Contratación Pública

Baja anormal: las hipótesis técnicas que no estaban en los pliegos no pueden usarse para excluir

Litinet · Contratación Pública

El TACRC estima el recurso contra la exclusión de una oferta calificada como anormalmente baja en un contrato de servicios (Resolución 911/2026, de 28 de mayo de 2026). El órgano de contratación apoyó la exclusión en un tiempo mínimo de 55 minutos por paciente y en la insuficiencia de medios humanos, pero ese parámetro no figuraba en ningún documento del expediente y el pliego fijaba un presupuesto a tanto alzado sin desglose de costes. La resolución recuerda qué exige la exclusión por baja anormal: una conclusión razonada de inviabilidad real, y no la simple discrepancia entre las hipótesis del órgano y las del licitador.

Nuevos informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

Contrato de obras (Juan Villar) · Contratación Pública

Recopilación de los seis últimos informes de la Junta Consultiva estatal, con enlace al texto completo y a sus conclusiones. Entre ellos, la obligatoriedad del informe previo de la Oficina Nacional de Evaluación en una concesión de servicio de transporte urbano de viajeros, la adscripción de medios personales del artículo 76 LCSP, el recurso al contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes y la aplicación de la disposición adicional novena de la LCSP a la contratación de bases de datos jurídicas con funcionalidades de inteligencia artificial integradas e inseparables.

Derecho Administrativo y Contencioso

La desviación procesal por discrepancias entre el escrito de interposición y el de demanda (STS 8/07/2026)

Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

La STS de 8 de julio de 2026 (RC 2017/2023, ponente María Alicia Millán Herrandis) declara que no hay desviación procesal cuando el escrito de interposición identifica como impugnados tanto la resolución que desestima el recurso especial en materia de contratación como el acto de adjudicación, y el suplico de la demanda pide la nulidad de este último: la desestimatoria carece de sustantividad autónoma y es meramente confirmatoria, de modo que el acto originario queda integrado en el objeto del proceso. La sentencia reitera además la doctrina de la STS de 7 de noviembre de 2023 (RC 922/2021) sobre la legitimación individual de las sociedades integrantes de una unión de empresas frente a la no adjudicación del contrato.

Notificaciones administrativas en el mes de agosto: ¿cuál es el plazo para recurrir?

esPublico · Régimen Jurídico (José Manuel Bejarano Lucas) · Derecho Administrativo y Contencioso

La pregunta de todos los agostos, resuelta cruzando el artículo 30 LPAC con el 128.2 LJCA. En vía administrativa agosto es hábil a todos los efectos, de modo que el plazo del recurso administrativo corre con normalidad; en la jurisdicción contencioso-administrativa el plazo no corre, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales. El artículo repasa la doctrina casacional (SSTS de 2 de junio de 2020, rec. 3780/2019; de 10 de mayo de 2022, rec. 1874/2021; y de 15 de julio de 2026, rec. 4782/2023) según la cual, cuando la notificación se recibe en agosto, el cómputo de los dos meses se traslada al 1 de septiembre.

El limbo de las normas desplazadas

esPublico · Régimen Jurídico (Leopoldo Tolivar Alas) · Derecho Administrativo y Contencioso

Reflexión sobre qué ocurre con las normas que una norma preferente deja inaplicables sin derogarlas ni anularlas. Tolivar recorre el vaivén de la doctrina constitucional, desde la STC 66/2011 (que obligaba a plantear cuestión de inconstitucionalidad en lugar de desplazar la norma autonómica bajo sospecha) hasta la STC 102/2016, de 25 de mayo, que se aparta de aquel criterio y devuelve al operador jurídico primario la técnica del desplazamiento. El ejemplo final es propio: un estatuto de corporación de derecho público aprobado por Real Decreto en 1976, modificado tres veces por decretos autonómicos y sustituido íntegramente en julio de 2026, sin cláusula derogatoria que se ocupe del texto preconstitucional.

Cuando cambiar la descripción de la conducta lo cambia todo

Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso

Emilio Aparicio escribe desde dentro de un asunto que codirige. El ATS 7401/2026 admite a trámite la casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó una sanción de 100.000 euros por la actuación del buque Esperanza de Greenpeace en el puerto de Sagunto. La Audiencia desplazó el objeto del reproche (del incumplimiento de las órdenes de la Capitanía Marítima al hecho de estorbar el tránsito) y con esa redefinición se le desactivaron la prejudicialidad penal, el non bis in idem y las objeciones sobre autoría. El Supremo se pronunciará sobre si el artículo 308.3.c) TRLPEMM, en conexión con el 298, permite sancionar autónomamente el estorbo de la navegación, y sobre si el artículo 311.3 exige la triple identidad.

Newsletter: los sesenta y nueve autos de admisión del 19 de julio al 2 de agosto

Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso

Recopilación quincenal de los autos de admisión de la Sala Tercera publicados en el Cendoj, agrupados por secciones y con las cuestiones de interés casacional transcritas íntegras. La Sección Segunda concentra veintitrés de los sesenta y nueve, con materia tributaria y sancionadora: competencia para ejecutar resoluciones económico-administrativas parcialmente estimatorias, culpabilidad y conflicto de residencia fiscal, non bis in idem procedimental tras la anulación formal de una liquidación, o el tipo diferenciado de IBI para el uso «Administraciones Públicas».

El Supremo ratifica la responsabilidad del agricultor en el SIGPAC

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Tribunal Supremo casa la sentencia del TSJ de Aragón que había inaplicado, por primacía del Derecho de la Unión, la normativa española (artículo 6 del Real Decreto 1077/2014 y artículos 93 y 94 del Real Decreto 1075/2014) que atribuye al agricultor la responsabilidad última de comprobar que los datos del SIGPAC coinciden con la realidad de su parcela. La Sala repasa los Reglamentos 1306/2013, 640/2014 y 809/2014 y concluye que ninguno prohíbe a los Estados miembros ese traslado de responsabilidad, ni existía duda interpretativa que justificara cuestión prejudicial. Las actuaciones vuelven a Aragón para que se resuelva el resto de las alegaciones de la demanda.

Función Pública

Se busca Intendente Mercantil (preferiblemente con certificado de equivalencia)

esPublico · Personal (Marcos Peña Molina) · Función Pública

El artículo 169.2.a) del TRRL sigue exigiendo para la Subescala Técnica de Administración General títulos que ninguna universidad española expide (licenciaturas, Intendente Mercantil, Actuario). Marcos Peña confronta ese catálogo de 1986 con el artículo 76 del TREBEP y con la prelación de fuentes de la Administración local que fijó la STS de 18 de julio de 2023 (rec. 4284/2021), y explica por qué el ordenamiento español no contempla ningún procedimiento de equivalencia título a título entre grados oficiales: el Real Decreto 822/2021 regula verificación e inscripción en el RUCT, el Real Decreto 889/2022 se ocupa de títulos extranjeros y de la correspondencia MECES, y el Real Decreto 1393/2007 está derogado. Sobre ese armazón analiza dos resoluciones de la jurisdicción contenciosa en Canarias que anularon los nombramientos de cinco funcionarios de carrera.

Urbanismo y Medio Ambiente

Breve historia de la justa distribución de beneficios y cargas: antecedentes legislativos (ECLI:ES:TSJM:2026:9362)

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Extracto del recorrido histórico que hace la sentencia sobre el principio de justa distribución de beneficios y cargas, desde la Ley del Suelo de 1956 hasta la STC 61/1997 y el artículo 5 de la Ley 6/1998. La entrada distingue cómo opera el principio en la elaboración del planeamiento (delimitación de unidades de ejecución y áreas de reparto, fijación del aprovechamiento tipo o medio) y en su ejecución posterior mediante la reparcelación, y repasa las tres denominaciones que la legislación estatal ha dado a las unidades de gestión: polígonos, unidades de actuación y unidades de ejecución.