados como contratista de los ayuntamientos. Tampoco hay trato desigual, porque la adjudicataria sí acreditó haber diseñado uno de los proyectos invocados. Deniega además el acceso al expediente en sede del Tribunal porque no se pidió antes al órgano de contratación, como exige el artículo 52 de la LCSP.

    Resolución nº 697/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 677/2026)

    La recurrente impugna su exclusión por falta de acreditación de la solvencia técnica, porque las actas de recepción que aportó tendrían eficacia equivalente a los certificados exigidos. Según el resumen oficial, el Tribunal considera que la mesa erró al rechazar las actas por su denominación formal sin analizar su contenido, pero no tiene por acreditada la solvencia ni admite la documentación aportada con el recurso, y ordena retrotraer para una nueva valoración individualizada. Estimación parcial. [VERIFICAR: resumen sin texto íntegro]

    Resolución nº 703/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 681/2026)

    El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de una empresa que no presentó oferta contra la cláusula de penalidades del PCAP del servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Almería. Que las penalidades no fijen un periodo de cómputo no le impide concurrir en igualdad (solo afecta a la rentabilidad de su oferta), y la legitimación del no licitador exige un obstáculo real, efectivo y no subsanable para participar.

    Resolución nº 709/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 686/2026)

    La recurrente impugna los pliegos del suministro de vestuario de la Policía Local de El Ejido, que exigen, bajo pena de exclusión, que los informes de laboratorio y los certificados de las prendas (OCS, GRS y otros) estén a nombre del licitador. El Tribunal estima: ni la memoria justificativa ni el expediente explican esa exigencia, y las razones que el órgano ofrece en su informe al recurso llegan tarde y no acreditan que sea necesaria y proporcionada; suma como indicio que solo se presentó una oferta. Recuerda que «La motivación de los elementos esenciales de la licitación debe constar ex ante, en el momento de la aprobación de los pliegos, sin que sea jurídicamente admisible completarla a posteriori». Anula los pliegos, pero no ordena una redacción concreta, porque definir el objeto corresponde al órgano de contratación.

    Resolución nº 711/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 680/2026)

    Tras la Resolución 555/2026, que anuló la licitación de la agrupación 1 del servicio de hemodiálisis ambulatoria en la provincia de Cádiz y ordenó una nueva convocatoria, el Hospital Universitario Puerta del Mar acuerda desistir del procedimiento y archivar el expediente. El Tribunal considera el desistimiento un acto recurrible y lo anula: la resolución se limita a transcribir el artículo 152 de la LCSP sin identificar ninguna infracción no subsanable de preparación o adjudicación, las irregularidades anuladas afectaban solo a la valoración técnica y no cabe confundir la ejecución de una resolución del Tribunal con la potestad de desistir. Ordena cumplir la Resolución 555/2026 convocando, en su caso, la nueva licitación con el expediente y los pliegos ya aprobados.

    Resolución nº 713/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 688/2026)

    El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso contra el contrato que Cetursa Sierra Nevada, S.A. formalizó durante la suspensión automática: el plazo de treinta días naturales del artículo 50.2.a) de la LCSP corre desde la publicación de la formalización (7 de septiembre) y el recurso llega el 21 de octubre. Reitera que Cetursa es poder adjudicador y añade, a mayor abundamiento, que la propia entidad ya ha declarado nulo el contrato y abierto su liquidación en ejecución de la Resolución 632/2026.

    Resolución nº 716/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 662/2026)

    La Agencia Pública de Puertos de Andalucía excluye a la licitadora mejor valorada en la limpieza de viales de los puertos de La Bajadilla y Estepona (contrato reservado a centros especiales de empleo) porque su alta en el epígrafe del IAE de limpieza viaria es posterior al fin del plazo de ofertas. El Tribunal confirma que el alta inicial en el epígrafe 911 (servicios agrícolas y de jardinería) no se corresponde con el objeto del contrato, pero estima el recurso: el expediente no prueba que la recurrente ya ejerciera la limpieza viaria al presentar su oferta, y la mesa debió pedir aclaraciones antes de excluirla. Además, aunque el alta hubiera sido exigible, la empresa regularizó su situación antes de la exclusión, y esa autocorrección (self-cleaning, artículo 57.6 de la Directiva 2014/24/UE) debía admitirse.

    Resolución nº 717/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 694/2026)

    El Tribunal acepta el desistimiento de la recurrente en su recurso contra la adjudicación del lote 2 del contrato de renovación de puestos de trabajo digital de la Agencia Digital de Andalucía y declara concluso el procedimiento.

    Resolución nº 720/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 700/2026)

    El Tribunal inadmite el recurso de una UTE contra el acuerdo de la mesa que deja sin efecto la propuesta de declarar desierto un lote del servicio de mediación civil y mercantil de la Junta de Andalucía y requiere documentación a otro licitador. El acuerdo no le causa una lesión propia: su perjuicio deriva de su exclusión anterior, ya recurrida en otro procedimiento, por lo que carece de objeto impugnatorio autónomo y de interés legítimo diferenciado.

    Resolución nº 721/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 702/2026)

    El Tribunal inadmite por extemporáneo un recurso registrado el 28 de octubre contra una adjudicación notificada el 1 de septiembre (lote 2 de las jornadas de comercialización turística B2B de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía). El registro obedece a un error de la propia recurrente, y la inadmisión no afecta al recurso que presentó el 3 de septiembre, que se tramita aparte.

    Resolución nº 722/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 701/2026)

    El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso contra la adjudicación de tres lotes de un acuerdo marco de material sanitario y de implantología dental del Hospital Universitario Virgen de las Nieves: los escritos presentados en plazo ante la Consejería no expresaban de forma clara la voluntad de recurrir, ni el destinatario ni la pretensión, y el recurso identificable llega en octubre. Añade que la flexibilidad sobre el lugar de presentación (STS 215/2025) presupone un auténtico escrito de recurso y que, en el lote 2, la recurrente carecía de legitimación porque había dos licitadores mejor puntuados no impugnados.

    Resolución nº 723/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 673/2026)

    La recurrente impugna el anuncio y los pliegos de la concesión del camping La Jarosa, el albergue municipal y las tirolinas del Ayuntamiento de El Pedroso, con un valor estimado anunciado de 480.000 euros. A partir de los estudios de viabilidad publicados (más de 11,3 millones de euros de ingresos solo para el camping), el Tribunal concluye que el valor real supera el umbral de regulación armonizada, por lo que el recurso es admisible y la falta de publicación en el DOUE es causa de nulidad de pleno derecho del artículo 39.2.c) de la LCSP. Aprecia además, entre otros defectos, la falta de memoria justificativa, una duración de dieciséis años sin conectar con la recuperación de las inversiones y un criterio de adjudicación basado en la experiencia de la empresa, que solo puede operar como solvencia. Estima el recurso y declara nulos el anuncio, los pliegos y todo lo actuado.

    Resolución nº 729/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 678/2026)

    La mesa excluye a la recurrente de los dos lotes del servicio de poda y control de malas hierbas del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación porque su oferta expresa un descuento del 6 % sobre el presupuesto, sin importes en euros ni IVA como pedía el modelo. El Tribunal admite el recurso en plazo: la exclusión solo se publicó, sin notificación personal, y el plazo cuenta desde el escrito en que la recurrente mostró conocerla. En el fondo estima: el descuento es cerrado y el presupuesto de cada lote es público, así que el importe y el IVA se obtienen con operaciones aritméticas de resultado único y «nos encontramos únicamente ante una diferencia en la forma de expresar un valor objetivamente calculable». La mesa debió pedir una aclaración limitada a traducir a euros ese porcentaje, sin permitir cambiar la oferta.

    Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

    Resolución nº 238/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 208/2026)

    Aqlara Ciclo Integral del Agua impugna los pliegos de la concesión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de Fuentesaúco (Zamora) por contener, a su juicio, umbrales de saciedad no justificados en cuatro criterios automáticos, por no prever un comité de expertos y por valorar como criterio de adjudicación el certificado ISO 10002. El Tribunal desestima el recurso. La fórmula de potencia cuarta del criterio de inversión inicial no es un umbral de saciedad, porque toma como referencia la mejor oferta presentada y quien más ofrece siempre obtiene más puntos; los topes de los demás criterios están justificados en la memoria por la viabilidad económica de una concesión con márgenes ajustados. La exigencia de comité de expertos se determina por la ponderación que fijan los pliegos (51 puntos automáticos frente a 49 de juicio de valor), no por la hipótesis de que todos los licitadores oferten lo mismo, y la admisión de certificados equivalentes opera por ley aunque el pliego no la mencione.

    Resolución nº 239/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 210/2026)

    FCC Aqualia impugna los mismos pliegos de la concesión del ciclo del agua de Fuentesaúco. El Tribunal rechaza de nuevo los motivos sobre umbrales de saciedad, comité de expertos y vulneración de los principios de competencia, igualdad y eficiencia, pero estima el relativo al criterio que puntúa el porcentaje de facturación que el licitador destinará a un informe externo de seguimiento y control de la concesión. Ese criterio no mide una mejor ejecución de la prestación, sino la disposición a financiar una función de control que corresponde al órgano de contratación y al responsable del contrato, por lo que carece de vinculación con el objeto del contrato; que el Ayuntamiento no tenga medios propios para controlar no lo justifica. Anula el criterio y retrotrae el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos. Para la práctica: un mecanismo adicional de control o auditoría de la ejecución no puede configurarse como criterio de adjudicación.

    Resolución nº 240/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 214/2026)

    Aragua Ocio impugna la adjudicación de un lote del servicio de coordinación de los juegos escolares de la Diputación Provincial de León porque obtuvo cero puntos en el criterio de experiencia sin que se le pidiera subsanar. La empresa declaró en su oferta la experiencia del coordinador para la propia Diputación, pero no aportó el contrato o certificado de buena ejecución que el pliego exigía junto con la oferta, y pretende que la Diputación lo compruebe en sus archivos. El Tribunal desestima el recurso: la falta absoluta de la documentación acreditativa de un criterio de adjudicación no es subsanable, porque supondría modificar la oferta, y el pliego ya preveía que la consecuencia era no puntuar. Tampoco cabe acreditar esa experiencia en vía de recurso ni ampararse en el derecho a no aportar documentos en poder de la Administración, cuando la oferta ni siquiera identificaba a la persona propuesta.

    Resolución nº 241/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 227/2026)

    El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso de Samyl Facility Services contra el pliego técnico del mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palencia. El plazo se cuenta desde la publicación inicial de los pliegos y no desde una rectificación posterior que solo afectaba a la documentación de subrogación de personal y no a las cláusulas impugnadas.

    Resolución nº 242/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 233/2026)

    El Tribunal acepta el desistimiento del comité de empresa de Azvase en su recurso contra los pliegos del servicio de ayuda a domicilio de Salamanca y archiva el procedimiento: el Ayuntamiento anuló el anuncio de licitación y suspendió el plazo de ofertas, con lo que el recurso pierde su objeto.

    Resolución nº 243/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Recurso nº 235/2026)

    El Tribunal inadmite el recurso de Entrerríos Automatización contra la propuesta de exclusión de su oferta formulada por la mesa de contratación en el suministro de luminarias de Aranda de Duero. La propuesta de la mesa no es un acto de trámite cualificado; la empresa podrá recurrir si el órgano de contratación acuerda la exclusión.

    Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

    Resolución nº 378/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2025-0163)

    Genera Innovació, SCCL impugna, en dos recursos acumulados, la adjudicación de los lotes 1 y 3 del contrato de asistencia en las convocatorias de subvenciones que gestiona Barcelona Activa, por la puntuación recibida en un criterio sujeto a juicio de valor que asigna puntos por tramos predefinidos. El Tribunal desestima los recursos: el informe técnico recoge los aspectos positivos y negativos de cada oferta y permite entender por qué cada una queda en un tramo u otro. Como el criterio no admite graduar la puntuación dentro de cada tramo, que una oferta esté más desarrollada que otra del mismo tramo no obliga a puntuarla más.

    Resolución nº 379/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0210)

    Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya excluye a una licitadora del contrato de gestión del snowpark de la estación de Port Ainé por no alcanzar el patrimonio neto mínimo exigido como solvencia económica, y la empresa recurre. El Tribunal desestima el recurso: sus cuentas de 2024 y 2025 reflejan un patrimonio neto negativo. Los medios alternativos de acreditación del artículo 86.1 de la LCSP exigen una razón válida que impida aportar la documentación prevista en los pliegos, y aquí la empresa sí la aportó, pero no cumplía el umbral; ser una empresa de nueva creación tampoco permite rebajar el nivel de solvencia.

    Resolución nº 380/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0211)

    El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de la tercera clasificada (y actual prestataria) contra la adjudicación del servicio de tratamiento de restos de las deixalleries del Área Metropolitana de Barcelona, porque solo discute las autorizaciones ambientales de la adjudicataria, cuando las de la segunda clasificada eran de acceso público y podía haberlas impugnado a la vez. Ve en esa impugnación escalonada una voluntad dilatoria y le impone una multa de 2.100 euros por temeridad.

    Resolución nº 381/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0231)

    Una asociación de empresarios de transporte discrecional impugna los pliegos del sistema dinámico de adquisición del transporte escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental, porque un criterio ambiental de valoración automática puntúa solo los vehículos de referencia con etiqueta «0 emisiones» o «ECO» y no los de etiqueta C. El Tribunal desestima el recurso: el criterio está vinculado al objeto, lo respalda la normativa sectorial y su peso (como máximo 10 puntos sobre 100) es proporcionado. Al ser un criterio de adjudicación, no impide acceder a la licitación, y puntuar la etiqueta C carecería de sentido porque ya la garantiza la antigüedad máxima exigida a los vehículos. Que pocos operadores puedan cumplir un criterio ambiental no vulnera por sí solo la igualdad de trato.

    Resolución nº 382/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0237)

    La UTE Arnó-CRC-Servidel impugna la adjudicación de una fase del regadío Xerta-Sénia, licitada por Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, por la puntuación recibida en el criterio automático de aplicación de la metodología BIM. El Tribunal desestima el recurso: los pliegos distinguen según que el proyecto se haya redactado o no con metodología BIM, y la UTE presentó el modelo de compromiso del escenario que no correspondía a esta licitación. Ese compromiso es un elemento sustancial de la oferta, por lo que no cabe subsanarlo, aclararlo ni reinterpretarlo sin modificar la proposición. Las demás licitadoras usaron el modelo correcto, lo que descarta que los pliegos indujeran a error.

    Resolución nº 383/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0242)

    El Ayuntamiento de Girona excluye a Emiser Vallès, SL del lote 1, reservado, de un contrato de limpieza por no acreditar su condición de centro especial de empleo de iniciativa social. El Tribunal desestima el recurso: el requisito de reinversión de beneficios debe ser íntegro y también finalista (creación de empleo para personas con discapacidad y mejora de la competitividad de su actividad de economía social). Los estatutos de la recurrente solo dicen que los beneficios revierten en la propia entidad, lo que sirve para considerarla sin ánimo de lucro, pero no para calificarla como centro de iniciativa social; la propia empresa reconoce que tiene pendiente adaptarlos.

    Resolución nº 384/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0305)

    La mesa de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya excluye a Andacar 2000, SA del renting de vehículos por ofertar 0,00 euros/km en el precio del exceso de kilometraje, por debajo del mínimo de 0,01 euros/km fijado en los pliegos. El Tribunal estima el recurso: aunque se incumple el umbral, los pliegos no asociaban la exclusión a ese incumplimiento (sí lo hacían para la superación del presupuesto), y el subcriterio solo pesa 2,5 puntos sobre 100. La exclusión resulta desproporcionada; lo proporcionado es no valorar ese subcriterio. Para la práctica: un mínimo en los pliegos sin consecuencia excluyente expresa no justifica por sí solo expulsar la oferta.

    Resolución nº 385/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0574)

    El Tribunal inadmite, por extemporáneo y por falta de legitimación, el recurso de un particular contra los pliegos del mantenimiento del verde municipal de Esparreguera por no estar reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social. El recurrente no acredita ningún interés propio, y en el recurso especial no existe acción pública.

    Resolución nº 386/2026, de 30 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0611)

    Qualud, SL impugna la adjudicación de un servicio de plataforma tecnológica para la unidad de investigación clínica de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, financiado con fondos Next Generation EU, por falta de motivación en un subcriterio de juicio de valor (demostración técnica) y por la introducción de elementos no previstos en los pliegos. El Tribunal desestima el recurso: el informe técnico es suficiente y se ajusta al objeto del criterio, y que una misma solución tecnológica se valore en varios subcriterios no supone duplicar valoraciones si lo valorado en cada uno es distinto.

    Resolución nº 387/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0190)

    La mesa del Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta rebaja de 30 a 10 puntos a Arbres i Projectes, SL en el criterio automático de experiencia del contratista porque la empresa se constituyó en 2022 y la experiencia acreditada era de su matriz. El Tribunal estima el recurso: la empresa declaró desde el sobre 1 que integraría la solvencia con medios de su matriz, y la mesa aceptó esos certificados para la solvencia, pero los rechazó para el criterio, lo que es incoherente. Ordena retrotraer para que se valore de nuevo, de forma motivada, y no para asignar directamente la puntuación máxima. Recuerda que la experiencia solo puede ser criterio de adjudicación respecto del personal que ejecutará el contrato, no la experiencia de la empresa en abstracto.

    Resolución nº 388/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0215)

    Expert Line, SL impugna la adjudicación del suministro e instalación de armarios compactos en el Castell de Montjuïc, licitado por el Institut de Cultura de Barcelona, porque la adjudicataria no habría acreditado unas certificaciones ISO al presentar la oferta y porque su oferta incumpliría varias prescripciones técnicas. El Tribunal desestima el recurso: las certificaciones ISO son una condición ambiental de ejecución exigible a la adjudicataria, no un requisito de solvencia, y esta las aportó en el trámite del artículo 150.2 de la LCSP. Los incumplimientos técnicos alegados no resultan de la oferta, y prevalece la presunción de acierto de los informes técnicos.

    Resolución nº 389/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0222)

    Vialser Edificación y Obra Civil, SLU impugna la adjudicación de las obras de encauzamiento del torrente Vinyals (Ayuntamiento de Cabrera de Mar), porque la adjudicataria, al subsanar la acreditación de la experiencia del jefe y del encargado de obra, sustituyó casi todas las obras declaradas en su oferta por otras distintas. El Tribunal estima el recurso: la subsanación puede completar la prueba de la experiencia alegada, pero no sustituir las obras sobre las que se hizo valer. Además, aunque el criterio es formalmente automático, exige verificar y motivar mínimamente qué obras se dan por acreditadas, y el informe se limita a dar la puntuación máxima. Anula la adjudicación y ordena valorar de nuevo el criterio sin computar las obras introducidas en la subsanación.

    Resolución nº 390/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0252)

    Técnicas y Sistemas de Conservación, SA impugna la adjudicación del servicio de limpieza del Institut Joanot Martorell de Esplugues de Llobregat por falta de motivación del informe de valoración de los criterios de juicio de valor. El Tribunal estima el recurso: el informe es genérico, en algún subcriterio se fija en aspectos ajenos a su objeto y, en varios, puntúa a la recurrente sin explicar por qué, lo que la deja en indefensión. La motivación aportada después en el informe al recurso no puede suplir ese defecto. Como ya se conocen las ofertas automáticas, no cabe una nueva valoración imparcial, y el Tribunal anula no solo la adjudicación, sino todo el procedimiento de licitación.

    Resolución nº 391/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0475)

    Dopec, SL impugna la adjudicación de los servicios de arquitectura e ingeniería para implantar el IREC, el IBEC y la UPC en el edificio D del Campus Diagonal-Besòs, por la motivación del informe de los criterios de juicio de valor y por la supuesta ventaja informativa de la adjudicataria, que había participado en el proyecto del edificio. El Tribunal desestima el recurso: el informe analiza cada oferta con sus aspectos positivos y negativos, y la recurrente solo expresa una discrepancia técnica. Haber intervenido antes en documentación relacionada con el objeto no supone por sí solo una ventaja contraria a la igualdad cuando, como aquí, la documentación técnica relevante se puso a disposición de todas las licitadoras.

    Resolución nº 392/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0493)

    Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL impugna la adjudicación de la gestión de las escuelas infantiles municipales de Pineda de Mar porque la adjudicataria no tenía un plan de igualdad vigente e inscrito ni al terminar el plazo de ofertas ni al adjudicarse el contrato (prohibición de contratar del artículo 71.1 d) de la LCSP). El Tribunal estima el recurso: constatada la prohibición, el órgano de contratación debía valorar las medidas correctoras (self-cleaning) que alegaba la empresa, y se limitó a dar por buena su declaración responsable. Como el Tribunal no puede hacer esa valoración en primer lugar, anula la adjudicación y ordena retrotraer al requerimiento previo para que el Ayuntamiento pida y califique esas medidas. Para la práctica: conviene anticiparse al fin de la vigencia del plan, por ejemplo solicitando la inscripción con antelación suficiente.

    Resolución nº 393/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0575)

    El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de un particular contra los pliegos de la concesión de uso privativo del edificio Universitari-Auditori de Amposta, porque no presentó oferta ni impugna condiciones restrictivas del acceso, sino que actúa en defensa genérica de los bienes municipales, algo que el recurso especial no ampara.

    Resolución nº 394/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0588)

    El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso de Alphanet Security Systems, SL contra los pliegos de la fase 2 del sistema de videovigilancia de Gavà, presentado un día después de vencer el plazo, contado desde la publicación del anuncio y los pliegos. Las respuestas publicadas en el perfil de contratante y la única corrección de los pliegos no desplazan el inicio del plazo, porque no alteran las prescripciones técnicas impugnadas.

    Resolución nº 395/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0602)

    El Tribunal se declara incompetente e inadmite el recurso de un particular contra los pliegos de unas obras de reurbanización del Ayuntamiento de Blanes, porque su valor estimado (409.587,73 euros) no supera el umbral de tres millones de euros previsto para las obras. Remite el escrito al Ayuntamiento, que lo recalifica como recurso de reposición.

    Resolución nº 396/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0616)

    El Tribunal acepta el desistimiento de Gama Healthcare Europe, SL en su recurso contra los baremos provisionales del lote 15 del acuerdo marco de material de higiene del Institut Català de la Salut y declara concluido el procedimiento.

    Resolución nº 397/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0618)

    El Tribunal inadmite por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de Containers del Berguedà, SL contra los pliegos del lote 2 del servicio de deixalleries del Consell Comarcal del Berguedà, porque ese lote queda desierto al no presentarse ofertas.

    Resolución nº 398/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0638)

    El Tribunal acepta el desistimiento de SBS Simon i Blanco, SL en su recurso contra la propuesta de exclusión de su oferta en el lote 6 de un contrato de asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y declara concluido el procedimiento.

    Resolución nº 399/2026, de 7 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0518)

    El Institut Català de la Salut excluye a Palex Medical, SA de un artículo del lote 15 del acuerdo marco de catéteres y recipientes de drenaje torácico por incumplir la capacidad del recipiente y la exigencia de estar libre de DEHP. El Tribunal estima el recurso ante el allanamiento del órgano de contratación: en una respuesta vinculante publicada en el perfil de contratante, el propio ICS admitió recipientes de hasta 2.500 mililitros (el ofertado es de 2.100), y que la ficha técnica indique que el producto está libre de PVC es indicativo de la ausencia de DEHP. Anula la exclusión y la adjudicación de ese artículo y ordena retrotraer al momento previo a la valoración, lo que es posible porque solo hay criterios automáticos.

    Resolución nº 400/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0239)

    Acciona Facility Services, SA impugna el pliego de cláusulas del servicio de limpieza de los edificios municipales de Castellbisbal, porque considera insuficientes los costes laborales del presupuesto base de licitación, que no cubrirían las horas del personal subrogable. El Tribunal desestima el recurso: el presupuesto está desglosado conforme al convenio de limpieza de Cataluña y a las horas efectivas previstas para cada perfil, e incluso prevé, sin estar obligado, una compensación de hasta 10.000 euros por posibles extinciones de contratos derivadas del nuevo dimensionamiento. Los datos de subrogación del artículo 130 de la LCSP son informativos y no vinculan al órgano de contratación al configurar el servicio ni al calcular los costes de personal del presupuesto.

    Resolución nº 401/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0243)

    Spascat Technologies, SL impugna la admisión de las ofertas, incursas en valores anormales, de dos licitadoras del servicio de obtención de líneas de costa a partir de imágenes satélite del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, porque habría incoherencias entre su menor puntuación técnica y la aceptación de sus justificaciones. El Tribunal desestima el recurso: la valoración técnica y el procedimiento de anormalidad son escenarios distintos, y en este último solo se comprueba si la oferta es viable con el precio ofertado. La recurrente no discute el contenido de las justificaciones, y la admisión, motivada de forma sucinta pero suficiente, se mantiene dentro de la discrecionalidad técnica.

    Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

    Acuerdo nº 115/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

    Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos impugna su exclusión del suministro de monitores para la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Navarra. El Servicio Navarro de Salud la excluyó porque su memoria técnica decía que, si la formación se organizaba por etapas, una etapa pendiente no impediría considerar suministrado el equipo, lo que a su juicio contradecía la obligación de formación del pliego. El Tribunal descarta la falta de motivación, pero estima la reclamación en cuanto al fondo: el pliego vincula el plazo de ejecución, la recepción y el pago solo al suministro e instalación, no a la culminación de la formación, de modo que la frase es una previsión organizativa sobre el calendario y no una renuncia a formar. La oferta, leída en su conjunto, «no evidencia un incumplimiento claro, expreso y patente del pliego que justifique su exclusión». La exclusión directa es desproporcionada; el Tribunal la anula y retrotrae el procedimiento, sin perjuicio de que el órgano pida una aclaración si tiene dudas.

    Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

    Resolución nº 315/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 230-2026)

    Dextro Médica impugna la adjudicación a ACJ del suministro de un sistema de monitorización para la unidad de recuperación postanestésica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, al entender que la documentación de la adjudicataria no acredita varias prescripciones técnicas, entre ellas la integración con el programa de gestión clínica PICIS. El Tribunal desestima el recurso: el informe técnico identifica los documentos del fabricante en que se apoya y responde de forma expresa a cada objeción, sin error manifiesto ni arbitrariedad. La falta de una certificación nominativa de integración con una aplicación concreta no supone incumplimiento si el pliego no la exige como medio exclusivo de acreditación.

    Resolución nº 317/2026, de 27 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 233 y 250-2026)

    Bayer Hispania recurre el acuerdo que tiene por retiradas sus ofertas en dos lotes del acuerdo marco de medicamentos del Servicio Canario de la Salud y la adjudicación posterior, porque no acreditó, ni en el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP ni en subsanación, un plan de igualdad vigente e inscrito. El Tribunal acumula y desestima ambos recursos. El plan inscrito había agotado su duración máxima de cuatro años y la prórroga invocada no puede prolongar su vigencia; la solicitud registral de un nuevo plan es posterior al acuerdo y no consta su inscripción. Aunque admite que las medidas autocorrectoras (self-cleaning) pueden valorarse con documentación posterior, la falta de un trámite específico no invalida el acuerdo cuando, a la vista de lo acreditado, ese trámite no habría cambiado el resultado.

    Resolución nº 318/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 172-2026)

    Excellence & Business Value impugna la adjudicación del servicio de oficina técnica para la mejora de la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por falta de motivación en la valoración de las memorias técnicas y por errores en el criterio automático de experiencia del consultor. El Tribunal desestima el recurso: los informes explican subcriterio a subcriterio por qué cada memoria recibe su puntuación, y la recurrente solo opone su propio parecer. Las correcciones de errores materiales de la mesa, hechas por simple cotejo de documentos y con transparencia, no comprometen la trazabilidad de la valoración. Dos certificados debieron ser objeto de subsanación, pero su cómputo no habría alterado la clasificación.

    Resolución nº 319/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 202-2026)

    Tres estudios de arquitectura impugnan la adjudicación a Estudios ISOC de la redacción del proyecto y dirección de obra de 200 viviendas protegidas en Arrecife, licitada por Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias. El Tribunal estima parcialmente el recurso y retrotrae el procedimiento para que se subsanen los defectos. La solvencia económica se exige a la licitadora: las pólizas individuales de sus socios no la acreditan si la sociedad no es profesional y no integra solvencia con medios externos. La aceptación de la solvencia técnica debió motivarse, dada la distinta naturaleza de los trabajos relacionados, y el informe emitido con el recurso no suple esa motivación; además, faltaban la experiencia de los arquitectos y las cartas de compromiso exigidas.

    Resolución nº 321/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 222-2026)

    La UTE formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex impugna su exclusión del contrato de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria por no presentar muestras de contenedores de papel-cartón ni de biorresiduos de carga lateral, aunque los ofertaba en su proyecto de explotación. Sostiene que el pliego solo pedía una muestra por sistema de carga y que la respuesta a una consulta, no vinculante, amplió esa obligación. El Tribunal desestima el recurso: el órgano no puede apartarse de sus propios actos, y si la recurrente creía que la respuesta modificaba los pliegos debió impugnarla entonces. Además, la lectura conjunta de los pliegos exige una muestra por fracción y sistema de carga, el pliego prevé la exclusión y el defecto no es subsanable, al ser preclusivo el plazo de entrega.

    Resolución nº 322/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 226-2026)

    En la misma licitación de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria, el Tribunal inadmite el recurso de Valoriza Servicios Medioambientales, que pretende la exclusión de Urbaser y de la UTE de FCC por defectos en sus muestras. El acuerdo de la mesa que toma conocimiento del informe de muestras y propone excluir a otra licitadora no es un acto de trámite cualificado respecto de las demás, ya admitidas, y la recurrente carece de legitimación para impugnar una exclusión con la que está conforme.

    Resolución nº 323/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 206-2026)

    DST Factory impugna su exclusión del contrato de la plataforma de inteligencia turística de Tenerife (Spet, Turismo de Tenerife) por no atender en plazo un segundo requerimiento sobre la solvencia técnica de la UTE que integraba. La empresa alega un fallo de la Plataforma de Contratación del Sector Público y remitió la documentación por correo electrónico dentro del plazo. El Tribunal desestima el recurso: los informes técnicos no registran incidencias ese día y los elementos aportados no acreditan una incidencia impeditiva no imputable a la licitadora. Sin esa prueba, el correo electrónico no equivale a cumplimentar el requerimiento por el cauce establecido, y admitirlo supondría un trato diferenciado frente a los demás licitadores.

    Resolución nº 324/2026, de 29 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 270-2026)

    El Tribunal declara concluso por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de una empresa contra los pliegos del suministro de vestuario y medios defensivos para la Policía Local de Santa Brígida, porque el Ayuntamiento desiste del procedimiento al haber omitido la publicación preceptiva del anuncio en el DOUE.

    Resolución nº 325/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 240-2026)

    El Tribunal inadmite el recurso de Ábaco Quality, que no llegó a ofertar en el suministro de un tren de lavado para el Hospital Juan Carlos I, contra la convocatoria de la visita a las instalaciones y la falta de respuesta a su consulta. Aunque dirigido nominalmente contra los pliegos, el recurso combate actuaciones de trámite no cualificadas, pues la visita era facultativa y no consta que fuera imprescindible para ofertar. De pasada, el Tribunal añade que la ampliación de plazos del artículo 136.3 de la LCSP exige que la visita sea «efectivamente indispensable para preparar la oferta, sin que baste su utilidad o conveniencia».

    Resolución nº 326/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 176-2026)

    Newlink Education, segunda clasificada, impugna la adjudicación a Integración Agencias de Viajes del lote 1 de las estancias formativas en el extranjero para el profesorado, convocado por la Consejería de Educación de Canarias. La adjudicataria no aportó el certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal ni tras el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP ni tras la subsanación, y la mesa, sabiendo que la causa era una deuda tributaria, le concedió un segundo plazo. El Tribunal estima el recurso: ni la ley ni el pliego permiten sucesivos requerimientos subsanatorios, y no se daban los presupuestos de las medidas autocorrectoras (self-cleaning), pues no se pidió ni se aportó prueba de que la empresa hubiera regularizado su situación. Anula la adjudicación y ordena tener por retirada la oferta y requerir la documentación a la recurrente.

    Resolución nº 329/2026, de 3 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 286-2026)

    El Tribunal declara concluso por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de Rigaz Serviradio contra la rectificación de un acta en el lote de publicidad en radio de una campaña de Gestión del Medio Rural de Canarias, porque el órgano de contratación desiste de ese lote por una infracción no subsanable en la definición de los soportes valorables en el criterio principal.

    Resolución nº 330/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 180-2026)

    Serin Global Canarias impugna la adjudicación a Andanza Emplea del servicio de control de acceso de un edificio de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social, porque su calificación como tal no se refiere a la actividad objeto del contrato. El Tribunal desestima el recurso: el pliego solo exige la condición de centro especial de empleo de iniciativa social acreditada mediante inscripción registral, y la normativa no condiciona esa calificación a una actividad concreta. La mención de una actividad en la calificación tiene efectos informativos y no puede fundar una exclusión por falta de capacidad si las prestaciones están en el objeto social de la empresa.

    Resolución nº 331/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 218-2026)

    El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de Exercycle, cuarta clasificada, contra la adjudicación del suministro de material para las instalaciones deportivas de Mogán, porque no cuestiona a la segunda ni a la tercera y la estimación no le daría el contrato. De pasada, aprecia que la valoración de la memoria técnica estaba insuficientemente motivada, que el pliego obligaba a dar la máxima puntuación económica a la mejor oferta y que debe corregirse el error en el criterio de mejoras que el Ayuntamiento reconoce.

    Blogs interesantes de la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2026

    Contratación Pública

    Atención contratistas: la Administración no puede esperar a que finalice el contrato para imponer penalidades

    Litinet · Contratación Pública

    El TSJ de Aragón, en su sentencia de 7 de septiembre de 2026, ha anulado dos penalidades (por demora y por ejecución defectuosa) que la Administración inició a mediados de marzo de 2023, cuando los trabajos ya se habían entregado y el contrato estaba recibido desde enero. La Sala recuerda que las penalidades del artículo 192 y siguientes LCSP no son sanciones sino un instrumento coercitivo para asegurar el cumplimiento, de modo que dejan de tener sentido una vez recibida la prestación; lo que queda, si hay daños, es la indemnización del artículo 194. La segunda penalidad también cae: no puede imputarse como incumplimiento una solución técnica comunicada durante la obra que no figuraba en los pliegos.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    La sustitución del pie de recursos en una publicación administrativa mediante una rectificación de errores del art. 109.2 de la Ley 39/2015 abre un nuevo plazo de impugnación (STC 19/10/2026)

    Diego Gómez · Derecho Administrativo General

    Una modificación de la RPT del Ayuntamiento de Jerez se publicó en el BOP con un pie de recursos incompleto y se corrigió después, por la vía del artículo 109.2 LPAC, con otras dos publicaciones. El recurso contencioso se inadmitió por extemporáneo y el Supremo, en su sentencia de 4 de noviembre de 2024, solo contaba el plazo desde la rectificación cuando esta afectaba al contenido de las pretensiones ejercitadas. La STC de 19 de octubre de 2026 (recurso 130/2025) otorga el amparo: esa lectura vulnera el acceso a la jurisdicción del artículo 24.1 CE y los dos meses del artículo 46 LJCA vuelven a contar desde la publicación del nuevo pie. El post repasa los antecedentes y reúne la jurisprudencia que cita el Tribunal.

    No existe plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos producidos por silencio administrativo

    esPublico Blog · Derecho Administrativo General

    La esposa de un deudor apremiado por la TGSS recurrió en 2019 la desestimación de su alzada, resuelta en 2009 y notificada en un domicilio que no era el suyo. El Supremo, en su sentencia de 21 de julio de 2026 (casación 5003/2023), distingue la falta total de notificación de la notificación simplemente defectuosa y aplica la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 46.1 LJCA: mientras no haya resolución expresa notificada, el plazo para recurrir frente al silencio no corre contra quien desconocía el acto. Confirma así la estimación del TSJ de Canarias.

    El escurridizo daño moral de la paternidad no querida

    delaJusticia · Derecho Administrativo General

    Una vasectomía fallida, un embarazo posterior y una información incompleta sobre el riesgo de fracaso llevaron a una pareja a reclamar 70.000 euros al servicio de salud. En vía administrativa y ante el TSJ solo se reconocieron 6.000 euros al padre y se negó legitimación a la madre. La sentencia del Supremo de 21 de octubre de 2026 (recurso 8395/2024) reconoce legitimación a la pareja por un daño propio, vinculado a la frustración de su planificación reproductiva, y fija una indemnización de 35.000 euros para cada uno, sin tratar como daño moral el nacimiento del hijo en sí.

    Preguntas de un jurista ante la catástrofe ferroviaria: ¿se cobra vidas el Derecho administrativo?

    José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo General

    Tras la colisión de trenes de Urda, Chaves enumera una serie de preguntas incómodas desde el derecho administrativo: los retrasos de los contratos de mantenimiento y suministro por estudios, licitaciones, reclamaciones y suspensiones; el exceso de trámites de la Ley de Contratos frente a las averías urgentes; la planificación de infraestructuras; y los entes instrumentales que nombran directivos por afinidad. También se pregunta por la naturaleza jurídica del «protocolo» que se dice aplicado antes de la colisión.

    El crédito público y los planes de reestructuración (a propósito de la sentencia Duro Felguera)

    Nuria Bermejo, en Almacén de Derecho · Derecho Administrativo General

    La sentencia 134/2026 del Tribunal de Instancia nº 3 de Gijón, de 15 de junio de 2026, admite que un plan de reestructuración afecte al crédito del FASEE, concedido bajo el Marco Temporal de Ayudas de Estado. Bermejo discrepa del razonamiento: sostiene que la Directiva 2019/1023 permite afectar créditos públicos y que el TRLC, tal como lo transpuso la Ley 16/2022, la incumple. Examina además por qué el juez de la homologación no puede salvar el problema con una interpretación conforme y cuándo debe, o puede dejar de, plantear cuestión prejudicial al TJUE.

    Derecho administrativo de máximos y derecho administrativo de mínimos

    delaJusticia · Derecho Administrativo General

    El autor parte de la «Obra Jurídica Completa» de García de Enterría (Aranzadi, 2026) para presentar el segundo volumen, en formato Kindle, de su Derecho Administrativo Mínimo, dedicado al sometimiento a la ley y al derecho y a su interpretación. Distingue tres perfiles de letrado según cómo manejan la interpretación de la norma (quien solo invoca el precepto, quien combina todos los criterios y quien se apoya en la inteligencia artificial) y anuncia que seguirá publicando el resto de volúmenes por entregas.

    Función Pública

    Excedencia en procesos de estabilización ley 20/2021: STSJ Galicia 22 de octubre de 2026

    Contenciosos · Función Pública y RRHH

    Una aspirante que entró en un proceso de estabilización de un ayuntamiento coruñés al correr la lista, y que ya era personal laboral fijo en un consorcio público, optó por mantener su puesto de origen y quedar en excedencia en el ayuntamiento. El consistorio la excluyó y nombró a otra persona. El TSJ de Galicia, en sentencia de 22 de octubre de 2026, desestima los recursos de apelación del ayuntamiento y de la codemandada: la excepcionalidad de la Ley 20/2021 no permite recortar el derecho de opción por un supuesto abuso de derecho, y lo que cuenta es la voluntad inequívoca manifestada desde el inicio del expediente, aunque no usara el término exacto de la excedencia.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Tesis: los efectos de los vicios de legalidad de los instrumentos de ordenación urbanística bajo la perspectiva del desarrollo urbano sostenible e integrado

    Álvaro Cerezo, en Orbenismo · Urbanismo y Medio Ambiente

    Álvaro Cerezo retoma el blog tras defender el 28 de septiembre su segunda tesis, dirigida por Marta Lora-Tamayo, y publica su resumen. La tesis sostiene que la incorporación del desarrollo urbano sostenible e integrado refuerza la naturaleza reglamentaria de los instrumentos de ordenación urbanística, de modo que no integrarlo en las nuevas ordenaciones es un vicio de legalidad que acarrea la nulidad de pleno derecho del artículo 47.2 LPAC. Para llegar ahí repasa los tres modelos históricos del sistema urbanístico español y los vicios, los mecanismos de impugnación y los efectos de esa nulidad.

    Administración Local

    Situación de interventores y tesoreros tras el Real Decreto-ley 13/2026

    esPublico Blog · Función Pública y RRHH

    El Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, ha cambiado el artículo 92 bis.6 de la Ley de Bases de Régimen Local para los interventores y tesoreros de libre designación: desaparecen la autorización estatal para acudir a ese sistema y el informe previo al cese, que se sustituye por una comunicación motivada a Función Pública. La reforma solo afecta a las entidades donde existen esos puestos (grandes municipios, diputaciones, cabildos, áreas metropolitanas, Ceuta y Melilla). El texto examina la colisión con el Real Decreto 128/2018, que no se ha modificado, y concluye que están tácitamente derogados sus artículos 45.1 y 47.3, además de analizar qué se gana y qué se pierde en el control interno local.

    Resoluciones de la semana: urbanismo, empleo público y otras materias (4 de noviembre de 2026)

    Lo publicado esta semana en urbanismo, empleo público, responsabilidad patrimonial, subvenciones, competencia, ayudas de Estado y derecho regulatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.

    Urbanismo

    Sentencia de 22 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda (Asunto C-813/24, Smartflats SA contra Région de Bruxelles-Capitale, ECLI:EU:C:2026:883)

    Smartflats, dedicada al alquiler de corta duración en Bruselas, cuestiona el régimen regional que exige, para explotar un alojamiento turístico, un certificado de conformidad urbanística, que a su vez requiere licencia cuando el uso pasa de vivienda a establecimiento hotelero. El Tribunal de Justicia declara que la Directiva de servicios se aplica a la normativa urbanística cuando forma parte del régimen de autorización de la actividad turística. Admite la autorización previa para proteger a los turistas y el entorno urbano, incluida la vivienda, si es necesaria a la vista de su alcance territorial y de las necesidades residenciales, y con condiciones claras, transparentes y accesibles. La normativa debe prever un plazo razonable fijado de antemano, la motivación de la denegación y un recurso contra ella; si solo falla esa condición, se inaplica únicamente esa condición, siempre que sea separable del resto del régimen.

    Sentencia nº 454/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 287/2023, ECLI:ES:TSJPV:2026:3459)

    El Ayuntamiento de Oñati impugna la aprobación, por el Gobierno Vasco, de la modificación del proyecto de explotación de la cantera Gomistegui, de Áridos Aloña, que permite ampliarla sobre suelo en el que una modificación de las normas subsidiarias de 2022 suprimió el uso extractivo. La Sala desestima el recurso. Admite que la ampliación es contraria a las normas subsidiarias, pero la aprobación minera se concede sin perjuicio de tercero y sin excluir las demás licencias, y la resolución «no presume que dicha autorización vaya a existir, ni es disconforme a Derecho en caso de que finalmente no se otorgara». La aprobación minera y la autorización urbanística van por cauces separados: la incompatibilidad con el planeamiento no anula la primera, pero la empresa sigue necesitando la segunda.

    Sentencia nº 461/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 476/2026, ECLI:ES:TSJPV:2026:3427)

    Apelación del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra desestimada sin entrar en el fondo: el pleito (el embargo de una deuda nacida de la ejecución subsidiaria del derribo de un inmueble en ruina) no supera los 30.000 euros. La cuantía se fija por el principal, sin recargos, y al ser una cuestión de orden público procesal no vincula que el juzgado la fijara en 42.000 euros ni que ofreciera recurso de apelación.

    Empleo público

    Sentencia de 22 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima (Asunto C-359/25, IS contra Ypourgos Exoterikon, ECLI:EU:C:2026:898)

    En Grecia, los funcionarios de la carrera diplomática se jubilan de oficio a los 65 años si han cumplido 35 años de servicio, mientras que la mayoría de los funcionarios lo hacen a los 67. El Tribunal de Justicia declara que la Directiva 2000/78 no se opone a esa regla si persigue un objetivo legítimo de política de empleo y es adecuada y necesaria. Las diferencias basadas en los años o el tipo de servicio no son discriminación por edad; la que existe frente a los diplomáticos más jóvenes sí lo es, pero puede justificarse por el objetivo de una estructura de edades equilibrada. Corresponde al juez nacional verificar la coherencia y la necesidad de la norma.

    Sentencia nº 1169/2026, de 20 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 6183/2024, ECLI:ES:TS:2026:4261)

    Al resolver varios recursos de alzada en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Canarias de 2019, la Administración detectó errores generales de baremación en la especialidad de Inglés y ordenó baremar de nuevo a todos los aspirantes; el TSJ de Canarias anuló esa revisión por incongruente con los recursos. El Tribunal Supremo estima la casación: si en alzada se advierten irregularidades que afectan a todos, la Administración puede revisar la baremación de todos, también la de quienes no recurrieron, sin acudir a la revisión de oficio mientras los actos no sean firmes y siempre que todos puedan alegar. «Lo relevante es que un mérito sea interpretado y valorado, o un criterio de puntuación sea aplicado homogéneamente a todos los aspirantes».

    Sentencia nº 455/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 457/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3443)

    La Sala anula, en lo relativo al puesto pedido por el apelante, una convocatoria de comisiones de servicios intraunidad de la Ertzaintza que da prioridad a quienes cumplen el perfil lingüístico preceptivo. La disposición transitoria segunda del Decreto 30/1998 no deja a la Administración decidir si exige o no el perfil según quiénes se presenten, sino que «establece una exención a tal cumplimiento» para puestos con fecha de preceptividad vencida y provisión inaplazable. Sin criterios de prelación, no cabe una asignación en la que el perfil lingüístico «tenga un peso preponderante y deje totalmente relegados otros criterios objetivos como son la antigüedad o la pertenencia a una determinada categoría o escala».

    Sentencia nº 355/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 310/2026, ECLI:ES:TSJPV:2026:3393)

    La Sala confirma que no procede suspender cautelarmente las bases del Ayuntamiento de Llodio para cubrir por libre designación el puesto de oficial jefe de la Policía Local. La falta de suspensión «no haría perder su finalidad legítima» al recurso, porque, si la sentencia final es estimatoria, el nombramiento puede anularse con retroacción y reconocimiento de los derechos que correspondan. Tampoco aprecia apariencia de buen derecho suficiente: la incompetencia del órgano y el deber de abstención alegados deben decidirse en el pleito principal.

    Responsabilidad patrimonial

    Sentencia nº 1174/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 8395/2024, ECLI:ES:TS:2026:4327)

    No se informó a un paciente del riesgo de recanalización tras una vasectomía, y su pareja quedó después embarazada. La Comunidad de Madrid y el TSJ de Madrid solo indemnizaron al paciente y negaron legitimación a la pareja, porque el derecho a la información es personalísimo. El Tribunal Supremo casa la sentencia y reconoce a la pareja estable legitimación por un daño moral propio, la pérdida de su capacidad de decidir sobre la planificación reproductiva. En la doctrina que fija, precisa: «Tal legitimación no deriva de una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado, que corresponde exclusivamente al paciente, sino de la existencia de un daño autónomo e individualizado padecido por quien resultó afectada por las consecuencias de dicha omisión informativa». Fija 35.000 euros para cada uno.

    Sentencia nº 1172/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 339/2024, ECLI:ES:TS:2026:4247)

    BFF Finance Iberia reclama responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la transposición de la Directiva 2011/7 de morosidad (Ley de Morosidad y artículo 198.4 LCSP), tras la sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20) sobre la compensación de 40 euros por factura, el plazo de pago y el IVA en la base de los intereses. El Tribunal Supremo desestima el recurso porque no hay una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada: el TJUE no reprochó con carácter general la normativa española y la interpretación nacional fue razonable. Lo contrario supondría «vaciar de contenido este requisito autónomo, convirtiendo toda declaración de incompatibilidad en un título indemnizatorio automático, solución expresamente rechazada por la jurisprudencia europea».

    Sentencia nº 358/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 628/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3480)

    La Sala confirma que no procede la reclamación contra el Ayuntamiento de Bilbao por la caída de un ciclista en una calzada con baches. Aunque las fotografías muestran desperfectos, la Administración no puede funcionar como «una suerte de aseguradora universal», y pesan la caída con luz de día y plena visibilidad, el espacio para esquivar los baches y el conocimiento previo de la calle por la víctima, que vivía en ella. La visibilidad y el conocimiento de la vía pueden romper el nexo causal aunque haya desperfectos acreditados.

    Subvenciones

    Sentencia nº 354/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 404/2025, ECLI:ES:TSJPV:2026:3479)

    La Sala estima la apelación del Ente Vasco de la Energía y confirma la denegación de la ayuda pedida por Hotel Alto Deba al programa de eficiencia energética de empresas turísticas. Por el carácter incentivador de la ayuda, la convocatoria solo admitía actuaciones iniciadas después de la solicitud, salvo las preparatorias, y el juzgado trató como preparatoria el acta de replanteo e inicio de obra. La Sala corrige esa valoración: el acta recoge que la dirección facultativa «autoriza el inmediato comienzo de los trabajos», y una certificación anterior a la solicitud incluye partidas coincidentes con las de la ayuda, así que las actuaciones «se iniciaron con anterioridad a su solicitud».

    Competencia

    Sentencia nº 1180/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 2772/2024, ECLI:ES:TS:2026:4266)

    La CNMC sancionó a la SGAE con 2.949.660 euros por tres abusos de posición dominante, y la Audiencia Nacional anuló la sanción porque en 2018 la SGAE ya no era dominante en uno de los mercados. El Tribunal Supremo estima la casación de la CNMC y de Unison Rights: la prohibición de abuso alcanza a la conducta en un mercado conexo sin necesidad de probar dominio en él, y «A estos efectos es determinante valorar el grado de conexión entre los mercados y la incidencia del dominio en un mercado sobre el otro u otros, al margen de la posible relevancia que pueda atribuirse a cada mercado». Devuelve las actuaciones a la Audiencia Nacional para que analice esa conexión y dicte nueva sentencia.

    Ayudas de Estado

    Sentencia de 22 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera (Asunto C-117/25, Canal Sea Services SRL y otros contra Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor y Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA, ECLI:EU:C:2026:881)

    Rumanía atribuyó en exclusiva el practicaje portuario obligatorio a entidades públicas portuarias, cuando antes también lo prestaban empresas privadas, y varias de estas lo impugnan como ayuda de Estado. El Tribunal de Justicia resuelve que ese monopolio no es ayuda de Estado si la actividad es inseparable de las funciones de control y seguridad del tráfico marítimo y de protección del medio ambiente en el puerto: en ese caso es ejercicio de prerrogativas de poder público y no actividad económica, aunque se remunere. La calificación no deriva del monopolio en sí, sino de la naturaleza, el objeto y las reglas de la actividad.

    Derecho regulatorio

    Sentencia de 15 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta (Asunto C-591/24, „Golf Bulgaria“ EOOD contra Savet za elektronni medii, ECLI:EU:C:2026:866)

    El regulador búlgaro de medios electrónicos multa a Golf Bulgaria, prestador de servicios de medios no lineales, por publicar un vídeo en el que se humillaba a un menor con necesidades educativas especiales, al amparo de una prohibición legal de emisiones contrarias a las buenas costumbres. El Tribunal de Justicia declara que el artículo 6.1 de la Directiva 2010/13, a la luz del artículo 11 de la Carta, no se opone a esa sanción por contenidos que atentan contra la dignidad humana. La condición es que los prestadores puedan saber, por la redacción de la norma y, si hace falta, por la interpretación judicial, que la prohibición alcanza a esas emisiones.

    Sentencia de 15 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda (Asunto C-857/24, daa plc, anciennement Dublin Airport Authority plc y otros contra Irish Aviation Authority y Airport Coordination Limited, ECLI:EU:C:2026:855)

    La licencia urbanística de la terminal del aeropuerto de Dublín limita su capacidad a 32 millones de pasajeros al año, y la autoridad irlandesa de aviación fija topes estacionales de pasajeros al determinar los parámetros de coordinación. El Tribunal de Justicia declara que estas condiciones urbanísticas pueden ser limitaciones técnicas, operativas o medioambientales que hay que tener en cuenta conforme al artículo 6.1 del Reglamento 95/93, aunque lleven a no asignar algunas series de franjas históricas. El reglamento solo da prioridad a las compañías titulares de esas series, sin un derecho a conservarlas, y ese derecho temporal no es un derecho de propiedad protegido por el artículo 17 de la Carta.

    Sentencia de 15 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta (Asunto C-161/25, C-162/25, Autorità di regolazione dei trasporti contra Captrain Italia y otros, ECLI:EU:C:2026:860)

    En Italia, junto al régimen general de penalizaciones por retrasos ferroviarios, existe otro que penaliza solo a las empresas ferroviarias que superan el tiempo de estacionamiento en las estaciones fronterizas. El Tribunal de Justicia resuelve que ese régimen forma parte del sistema de incentivos de rendimiento del artículo 35 de la Directiva 2012/34 si persigue sus objetivos, y que ambos regímenes pueden combinarse aunque un mismo hecho dé lugar a varias penalizaciones. El regulador debe comprobar que el conjunto sea coherente, transparente y proporcionado, pero no está obligado a exigir primas y compensaciones ni a penalizar también al administrador de infraestructuras.

    Sentencia de 15 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta (Asunto C-199/25, Fluvius Halle-Vilvoorde, anciennement Sibelgas y otros contra De Vlaamse Nutsregulator, anciennement de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt (VREG), ECLI:EU:C:2026:862)

    Las distribuidoras flamencas impugnan la metodología tarifaria 2025-2028 del regulador porque traslada a las tarifas de red el coste de obligaciones de servicio público ajenas a la red (renovables, certificados verdes) y se basa en costes históricos. El Tribunal de Justicia declara que el artículo 18.1 del Reglamento 2019/943 permite incluir esos costes en las tarifas de red, si no se financian por otra vía, siempre que no se integren en el método de cálculo de los cánones que fija el regulador y se distingan con claridad. También admite la metodología basada en costes históricos si garantiza que corresponden a los de un gestor eficiente y de estructura comparable.

    Sentencia nº 1164/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 1259/2023, ECLI:ES:TS:2026:4236)

    Hidroeléctrica del Guadiela impugna la Orden TED/749/2022, que fijó la retribución de las distribuidoras eléctricas para 2017-2019, y pide recalcular la vida residual promedio de sus activos excluyendo 4,13 millones de euros de elementos ya amortizados y fuera de servicio, detectados al reformular sus cuentas. El Tribunal Supremo desestima el recurso porque ese parámetro se fijó en la Orden IET/980/2016, que es firme y que la propia empresa ya impugnó sin éxito (sentencia de 23 de octubre de 2018, recurso 90/2017): lo que pretende es «revivir una cuestión que ya está zanjada». Una reformulación contable posterior no permite reabrir un parámetro retributivo fijado en un acto firme.

    Resoluciones de la semana: contratación pública (2 de noviembre de 2026)

    Lo publicado esta semana en materia de contratación pública por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los tribunales de recursos contractuales. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.

    Tribunal de Justicia de la Unión Europea

    Sentencia de 15 de octubre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima (Asunto C-402/25, Plungės rajono savivaldybės administracija contra Viešųjų pirkimų tarnyba, ECLI:EU:C:2026:870)

    Un tribunal lituano declaró, por sentencia firme y una vez formalizado el contrato, que la adjudicataria VA Statyba había aportado por negligencia grave información falsa sobre su solvencia. La autoridad de contratación ordena entonces al ayuntamiento adjudicador inscribirla en la lista de proveedores que han facilitado información falsa, y el ayuntamiento se opone porque no la había excluido durante el procedimiento. El Tribunal de Justicia declara que las Directivas 2014/24 y 89/665 permiten esa orden de publicación aunque el operador no fuera excluido. Exige tres condiciones: que la duración sea proporcionada a la gravedad de la conducta, con el máximo del artículo 57.7 (tres años desde que se facilitó la información falsa); que el operador pueda acreditar medidas correctoras para participar en licitaciones posteriores, y que tenga un recurso efectivo contra al menos una de las decisiones relativas a la publicación.

    OARC/KEAO

    Resolución nº 170/2026, de 7 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    TEKNEI Information Technology recurre la adjudicación del lote 6 del contrato de cursos de formación individuales al profesorado del plan IKASIZ HEZI, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Obtuvo 0 puntos en experiencia del personal adscrito, porque el pliego medía la similitud de los cursos por la presencia en su denominación de las palabras clave del lote, y la recurrente pide que se atienda a su contenido. El OARC desestima el recurso: el criterio está calificado como evaluable de forma automática, «lo que excluye cualquier interpretación del mismo más allá de su literalidad». En la práctica, si el pliego fija una forma automática de medir la experiencia, no cabe discutir después otra forma de medirla.

    Resolución nº 171/2026, de 7 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    El OARC inadmite por falta de legitimación el recurso de un grupo de personas (personal de Osakidetza o integrantes de sus listas de contratación) contra los pliegos del transporte sanitario urgente de Euskadi, que licita el Departamento de Salud. El poder adjudicador es la Administración General y no Osakidetza, de modo que anular la licitación no les reportaría ninguna ventaja concreta: lo que pretenden es un control abstracto de la legalidad.

    Resolución nº 172/2026, de 10 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    RADIMER Servicios Energéticos impugna la adjudicación a TECUNI del mantenimiento del alumbrado público de Zierbena. Alega sobre todo que la memoria técnica de la adjudicataria anticipaba un dato del sobre de criterios automáticos: el plazo de actualización del inventario. El OARC desestima el recurso, porque la mención a «4 meses» reproduce el plazo máximo del pliego (TECUNI ofertó un mes en el criterio automático) y no revela nada; la infracción de la valoración separada «no puede ser meramente formal, sino material». También rechaza los motivos sobre la firma del informe técnico, la falta de notificación de la propuesta y la formalización anticipada, porque no causan indefensión ni concurren los requisitos del artículo 39.2.d) de la LCSP.

    Resolución nº 173/2026, de 11 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    Recurso de ARREGI ETXABE JUAN JOSE SA contra los pliegos del servicio de gestión de papel y cartón de Servicios de Txingudi, S.A., archivado por pérdida sobrevenida de objeto porque el poder adjudicador desiste del procedimiento. El OARC advierte de que, si los nuevos pliegos reproducen el contenido impugnado, la recurrente podrá reiterar su pretensión sin que pueda oponérsele la excepción de acto firme.

    Resolución nº 174/2026, de 11 de septiembre de 2026, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO)

    ICU Medical recurre la adjudicación del lote 2 del suministro de material de anestesia de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces (Osakidetza). Pide excluir a AMEBIL y anular su propia exclusión por no alcanzar el umbral técnico (24 puntos de 50, con un mínimo de 25). El OARC rechaza lo primero, porque el pliego presentaba la longitud del alargador como aproximada y no hay un incumplimiento claro. En cambio, anula la adjudicación por falta de motivación: el informe no explica por qué la certificación, el color identificativo o el filtro justifican 24 puntos frente a 50. Como las ofertas económicas ya son conocidas, no cabe retrotraer y ordena cancelar el procedimiento; en los criterios con umbral eliminatorio, «debe extremarse la adecuación del uso de la discrecionalidad técnica».

    Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

    Resolución nº 505/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 463/2026)

    El Tribunal acumula los recursos de COBAS y CCOO contra los pliegos del contrato de gestión de 18 centros integrales de atención a la mujer del Ayuntamiento de Madrid. Admite la legitimación sindical solo en los motivos con conexión directa con los intereses laborales colectivos, y desestima los relativos a la información de subrogación, la suficiencia del presupuesto y la cobertura de jornadas. Estima parcialmente en dos puntos: la cláusula sobre huelga no puede atribuir a la Dirección General una potestad autónoma para fijar servicios mínimos, y las cláusulas de autorización previa de comunicaciones y actividades (y sus penalidades) deben limitarse a la representación institucional y a la información confidencial, sin alcanzar las actuaciones personales, profesionales o sindicales de la plantilla.

    Resolución nº 506/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 464/2026)

    CONTROLNET WEB recurre la adjudicación del contrato de soporte, mantenimiento y gestión de contenidos de los portales municipales de Pozuelo de Alarcón, porque otro licitador ofertó cero euros en uno de los criterios. El Tribunal desestima el recurso: el PCAP no fijaba un importe mínimo en ese criterio (y la propia recurrente ofertó 0,01 euros). No entra en los demás motivos, porque la recurrente no acredita que su estimación la situara en primer lugar.

    Resolución nº 507/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 468/2026)

    SERCAMAN 1 recurre su exclusión del suministro en arrendamiento de equipos multifunción, impresoras y plotters del Ayuntamiento de Leganés, tras no acreditar, pese al requerimiento, que los equipos tenían una antigüedad de comercialización inferior a 24 meses. El Tribunal desestima el recurso: «es a ella a la que le corresponde acreditar que su oferta cumple los requisitos técnicos exigidos». Un nuevo trámite de subsanación sería una segunda oportunidad contraria a la igualdad de trato, y la documentación aportada con el recurso no puede valorarse por el carácter revisor del Tribunal.

    Resolución nº 508/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 474/2026)

    NEXARENA PROJECTS impugna los pliegos del suministro e instalación de un pavimento deportivo de madera para un pabellón municipal de Navalcarnero, que exigen una clase de reacción al fuego Bfl-s1, superior al mínimo del Código Técnico. El Tribunal desestima el recurso: la exigencia responde a una necesidad de seguridad identificada en la memoria, por el uso competitivo y multitudinario de la instalación, y no se acredita que restrinja la competencia a un solo operador. «Los mínimos reglamentarios operan como umbral de obligado cumplimiento, pero no impiden que el órgano establezca mayores exigencias cuando estas estén relacionadas con el objeto del contrato y respondan a una necesidad pública debidamente identificada».

    Resolución nº 509/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 475/2026)

    TEXPOL recurre la adjudicación del lote 1 del suministro de gasas quirúrgicas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. No obtuvo puntos en un criterio que debía acreditarse con la ficha técnica del fabricante de la materia prima o con un certificado de laboratorio, porque presentó la ficha del fabricante del producto terminado. El Tribunal desestima el recurso: no cabe subsanación, porque «no estamos ante una mera aclaración o precisión, sino ante la ausencia de acreditación de un criterio de adjudicación».

    Resolución nº 510/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 477/2026)

    ESTUDIO ARQUILOM recurre la adjudicación de los lotes 2 y 3 de un acuerdo marco de redacción de proyectos y dirección facultativa del Servicio Madrileño de Salud. En la columna de «porcentaje de baja» consignó 0,28 y 0,33, y pretende que se lean como bajas del 28 % y del 33 %. El Tribunal desestima el recurso: esas cifras se interpretan directamente como porcentajes, y multiplicarlas por cien alteraría un elemento esencial de la oferta una vez abiertas las demás. «La falta de conveniencia económica de una oferta para el propio licitador no permite sustituir su contenido por otro que le resulte más favorable».

    Resolución nº 511/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 478/2026)

    GV CLEAN recurre la nueva adjudicación del suministro de dos barredoras para Batres a DRAGO INGENIERIA Y SERVICIOS, dictada tras una retroacción que permitía pedir aclaraciones pero prohibía modificar la oferta. En el trámite de aclaración, la adjudicataria aportó un plano del fabricante con un diámetro de giro distinto del de su memoria, y la Mesa se limitó a decir que esa «nueva documentación» era justificación suficiente. El Tribunal recuerda que «la posterioridad del documento no es, por sí sola, decisiva»: lo relevante es si se limita a explicar lo ya ofertado. Estima el recurso por falta de motivación y ordena retrotraer para que la Mesa justifique si la aclaración respetó esos límites.

    Resolución nº 512/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 481/2026)

    IBERIAN CARE recurre su exclusión de seis lotes del acuerdo marco de suministro de infusores de medicación del Hospital Universitario Infanta Leonor, porque sus muestras no incorporaban la bolsa de protección individual exigida por el PPT. El Tribunal desestima el recurso: esa bolsa es una cualidad técnica intrínseca del producto y las muestras forman parte de la oferta, así que no son subsanables sin modificarla. La motivación de la exclusión, aunque escueta, es suficiente.

    Resolución nº 513/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 484/2026)

    TOWER BRIDGE recurre la adjudicación del contrato de jornadas de empleo sénior de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Con el nombre de «aclaraciones», la Mesa pidió evidencias de coordinación previa con espacios, ponentes y empresas que el PCAP no exigía, y después no valoró la respuesta de la recurrente, a la que puntuó a la baja precisamente por esa carencia. El Tribunal estima el recurso: «El informe emitido con ocasión del recurso no puede sustituir la valoración que debió realizarse en el momento procedimental oportuno». Como ya se conocen las ofertas económicas, no cabe retrotraer, y anula la adjudicación y deja sin efecto el procedimiento.

    Resolución nº 514/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 486/2026)

    CEMOSA recurre su exclusión del lote 6 (coordinación de seguridad y salud) de un acuerdo marco de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por no aportar certificados registrales actualizados de sus coordinadores y por deficiencias en los técnicos ofrecidos como mejora. El Tribunal estima parcialmente el recurso y anula la exclusión: el PCAP no exigía una antigüedad determinada del certificado, y «una deficiencia en la acreditación de una mejora no puede transformarse, sin más, en un incumplimiento de la solvencia mínima» (como mucho, supone no obtener la puntuación). Rechaza, en cambio, un derecho general a sustituir a los técnicos identificados en la oferta.

    Resolución nº 515/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 487/2026)

    FESP-UGT impugna los pliegos del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Colmenarejo, y el Tribunal solo le reconoce legitimación para los motivos sobre subrogación y sobre la condición especial de mantenimiento de la plantilla. Estima parcialmente el recurso: la información de subrogación omite un acuerdo laboral de marzo de 2026 y recoge salarios de 2024, y esa obligación «corresponde al órgano de contratación, no pudiendo ampararse en la falta de información proporcionada por los actuales adjudicatarios». Además, el PCAP obliga a mantener una plantilla mínima «establecida» en el PPT que este no fija, y por esa falta de claridad anula los pliegos.

    Resolución nº 516/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 488/2026)

    ALBINO DIAS ANDRADE, S.L., excluida del lote 70 del acuerdo marco de material fungible del Hospital Universitario Infanta Leonor, recurre la admisión de las ofertas de otros cuatro licitadores. El Tribunal le reconoce legitimación porque su exclusión no es firme. El órgano de contratación se allana y el Tribunal comprueba que los empapadores ofertados incumplen el PPT en el número de capas, la anchura del marco o la capacidad de absorción, así que estima el recurso.

    Resolución nº 517/2026, de 8 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 493/2026)

    El Distrito de Usera adjudicó el lote 4 de un acuerdo marco de obras de conservación de edificios y espacios públicos a AZVI, que había expresado su baja con signo negativo (-19,99 %). ACEINSA Movilidad, segunda clasificada, sostiene que la oferta debía rechazarse y que la Mesa la reconstruyó al pedir confirmación. El Tribunal desestima el recurso: hablar de «baja» y anteponer el signo menos significan lo mismo, se trata de una errata evidente que no altera la oferta y, por tanto, «no hay una oferta económica contraria al PCAP».

    Resolución nº 518/2026, de 9 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 485/2026)

    Inadmisión por falta de legitimación del recurso de la Cooperativa Moda Re contra los pliegos de recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio de Alpedrete, por no incluir la reserva del 50 % a empresas de inserción y centros especiales de empleo de la Ley 7/2022. La recurrente no presenta oferta ni acredita que la falta de reserva le impidiera concurrir.

    Resolución nº 519/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 432/2026)

    Madrid Salud excluyó al Instituto SAFMAN de la licitación del contrato de prevención del duelo complicado por no llegar a los 18 puntos mínimos en los criterios sujetos a juicio de valor (obtuvo 15,50). La recurrente alega que el informe da por inexistentes contenidos que sí figuran en su proyecto y cuestiona que haya dos versiones del acta. El Tribunal desestima el recurso: las actas solo difieren en un error material y el informe motiva suficientemente las carencias, de modo que la valoración queda amparada por la discrecionalidad técnica.

    Resolución nº 520/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 470/2026)

    Los pliegos del Ayuntamiento de Getafe para un servicio de apoyo grupal a mujeres supervivientes de violencia de género dan hasta 10 puntos por la experiencia de la entidad licitadora. Emocional Technologies 22 impugna ese criterio, y el Tribunal estima el recurso y anula los pliegos. El artículo 145.2.2.º de la LCSP permite valorar la experiencia del personal adscrito, pero «la experiencia de una determinada empresa es una condición de aptitud de la misma, constituye solvencia técnica». Si se busca experiencia específica, el camino es exigir una solvencia técnica adecuada.

    Resolución nº 521/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 472/2026)

    Gremoba, propuesta como adjudicataria del mantenimiento de instalaciones eléctricas y alumbrado de Getafe, fue excluida por no acreditar que estaba al corriente con la AEAT: aportó un certificado caducado y después solo justificantes de pago, mientras las consultas de oficio seguían siendo negativas. El Tribunal desestima el recurso: «El certificado bancario de una concreta deuda no puede prevalecer sobre el certificado positivo de la propia AEAT, pues no excluye la existencia de otras aún pendientes». El certificado positivo obtenido tras la exclusión es extemporáneo, y el requerimiento por correo electrónico ordinario no causa indefensión porque la empresa lo atendió.

    Resolución nº 522/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 482/2026)

    En el lote 7 (sensores de temperatura central no invasiva) de un acuerdo marco del SERMAS, MBA Incorporado recibió 0 puntos en un criterio sin que constara el motivo. El Tribunal estima el recurso: admitir el producto conforme al PPT no obliga a puntuarlo, pero ni las actas, ni la adjudicación, ni la tabla de baremación explican la puntuación, y el informe al recurso «puede explicar y defender la legalidad del acto recurrido, pero no sustituir la valoración técnica que debió fundamentarlo». Anula la adjudicación y ordena retrotraer para que se motive la puntuación.

    Resolución nº 523/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 483/2026)

    CCOO y UGT-FICA impugnan, por la vía de reclamación de sectores especiales, los pliegos de Canal de Isabel II para la explotación de la EDAR La China, por reducir la plantilla mínima a 61 puestos. El Tribunal considera temporáneas las reclamaciones: según el artículo 121.1.b) del Real Decreto-ley 3/2020, el plazo dura lo mismo que el de presentación de proposiciones. En cuanto al fondo, las desestima, porque la entidad puede fijar una plantilla mínima distinta de la subrogable si la justifica y la presupuesta, y aquí la reducción se apoya en la automatización.

    Resolución nº 524/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 490/2026)

    Método Multiterapia fue excluida del lote 2 de un acuerdo marco de atención temprana porque su precio (655,84 euros plaza/mes) superaba el máximo de 655,22 euros, y alega un error material. El Tribunal desestima el recurso: nada en la oferta permite saber de forma objetiva que quisiera ofertar 655,22 euros, así que cambiar la cifra sería modificarla, y la escasa diferencia no cambia nada: «una oferta de 655,84 euros no puede considerarse jurídicamente equivalente a una oferta de 655,22 euros, aunque la diferencia sea reducida».

    Resolución nº 525/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 491/2026)

    Emocional Technologies 22, única licitadora y adjudicataria de la dinamización sociocultural en los centros de mayores de Móstoles, recurre su propia adjudicación por un litigio sobre el convenio colectivo aplicable a la plantilla subrogable. El Tribunal desestima el recurso: el anexo de personal cumple el artículo 130.1 de la LCSP, la contradicción entre pliegos sobre el convenio se conocía desde su publicación y no se impugnó, y el convenio aplicable lo determina la normativa laboral y no los pliegos.

    Resolución nº 526/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 494/2026)

    ESMASA, empresa municipal de Alcorcón, adjudicó a Benito Urban el suministro de proyectores LED para tres campos de fútbol, y TKLED Electric alega que no se comprobó el deslumbramiento (GR) que exige la norma UNE-EN 12193 incorporada al PPT. El Tribunal estima parcialmente el recurso: aunque el deslumbramiento no puntúa por separado, es una condición técnica mínima, y «La conformidad mínima y la puntuación comparativa de la calidad de la oferta son planos distintos». Anula la adjudicación y ordena retrotraer para fijar el límite de cada campo y comprobar, solo con la oferta presentada, si se cumple.

    Resolución nº 527/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 513/2026)

    Desistimiento de Italtel en su recurso contra un acuerdo de la Mesa del Ayuntamiento de Alcobendas sobre el lote 2 de un contrato mixto de conectividad WiFi; el procedimiento se declara concluso.

    Resolución nº 528/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Recurso nº 495/2026)

    CO.BAS impugna los pliegos del Ayuntamiento de Madrid para la gestión del Centro de Acogida Juan Luis Vives, por insuficiencia de los costes laborales. El Tribunal estima parcialmente el recurso: la memoria económica describe turnos de mañana, tarde y noche, pero no incluye partida de turnicidad, aunque sentencias firmes han reconocido ese complemento al personal del centro. La potestad organizativa del órgano «no le permite configurar el presupuesto sobre la premisa de que no existirá un coste laboral cuando este pueda resultar obligatorio a consecuencia de la organización exigida». Desestima los demás motivos y anula los pliegos.

    Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

    Resolución nº 673/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 645/2026)

    El Tribunal estima en parte el recurso contra el PCAP del servicio de información, recepción y control de accesos del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. La bolsa anual de horas gratuitas (31 puntos) no es un criterio de calidad, porque premia más prestación por el mismo precio, y tampoco puede puntuar un curso de prevención de riesgos que solo cumple un deber legal; así, los criterios de calidad se quedan en el 15 % y no llegan al 51 % del artículo 145.4 LCSP. Anula también la reserva de ejecución directa de todas las prestaciones: «Una reserva global equivale a una prohibición absoluta y de facto de la subcontratación, contraviniendo el principio de libre concurrencia».

    Resolución nº 682/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 648/2026)

    Recurso contra la adjudicación del mantenimiento integral de equipos electromédicos del Área de gestión sanitaria Norte de Huelva y de dos distritos de atención primaria, licitado por el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. La recurrente sostiene que la comisión técnica alteró el criterio de acuerdos con fabricantes al aplicarlo solo a los 43 equipos del anexo II bis. El Tribunal lo desestima: así lo establecía una rectificación de errores publicada durante el plazo de ofertas, que nadie impugnó y que quedó integrada en los pliegos.

    Resolución nº 683/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 667/2026)

    Inadmisión del escrito planteado como incidente de ejecución (y, en subsidio, como recurso especial) contra el acta de la mesa y la adenda al informe técnico que revaloran una oferta en el acuerdo marco de pruebas diagnósticas del SAS en Málaga. Ninguno de esos actos ejecuta el fallo de forma autónoma ni es un acto de trámite cualificado: habrá que impugnar la adjudicación o la exclusión que se dicte.

    Resolución nº 684/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 643/2026)

    El Tribunal desestima el recurso contra la adjudicación del suministro de un carrusel de lencería para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. No hay indefensión por desconocer un primer informe técnico que la mesa no aprobó, ni falta de motivación, porque la adjudicación anexaba los informes. Volver a valorar los criterios de juicio de valor con las ofertas económicas ya conocidas «supondría una quiebra irremediable de las garantías de imparcialidad y objetividad», por lo que el control se limita al error patente o la arbitrariedad.

    Resolución nº 685/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 650/2026)

    Dos empresas con compromiso de UTE fueron excluidas del lote 1 de un suministro fitosanitario contra la procesionaria del pino por no constituir garantía definitiva para ese lote: habían presentado dos avales por la mitad del importe de cada lote, referidos indistintamente a ambos. El Tribunal estima el recurso, porque la garantía es insuficiente, no inexistente, y la mesa debió abrir un trámite de subsanación, «resultando improcedente equiparar la situación examinada a un supuesto de falta absoluta de constitución de garantía».

    Resolución nº 687/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 655/2026)

    Inadmisión del recurso contra el acuerdo del Pleno de Castillo de Locubín que acepta la propuesta de la mesa en la concesión de la residencia de mayores y centro de día: ese acuerdo solo cumple el trámite del artículo 150.2 LCSP y no es la adjudicación ni un acto de trámite cualificado.

    Resolución nº 688/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 664/2026)

    Inadmisión por extemporáneo del recurso contra la adjudicación de un lote de jornadas de comercialización turística de la empresa pública andaluza de turismo y deporte (adjudicación del 1 de septiembre, recurso del 9 de octubre). El Tribunal impone además una multa de 1.500 euros por temeridad, porque el escrito solo pide un acceso general al expediente, que no es «una vía para realizar una auditoría general del procedimiento».

    Resolución nº 691/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 665/2026)

    Inadmisión por falta de legitimación del recurso contra la adjudicación del proyecto del Teatro Municipal de Espartinas: la recurrente, quinta clasificada, quedaría tercera incluso con la puntuación máxima en el criterio que impugna.

    Resolución nº 694/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 672/2026)

    Inadmisión por pérdida sobrevenida de objeto del recurso contra el negociado sin publicidad para las obras de 48 viviendas de protección oficial de Punta Umbría, que se declaró desierto por falta de ofertas mientras se tramitaba el recurso.

    Resolución nº 695/2026, de 16 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 666/2026)

    Inadmisión del recurso contra los pliegos de un servicio de tasaciones periciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, porque su valor estimado (59.840 euros) no supera el umbral de 100.000 euros del artículo 44.1 LCSP; el escrito se remite al órgano de contratación.

    Resolución nº 696/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 676/2026)

    Pérdida sobrevenida de objeto en el recurso contra los pliegos de licencias Google Workspace for Education Plus de la Universidad de Granada, que suprime la exigencia del nivel Diamante del fabricante y abre un nuevo plazo. A mayor abundamiento, el Tribunal señala que esa exigencia funcionaba como requisito de solvencia técnica al margen del artículo 89 LCSP.

    Resolución nº 699/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 660/2026)

    El Tribunal desestima el recurso contra los pliegos del acuerdo marco de sistemas de monitorización de glucosa intersticial del SAS. Considera justificadas por razones clínicas las exigencias del lote 1 (indicación desde los dos años y ausencia de calibración por punción digital), sin que se acredite un cierre del mercado. También valida el sistema de adjudicación de los contratos basados: el artículo 221.4.a) LCSP exige condiciones objetivas definidas de antemano, pero no una jerarquía entre ellas, y la facultad de apreciar cuándo conviene reabrir la competencia «no equivale a una libertad incondicionada».

    Resolución nº 702/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 674/2026)

    Desistimiento en el recurso contra una exclusión de los lotes 1, 2 y 3 del acuerdo marco de guantes de nitrilo del SAS; el procedimiento se declara concluso.

    Resolución nº 704/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 683/2026)

    Inadmisión del recurso contra las bases de explotación de las barras de una fiesta municipal de Arriate: es una autorización o concesión demanial excluida de la LCSP por su artículo 9, que no admite recurso especial.

    Resolución nº 705/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 684/2026)

    Inadmisión por falta de legitimación del recurso contra la adjudicación del soporte TIC de La Rinconada: la recurrente es cuarta y última clasificada y no impugna la oferta de la tercera.

    Resolución nº 706/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 657/2026)

    En la ayuda a domicilio de La Rinconada, la mesa subió la puntuación de un subcriterio con los criterios automáticos ya abiertos, y eso cambió la propuesta de adjudicación. El Tribunal desestima el recurso, porque distingue entre una nueva valoración técnica y la corrección de una regla mal aplicada: el PCAP y una respuesta publicada a una consulta solo exigían suscribir el compromiso, y el cambio es «la corrección material de una puntuación que se había apartado de las reglas aplicables al procedimiento», aplicada por igual a todas las ofertas.

    Resolución nº 707/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 644/2026)

    Estimación parcial, solo para el lote 18, del recurso contra la adjudicación de un acuerdo marco de equipos de electromedicina de la Central Provincial de Compras de Huelva. La recurrente declaró el consumo energético en kW en un modelo que pedía kWh, y el Tribunal considera que esa contradicción debía aclararse antes de dejar de valorarla. Advierte de que «no toda equivocación en una unidad constituye un mero error material sin repercusión, pues la corrección puede alterar la magnitud valorable», pero aquí la aclaración no altera las cifras ofertadas.

    Resolución nº 708/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 651/2026)

    El Ayuntamiento de El Ejido excluyó a una licitadora de cinco lotes de redacción de proyectos de caminos rurales por no justificar su oferta anormalmente baja. El Tribunal no reinterpreta la cláusula de anormalidad del PCAP, pero estima en parte el recurso por falta de motivación: la motivación reforzada debe explicar «por qué la información aportada no acredita que la oferta pueda cumplirse en sus propios términos y no a indicar que no es posible verificar el cumplimiento con base en una documentación que no ha sido expresamente solicitada». Ordena una nueva valoración diferenciada por lotes y admite la compensación entre partidas, que «no podrá subsanar carencias materiales de medios, tiempos o prestaciones ni hacer depender la viabilidad de un lote de la adjudicación simultánea de los restantes».

    Resolución nº 712/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 649/2026)

    El Tribunal desestima el recurso contra los pliegos de gestión integral de playas, espacios forestales y asistencia sanitaria de El Puerto de Santa María. Admite la duración de ocho años para recuperar inversiones en medios que revierten al Ayuntamiento, y que limpieza, conservación forestal y salvamento vayan en un solo lote, porque el artículo 99 LCSP «no obliga a crear un lote distinto para cada servicio o por cada zona geográfica». También avala incluir en el presupuesto los atrasos salariales que el convenio atribuye al próximo adjudicatario, que no son deudas del contratista saliente a efectos del artículo 130.6 LCSP.

    Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

    Acuerdo nº 116/2026, de 20 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 101/2026)

    PALADAR EVENTOS impugna su exclusión del lote 2 del alumbrado navideño de Zaragoza por no alcanzar el umbral mínimo en los criterios de juicio de valor. Sostiene que un informe aclaratorio, emitido después de abrirse los criterios automáticos, añade motivos nuevos. El TACPA desestima el recurso: ese informe se limita a aclarar el primero, sin cambiar el criterio ni las puntuaciones, y el resto de reproches quedan dentro de la discrecionalidad técnica.

    Acuerdo nº 117/2026, de 20 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

    El Acuerdo 88/2026 anuló la adjudicación de la corrida de toros de Barbastro y ordenó revisar la oferta anormalmente baja de la adjudicataria. En lugar de cumplirlo, el Ayuntamiento desistió del procedimiento y tramitó un negociado sin publicidad. El TACPA estima el incidente de ejecución de TOROS Y ESPECTÁCULOS HNOS. DURAN: la demora se debe a la inactividad del órgano de contratación, que no es una infracción no subsanable, y «la existencia de recursos no es una razón de interés público que pueda justificar de ninguna de las maneras la renuncia al contrato». Anula el desistimiento y el negociado, y apunta el derecho de la recurrente a ser indemnizada si resultara adjudicataria.

    Acuerdo nº 118/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 100/2026, RE 103/2026)

    HILL-ROM IBERIA recurre el desistimiento parcial del suministro de mesas quirúrgicas del Hospital Miguel Servet y la nueva licitación convocada con especificaciones distintas. El TACPA estima los dos recursos: el órgano no identificó ninguna infracción no subsanable y usó el desistimiento con un fin distinto del legal, lo que califica de desviación de poder. Recuerda que «el desistimiento no es una prerrogativa» y que, si concurrían razones de interés público, la vía era la renuncia.

    Acuerdo nº 119/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 122/2026)

    Según el resumen oficial, el TACPA inadmite por falta de legitimación el recurso, en un contrato de suministros del Ayuntamiento de Zaragoza. [VERIFICAR: resumen sin texto íntegro]

    Acuerdo nº 120/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 98/2026)

    JAKE PRODUCCIONES impugna su exclusión del contrato de asistencia a la programación cultural de Huesca. No está inscrita en el Registro de Instaladores de Telecomunicación y pretende acreditarlo con medios de otra empresa o subcontratando. El TACPA desestima el recurso: el pliego configura la inscripción como requisito de aptitud, y «no es posible integrar la falta de habilitación profesional o empresarial por medios externos cuando esta se exija como requisito de aptitud en el pliego». Si la exigencia no estaba justificada, debía haberse impugnado el pliego.

    Acuerdo nº 121/2026, de 28 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 107/2026)

    BECTON DICKINSON recurre su exclusión del lote 1 del suministro de endoprótesis del Hospital Miguel Servet. El informe técnico le dio 0 puntos porque su producto no lleva cobertura de heparina, aunque el pliego solo pedía una endoprótesis «tipo viabahn o equivalente». El TACPA estima el recurso, porque el órgano «lo que no puede hacer es excluir al licitador por incumplir un requisito técnico que el Pliego no exige», y ordena volver a valorar su sobre B, que es posible porque su sobre C sigue cerrado.

    Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

    Resolución nº 218/2026, de 9 de julio de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 127-2026)

    BODYCOPY recurre su exclusión, por oferta anormalmente baja no justificada, del lote 1 del servicio de comunicación y publicidad de la Consejería Insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife. El Tribunal desestima el recurso. Admite que un precio unitario simbólico (1,01 euros por el diseño de campaña) no basta por sí solo para excluir, pero el informe técnico no descansa solo en ese dato: la memoria justificativa describe la organización y las ventajas de la empresa sin cuantificar cómo inciden en los costes. El artículo 149 de la LCSP «no obliga a alcanzar una certeza absoluta sobre la futura ejecución del contrato», pero sí exige una convicción razonada sobre la viabilidad de la oferta a partir de lo que aporta el propio licitador.

    Resolución nº 310/2026, de 19 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 211-2026)

    Inadmisión por falta de legitimación del recurso de ALOGA CANARIAS 2014 contra la adjudicación de unas jornadas de ocio de San Bartolomé de Tirajana: es cuarta clasificada y solo ataca la oferta de la primera, así que no puede resultar adjudicataria.

    Resolución nº 311/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 165-2026)

    URBIOLED impugna el anuncio y los pliegos de las obras de alumbrado LED de Icod de los Vinos, por la tramitación urgente, la exigencia de acreditar con la oferta los requisitos del Instituto de Astrofísica de Canarias y la falta de ampliación del plazo tras corregirse el proyecto. El Tribunal desestima el recurso: la urgencia está motivada por el plazo de formalización que imponía el préstamo del IDAE, las exigencias técnicas responden a la protección de la calidad astronómica y la corrección del proyecto es un mero error material.

    Resolución nº 313/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 207-2026)

    AVERICUM impugna los pliegos del suministro de fungibles de hemodiálisis del Hospital Dr. Negrín, que agrupan en un lote único fungibles, equipamiento, mantenimiento de equipos de ósmosis y prestaciones informáticas. El Tribunal estima el recurso porque el expediente no justifica de forma concreta, como exigen los artículos 99.3 y 116.4.g) LCSP, por qué todo debe contratarse junto, y anula los pliegos y el anuncio. La estimación no impone una división concreta en lotes, sino motivar la configuración que se elija.

    Resolución nº 314/2026, de 23 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 227-2026)

    INNOVACIONES AGROALIMENTARIAS recurre su exclusión, por baja anormal no justificada, de una consultoría de Granadilla de Abona. El Ayuntamiento se allana, porque el pliego no fijaba parámetros de anormalidad y no debió abrirse el trámite de justificación, y el Tribunal acepta el allanamiento. Rechaza además las alegaciones de nulidad de los pliegos de la propuesta como adjudicataria: no cabe reconvención en el recurso especial.

    Lo que se ha publicado esta semana del 22 al 29 de octubre de 2026

    Contratación Pública

    Esquema del contrato de emergencia. Sin expediente, pero solo al inicio, por M.P. Batet

    La parte contratante · Contratación Pública

    Un cuadro-resumen del régimen del artículo 120 LCSP: qué se puede hacer sin expediente previo (ordenar la ejecución, dar cuenta, empezar en un mes, ejecutar como un contrato más), qué no es emergencia y cómo se distingue de la tramitación de urgencia y del negociado por imperiosa urgencia. Cierra con la secuencia documental que debe existir aunque llegue después: informe técnico, orden del órgano, acta de inicio, formalización y publicación, y rendición de cuentas.

    Incumplimientos subsanables y no subsanables: la importancia de ajustarse a lo requerido en pliegos

    Litinet · Contratación Pública

    La Resolución 1347/2026, de 2 de septiembre, del TACRC resuelve el recurso de una UTE excluida de un contrato de servicios de inteligencia de negocio del Sistema Nacional de Salud por ofertar un perfil con licenciatura en Química, fuera de las titulaciones que fijaban los pliegos. El Tribunal aprecia un incumplimiento claro y expreso del PPT y descarta la subsanación, porque el perfil formaba parte de la oferta y su titulación y experiencia se habían valorado. Una sustitución solo cabría si no alterase los términos de la proposición ni la puntuación obtenida.

    Licitaciones desiertas: qué dicen los datos abiertos y qué puede hacer el servicio de contratación antes de publicar

    Gestores Públicos · Contratación Pública

    Pablo Matheis explota los datos abiertos de PLACSP y TED y calcula que el 8,9 % de los 830.655 procedimientos con resultado publicado hasta el 7 de octubre de 2026 quedó desierto (74.165). Las obras llegan al 10,9 % y los servicios de informática al 4,7 %. Las tasas más altas coinciden con mercados de costes cambiantes y con presupuestos base calculados con precios ya desfasados. Propone medidas previas a la publicación (revisar el estudio de costes, consultas preliminares, lotes, plazos) y repasa los límites del negociado sin publicidad del artículo 168 a) 1.º LCSP.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    El apercibimiento del Tribunal Supremo a los ministros de Justicia y de Exteriores del art. 112 LJCA por su incumplimiento de los autos sobre la «Ley de Nietos» (AATS 23/10/2026)

    Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

    Los autos de 23 de octubre de 2026 responden a las alegaciones sobre la ejecución de los de 10 de septiembre y 12 de octubre. Declaran ajustado el primer envío de documentación electoral al CERA entre el 24 y el 30 de octubre, con una advertencia expresa a quienes optaron por la vía de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Ordenan además a la Oficina del Censo Electoral excluir del listado a quienes no tengan certificación consular, sin aplicar la presunción de la Instrucción de 25 de octubre de 2022. El autor sostiene que esa Instrucción amplió por vía administrativa el supuesto fijado por la ley.

    No cabe imponer las costas de la segunda instancia al apelado aunque se estime íntegramente el recurso de apelación contencioso-administrativo interpuesto por el apelante (STS 9/10/2026)

    Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

    La STS de 9 de octubre de 2026 (RC 3990/2025) fija que, con el artículo 139.2 LJCA, en la estimación íntegra de la apelación no se pueden imponer las costas a la parte apelada. El caso parte de una sanción de 71.875 euros de la Diputación de Lugo a una maderera por una infracción de la Ley gallega de carreteras, que el Juzgado de Ourense rebajó a leve y 2.500 euros. El TSJ de Galicia estimó la apelación de la Diputación e impuso las costas a la empresa, con un máximo de 1.000 euros, y el Supremo corrige ese pronunciamiento.

    Cuidadito con las alegaciones previas

    delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

    La sentencia del Supremo de 6 de octubre de 2026 (rec. 698/2023) trata de qué ocurre cuando una falta de legitimación rechazada en alegaciones previas se vuelve a plantear en la contestación a la demanda. La Sala recuerda que el artículo 58 LJCA permite reiterarla, pero no como revisión de lo ya resuelto: para apartarse del criterio inicial en sentencia hacen falta nuevos elementos de hecho o de derecho.

    Reflexiones tributarias para un mundo que se desmorona. 2. Las prácticas abusivas y Neo Group (STJUE de 15.10.2026, C-203/2025)

    FiscalBlog · Derecho Administrativo y Contencioso

    La sentencia Neo Group UAB aplica la cláusula antiabuso de la Directiva matriz-filial a una filial lituana que no retuvo en los dividendos pagados a su matriz chipriota, cuya sustancia y beneficiario efectivo no se discuten. El Tribunal sitúa el abuso en la venta de las acciones de la matriz, con precio aplazado y cobro cedido al socio último. La autora cuestiona el razonamiento y lo contrasta con la jurisprudencia anterior sobre los elementos subjetivo y objetivo de la práctica abusiva.

    La CNMC investiga a Exolum por posibles abusos de posición dominante

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    La CNMC ha incoado el expediente sancionador S/0005/26 contra Exolum por tres posibles abusos de posición dominante en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y otros productos. La investigación examina el incremento de tarifas y la posible negativa de acceso a instalaciones del puerto de Tarragona a un operador competidor. La calificación final queda pendiente de los hechos que se acrediten.

    Función Pública

    El Supremo hace prevalecer el anonimato en las oposiciones frente a la eficacia

    delaJusticia · Función Pública

    La sentencia del Supremo de 14 de octubre de 2026 declara que el anonimato en las pruebas escritas es exigible aunque las bases no lo recojan, por conectar con los artículos 23.2 y 103 CE. Solo se excluye con circunstancias objetivas y legítimas, y la mera finalidad de agilizar la corrección no basta. El tercer ejercicio de la oposición, que se había identificado hoja a hoja por el volumen de aspirantes, deberá repetirse sin afectar a los terceros de buena fe que lo superaron.

    Clínicas concertadas y carrera profesional

    Tirant Prime · Función Pública

    El Supremo estima el recurso de casación de la Comunidad Autónoma de Canarias contra las sentencias que habían reconocido a una auxiliar de enfermería el cómputo, para su carrera profesional, del tiempo trabajado en centros privados concertados. Aplica su doctrina de las sentencias de 11 y 16 de diciembre de 2025: el concierto no integra al centro en el Sistema Nacional de Salud y esos servicios no computan para el personal estatutario.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    El Constitucional limita la ley valenciana de costas

    Tirant Prime · Urbanismo y Medio Ambiente

    El Pleno del Tribunal Constitucional estima el recurso del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley valenciana 3/2025, de 22 de mayo. Declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en cuanto se apliquen a bienes del dominio público marítimo-terrestre. La Comunitat puede proteger los valores culturales y etnológicos de los núcleos costeros, pero sin restringir las facultades del Estado sobre esos terrenos.

    Lo que se ha publicado esta semana del 15 al 22 de octubre de 2026

    Contratación Pública

    Caso de éxito con startup innovadora: cuando la experiencia previa puede cerrar la puerta a una licitación

    Litinet · Contratación Pública

    Una startup tecnológica localiza una licitación relacionada con la solución que ha desarrollado, pero el pliego exige acreditar experiencia previa en contratos similares que una empresa recién creada no puede aportar. Litinet propone revisar si ese requisito guarda relación con el objeto del contrato y es proporcionado conforme al artículo 74 LCSP, y repasa las vías para concurrir: la solvencia de empresas de nueva creación, la integración con medios de terceros o la impugnación del pliego si el requisito resulta injustificado.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    La fecha de presentación en Correos de un recurso administrativo, en sobre cerrado (STS 29/09/2026)

    Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

    La STS de 29 de septiembre de 2026 (RC 643/2024) fija doctrina sobre la fecha de presentación de un recurso administrativo entregado en Correos en sobre cerrado. Según la sentencia, puede tomarse como fecha válida la del envío certificado siempre que el certificado acredite la fecha, el remitente y el órgano destinatario, y no existan elementos que generen una duda razonable sobre el contenido enviado. El post repasa además el régimen de presentación a través del operador postal y el Reglamento de servicios postales.

    Bienvenidas nuevas pruebas al recurrir administrativamente una sanción

    delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    Comenta la STS de 6 de octubre de 2026 (rec. 7/2026), dictada en el ámbito disciplinario del CGPJ, sobre la posibilidad de aportar en el recurso documentación que no se presentó durante la instrucción. El caso se refiere a informes médicos aportados en alzada para justificar circunstancias que podían excluir o atenuar la culpabilidad. La sentencia anula el acuerdo del Pleno y ordena retrotraer las actuaciones para que se valore esa documentación antes de resolver de nuevo.

    La urgencia discrecional del Gobierno, domesticada por el Supremo

    delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    Recoge la STS de 6 de octubre de 2026 (rec. 377/2025), que anula el Real Decreto de reconocimiento de universidades privadas por considerar injustificado el procedimiento de urgencia, con omisión de la consulta pública. El texto examina la motivación que dio el Consejo de Ministros, basada en el artículo 27.1.b) de la Ley del Gobierno, y el razonamiento del tribunal para revisar esa apreciación. Termina planteando hasta dónde puede llegar el control judicial de la urgencia cuando se ejerce la potestad reglamentaria.

    Plazo para recurrir un acuerdo administrativo

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Tribunal Constitucional (Sala Primera) estima un amparo frente a la inadmisión, por extemporaneidad, de un recurso contencioso contra una modificación de la relación de puestos de trabajo de un ayuntamiento. El recurso se había presentado dentro del plazo abierto por el acuerdo de corrección de errores, que había alterado el régimen de recursos de la resolución inicial. La sentencia considera que la rectificación, cuando afecta a la integridad del acto, computa para interponer recursos y para el cómputo de su plazo.

    El insuficiente control de la discrecionalidad administrativa

    Hay Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

    El magistrado José Pérez Gómez examina el control judicial de la potestad discrecional en el nombramiento de cargos y en los procesos selectivos de función pública. Recorre la evolución jurisprudencial, desde el control de los trámites reglados hasta el de la motivación, y los casos en que el Supremo anula un nombramiento y ordena retrotraer el procedimiento. Incluye una referencia a un análisis de Tomás Ramón Fernández sobre la posición del Tribunal Constitucional en el nombramiento de un Fiscal de Sala.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    En el urbanismo a veces no hay vuelta atrás

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Comentario a la STSJPV 3281/2026 sobre un sector residencial de un municipio vasco desarrollado por concertación. Dos propietarias que ya habían construido sus viviendas pretendían salir de la junta de concertación conservando el suelo. El texto repasa el artículo 22.1.b) de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 13.2.c) del TRLSRU, y explica por qué ninguno de los dos contempla esa salida una vez consumido el aprovechamiento.

    Juntas de Compensación: jurisdicción competente y plazo para recurrir

    Gabinete Jurídico Urbanismo MA · Urbanismo y Medio Ambiente

    Cuando un juzgado civil declara su falta de jurisdicción y remite a los interesados al contencioso-administrativo, el plazo para recurrir es de dos meses (artículo 46.1 LJCA) y no de uno (artículo 5.3), según la STS de 21 de abril de 2021. El post analiza la naturaleza de las juntas de compensación, que tienen carácter administrativo cuando ejercen funciones públicas de ejecución del planeamiento, y la vía de recurso de sus acuerdos: primero la alzada ante la Administración actuante y después la jurisdicción contencioso-administrativa.

    Plazo para reclamar las cuotas de urbanización

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Según la STS nº 768/2020, de 15 de junio (rec. 1418/2019), el plazo de prescripción de las cuotas de urbanización es el previsto para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil. El post extiende el criterio a otras deudas urbanísticas, como la reposición o ejecución de garantías, por ejemplo el aval del 7 % que responde de las obras de urbanización, salvo que la normativa autonómica disponga otra cosa.

    Administración Local

    La asesoría jurídica en los municipios de gran población: funciones, límites y titularidad

    esPublico · Administración Local

    Analiza la Asesoría Jurídica de los municipios de gran población a partir del artículo 129 LRBRL, la STC 143/2013 y el Dictamen 016/2026 del Consell Jurídic Consultiu valenciano. Distingue la función consultiva de la contenciosa, separa el órgano de su titular y de los letrados adscritos, y deslinda el informe jurídico de la decisión, que sigue correspondiendo al órgano competente.

    Transparencia y E-Administración

    Potestad reglamentaria y relación electrónica obligatoria

    FiscalBlog · Transparencia y E-Administración

    Esaú Alarcón relaciona dos cuestiones: la frontera entre los reglamentos internos y los reglamentos en sentido estricto, a raíz de la llamada «ley de nietos», y la relación electrónica obligatoria del artículo 14 de la Ley 39/2015. Parte de un caso concreto con una universidad y recuerda la lista cerrada de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, así como la posibilidad de que los reglamentos amplíen ese deber a colectivos determinados para ciertos procedimientos.

    Lo que se ha publicado esta semana del 8 al 15 de octubre de 2026

    Contratación Pública

    Continuidad de la ejecución de un contrato adjudicado a una UTE, cuando uno de sus miembros es declarado en concurso de acreedores

    Litinet · Contratación Pública

    El Informe 5/2026, de 11 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid examina si puede seguir ejecutándose un contrato adjudicado a una UTE cuando una de sus integrantes entra en concurso. Litinet repasa el artículo 69 LCSP, que ya contempla esa continuidad en fase de ejecución, y las reflexiones de la Junta sobre los contornos de la solución y sobre la exclusión de la unión si su composición cambia antes de la formalización.

    Las modificaciones de los pliegos

    esPublico · Contratación Pública

    Santiago González-Varas reúne distintas resoluciones sobre la modificación de los pliegos a raíz de incidencias surgidas durante el procedimiento. Parte de la Resolución 245/2016 del TACRC, que admite corregir un requisito técnico improcedente cuando no hay un vicio de nulidad del pliego, invocando el principio de economía procedimental.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    Funesta consecuencia de no preparar bien el escrito de preparación de la casación

    delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    José R. Chaves comenta el auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2026 (rec. 260/2026), que desestima una queja por no haberse preparado correctamente la casación contencioso-administrativa. El texto recoge las advertencias del tribunal sobre el escrito de preparación del artículo 89.2 LJCA: los requisitos formales, la imposibilidad de subsanarlos en la queja y la necesidad de identificar las normas infringidas con su juicio de relevancia.

    Vuelta de tuerca del Tribunal Constitucional al enredo de la casación autonómica

    delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    Comenta la STC de 5 de octubre de 2026, dictada en el caso del Ayuntamiento cántabro de Piélagos. El TSJ de Cantabria denegó la preparación de una casación autonómica porque no podía constituirse la sección de casación con cinco magistrados, y el artículo expone el razonamiento de la Sala y la forma en que el Tribunal Constitucional aborda la laguna de regulación de este recurso.

    El Tribunal Supremo confirma que los residentes ausentes inscritos en el CERA al amparo de la Instrucción que no acrediten que cumplen la Ley de Memoria Democrática no podrán votar (ATS 12/10/2026)

    Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

    Analiza el ATS de 12 de octubre de 2026 (ponente Antonio Narváez Rodríguez), que desestima el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado, al que se había adherido la Junta Electoral Central, contra el auto de 10 de septiembre. Aquel auto suspendía la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, y los derechos de los ya inscritos, de quienes obtuvieron la nacionalidad por el derecho de opción de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo.

    Ni ley, ni solo de nietos: una instrucción nula de pleno derecho. Capítulo Final

    FiscalBlog · Derecho Administrativo y Contencioso

    Esaú Alarcón cierra su serie sobre la llamada «ley de nietos» sosteniendo que la instrucción en la que se apoya la concesión de la nacionalidad es nula de pleno derecho, y aplica esa conclusión al caso que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. Recuerda también que actos posiblemente nulos pueden ganar eficacia con el paso del tiempo cuando nadie está legitimado para impugnarlos.

    El Gobierno modifica la asistencia jurídica gratuita

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, con nuevas medidas en la materia. La noticia resume el contenido de la reforma.

    ERTE Covid | Rechazada una devolución de ingresos indebidos

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El TSJ de Canarias rechaza la devolución de 104.081,15 euros que una empresa de catering reclamaba en cuotas abonadas durante los ERTE por fuerza mayor de la pandemia. La sentencia avala además que las empresas con más trabajadores tuvieran exoneraciones menores.

    Función Pública

    El empleo público con rigor y claridad

    delaJusticia.com · Función Pública

    José R. Chaves reseña dos obras recientes sobre empleo público: el «Derecho de la Función Pública» de Jesús Fuentetaja (2.ª edición, Civitas, 2026), que ordena el régimen jurídico, el acceso, la carrera y el estatuto de los empleados públicos, y el «Manual para la selección de empleados públicos» de Jorge Fondevila (4.ª edición, El Consultor de los Ayuntamientos, 2026), centrado en los procesos selectivos y en la regularización de interinos.

    Nueva LO: los funcionarios penitenciarios serán agentes de la autoridad

    Tirant Prime · Función Pública

    La LO 4/2026, de 13 de octubre, modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, para reconocer a los funcionarios de la Administración penitenciaria la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. La norma, publicada en el BOE el 14 de octubre de 2026, incorpora además medidas de protección económica y personal para estos profesionales.

    Lo que se ha publicado esta semana del 2 al 9 de octubre de 2026

    Contratación Pública

    STJUE de 9 de julio de 2026, asunto C-186/25: Análisis de imposición de correcciones financieras en contratos públicos financiados con fondos europeos

    Litinet · Contratación Pública

    El TJUE responde a una cuestión prejudicial del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna sobre dos correcciones financieras impuestas en un contrato de servicios financiado con fondos europeos: una del 25 % por no constar acreditada la experiencia exigida al adjudicatario y otra equivalente a la penalidad que el beneficiario no aplicó ante un retraso de ocho días. La sentencia concluye que el incumplimiento no determina por sí solo la irregularidad ni justifica una corrección automática: hay que acreditar el incumplimiento, que proceda de un acto u omisión del operador económico y que produzca o pueda producir perjuicio al presupuesto de la Unión. Añade que la decisión de no imponer una penalidad contractual puede llegar a examinarse como modificación de las condiciones iniciales del contrato a la luz del artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.

    Los requisitos para ser medio propio deben acreditarse no solo en el momento de su creación, sino también en cada encargo concreto que se le haga

    esPublico Blog — David Cabezuelo Valencia · Contratación Pública

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de junio de 2026 (rec. 5151/2024), resuelve sobre el encargo del Principado de Asturias a TRAGSA para construir un centro de música por 1.446.030,17 euros. Fija que los requisitos del artículo 86.2 de la Ley 40/2015 no se agotan en el reconocimiento de la entidad como medio propio, sino que han de comprobarse también respecto de la actuación que integra cada encargo. En el caso enjuiciado faltaban el informe de eficiencia previo y la memoria justificativa, lo que llevó al TSJ de Asturias a anular la resolución del encargo.

    Licitaciones desiertas: qué dicen los datos abiertos y qué puede hacer el servicio de contratación antes de publicar

    La parte contratante — Pablo Matheis · Contratación Pública

    Pablo Matheis cuenta los procedimientos declarados desiertos en PLACSP y TED, sin contratos menores: 74.165 de 830.655 con resultado publicado, un 8,9 %, con diferencias muy grandes por división CPV —34,5 % en servicios inmobiliarios frente al 4,7 % en tecnologías de la información—. Repasa después las herramientas que la LCSP ya ofrece para rebajar ese riesgo antes de publicar: revisar el estudio de costes conforme al artículo 102.3 justo antes del anuncio y no solo al iniciar el expediente, consultas preliminares del 115, división en lotes del 99.3, solvencia ajustada al objeto y plazos por encima del mínimo. Termina con el negociado sin publicidad del artículo 168 a) 1.º y su límite: no permite incrementar el presupuesto base de licitación.

    Contratar mejor o fortalecer Europa: el difícil dilema del futuro Reglamento europeo de contratación pública

    esPublico Blog — Antonio Segura Martínez · Contratación Pública

    Antonio Segura analiza la propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones que la Comisión Europea presentó el 9 de septiembre de 2026 para sustituir las tres Directivas de 2014 por una norma única directamente aplicable. Expone la tensión que detecta en el texto, que promete menos cargas mientras incorpora objetivos de sostenibilidad, innovación, resiliencia, seguridad económica y preferencia europea, y la que ve entre reforzar la competencia y hacer la contratación más estratégica. Recuerda el diagnóstico del Tribunal de Cuentas Europeo de 2023: menos licitadores por procedimiento, casi el doble de procedimientos con oferta única y una contratación transfronteriza que apenas llega al 5 %.

    Contratar cultura sin perderse en el intento: lo que nos dejó el I Congreso Nacional de Contratación Cultural

    Albedrío Jurídico — María José Hernández Martínez · Contratación Pública

    Relatoría del congreso, con las cuestiones que se debatieron sobre contratación de programación cultural: cuándo cabe invocar la exclusividad artística y cuándo no —las bandas de música no la admiten—, el peso del informe o memoria justificativa en el expediente, la diferencia entre patrocinio y mecenazgo según el retorno que busque quien aporta el dinero, los criterios de adjudicación manejados en contratos abiertos con lotes para fiestas, la documentación exigible a instalaciones temporales y el opt-out en la minería de datos del Real Decreto-ley 24/2021.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    Juzgado o «Plaza» contencioso-administrativo, no cabe recurso de casación directo frente a sus resoluciones

    delaJusticia.com — JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

    Al hilo del auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2026 (rec. 207/2026), el artículo recuerda que las sentencias de los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hoy Secciones del Tribunal de Instancia, ya no admiten casación directa en ningún supuesto en procedimientos incoados desde el 20 de marzo de 2024. La adición de la letra e) al artículo 81.2 LJCA por el Real Decreto-ley 6/2023 abre la apelación a toda sentencia susceptible de extensión de efectos con independencia de la cuantía, y deja materialmente sin contenido el párrafo segundo del artículo 86.1 LJCA. La vía a la casación pasa necesariamente por la sentencia de apelación.

    Incidente de ejecución de sentencia contencioso: límites y problemáticas

    Contenciosos.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    Un concurso para una jefatura de servicio del SESCAM sirve para delimitar hasta dónde alcanza el incidente de ejecución. La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha nº 328/2026 (apelación 182/2026) sostiene que la ejecución no puede examinarse limitada a la primera resolución dictada para cumplir el fallo, sino que comprende los actos posteriores que fijan definitivamente la posición de la Administración, y que estimar un recurso de reposición para reabrir la valoración global de méritos contraviene lo que la sentencia había rechazado de forma expresa. El tercer bloque aborda la restitución íntegra y su proyección sobre la duración del nombramiento.

    Ni ley, ni solo de nietos: una instrucción nula de pleno derecho. Capítulo II

    FiscalBlog · Derecho Administrativo y Contencioso

    Segunda entrega sobre la instrucción que la Dirección General de Seguridad y Fe Pública dictó cinco días después de publicarse en el BOE la Ley de Memoria Democrática. El artículo sostiene que la instrucción innova el ordenamiento y resulta contra legem al ampliar los supuestos de opción a la nacionalidad e introducir una presunción de exilio ligada a la salida de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Apoya el argumento en que durante la tramitación parlamentaria se rechazó de forma expresa una enmienda que habría dado cobertura legal a esa misma lectura.

    La convalidación de Decretos-leyes por la Diputación Permanente del Congreso

    El derecho y el revés — Miguel Ángel Presno Linera · Derecho Administrativo y Contencioso

    Repaso a qué ocurre con la convalidación de un decreto-ley cuando el Congreso está disuelto y la competencia pasa a la Diputación Permanente, que la asume por atribución directa del artículo 78.2 CE y no por delegación del Pleno. Examina su composición actual conforme al Acuerdo de la Mesa de 3 de noviembre de 2023, la posibilidad de que se formen en ella mayorías distintas a las del Pleno y la conclusión de que un decreto-ley rechazado por el Pleno puede someterse después a convalidación ante aquella. Sitúa el control del Tribunal Constitucional en la verificación del presupuesto habilitante y de los límites materiales del artículo 86.1 CE.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Nulidad en cascada: no hay estudio de detalle sin plan parcial válido

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Sentencia del TSJ de Madrid sobre la aprobación definitiva de un Estudio de Detalle que ordenaba una manzana amparándose en un Plan Parcial declarado nulo de pleno derecho por sentencia firme. Aplica la doctrina de la nulidad en cascada: anulado el instrumento de planeamiento, la nulidad se extiende a los que lo desarrollan aunque no hayan sido impugnados, y opera desde que el derivado fue aprobado, no desde la declaración. Descarta la salida de la nulidad parcial porque el vicio provenía de la evaluación ambiental estratégica y afecta a todo el sector, sin posibilidad de individualizarlo respecto de esa manzana.

    Transparencia y E-Administración

    La AEPD fija garantías para videovigilancia con inteligencia artificial

    Tirant Prime · Transparencia y E-Administración

    La Agencia Española de Protección de Datos ha dirigido advertencias, fechadas el 6 de octubre de 2026, a dos ayuntamientos cuyos proyectos de videovigilancia incorporan análisis automatizado de imágenes: reconocimiento facial en un caso, y detección de personas y vehículos con generación de metadatos y búsqueda por vestimenta, cabello, sexo o grupo de edad en el otro. La Agencia exige que cada funcionalidad responda a una finalidad concreta y legítima, que se analicen los datos generados, su conservación y quién accede a ellos, y que se realice evaluación de impacto cuando el tratamiento pueda implicar alto riesgo. Si alguna capacidad supone tratamiento biométrico dirigido a identificar de manera unívoca, se aplica el régimen reforzado, y en los tratamientos de la Policía Local hay que justificar necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

    Actualizada la calculadora de plazos con los festivos de cada partido judicial

    En enero publiqué la calculadora de plazos procesales y administrativos. Desde entonces ha tenido una vida tranquila: una actualización en marzo para incorporar la STS 552/2022 sobre las notificaciones de agosto, y poco más. Este fin de semana le he dado una buena vuelta, para incluir los festivos de cada partido judicial.

    👉 Acceso directo a la herramienta: calculadora de plazos

    Festivos por partido judicial

    Hasta ahora la calculadora pedía una provincia y cargaba «su» calendario de festivos. Eso tenía dos problemas que no percibí en la primera versión.

    El primero es jurídico. El artículo 130.2 de la LEC y el 182.1 de la LOPJ no hablan de provincias: declaran inhábiles «los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad»1. El calendario relevante para un plazo procesal es el del municipio donde tiene su sede el órgano judicial. Un plazo ante el Juzgado de Getxo se cuenta con las fiestas de Getxo (el 24 de septiembre, Las Mercedes), no con el viernes de Aste Nagusia de Bilbao. Y un plazo ante los juzgados de Alcalá de Henares no tiene por qué saltarse San Isidro ni la Almudena, que son fiestas de Madrid capital.

    El segundo problema era de datos. Los calendarios «provinciales» que usaba la calculadora eran, en realidad, los de la capital de cada provincia. Para Donostia servía; pero no para Irun, Eibar o Tolosa.

    Así que el desplegable de provincia se ha convertido en un desplegable de partidos judiciales: las 431 cabeceras de partido de España, incluidas las 52 capitales, según el Censo Judicial del Ministerio de Justicia. Se empieza a escribir el nombre del partido judicial y aparece. O eso espero.

    Festivos que incluyen estatales, autonómicos, provinciales y locales

    Cada sede compone su calendario sumando capas: los festivos estatales, los de su comunidad autónoma, el festivo insular en Canarias, el territorial o provincial donde lo hay (San Prudencio en Araba, San Ignacio en Bizkaia y Gipuzkoa, la Festa d’Aran en Vielha) y los dos festivos locales del municipio.

    Debajo del resultado hay ahora un desplegable que enseña qué festivos se han aplicado al cómputo.

    He dejado de usar webs de calendarios laborales como fuente. Son cómodas, pero mezclan lo oficial con lo estimado y para el año siguiente publican fechas provisionales que luego no coinciden con el boletín.

    Todo lo que hay ahora en la calculadora viene del BOE, de los boletines y portales de datos abiertos de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas, y de los boletines provinciales en las comunidades que publican así las fiestas locales (Castilla y León, Galicia). Si el Gobierno Vasco declara festivo el 7 de octubre de 2027 por el aniversario del primer Gobierno de Euskadi, como ha hecho, la calculadora lo sabe porque lo dice el Decreto 90/2026, no porque lo haya copiado de una web de calendarios.

    Todavía no se han publicado los festivos de 2027 de todas partes

    Para 2026, las 431 sedes tienen sus festivos locales de fuente oficial, salvo tres (Cerdanyola del Vallès, Haro y Sahagún) a las que sus boletines dejaron sin fiesta local propuesta.

    Para 2027 están los festivos estatales y los autonómicos de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas. Los locales están completos en Euskadi, Asturias, Canarias, Baleares, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla, y en buena parte de Castilla y León. El resto irá entrando conforme cada comunidad publique su resolución: Andalucía, Galicia y Extremadura suelen hacerlo en octubre; la Comunitat Valenciana y Aragón, en noviembre; Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra, en diciembre. Mientras tanto, cuando un plazo toca un año del que a una sede le falta alguna capa, la calculadora lo avisa con un mensaje bien visible, para intentar avisar de la posible laguna.

    También tengo que advertir de dos limitaciones:

    La primera: en la Val d’Aran, la Festa d’Aran sustituye a otro festivo autonómico, pero la calculadora aplica los dos. Es el único caso que conozco y afecta a una sola sede, pero no estoy consiguiendo que el modelo lo arregle.

    La segunda limitación es de fondo y tampoco la puedo resolver: en los plazos administrativos, el artículo 30.6 de la LPAC hace inhábil el día que lo sea en el municipio del interesado o en el de la sede del órgano, indistintamente2. Pero la calculadora aplica siempre el calendario de la sede. Si el interesado reside en otro municipio con fiestas distintas, tendrá que mirar también las suyas. Pero quién se atreve a decirle a un órgano ajeno que el plazo no corre porque tal día es festivo en su localidad de origen.

    El resto de la aplicación sigue igual

    Las reglas de cómputo son las que expliqué en la primera versión: días hábiles y naturales, plazos por meses con prórroga al primer día hábil, agosto y navidad inhábiles en lo procesal y hábiles en lo administrativo, el salto de agosto del artículo 128.2 de la LJCA para interponer el contencioso y la doctrina de la STS 552/2022 cuando el acto se notifica en agosto.

    Tampoco cambia que la herramienta se ofrece tal cual, con finalidad orientativa, y que no sustituye la comprobación del plazo con el calendario oficial, y a ser posible a mano. Lo que sí cambia es que ahora esa comprobación es fácil, porque la propia calculadora dice qué boletín hay que abrir.

    El motor y los datos están en GitHub, con las fuentes de cada festivo y una batería de casos de prueba. La aplicación de escritorio y los atajos que uso en el despacho beben de los mismos ficheros; la web es la cara pública de lo mismo. Si alguien encuentra un festivo mal, que me escriba a e.umerez@iparbilbao.com. Le quedaré muy agradecido.

    Esta actualización la he hecho con ayuda de Claude Code en una sola jornada, que ha dado para una auditoría de todas las versiones de la calculadora, varios agentes leyendo boletines oficiales en paralelo y una buena pila de correcciones.


    1. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 130.2: «Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto». En el mismo sentido, artículo 182.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. ↩︎

    2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 30.6: «Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso». ↩︎

    Lo que se ha publicado esta semana del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026

    Contratación Pública

    Guía práctica: criterios sociales y ambientales en la contratación pública

    M. P. Batet (La parte contratante) · Contratación Pública

    Recorrido por las cuatro vías de entrada de lo social y lo ambiental en un expediente —solvencia técnica, prohibiciones de contratar, criterios de adjudicación del artículo 145 y condiciones especiales de ejecución del artículo 202— con los requisitos de validez y los límites que han ido fijando los tribunales de recursos contractuales. La parte más útil es el catálogo de criterios ya validados, cada uno con el tipo de contrato al que se ha aplicado y la resolución que lo avala: incremento de la masa salarial del personal adscrito en servicios asistenciales (STJUE de 5 de marzo de 2026, C-210/24, Ortuella; Res. TARCYL 192/2022), plan de prevención en seguridad y vigilancia (Res. TACRC 783/2024), estabilidad de los conductores en transporte escolar (Res. TACRC 1081/2021), huella de carbono de la prestación (Res. TACRC 984/2022), Etiqueta Ecológica de la UE en limpieza (Informe 10/2023 de la JCCA de Aragón) o comercio justo en suministros (STJUE C-368/10, Max Havelaar). Enfrente, lo prohibido: valorar políticas generales de empresa —ISO 14001, siniestralidad global, estabilidad de toda la plantilla—, el arraigo territorial y las cláusulas genéricas sin parámetros verificables. Recuerda también que el Plan de Igualdad debe estar inscrito en REGCON antes de que termine el plazo de presentación de ofertas y que la mera solicitud de inscripción no evita la exclusión, y cierra con el régimen de penalidades del artículo 192 LCSP.

    Orden jurisdiccional competente para resolver la reclamación de cantidades debidas por una fundación del sector público que no es Administración pública

    LitiNet · Contratación Pública

    Un investigador contratado como profesional independiente por una fundación del sector público catalán —poder adjudicador que no es Administración pública— reclama sus facturas en juicio civil ordinario, y la fundación plantea declinatoria invocando el artículo 198 LCSP para llevar el asunto al contencioso-administrativo. El Juzgado de Primera Instancia le da la razón; la Audiencia Provincial revoca. El razonamiento pasa por la naturaleza de la entidad y de la relación: las fundaciones del sector público no pueden ejercer potestades administrativas (art. 84 Ley 40/2015) y sus contratos son privados (arts. 26 y 27.2 LCSP), de modo que los efectos y extinción corresponden al orden civil. El artículo 198 se refiere al pago del precio de los contratos administrativos y está ubicado en el Libro Segundo, referido a los contratos de las Administraciones públicas, y no sirve para atraer al contencioso cualquier reclamación económica contra una entidad del sector público.

    Las prestaciones sin contrato II. La restitución de las prestaciones: la exclusión de los gastos generales y del beneficio industrial

    José Antonio Ruiz Sainz-Aja (Blog esPublico) · Contratación Pública

    Segunda entrega sobre las prestaciones ejecutadas al margen de un contrato válido, construida sobre las SSTS 1362/2025, 1620/2025 y 744/2026 y sobre su lectura en el Dictamen 289/2026 del Consell Jurídic Consultiu valenciano y el Informe 3/2026, de 15 de julio, de la Junta Consultiva de Aragón. La línea del Supremo: la nulidad opera ex tunc, ninguna cláusula del contrato —tampoco el precio— sirve de referencia, y la indemnización por enriquecimiento injusto es restitutiva, limitada a los costes efectivos, sin gastos generales ni beneficio industrial, porque ambos conceptos nacen del presupuesto de ejecución material del artículo 101.2 LCSP, que aquí no existe. El autor matiza en dos direcciones. Sobre los gastos generales sostiene que lo excluido es su aplicación automática por porcentaje, no el reconocimiento de los costes de estructura que el contratista acredite haber soportado, con la dificultad probatoria que eso arrastra. Sobre el beneficio industrial no admite matiz: retribuye el riesgo y ventura de un contrato válido y, desaparecido el contrato, desaparece su causa. Añade una consecuencia económica que conviene tener presente: si la valoración se hace a precio de mercado del momento de la ejecución y sin aplicar la baja de licitación, el importe a restituir puede superar al del contrato.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    El Supremo potencia el derecho a conocer lo que hará la Administración

    J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Derecho Administrativo y Contencioso

    La STS de 14 de septiembre de 2026 (rec. 9333/2024) resuelve sobre las consultas urbanísticas de la ordenanza madrileña y deja tres criterios que desbordan el caso. Un procedimiento sin plazo de resolución es incompatible con el principio de eficacia del artículo 103 CE y 3.1 LRJSP y con el de celeridad, porque impide al interesado comprobar si la Administración se demora y reaccionar. Esa ausencia de plazo choca además con el principio de buena administración, que la Sala ancla en el artículo 41.1 de la Carta y en su propia jurisprudencia desde la STS 1909/2017. Y la consulta merece respuesta: pedir en juicio que el Ayuntamiento se pronuncie no es una pretensión superflua, lo que abre la puerta a tratar la falta de contestación —o la contestación errada, incompleta o incongruente— como actuación impugnable y no como mero acto informativo. Chaves apunta los dos frenos que seguirán operando: la discrecionalidad y las circunstancias sobrevenidas que permitan apartarse del criterio anticipado.

    Ni ley, ni solo de nietos: una instrucción nula de pleno derecho. Capítulo 1

    FiscalBlog · Derecho Administrativo y Contencioso

    Primera entrega de una serie sobre la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dictada para tramitar las altas en el censo electoral de residentes ausentes derivadas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Este capítulo se queda en la premisa: qué puede y qué no puede hacer una instrucción del artículo 6 Ley 40/2015. Mientras se limite a ordenar la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes, no es recurrible y su incumplimiento solo genera responsabilidad disciplinaria; cuando innova el ordenamiento y regula la conducta de los ciudadanos, es disposición general encubierta e impugnable, por mucho que se llame instrucción o circular. El autor apoya la distinción en las SSTS de 26 de enero de 2021 (rec. 3439/2019), 29 de abril de 2021 (rec. 7190/2019) y 14 de diciembre de 2021 (rec. 4537/2020), y la ilustra con el caso de la instrucción del Departamento de Recaudación de la AEAT en Cataluña que ordenaba no devolver de oficio los ingresos excesivos, anulada por STSJ de Cataluña núm. 812, de 11 de julio de 2013 (rec. 819/2011), en el pleito de la funcionaria que se negó a aplicarla. Los capítulos siguientes abordarán la impugnación indirecta y la nulidad radical.

    El Consejo de Ministros acuerda condonar reintegros por la DANA

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Real Decreto-ley 24/2026 introduce un régimen extraordinario de condonación de los reintegros de los anticipos a cuenta del artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, concedidos por los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. La regla se invierte: el perceptor solo devuelve si concurre alguna de las dos circunstancias tasadas. La primera, de renta, cuando la suma de la base imponible general y la del ahorro del IRPF de 2025 supere los 42.000 euros. La segunda, de patrimonio, cuando sin alcanzar ese umbral el patrimonio neto de 2025 pase de 300.000 euros según los datos de la AEAT, excluida la vivienda habitual salvo en la parte de valor que exceda de esa misma cifra.

    Función Pública

    El Supremo reconoce la plena transparencia en la percepción de la productividad

    J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Función Pública

    Otro capítulo del pulso de más de veinte años entre la Agencia Tributaria y los sindicatos sobre los datos de productividad. La STS de 10 de septiembre de 2026 (rec. 8659/2024) repasa la jurisprudencia previa —SSTS 1338/2020, 748/2020 y la de 11 de diciembre de 2023 (rec. 628/2022)— y fija cuatro puntos de doctrina casacional: el derecho de acceso a la información pública es un derecho subjetivo ejercitable frente a las Administraciones, no solo un principio rector; la transparencia retributiva es manifestación del principio democrático de rendición de cuentas; la condición de empleado público limita el ámbito de privacidad sobre los datos profesionales vinculados al puesto, de modo que el acceso a información retributiva individualizada es la regla general; y los representantes sindicales tienen derecho a conocer las cantidades que cada funcionario percibe por complemento de productividad. La Sala subraya que el principio opera con mayor intensidad en productividad y gratificaciones extraordinarias, por su exposición a la arbitrariedad y la desviación de poder, y descarta que haya que dar audiencia previa a los funcionarios afectados.

    La gestión de crisis extremas

    Rafael Jiménez Asensio (La Mirada Institucional) · Función Pública

    Ensayo sobre por qué el sector público español falla una y otra vez ante catástrofes: la pandemia, las DANA, los incendios de sexta generación, el accidente ferroviario de Adamuz, el apagón eléctrico, la situación de Ceuta desde julio. Jiménez Asensio distribuye el diagnóstico en cinco frentes. La política, sin mirada estratégica, polarizada y con una rendición de cuentas que describe como inexistente, y con puestos directivos provistos por clientelismo en lugar de por criterios profesionales. El sistema territorial, que funciona como un adosado de comunidades autónomas incomunicadas mientras el agua y el fuego ignoran los lindes administrativos. Unas estructuras organizativas departamentales incapaces de respuesta transversal, con el sector público instrumental como arquitectura para eludir controles. El déficit de capacidades ejecutivas, que conecta con el programa Compact lanzado por la Comisión Europea en 2023, agravado en periodos vacacionales porque la legislación de empleo público no prevé la movilización de efectivos. Y la prevención, siempre postergada en favor de decretos-leyes de ayudas que tramitan procedimientos que no funcionan.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    La anulación de la licencia de legalización de lo construido sin licencia no genera responsabilidad patrimonial (STS de 14/09/2026)

    Diego Gómez Fernández (Es de Justicia) · Urbanismo y Medio Ambiente

    La STS de 14 de septiembre de 2026 (RC 5217/2024, ponente Quesada Varea) fija que no es indemnizable, en caso de anulación de licencias urbanísticas, la parte de obra ejecutada sin licencia aunque después se legalizara. El caso viene de un ayuntamiento asturiano: licencias de obra de 2010 y 2011, procedimiento de restauración de la legalidad, licencias de legalización de 2012 y 2016, todas anuladas, demolición de la vivienda en 2020 y condena en instancia de 979.011,64 euros confirmada en apelación por el TSJ de Asturias, que equiparaba a estos efectos licencia inicial y licencia de legalización. El Supremo acepta que ambos son títulos habilitantes de igual entidad en el plano urbanístico y separa el plano de la responsabilidad: por la teoría de la causalidad adecuada, la licencia indemniza porque genera confianza legítima y es anterior al daño, mientras que quien construye por su cuenta sin licencia no puede confiar en un título que todavía no existe, de modo que la legalización posterior nunca es factor causal del daño. La cuantificación de lo que hay que descontar queda para ejecución de sentencia. Gómez Fernández plantea el supuesto que la sentencia deja fuera: el del tercero que compra la vivienda ya legalizada y después ve anulada esa licencia.

    LGUM y títulos habilitantes en materia de actividades económicas

    Alberto Pensado Seijas (Blog esPublico) · Urbanismo y Medio Ambiente

    El Informe de la CNMC de 30 de junio de 2026 (Exp. UM/045/26, VUT Canarias) aprecia vulneración del principio de simplificación de cargas del artículo 7 LGUM en la exigencia simultánea de dos títulos para las viviendas de uso turístico canarias: la declaración responsable autonómica y la comunicación previa municipal de actividad clasificada. Pensado Seijas contrasta ese criterio con los precedentes judiciales que han resuelto en sentido contrario, entre ellos la STSJ de Galicia núm. 155/2022, de 7 de abril (rec. 4285/2021), que mantuvo la exigencia del título municipal. Y sitúa el punto de fricción en el artículo 84 bis.3 LBRL: cuando concurren licencias de una entidad local y de otra Administración, el ente local debe motivar el interés general concreto que protege y que no está ya cubierto por la autorización existente, justificación que, a su juicio, debería venir resuelta desde la propia normativa sectorial.

    Transparencia y E-Administración

    La cola «invisible»: transparencia, control y rendición de cuentas en las listas de espera sanitarias

    Miguel Ángel Blanes (Hay Derecho) · Transparencia y E-Administración

    A partir de la denuncia sobre la presunta alteración de prioridades en el Hospital Ramón y Cajal, Blanes revisa qué información sobre listas de espera es hoy obligatoria y cuál no. El Real Decreto 605/2003 y las leyes autonómicas de transparencia —cita el artículo 14.3.b.1) de la Ley valenciana 1/2022, el artículo 19.2.j) de la Ley foral de Navarra 5/2018 y el artículo 23.c) de la Ley canaria 12/2014— obligan a publicar datos agregados por especialidades, centros y tiempos medios, mientras que la Ley estatal 19/2013 no menciona las listas de espera. Lo que ningún sistema ofrece es que el paciente vea en tiempo real el puesto que ocupa y la prioridad de quienes le preceden. La propuesta del autor es precisamente esa: acceso individual en tiempo real con identificación por código alfanumérico, que a su juicio no plantea problema de protección de datos y multiplica el número de personas que vigilan la evolución de la lista.

    Lo que se ha publicado esta semana del 17 al 24 de septiembre de 2026

    Contratación Pública

    ¿Y si hacemos difícil cumplir correctamente las reglas de la contratación pública?

    LitiNet · Contratación Pública

    Aprovechando el debate sobre simplificación que ha reabierto la propuesta de Reglamento europeo, el artículo cambia la pregunta: no qué normas eliminar, sino cómo diseñar pliegos, formularios y plataformas para que el gestor y el licitador acierten. Describe el expediente como una cadena de decisiones —qué solvencia exigir, qué documentación pedir, cuándo subsanar, cómo calcular la oferta— y el círculo por el que cada control nuevo añadido sobre un riesgo genera complejidad y, con ella, errores que piden otro control. Propone seis preguntas antes de incorporar un control más y traslada la misma lógica a la prevención de conductas anticompetitivas.

    Prácticas colusorias en contratación pública: 7 situaciones que las empresas licitadoras deberían vigilar

    LitiNet · Contratación Pública

    Lectura del Módulo III del Informe Anual de Supervisión 2026 de la OIReScon, con los datos de 2025: 148 comunicaciones sobre potenciales prácticas anticompetitivas frente a 158 el año anterior, 78 expedientes de investigación en curso frente a 84, pero 18 expedientes sancionadores en instrucción frente a 12 y 4 procedimientos terminados con sanción frente a 3. A partir de ahí recorre siete zonas de riesgo para la empresa licitadora: intercambio de información sobre precios, reparto de licitaciones o lotes, ofertas de cobertura, alternancia sistemática de adjudicatarios, la UTE entre competidores potenciales, los contactos informales en asociaciones y ferias, y el hecho de que quien conversa con un competidor rara vez es el responsable de compliance. Cierra con un checklist de siete preguntas para antes de presentar la oferta.

    La prórroga forzosa irregular y el derecho de compensación económica del contratista

    Dànae García Manzanares (Blog esPublico) · Contratación Pública

    Comentario a la STSJ de la Comunidad Valenciana núm. 254/2026, de 28 de abril, sobre el contrato de gestión inteligente del tráfico de Valencia. El Ayuntamiento impuso una prórroga excepcional del artículo 29.4 in fine LCSP sin cumplir los requisitos del precepto, y el contratista continuó prestando el servicio en las mismas condiciones económicas, incluidas las mejoras. La Sala resuelve que, si no concurren esos requisitos, la Administración no puede imponer la prórroga forzosa ni cabe prórroga tácita: la garantía se extingue y el contratista puede negarse a seguir ejecutando. Que hubiera comparecido de mutuo acuerdo aceptando las condiciones anteriores no impide reclamar después el reequilibrio, que se calcula sobre el importe del contrato inicial con la revisión de precios que corresponda. El texto encadena el criterio con el Dictamen 100/2026 del Consejo Jurídico Consultivo valenciano, el informe 6/2022 de la Junta Consultiva catalana y la STS núm. 1356/2025, de 27 de octubre (rec. 6338/2022).

    Derecho Administrativo y Contencioso

    ¿Alucina la Inteligencia Artificial o alucina el juez ante la torpeza artificial?

    J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Derecho Administrativo y Contencioso

    Chaves ordena en tres fases la reacción de los tribunales ante las citas inventadas por IA en los escritos: la benevolencia inicial de tener por no puesto lo sospechoso, el aviso expreso sin apertura de pieza separada, y la multa. Del segundo escalón toma la sentencia del TSJ de La Rioja de 17 de julio de 2026 (rec. 248/2025), donde la Sala comprobó las cinco sentencias citadas en conclusiones sobre deducción por reinversión en vivienda habitual y constató que unas trataban de otra materia y otra no existía; advirtió a la parte de que la reiteración llevará a pieza separada y sanción. Del tercero, el auto de la Sala social del TSJ de Galicia que multó con 1.800 euros a un abogado por 24 citas falsas.

    La derivación de responsabilidad tributaria entre la Sala Tercera y la Sala Primera del Tribunal Supremo

    Jorge Manuel Pastor Panadero (Almacén de Derecho) · Derecho Administrativo y Contencioso

    Dos Salas del mismo Tribunal Supremo atribuyen naturalezas incompatibles a la derivación de responsabilidad del artículo 43.1.a) LGT: para la Sala Tercera participa de la naturaleza sancionadora y arrastra las garantías del artículo 25.1 CE; para la Sala Primera es un mecanismo de garantía del crédito tributario. El trabajo reconstruye ambas líneas —desde la STC 85/2006 y las SSTS 729/2023, 1217/2023, 594/2025, 901/2025 y 766/2026 en la contenciosa, hasta las SSTS 315/2020 y 316/2020 en la civil— y enumera las siete cuestiones que dependen de la calificación: carga de la prueba, motivación del elemento subjetivo, reiteración de un acuerdo anulado, transmisión a los herederos, clasificación del crédito en el concurso, exoneración del pasivo insatisfecho y non bis in idem frente a la inhabilitación. El autor rechaza la solución de repartir el territorio por órdenes jurisdiccionales.

    Reflexiones tributarias para un mundo que se desmorona. 1. Las medidas cautelares de carácter provisional (art. 81 LGT)

    Gloria Marín Benítez (FiscalBlog) · Derecho Administrativo y Contencioso

    El artículo somete el artículo 81 LGT al estándar de legalidad que el TEDH exige a cualquier injerencia en el derecho de propiedad, que no se agota en la existencia de una norma interna: la ley debe acotar la discrecionalidad o, si no puede, ofrecer un remedio procesal efectivo ante una autoridad independiente. En el control ex ante repasa cómo la doctrina del TEAC da por cumplido el fumus boni iuris con la mera propuesta de resolución y cómo el periculum in mora subjetivo se ha llegado a apreciar sobre la sola existencia de un acta con indicios de infracción. En el ex post, descarta la reposición por no ser órgano independiente, señala que la reclamación económico-administrativa suele terminar por pérdida sobrevenida de objeto cuando vence el plazo de la medida, y limita el recurso del artículo 114 LJCA a los casos en que se invoque un derecho fundamental distinto de la propiedad.

    Función Pública

    Criterio de desempate en estabilización: primar la experiencia en la plaza. STSJ Galicia de 10 de junio de 2026

    Rafael Rossi Izquierdo (Contenciosos.com) · Función Pública

    La STSJ de Galicia, Sección 1ª, de 10 de junio de 2026 (rec. 81/2026, ECLI:ES:TSJGAL:2026:3672) separa dos planos que se venían confundiendo. En la baremación de méritos sigue rigiendo el límite de la STS 1519/2024, de 26 de septiembre: puntuar el doble los servicios prestados en la Administración convocante sin justificación objetiva quiebra la igualdad y la libre concurrencia. En cambio, cuando los aspirantes ya han empatado, la Sala admite como regla de desempate la preferencia de quien ocupa la plaza o acumula servicios en la propia entidad, porque conoce el funcionamiento interno del servicio. El recurrente alegaba que, habiendo alcanzado siete aspirantes la puntuación máxima, el criterio predeterminaba el resultado.

    El Supremo obliga al Gobierno a desvelar los pluses de productividad que perciben miles de altos cargos

    Gestores Públicos · Función Pública

    Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han desbloqueado una treintena de resoluciones del Consejo de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a conocer beneficiarios y cuantías concretas de la productividad en una decena de ministerios, la Agencia Tributaria, los organismos de la Seguridad Social y el Ministerio de Economía. El Supremo enmarca la transparencia retributiva en el principio democrático de rendición de cuentas y sitúa el acceso como regla general, porque la condición de empleado público limita la protección de datos invocada hasta ahora. La entrada da las cifras del reparto de 2025: cerca de 900 millones de euros en productividades, de los que 285 fueron a personal de los ministerios, con una ampliación de 100 millones sobre lo previsto en los presupuestos prorrogados.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    A la hora de otorgar licencia

    Santiago González-Varas Ibáñez (Blog esPublico) · Urbanismo y Medio Ambiente

    Repaso a la vieja cláusula «sin perjuicio de tercero» cuando el solicitante de una licencia invoca titularidades sobre el bien. El punto de partida es la STS de 2 de julio de 1991: la Administración es neutral frente a las controversias civiles de propiedad, que corresponden a la jurisdicción civil. A partir de ahí, dos matices prácticos: la cláusula opera solo cuando hay duda sobre quién es propietario, y sigue exigiéndose una mínima averiguación de títulos, hasta el punto de que la STSJ de Galicia núm. 373/2019, de 28 de junio (rec. 4309/2017), avala denegar una licencia de legalización a quien no acredita la titularidad dominical. El artículo se ocupa además de la transmisión de licencias y de la responsabilidad solidaria que se impone cuando el Ayuntamiento aprecia defectos formales en la transmisión, donde el autor propone aplicar con firmeza el abuso de derecho.

    TSJCyL: las viviendas de uso turístico no pueden ubicarse por encima de la primera planta

    Tirant Prime · Urbanismo y Medio Ambiente

    El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, en sentencia de 22 de septiembre (rec. 638/2025), unifica el criterio que dividía a dos de sus Secciones y califica la vivienda de uso turístico como uso terciario y no residencial, porque el alojamiento es temporal y mediante contraprestación mientras que lo residencial se vincula a la permanencia. La consecuencia urbanística en el caso, resuelto a favor del Ayuntamiento de Salamanca, es que el PGOU vigente desde 2011 limita los usos no residenciales a planta baja y primera. La Sala subraya que la conclusión deriva del planeamiento general y no de la ordenanza municipal de apartamentos y viviendas turísticas.

    Transparencia y E-Administración

    Refuerzo de las garantías frente a la expansión de la obligación de relacionarse electrónicamente

    J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Transparencia y E-Administración

    La STS de la Sala Tercera de 29 de julio de 2026 (rec. 21/2025) reitera la nulidad del precepto del reglamento de extranjería de 2024 que imponía la vía electrónica obligatoria, y de paso fija el estándar de motivación que necesita cualquier reglamento para amparar esa obligación al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015. El titular de la potestad reglamentaria debe acreditar, en la norma o en su expediente de elaboración, que el colectivo afectado dispone realmente de medios y capacidad; y si el colectivo es heterogéneo, la justificación ha de diferenciarse por categorías. La sentencia añade el control de proporcionalidad del artículo 129.3 —no consta el análisis de alternativas menos restrictivas, como prever la vía electrónica preferente pero no exclusiva— y el de igualdad del artículo 14 CE en su vertiente de discriminación indirecta.

    Lo que se ha publicado esta semana del 10 al 17 de septiembre de 2026

    Contratación Pública

    Propuesta de Reglamento europeo de contratación pública: principales novedades y guía práctica

    LitiNet · Contratación Pública

    La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre la Propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones [COM(2026) 590], que derogaría las tres Directivas de 2014 y pasaría a ser directamente aplicable en los Estados miembros. El repaso recorre los tres procedimientos ordinarios —abierto, dinámico y de innovación—, la negociación convertida en técnica utilizable dentro de ellos y ya no en procedimiento autónomo, el límite del 50 % del valor anual estimado para exigir volumen de negocios, la ponderación mínima del 30 % para la calidad (50 % en contratos intensivos en mano de obra), la preferencia europea y los nuevos regímenes de modificaciones y de pagos. Incluye enlace a la guía práctica gratuita elaborada por Javier Vázquez Matilla.

    IA y contratación pública: una presencia transversal

    Víctor Almonacid (Nosoloaytos) · Contratación Pública

    Cruce entre la propuesta de Reglamento europeo de contratación y el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial. Almonacid sitúa la IA en tres planos dentro del futuro texto: como objeto de compra, como herramienta para gestionar el procedimiento y como fuente de riesgos que hay que gobernar. Detalla qué debería exigirse en los pliegos —localización de los datos, trazabilidad de decisiones, reversibilidad y planes de salida, cadena de subcontratación, dependencias tecnológicas críticas— y subraya que ninguna de las dos normas exime del cumplimiento de la otra.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    El Supremo abre la apelación: lo que la resolución sancionadora ha unido, no lo separará el proceso

    J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Derecho Administrativo y Contencioso

    Comentario a la STS de 27 de julio de 2026 (rec. 6927/2023), dictada sobre una resolución sancionadora portuaria que imponía a la vez una multa de 4.800 € y una indemnización de 30.558,7 €. La Sala Tercera fija doctrina: cuando la sanción y la obligación de reparar el daño están en relación de accesoriedad que impide desagregarlas procesalmente, la cuantía a efectos de acceso a la apelación es la suma de ambas, con independencia de cuál sea mayor. Chaves apunta que, por identidad de razón, el criterio alcanzaría también a la obligación de restaurar la realidad alterada.

    La suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral de los residentes ausentes, la Instrucción de la DGSJFP y la «Ley de nietos»

    Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

    Análisis minucioso de los autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2026, que suspenden cautelarmente la inscripción en el CERA de quienes han adquirido la nacionalidad por la disposición adicional 8ª.1, inciso primero, de la Ley 20/2022, y los efectos electorales de las ya practicadas. Diego Gómez desgrana cómo razona la mayoría el periculum in mora, la ponderación de intereses y la apariencia de buen derecho, y discute punto por punto el voto particular de la magistrada Millán Herrandis sobre si la medida cautelar puede alcanzar a la Instrucción de la DGSJFP de 25 de octubre de 2022, que no fue impugnada directamente.

    El SESCAM se excede en la ejecución de sentencia, según el TSJ

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El TSJ de Castilla-La Mancha anula en apelación una resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de enero de 2026 dictada dentro de la ejecución de una sentencia de 2024 sobre la jefatura de Cardiología del Hospital de Ciudad Real. Aquel fallo había ordenado una retroacción acotada al reconocimiento de ocho puntos del baremo y la Administración aprovechó para reabrir otro apartado distinto, el de trabajos científicos. La Sala reconoce además el derecho a ejercer la jefatura durante cuatro años completos y rechaza la indemnización de 12.000 € por daño moral, porque la ejecución no abre un proceso declarativo nuevo.

    Condena por fraude a fondos europeos de investigación

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    La Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos años de prisión y 750.000 € de multa al administrador único de la empresa coordinadora de un proyecto del Séptimo Programa Marco. De los 1.245.605,10 € recibidos de la REA transfirió 218.434,69 € al resto del consorcio. El tribunal sitúa el reproche penal no en la obtención de la financiación sino en su aplicación a una finalidad distinta, y fija la consumación del delito —y con ella el arranque de la prescripción— en el incumplimiento definitivo de la obligación de distribuir, no en las fechas de cobro.

    Real Decreto del Comité de inversiones estratégicas

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión, en desarrollo del artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026. El Comité queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia, con presidencia compartida, cinco vicepresidencias y catorce vocalías. La declaración se articula en dos fases, previa y definitiva, y resuelve la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Comité.

    Función Pública

    El decreto de normalización del euskera en el sector público, anulado

    Tirant Prime · Función Pública

    El TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, del Departamento de Cultura y Política Lingüística, que regulaba la normalización del uso del euskera en el conjunto del sector público vasco. El motivo es exclusivamente procedimental: la memoria económica adolece de insuficiencia sustancial. La Oficina de Control Económico había advertido en la tramitación de la falta de estimación real de costes para las entidades afectadas y de discrepancias en las cifras de personal, y el resto de informes se limitaron a ratificar el proyecto sin responder a esos reparos. La Sala no entra en los motivos de fondo y deja abierta la casación.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    El recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno del País Vasco contra la Ley por el derecho a la vivienda

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Consejo de Gobierno vasco contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: las definiciones del artículo 3 no operan como norma supletoria autonómica y el índice de precios estatal no desplaza al que cada comunidad quiera definir. Urbanlaw se detiene luego en el artículo 15.1.e), que en los municipios con zonas de mercado residencial tensionado obliga a destinar a vivienda social o dotacional el suelo de cesión del artículo 18.1.b) del texto refundido de la Ley de Suelo, y también el dinero cuando esa cesión se monetiza.

    Administración Local

    La Ley de Memoria Democrática 20/2022, de 19 de octubre, y su aplicación a las entidades locales

    Octavio Manuel Fernández Hernández (esPublico) · Administración Local

    Repaso de lo que la Ley 20/2022 obliga a hacer a los ayuntamientos: revisar el inventario de bienes, retirar los elementos del artículo 35 y tramitar revisión de oficio, con audiencia e información pública, para dejar sin efecto honores y distinciones anteriores a la ley incompatibles con los valores democráticos. Recoge la doctrina del Supremo sobre el callejero (STS de 17 de julio de 2025, rec. 6318/2023, junto a las 1662/2022 y 477/2023) y el Real Decreto 1040/2025, sobre el Catálogo de símbolos, con el ejemplo de la resolución notificada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su plazo de seis meses bajo apercibimiento de multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

    Transparencia y E-Administración

    Suspensión cautelar del acceso a la información

    Tirant Prime · Transparencia y E-Administración

    El TSJ de Cataluña deniega la medida cautelar con la que una empresa pretendía frenar la resolución de la GAIP que reconoció a un periodista el acceso a los análisis cuantitativos de riesgo de las industrias SEVESO del Camp de Tarragona, limitado a las franjas de seguridad y previa depuración de datos sensibles. La Sala razona que la recurrente se quedó en alegaciones genéricas de seguridad sin concretar qué perjuicio real provoca la información ya filtrada, y que aplicar con rigor los presupuestos de la suspensión equivaldría a posponer el derecho de acceso hasta la sentencia en todos los casos.

    Atlas de la IA en España

    Víctor Almonacid (Nosoloaytos) · Transparencia y E-Administración

    El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó en agosto el «Atlas de la IA en España», que ordena el ecosistema por capas bajo el marco SpainStack. Almonacid sintetiza los datos del informe —la AESIA, el primer sandbox regulatorio de la UE, el proyecto de ley orgánica de gobernanza de la IA, la Plataforma Soberana de IA, los 19 casos de uso del GovTechLab, los modelos ALIA— y añade al final su lectura sobre la distancia entre la producción normativa española y la creación de empresas de alto impacto, y sobre el hábito de reducir «Administración pública» a la Administración General del Estado.

    Lo que se ha publicado esta semana del 4 al 11 de septiembre de 2026

    Contratación Pública

    Análisis del borrador de la Ley Europea de Contratación Pública

    Nosoloaytos · Contratación Pública

    La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre su propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones, que derogaría las Directivas de 2014 y pasaría a aplicarse de forma directa en todos los Estados miembros. El repaso recorre los tres procedimientos que sustituirían al mapa actual, la normalización de la negociación, las medidas de acceso para pymes, la adjudicación por mejor relación calidad-precio con un peso mínimo del 30 % para la calidad —50 % en contratos intensivos en mano de obra— y el nuevo marco de preferencia europea. Sigue siendo una propuesta legislativa: no está vigente y puede cambiar durante la tramitación.

    Los contratos patrimoniales de las empresas y fundaciones públicas: un punto ciego del estado de derecho

    esPublico · Severiano Fernández Ramos · Contratación Pública

    A propósito del asunto del ático de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el artículo examina por qué las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público compran y venden inmuebles por importes millonarios con las reglas del Derecho privado, mientras quedan sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público para adquirir bienes muebles desde 15.000 euros. El origen está en que las leyes de patrimonio delimitan su ámbito subjetivo por la forma jurídica de la entidad y no por su condición de poder adjudicador.

    De retrasos, incumplimientos y torpezas

    esPublico · Mercedes Fuertes López · Contratación Pública

    Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 5 de mayo de 2026 confirma la resolución de un contrato de obras de un colegio por incumplimiento del contratista y, a la vez, le reconoce el derecho a la revisión de precios: la Administración no siguió el procedimiento del Decreto-ley 2/2022 ni resolvió en plazo, y el tribunal, apelando al principio de buena administración, no le permite sacar provecho de su propia desidia. El comentario reconstruye el calendario de las dos decisiones administrativas, separadas por más de siete meses.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    La suspensión automática de la ejecutividad de los actos administrativos del art. 117.3 de la Ley 39/2015 (ATS 23/07/2026)

    Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Auto de la Sala Tercera de 23 de julio de 2026 (P.O. 191/2026, ponente Córdoba Castroverde) resuelve que la suspensión que se produce cuando la Administración deja pasar un mes sin contestar a la solicitud es un verdadero acto administrativo, impugnable ante el contencioso por quien resulta perjudicado. Diego Gómez sitúa el auto dentro del régimen de ejecutividad y suspensión de los artículos 38, 39, 98 y 117 de la LPAC, y llega hasta el final del caso: el recurso de la empresa terminó inadmitido por extemporáneo.

    Plazo para recurrir las desestimaciones presuntas: algunos no se enteran

    delaJusticia.com · JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

    La sentencia de la Sala Tercera de 21 de julio de 2026 (rec. 5003/2023) vuelve sobre el plazo de seis meses del artículo 46.1 de la LJCA y reitera como doctrina casacional que no opera mientras la Administración no dicte resolución expresa y la notifique válidamente. Chaves apunta al abogado de otro orden jurisdiccional que lee el precepto y despacha al cliente diciéndole que ya han pasado los plazos, y recuerda que en el caso enjuiciado el recurso se interpuso casi diez años después de la solicitud.

    La palabrería genérica de la Administración no interrumpe la prescripción en favor del contribuyente

    delaJusticia.com · JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

    Otra sentencia de la Sala Tercera, de 22 de julio de 2026 (rec. 1671/2024), fija que en los tributos de devengo instantáneo el acuerdo de inicio de comprobación o inspección que se limita a acotar un periodo temporal, en lugar de una operación individualizada, carece de eficacia interruptiva de la prescripción conforme al artículo 68.1.a) de la LGT. El comentario subraya que el criterio admite extrapolación matizada a otras actuaciones de gravamen, sanción y policía.

    Límites del procedimiento sancionador tributario abreviado

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de una empresa sancionada y aclara qué margen tiene el procedimiento sancionador tributario abreviado del artículo 210.4 de la LGT. Lo decisivo no es el momento en que se formula la propuesta, sino que contenga desde el principio los hechos, su calificación jurídica y la sanción; mientras esos elementos no se alteren de forma sustancial hasta la resolución, el trámite de audiencia ya concedido cumple su función y no hace falta una nueva propuesta.

    El Supremo descarta la responsabilidad penitenciaria del Estado

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    La responsabilidad civil subsidiaria del Estado por una agresión entre internos exige algo más que el hecho de que ocurriera dentro de un centro penitenciario: hace falta identificar una infracción reglamentaria concreta y su relación causal con el daño. El Supremo rechaza que el historial disciplinario del agresor equivalga a la manifiesta inadaptación del artículo 91 del Reglamento Penitenciario y confirma la exoneración del Estado, con repaso de los precedentes en los que sí apreció esa responsabilidad.

    El TSJCLM rechaza indemnizar una caída por un bache visible

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    Más de 100.000 euros reclamados al Ayuntamiento de Albacete por una caída en la vía pública, y una desestimación que se apoya en que la Administración no está obligada a mantener las calles completamente lisas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la irregularidad del pavimento era pequeña, visible y evitable con la atención ordinaria exigible a un peatón, de modo que no se acredita el nexo entre el funcionamiento del servicio público y el daño.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Fogonazos jurisprudenciales

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Dos extractos de jurisprudencia para volver del verano. El primero, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (STSJ GAL 5056/2026), descarta la indefensión alegada por quien no fue llamado al procedimiento de reposición de la legalidad urbanística después de haber ocultado durante veintiún años su condición de titular de la finca. El segundo, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (STSJ BAL 838/2026), ordena los plazos de la acción pública frente a licencias urbanísticas según se haya tenido o no constancia de la licencia.

    Transparencia y E-Administración

    Cuatro preguntas incómodas sobre el Real Decreto-ley de grupos de interés (y cuatro propuestas para responderlas)

    Hay Derecho · Transparencia y E-Administración

    España tendrá por fin una regulación estatal de lobby, y el análisis se mete en el articulado del Real Decreto-ley 21/2026 en vez de quedarse en el titular. Las exclusiones del artículo 4.2 dejan fuera del concepto de actividad de influencia la participación en consultas públicas y en órganos colegiados, el acto meramente protocolario no aparece definido en ninguna norma y la exención de colegios profesionales queda al criterio de quien ha de aplicarla sobre sí mismo. El texto termina con cuatro correcciones concretas y con la pregunta de cuándo estará operativo el Registro.

    Lo que se ha publicado esta semana del 27 de agosto al 3 de septiembre de 2026

    Contratación Pública

    Las prestaciones sin contrato I. La continuidad de la prestación.

    esPublico Contratación · Contratación Pública

    Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo (SSTS 78/2025, 85/2025 y 1200/2025) fijan que el contratista que sigue prestando un servicio de buena fe tras extinguirse el contrato, sin que la Administración se oponga, tiene origen contractual a efectos del devengo de intereses de demora, conforme al artículo 198.4 LCSP. El post distingue este supuesto del resuelto por la STS 605/2020, donde sí existió un encargo distinto al contrato ya extinguido, y recoge el criterio del Consejo de Estado sobre cuándo la indemnización debe descontar el beneficio industrial del contratista.

    Bibliografía en la red sobre contratación pública. 10 entradas

    Contrato de obras · Contratación Pública

    Nueva entrega de la recopilación bibliográfica de este blog, con diez aportaciones publicadas entre febrero y abril de 2026: la garantía definitiva, la identidad del código CPV como garantía de equivalencia entre prestaciones, los contratos de emergencia, la exclusión de ofertas anormales, el enriquecimiento injusto en obras no previstas en el contrato y los límites de la legitimación para recurrir sin haber licitado, entre otras.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    Lo que queda de la sentencia del TJUE Associação Sindical dos Juízes Portugueses tras la sentencia Sociedad Civil Catalana

    Pedro Cruz Villalón, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

    La sentencia Sociedad Civil Catalana (C-523/24), de 16 de julio, introduce en su apartado 115 un giro sobre el alcance del artículo 19.1.2 TUE: el control del TJUE sobre el poder judicial de los Estados miembros por esa vía pasaría a operar solo ante problemas de carácter sistémico, y no ante cualquier vulneración de la tutela judicial efectiva, como venía entendiéndose desde ASJP (C-64/16). El autor considera que la reinterpretación no era necesaria para resolver el caso, pero valora que la restricción del ámbito de control vaya en la buena dirección.

    ¿Qué habría sido del pleito de las mascarillas si se hubiera desarrollado en lo contencioso?

    Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

    Ejercicio de historia contrafactual a partir de la sentencia penal que declaró delito la compra de mascarillas del Ministerio de Transportes en marzo de 2020: el autor plantea qué habría pasado si esas órdenes ministeriales se hubiesen recurrido en plazo por la vía contencioso-administrativa, y concluye que, dada la doctrina sobre discrecionalidad y motivación en la contratación de emergencia, el recurso habría acabado probablemente en inadmisión o desestimación. El contraste entre la nulidad declarada por la vía penal y unos actos que habrían quedado incólumes en lo contencioso sirve de base para reclamar que esta última jurisdicción se fortalezca.

    Cosa juzgada negativa en el procedimiento contencioso-administrativo

    Javier García Sanz, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

    Repaso de la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre las singularidades de la cosa juzgada negativa en lo contencioso-administrativo, con la triple identidad de objeto, partes y causa de pedir como referencia (artículo 222 LEC, ex artículo 69.d LJCA). El texto detalla cuándo un acto distinto del ya enjuiciado impide o no apreciar cosa juzgada, las reglas del artículo 72 LJCA sobre los efectos de las sentencias estimatorias y desestimatorias, y el criterio para fijar la identidad de pretensiones cuando la demanda inicial incluía una petición indemnizatoria no resuelta expresamente.

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo y la Ley de Amnistía

    Javier Tajadura Tejada, Hay Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

    Comentario crítico a la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2026 sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con la Directiva 2017/541 de lucha contra el terrorismo. El autor sostiene que el Tribunal, pese a reconocer que la LOA añade un requisito de punibilidad (violación intencionada y grave de derechos humanos) no previsto en la Directiva, descarta la incompatibilidad apelando a consideraciones políticas de reconciliación nacional planteadas por el abogado general, en lugar de a un argumento estrictamente jurídico. A su juicio, el fallo debilita el principio de primacía del derecho de la Unión al deducir del silencio de la Directiva sobre las amnistías una autorización implícita para aprobarlas.

    ¿Puede la prueba pericial de parte destruir la presunción de veracidad de los informes de la Administración o hace falta pericial judicial? (STS 22/07/2026)

    Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

    La STS de 22 de julio de 2026 (RC 8248/2023) fija que la Sala de instancia no puede dejar de valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, un dictamen pericial de parte por el solo hecho de no haberse practicado como pericial judicial: informes administrativos, pericial de parte y pericial judicial deben ponderarse libre y conjuntamente, sin que esta última tenga eficacia vinculante automática. El post repasa los antecedentes del caso, una reclamación por incapacidad de una militar, y explica por qué, a pesar de fijar esta doctrina, el recurso terminó desestimándose por la firmeza de una resolución previa no impugnada en su momento.

    El expediente digital incompleto, desordenado o caótico perjudica a la administración responsable

    José R. Chaves, delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

    La STS de 20 de julio de 2026 (rec. 1209/2024) declara que la falta de hipervínculos o de un índice que permita localizar los documentos dentro de un expediente electrónico voluminoso solo puede perjudicar a la Administración, nunca al administrado: si el juzgador no logra acceder al documento relevante por la deficiente configuración del expediente digital remitido, la prueba de los hechos correspondientes se resuelve en contra de quien tenía la obligación legal de remitirlo en condiciones. Chaves señala el fragmento como argumento aprovechable frente a expedientes electrónicos remitidos como volcados de PDF sin ordenar.

    Subsanación de errores en escritos procesales y LexNet

    Rafael Rossi Izquierdo, Contenciosos · Derecho Administrativo y Contencioso

    A partir de la STS de 10 de diciembre de 2025 y de un auto de 2020 sobre personación en casación, el post distingue cuándo un error material en la presentación telemática de un escrito (demanda equivocada, formulario mal cumplimentado) es subsanable y cuándo no: la subsanación opera si se corrige de buena fe en cuanto se advierte el error, pero no si se encadenan sucesivos fallos de diligencia profesional en el manejo de la plataforma LexNet.

    Transparencia y E-Administración

    El precio real de los medicamentos financiados con dinero público: un nuevo secreto de Estado

    Miguel Ángel Blanes, Hay Derecho · Transparencia y E-Administración

    Desde el 1 de agosto de 2026, una modificación del artículo 97 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, introducida a través de una ley ajena a la materia (la Ley 3/2026, sobre cribado neonatal), declara confidenciales los acuerdos de financiación de medicamentos y los precios de adjudicación de los contratos públicos de suministro. El autor señala que el cambio llega justo cuando el Tribunal Supremo está a punto de resolver un recurso de casación del Consejo de Transparencia y de la Fundación Civio sobre esta misma cuestión, y que el preámbulo de la norma no ofrece ninguna justificación frente a la Ley de Transparencia y la LCSP.

    Reconocimiento facial e IA en la Administración: riesgos, garantías y una vía posible

    Víctor Almonacid, NosoloAItos · Transparencia y E-Administración

    Versión abierta de un artículo más extenso sobre el uso del reconocimiento facial en servicios públicos, con la distinción entre identificación biométrica 1:N y autenticación 1:1 como eje del análisis. El texto describe los ciberkioscos administrativos como ejemplo de uso admisible (verificación local, efímera y voluntaria de una identidad ya declarada con DNIe o TIE) y enumera las condiciones que debería cumplir cualquier solución de este tipo: necesidad acreditada, consentimiento revocable, alternativas no biométricas, supervisión humana, evaluación de impacto y garantías de ciberseguridad frente a proveedores y algoritmos.

    Lo que se ha publicado esta semana del 21 al 27 de agosto de 2026

    Derecho Administrativo y Contencioso

    En un recurso contencioso-administrativo indirecto del art. 26 LJCA se puede alegar la falta de publicación del planeamiento general que le sirve de base al plan impugnado directamente (STS 20/7/2026)

    Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

    Diego Gómez repasa la STS de 20/07/2026 (RC 2029/2024, ponente Quesada Varea), que responde afirmativamente a la cuestión casacional planteada: la impugnación indirecta de un instrumento de planeamiento puede fundarse en la omisión de trámites, concretamente en la falta de publicación, del planeamiento general del que aquel trae causa. El caso venía de un municipio malagueño cuyas Normas Subsidiarias de 1986 no vieron publicado su texto completo hasta 2015, de modo que el Plan Parcial de 2005 se aprobó sin cobertura normativa eficaz. La entrada recorre además el régimen del recurso indirecto contra reglamentos, la cuestión de ilegalidad del art. 27 LJCA y la doctrina sobre nulidades en cascada.

    Algunas sentencias sobre la organización de los servicios públicos

    Santiago González-Varas Ibáñez (esPublico) · Derecho Administrativo y Contencioso

    Recopilación de pronunciamientos sobre la elección de la forma de gestión de los servicios públicos, desde los recursos sindicales contra externalizaciones hasta la remunicipalización y sus indemnizaciones. Se detiene en la STS 767/2025, de 16 de junio, sobre la justificación reforzada del art. 85.2 LRBRL, y en la STS 846/2026, de 2 de julio (rec. 1513/2023), que fija cuándo y cómo debe valorarse la repercusión sobre el gasto público del art. 7.3 LOEPSF cuando la Administración decide no prorrogar un contrato de gestión de servicios para asumir la gestión directa.

    Anteproyecto de reforma integral contra el blanqueo de capitales

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la de la proliferación de armas de destrucción masiva. La pieza central es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, autoridad administrativa independiente con funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección y potestad sancionadora, financiada por una tasa sobre determinados sujetos obligados. La reseña recoge también la ampliación de sujetos obligados, el refuerzo del control de titularidad real y la reordenación del sistema de resolución bancaria.

    Tipo de cotización de los trabajadores cedidos por ETT

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    La Sala Tercera confirma que a los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal no les resulta aplicable el tipo reducido de cotización por accidentes de trabajo previsto para el personal en trabajos exclusivos de oficina, aunque presten servicios en las oficinas de la empresa usuaria. El tercer requisito de la disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos para 2007, en la redacción de la Ley de Presupuestos para 2016, exige que los trabajos se desarrollen en las oficinas de la propia empresa que cotiza. El litigio arrancaba de una liquidación de la Inspección de Trabajo superior a 990.000 euros.

    IVA no deducible en artículos promocionales gratuitos

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2026 que desestima el recurso de Heineken España y ratifica la liquidación de la AEAT: el IVA soportado en mesas, sillas, sombrillas, vasos y otros elementos entregados gratuitamente a clientes del canal HORECA no es deducible cuando esos bienes tienen valor económico propio y funcionan como atenciones a clientes, no como objetos publicitarios. La resolución declara compatible con el Derecho de la Unión la limitación del art. 96 de la Ley del IVA, amparada por la cláusula standstill del art. 176 de la Directiva 2006/112/CE, con apoyo en la STJUE de 12 de marzo de 2026 (C-515/24).

    ¿Qué tiene que ver el contrabando con el sector aeroespacial?

    Diego González López (Almacén de Derecho) · Derecho Administrativo y Contencioso

    Recorrido por el régimen de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso (Reglamento (UE) 2021/821 y Ley 53/2007) y por su traslación al delito de contrabando. El artículo explica por qué la Ley Orgánica 14/2022 introdujo un apartado 4 en el art. 3 de la Ley de Represión del Contrabando para castigar la conspiración y la proposición en esta modalidad, excepción al régimen general de los actos preparatorios, y por qué el legislador atribuyó estos delitos a la Audiencia Nacional.

    Función Pública

    La generación Z en la administración pública

    Carles Ramió (esPublico) · Función Pública

    Ramió sostiene que los sistemas de acceso al empleo público, diseñados para captar élites sociales muy anteriores a los boomers, no encajan con la generación nacida entre 1997 y 2012, y que las oposiciones memorísticas penalizan precisamente las fortalezas de los nativos digitales. Describe el riesgo de un «funcionariado de mínimos» cuando quienes acceden se encuentran con modelos de organización, liderazgo e incentivos intactos, y plantea que el reto ya no es solo atraer talento joven, sino fidelizarlo.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Licencia de primera ocupación: STSJ Madrid 14 de julio de 2026

    Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

    Extracto de la STSJ de Madrid de 14 de julio de 2026 sobre quién debe probar que un inmueble se destina efectivamente a vivienda cuando la Administración exige licencia de primera ocupación y ordena el cese del uso residencial. La sentencia distingue la presunción de validez del acto del art. 39.1 de la Ley 39/2015 de la presunción de veracidad de los hechos, acota el art. 77.5 al ámbito de los funcionarios con condición de autoridad, y aplica el principio de disponibilidad y facilidad probatoria del art. 217 LEC para situar la carga en la Administración, que dispone de inspecciones, informes y datos de consumo.

    Transparencia y E-Administración

    La obligada inserción jurídica de los lobbies

    Gonzalo Quintero Olivares (Almacén de Derecho) · Transparencia y E-Administración

    Comentario al Real Decreto-ley 21/2026, publicado en el BOE de 26 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Quintero Olivares repasa la inscripción obligatoria en un Registro estatal adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, su interconexión con los registros autonómicos, el régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones de inscripción y comunicación, y la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Dedica la segunda parte a la frontera entre la actividad lobbística lícita y el delito de tráfico de influencias, a la luz de la Directiva 2026/1021 sobre lucha contra la corrupción.

    Lo que se ha publicado esta semana del 14 al 20 de agosto de 2026

    Derecho Administrativo y Contencioso

    Trámite de información pública | Modificaciones sustanciales

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    El Supremo anula parcialmente la Orden ETD/699/2020 porque la Administración metió en el texto, después del trámite de audiencia, una reforma de la Central de Información de Riesgos del Banco de España que no figuraba en el proyecto sometido a información pública. La sentencia fija doctrina: si el cambio es sustancial, hay que reiterar el trámite, y da igual que la modificación venga de las propias alegaciones recibidas o que el interesado haya podido dirigirse al Consejo de Estado.

    Garabatear el Derecho Administrativo

    Rafael Leopoldo Aguilera Martínez, esPublico Régimen Jurídico · Derecho Administrativo y Contencioso

    Aguilera describe una deriva que ve extendida: empleados públicos que, ante un conflicto en su relación de servicio, se van directamente a la vía penal en lugar de a la contenciosa o a la social, y funcionarios técnicos que acaban investigados por informes no vinculantes emitidos en el curso de un procedimiento. Propone reforzar la mediación en los servicios de recursos humanos antes de que el conflicto se judicialice.

    Hallazgo casual: el Supremo avala usar así una prueba fiscal

    Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

    La Inspección registró una empresa con un auto que autorizaba examinar documentación de 2016 y 2017, copió un archivo de correo y meses después, ya en sus dependencias, descubrió ventas no declaradas de 2015. El Supremo traslada al ámbito tributario la doctrina penal del hallazgo casual y valida la liquidación y la sanción de ese ejercicio: el registro se ajustó a la autorización, no hubo requisa indiscriminada y no era exigible un nuevo permiso judicial.

    Término / plazo

    Manuel Moralo Aragüete, Estilo jurídico · Derecho Administrativo y Contencioso

    Moralo repasa cómo la LEC, la LECRIM, la LJS y la propia Ley 39/2015 regulan «términos y plazos» en el mismo paquete sin definir ninguno de los dos, y rastrea la distinción por el DLE, el Diccionario panhispánico del español jurídico y el manual de Gómez Orbaneja: el plazo es el periodo en que cabe realizar el acto, el término es el momento en que debe realizarse. Cierra con un recordatorio práctico sobre el artículo 135.5 LEC, que solo alcanza a los plazos.

    Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de acceso a redes sociales a personas menores

    Miguel Ángel Presno Linera, El derecho y el revés · Derecho Administrativo y Contencioso

    Presno analiza la Decisión nº 2026-911, de 14 de agosto de 2026, del Consejo Constitucional francés, que ha declarado inconstitucional la prohibición de acceso de los menores de quince años a las redes sociales. El razonamiento pasa por el artículo 11 de la Declaración de 1789: el objetivo de proteger a los menores es legítimo, pero la prohibición es indiscriminada, no admite modulación por edad o madurez, no habilita a los titulares de la patria potestad y obliga de rebote a cualquier adulto a acreditar su edad. Presno proyecta la conclusión sobre el proyecto de ley orgánica que se tramita en el Congreso.

    Función Pública

    Abuso de la contratación temporal | Reclamación de indemnización

    Tirant Prime · Función Pública

    Una trabajadora social con casi quince años de interinidad por vacante en una diputación superó el proceso selectivo y su contrato se convirtió en fijo; reclamó una indemnización por entender que antes debía haber un cese indemnizado. El Supremo aprecia abuso en la contratación temporal (cláusula 5 del Acuerdo marco de la Directiva 1999/70/CE, doctrina de la sentencia de Pleno de mayo de 2026 tras el caso Obadal), pero niega que la conversión sea una novación extintiva y deja la indemnización compensatoria por el abuso para un procedimiento aparte.

    Indemnización por finalización de un contrato temporal y la aplicación del IRPF

    Tirant Prime · Función Pública

    La Consulta Vinculante V1088-26, de 18 de mayo de 2026, mantiene el criterio de la DGT: la indemnización del artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores no está exenta del IRPF, porque la expiración del plazo pactado no es despido ni cese indemnizable. Sí admite la reducción del 30 % del artículo 18.2 de la Ley del IRPF cuando el contrato ha durado más de dos años.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    No cabe la reposición de la legalidad urbanística de plano

    Alberto Pensado Seijas, esPublico Urbanismo · Urbanismo y Medio Ambiente

    Pensado contrapone la STSJ de Galicia nº 289/2026, de 19 de junio de 2026 (recurso 4173/2026), que admite incoar el expediente de reposición de la legalidad sin haber declarado antes la pérdida de eficacia de la comunicación previa, con la línea que él considera dominante: STSJ de Madrid nº 370/2022, STSJ de Galicia nº 396/2021 y STS nº 628/2026, de 21 de mayo de 2026, que exigen revisar o anular primero el título habilitante. Concluye que la sentencia gallega de junio es la excepción a esa regla general.

    Administración Local

    Fiestas

    Ignacio Pérez Sarrión, esPublico Municipal · Administración Local

    Pérez Sarrión se pregunta cuál es el título competencial que sostiene las fiestas patronales y comprueba que ni la LBRL ni la ley aragonesa de administración local lo mencionan (la referencia expresa está en el artículo 101 del texto articulado de 1950), de modo que hay que reconducirlo a la promoción de la cultura del artículo 25.2.m) LBRL. El recorrido sigue por la normativa sectorial que se activa en unas fiestas (espectáculos y festejos taurinos populares, sanidad, pirotecnia, protección civil, ruido) y por el alcance de la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento organizador.

    Disclaimers de IA, ¿aumentan la transparencia y confianza o quitan valor al trabajo?

    Tengo preparados desde hace unas semanas dos disclaimers sobre el uso de inteligencia artificial en mi trabajo. Uno para escritos procesales y otro para informes jurídicos. Todavía no los he usado en ningún documento real, porque antes de incorporarlos a mi práctica habitual quiero pensarlo en voz alta y conocer la opinión de quien lea esto.

    El primero, pensado para escritos procesales, dice así:

    «OTROSÍ DIGO: Se hace constar que, en la elaboración del presente escrito, se han utilizado herramientas tecnológicas de asistencia redactora basadas en inteligencia artificial, para labores meramente auxiliares de sistematización, síntesis documental y apoyo en la estructuración formal del documento. En todo caso, el análisis jurídico, la selección de estrategia procesal, la valoración de los hechos, la interpretación normativa y jurisprudencial, así como las conclusiones y pretensiones formuladas, han sido realizadas íntegramente bajo el criterio, supervisión y responsabilidad profesional del letrado firmante».

    El segundo, pensado para informes jurídicos, dice esto otro:

    «Para la elaboración del presente informe se han utilizado herramientas tecnológicas de asistencia redactora basadas en inteligencia artificial, para labores meramente auxiliares de sistematización, síntesis documental y apoyo en la estructuración formal del documento. En todo caso, el criterio interpretativo, el análisis normativo y jurisprudencial, así como las opiniones jurídicas expresadas en este dictamen constituyen valoración profesional propia e independiente del letrado firmante».

    Mi primera intención al redactarlos es sencilla: si utilizo estas herramientas, aunque sea para labores auxiliares, jueces y clientes tienen derecho a saberlo. Esa transparencia busca alimentar la confianza: que quien lea el escrito o el informe entienda con precisión qué papel ha jugado la máquina y cuál ha sido mi criterio, y que esa claridad refuerce la fiabilidad de mi trabajo en lugar de ponerla en duda.

    Reconozco también un tercer motivo, más discreto pero real. Mostrar que el despacho incorpora estas herramientas de forma responsable tiene algo de posicionamiento profesional, una manera de decir que IparBilbao no se queda atrás en algo que ya forma parte del oficio.

    Dicho esto, me asalta una duda que no consigo despejar del todo. ¿Y si el efecto termina siendo el contrario al buscado? Me preocupa que un cliente lea el disclaimer y entienda que le entrego un trabajo hecho a medias por una máquina, por mucho que el propio texto diga justo lo contrario. Me preocupa, sobre todo, que alguien concluya que ya no merezco cobrar lo que cobro por una opinión jurídica, solo porque esa opinión lleva pegada una nota que menciona la IA, aunque sea únicamente para tareas auxiliares.

    Con un juez la duda tiene otro matiz. No creo que ningún magistrado vaya a valorar peor un escrito bien fundado solo por leer ese otrosí. Pero tampoco tengo la certeza, y prefiero plantearme lo antes de descubrirlo por la vía de los hechos.

    Quiero pensar que la clave está en explicarlo bien, con el detalle justo: qué hace la IA (ordenar, sintetizar, dar forma) y qué hago yo (decidir, interpretar, responder por el resultado). Los dos disclaimers están escritos con esa intención. Pero escribir una intención en un papel no garantiza que se lea así.

    Así que lanzo la pregunta a quien haya llegado hasta aquí. ¿Incluirías un disclaimer como estos en tus escritos o en tus informes? Si ya usas IA en tu práctica, ¿lo declaras a tus clientes o ante el juzgado? Y si tuvieras que apostar, ¿la transparencia suma más confianza de la que resta valor percibido al trabajo del letrado? Me interesa mucho tu opinión.

    Lo que se ha publicado esta semana del 6 al 13 de agosto de 2026

    Contratación Pública

    Noticias sobre contratación pública

    Contrato de obras · Contratación pública

    El CGPJ ha actualizado, con datos a 28 de julio de 2026, su estudio sobre defensa de la competencia, junto a otro sobre acceso a la información y protección de datos. La entrada da cuenta de la publicación y de su contenido: los autos de admisión de la Sección Primera y las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la materia, con las referidas a contratación pública identificadas aparte.

    Publicidad institucional: la notoriedad no es requisito previo

    Tirant Prime · Contratación pública

    El Tribunal Supremo desestima la casación del Ayuntamiento de Málaga y confirma que excluir de forma sistemática a una revista digital local del reparto de publicidad institucional (varios miles de contratos menores y más de diez millones de euros de gasto a lo largo de varios años) constituye una vía de hecho contraria a los principios de igualdad, no discriminación y transparencia. La sentencia fija cómo opera la prueba indiciaria en estos casos: acreditado un relato racional y fundado de discriminación, la carga de justificar la actuación se traslada a la Administración, que aquí se limitó a invocar la regularidad formal de los contratos menores. La notoriedad y difusión del medio se pondera en el juicio comparativo de igualdad, no como presupuesto autónomo de admisibilidad de la reclamación.

    Derecho Administrativo y Contencioso

    El Supremo establece cuándo recurrir deducciones tributarias en vía administrativa

    Tirant Prime · Derecho administrativo y contencioso

    La STS 974/2026, de 22 de julio, admite la reclamación económico-administrativa contra la comunicación de pago de una devolución cuando la Administración aplica deducciones que modifican la cantidad líquida a percibir: en ese momento deja de ser una actuación informativa y pasa a ser un acto que afecta a un derecho reconocido, impugnable conforme al artículo 227.1 LGT. La resolución añade que, cuando la deducción deriva de un embargo ordenado judicialmente, la AEAT no puede revisar la decisión del órgano judicial, pero sí debe justificar cómo la ejecuta y qué efecto produce sobre la devolución.

    En caso de error el SEPE puede rectificar una prestación

    Tirant Prime · Derecho administrativo y contencioso

    La sentencia 384/2026, de 15 de abril, de la Sala de lo Social separa los dos supuestos del artículo 146.2 LRJS: la revisión general de actos declarativos de derechos, sometida al plazo de un año, y la rectificación de errores materiales o de hecho, que la entidad gestora puede acometer directamente sin demanda judicial previa. El caso se encuadra en el segundo: el SEPE había reconocido prestaciones de un ERTE partiendo de calificar a la trabajadora como fija discontinua cuando su contrato era indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada.

    Función Pública

    Doctrina Obadal para confirmar la fijeza de una trabajadora

    Tirant Prime · Función pública

    El Tribunal Supremo desestima, por falta de contradicción, el recurso de unificación de doctrina del Gobierno Vasco contra la fijeza reconocida a una trabajadora de cocina del Departamento de Educación que encadenó 65 contratos temporales desde 2008. La diferencia con la sentencia de contraste resultó decisiva: la demandante había superado un proceso selectivo de personal laboral fijo sin llegar a obtener plaza, y ese es el requisito que las sentencias de Pleno de 11 de mayo y 30 de junio de 2026, tras la recepción de la doctrina Obadal del TJUE, exigen para convertir en fija una relación temporal abusiva.

    El Supremo niega la fijeza de una trabajadora en AENA

    Tirant Prime · Función pública

    La sentencia 622/2026, de 7 de julio, resuelve el supuesto inverso: contratos temporales sucesivos entre 2011 y 2015 en funciones habituales y permanentes, pero sin constancia de que la trabajadora hubiera superado un proceso selectivo para plaza fija, lo que impide reconocer la fijeza. La Sala recuerda que los principios de igualdad, mérito y capacidad se proyectan sobre las entidades del sector público estatal por la vía del artículo 55 y de la disposición adicional primera del TREBEP, sin que la condición de sociedad mercantil de AENA los desplace.

    Urbanismo y Medio Ambiente

    Los informes técnicos y jurídicos de los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística deben emitirse por funcionarios del subgrupo A1

    esPublico · Urbanismo y función pública

    El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio de 2026 (recurso de casación 7385/2024), fija que los informes técnicos y jurídicos determinantes de la resolución final en un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística han de emitirse por personal funcionario del subgrupo A1. El expediente de origen terminó en denegación de legalización y orden de demolición de una vivienda, dos almacenes y una piscina, con informe técnico firmado por un laboral indefinido con categoría de Arquitecto Técnico e informe jurídico firmado por una funcionaria del subgrupo C2 habilitada por la Diputación como Técnica de Administración General. La Sala razona sobre el criterio de la intensidad de la intervención en la interpretación de los artículos 9.2 del TREBEP y 92.3 de la LRBRL, y traslada a los procedimientos de restauración, coactivos aunque no sancionadores, la exigencia de reserva funcionarial.

    Administración Local

    Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) no son lo mismo. Te explico la diferencia

    Nosoloaytos · Administración local

    Repaso extenso y práctico a los dos instrumentos: qué contiene la RPT según los artículos 74 del TREBEP y 90 de la LRBRL, en qué se distingue de la plantilla presupuestaria y del catálogo de puestos, y por qué su naturaleza de acto de autoorganización (STS de 5 de febrero de 2014, recurso 2986/2012) no exime de expediente motivado, negociación cuando proceda y trazabilidad técnica. La parte de valoración conecta el complemento específico con el artículo 4 del Real Decreto 861/1986 y con la necesidad de una cadena verificable entre necesidad organizativa, ficha de puesto, factor de valoración y consecuencia retributiva. Incorpora además el sesgo de género en los factores de valoración a la luz de la Ley 15/2022 y el efecto del Real Decreto 203/2021 y del Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial sobre la descripción de puestos.

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