Semana del 5 al 12 de junio de 2026

Semana cargada en el frente contencioso: medidas cautelares han acaparado buena parte de la doctrina, con tres entradas relevantes desde distintos ángulos. En contratación, el TJUE ha clarificado cuándo un contrato ya no puede modificarse, y el TACRC ha recordado los límites de la subsanabilidad del DEUC. La administración local cierra la semana con una norma de calado: el RD-Ley 13/2026 con novedades en financiación y habilitados nacionales.

Contratación Pública

No hay modificación contractual válida cuando el contrato ya ha agotado su ejecución material

Contrato de obras · Contratación Pública

El TJUE resuelve en el Asunto C-820/24 una cuestión prejudicial planteada por un tribunal austríaco: si cabe hablar de modificación del contrato en el sentido del artículo 72 de la Directiva 2014/24 cuando las obras ya están ejecutadas, la factura final presentada y solo queda el pago. La respuesta es que no: consumada la ejecución material, no hay contrato «vigente» que modificar, y cualquier nueva prestación pactada sin licitación es un contrato nuevo sujeto a las reglas ordinarias de adjudicación. La entrada recoge el análisis de la sentencia con acceso al texto completo.

Sobre el carácter subsanable de los errores en el DEUC y su excepción si se compromete el principio de concurrencia

Litinet · Contratación Pública

La Resolución TACRC 820/2026 anula la exclusión de una licitadora que había declarado erróneamente el número de trabajadores en su declaración responsable. El Tribunal reitera su doctrina: el DEUC es un documento provisional y sus errores son, por regla general, subsanables, porque no es lógico presumir que un licitador declare voluntariamente circunstancias que perjudiquen su participación. La excepción opera solo cuando el error altera la igualdad de trato o proporciona una ventaja competitiva indebida —como cuando se silencia el recurso a capacidades de terceros—. Como el error sobre la plantilla no afectaba ni a la solvencia ni a la concurrencia efectiva, la exclusión resulta desproporcionada y contraria al artículo 140.1 LCSP.

Derecho Administrativo y Contencioso

Inventario de errores típicos al solicitar medidas cautelares

delaJusticia.com · Derecho Administrativo

JR Chaves reúne en una entrada práctica los errores más frecuentes al plantear medidas cautelares contencioso-administrativas. Entre ellos: centrar la solicitud en argumentos jurídicos en lugar de en la ponderación de intereses, presentarla sin prueba documental, plantearla ante el tribunal de instancia cuando el asunto ya está en apelación o casación, o pedir medidas cautelarísimas sin justificar la urgencia. La entrada incorpora además el ATS de la Sala Tercera de 19 de mayo de 2026 (rec. 5493/2024), que precisa cómo debe el juez abordar la ponderación «circunstanciada» que exige el artículo 130.1 LJCA.

Los actos de trámite no admiten suspensión por silencio positivo al recurrirlos administrativamente

delaJusticia.com · Derecho Administrativo

La STS de 27 de mayo de 2026 (rec. 5122/2024) fija doctrina: cuando se recurre administrativamente un acto de trámite no cualificado invocando la suspensión del artículo 117.3 de la Ley 39/2015, el silencio transcurrido el plazo de un mes no produce efecto suspensivo, porque el acto de trámite carece de la impugnabilidad autónoma que exige el artículo 112 LPA. Queda abierta la posibilidad de solicitar esa suspensión con ocasión del recurso frente al acto definitivo, o como medida cautelar en vía contenciosa.

Las medidas cautelares en los procesos sobre declaraciones responsables o comunicaciones previas

Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo

La STS de 19 de mayo de 2026 (RC 5493/2024) descarta que el régimen de declaración responsable o comunicación previa sea un criterio decisivo para resolver sobre medidas cautelares. La pretensión de la recurrente —que el interés público es «más tenue» en actividades sin autorización y que eso debería facilitar la suspensión— no prospera: hay que seguir los criterios generales del artículo 130 LJCA y ponderar los intereses de cada caso concreto. Diego Gómez analiza los antecedentes del asunto y añade una reflexión sobre la resarcibilidad del daño en el marco de la tutela cautelar.

El Tribunal Supremo rechaza la medida cautelar de suspensión del Real Decreto de regularización de inmigrantes

Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo

Los AATS de 25 de mayo de 2026 (RC 98/2026 y RC 100/2026) rechazan la suspensión cautelar del RD 316/2026 de regularización de inmigrantes solicitada por Vox y la Comunidad de Madrid. La Sala Tercera aplica la doctrina restrictiva sobre suspensión de reglamentos: el interés público en la aplicación inmediata de las normas es de intensidad suficiente para descartar la medida salvo nulidad patente y manifiesta, que aquí no concurre. La entrada recoge también los autos que inadmiten por falta de legitimación a varias asociaciones recurrentes, con un análisis detallado de cuándo los estatutos de una entidad sirven de base legítima para accionar en vía contenciosa.

Trilateral es la ejecución de sentencias y bilateral el procedimiento

esPublicoBlog · Derecho Administrativo

Saturio Hernández de Marco diferencia la estructura subjetiva del procedimiento administrativo —bilateral, entre la Administración y el interesado— de la ejecución de sentencias, donde pueden aparecer terceros con derechos o intereses propios que no fueron parte en el litigio. La entrada explora las consecuencias prácticas de esa trilateralidad y la forma en que los terceros deben articular su intervención para no encontrarse bloqueados desde el primer trámite.

Función Pública

En defensa de un régimen disciplinario «por puntos»

esPublicoBlog · Función Pública

El catedrático Severiano Fernández Ramos propone introducir en el régimen disciplinario de los funcionarios un «crédito profesional»: que los expedientes por faltas leves de incumplimiento de deberes no tengan el mismo efecto automático para quien lleva décadas de servicios positivamente evaluados que para quien accede al cargo hace unos meses. La propuesta se apoya en las previsiones del TREBEP sobre evaluación del desempeño y carrera horizontal, y se presenta como remedio frente al uso táctico de la potestad disciplinaria en organizaciones pequeñas y medianas con relaciones laborales enquistadas. Explícitamente acotada a faltas leves con normas sancionadoras en blanco: las faltas graves y muy graves quedan fuera.

Urbanismo y Medio Ambiente

Disciplina urbanística: restauración de la legalidad y expedientes sancionadores

Urbanlaw · Urbanismo

Entrada de extracto jurisprudencial que recuerda la diferencia conceptual entre restauración de la legalidad urbanística —demolición, suspensión de obras— y expediente sancionador: son dos consecuencias jurídicas de naturaleza distinta que pueden tramitarse conjunta o separadamente, pero que responden a lógicas procedimentales propias. La restauración del orden no requiere la instrucción sancionadora; la sanción, en cambio, exige el procedimiento con todas las garantías. Doctrina con origen en la Ley del Suelo de 1976, consolidada en la legislación autonómica.

Administración Local

Incidencia del RD-Ley 13/2026 en la administración local

Fiscalización Local · Administración Local

Análisis práctico del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio (BOE 3 de junio, entrada en vigor 4 de junio). Las medidas de mayor calado para las entidades locales: actualización de entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado con efectos desde septiembre de 2026; excepción temporal de los planes económico-financieros en 2026 y 2027 cuando el incumplimiento derive exclusivamente del uso de remanente; flexibilización del destino del superávit de 2025 para entidades saneadas; y —en sede de habilitados nacionales— modificación del artículo 92 bis.6 LRBRL, que mantiene el concurso como sistema ordinario pero ajusta las reglas de libre designación en grandes entidades y suprime la autorización estatal previa para el cese, sustituyéndola por comunicación motivada.