Contratación Pública

El TS avala indemnizar los sobrecostes por gastos generales mediante porcentaje del presupuesto

Contrato de obras · Contratación Pública

La STS 793/2026, de 24 de junio (ECLI:ES:TS:2026:2825), resuelve la reclamación de una UTE por el incremento de gastos generales derivado de un retraso imputable a la Administración en el inicio de una obra. El Tribunal confirma que ese retraso da derecho a indemnización y admite cuantificar el incremento de gastos generales mediante un porcentaje del presupuesto (1,5-3,5 %), pero solo como técnica subsidiaria y con dos condiciones acumulativas: acreditar el daño real ligado al retraso y la imposibilidad de calcularlo directamente.

Importante avance en la legitimación colectiva para recurrir adjudicaciones de contratos públicos

Carlos Padrós Reig — esPúblico Blog · Contratación Pública

Comentario a la STS de 4 de febrero de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:271), que reconoce legitimación a una asociación patronal —ANARE, del sector del remolque portuario— para recurrir la adjudicación directa por emergencia de un contrato al que sus asociados no pudieron concurrir. El Supremo rechaza que los estatutos deban individualizar las singulares posibilidades de actuación jurídica de la entidad y considera suficiente la defensa de los intereses comunes de los asociados. El texto repasa la línea previa sobre legitimación de asociaciones, con casos en que se admitió y casos en que se negó.

Derecho Administrativo y Contencioso

Descartada la cuestión prejudicial paralizante de la regularización de extranjería

José Ramón Chaves — delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha descartado plantear ante el TJUE la cuestión prejudicial sobre la compatibilidad de la regularización extraordinaria de extranjería con el derecho europeo, al considerarla «no pertinente en este momento procesal». Chaves distingue entre la apertura del trámite de alegaciones y la resolución de fondo, y apunta que el Supremo podría reservar la cuestión para el momento inmediatamente anterior a la sentencia, cuando el reglamento ya habrá agotado buena parte de su vigencia aplicativa.

Los 107 autos de admisión del Tribunal Supremo publicados en el CENDOJ (21 de junio a 4 de julio)

Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso

Recopilación de los ciento siete autos de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo publicados en el CENDOJ entre el 21 de junio y el 4 de julio, ordenados por secciones. Predominan las cuestiones tributarias de la Sección Segunda —agotamiento de la vía económico-administrativa, confianza legítima, tipos reducidos de IVA—, junto a autos de las Secciones Tercera, Cuarta y Quinta.

Función Pública

La aparición de una tercera categoría en la organización del empleo público local: el «puesto-plaza»

Sebastián Gracia Santuy — esPúblico Blog · Función Pública

Reflexión sobre la aparición de una categoría híbrida —el «puesto-plaza»— entre la plaza, que pertenece al plano jurídico-presupuestario, y el puesto de trabajo, que pertenece al plano organizativo. El autor sostiene que los procesos extraordinarios de estabilización han desdibujado la frontera entre ambos conceptos, especialmente en la estabilización de funcionarios con habilitación nacional, y que muchas decisiones administrativas descansan hoy sobre esa tercera realidad no definida por el ordenamiento.

Delimitación de funciones y «liderazgo» de los Habilitados Nacionales

M.A. Gimeno — Gestores Públicos · Función Pública

Repaso crítico a la idea del «liderazgo» que se atribuye a los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional. A partir de los artículos 92 bis de la LRBRL y del Reglamento de FHCN, el autor sostiene que el liderazgo de la entidad local corresponde a los cargos representativos y que lo propio de los habilitados es el control de legalidad, de carácter preceptivo aunque no vinculante. Dedica una parte a la situación del Secretario-Interventor en los municipios pequeños y a la sobrecarga de cometidos que asume por falta de medios.

¿Puede la estabilización exigir más que el propio puesto?

Emilio Aparicio · Función Pública

El ATS de 24 de junio de 2026 (casación 9504/2024) admite a trámite si una Administración puede exigir en un proceso de estabilización de la Ley 20/2021 un perfil lingüístico de euskera (PL4, nivel C2) superior al que había permitido desempeñar el mismo puesto durante años (PL3, nivel C1). El caso procede del TSJ del País Vasco (es casación admitida al gran Emilio Aparicio) que habría resuelto supuestos sustancialmente idénticos en sentidos opuestos. El Supremo deberá pronunciarse sobre la relación entre la cláusula 4 del Acuerdo Marco y los requisitos de acceso al empleo público, y sobre la distinción entre plaza y puesto.

Urbanismo y Medio Ambiente

El TS reitera que el plazo para recurrir un plan urbanístico se cuenta desde la última de publicación y notificación

Diego Gómez Fernández · Urbanismo y Medio Ambiente

La STS de 10 de junio de 2026 (RC 4672/2024) reitera la doctrina fijada en la STS de 9 de junio de 2025: cuando la aprobación de un instrumento urbanístico se publica en el boletín oficial y, después, se notifica personalmente con indicación de recursos a quien formuló alegaciones en la información pública, el plazo de dos meses para el recurso contencioso se cuenta desde la notificación. Si no ha habido notificación personal, rige el criterio general del artículo 46.1 LJCA a contar desde la publicación.

Los informes técnico y jurídico en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística deben realizarse por funcionarios de carrera

Diego Gómez Fernández · Urbanismo y Medio Ambiente

La STS de 24 de junio de 2026 (RC 7385/2024) aborda la capacitación de quienes emiten los informes técnico y jurídico determinantes en un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Por la intensidad de su intervención en un procedimiento coactivo, el Supremo concluye que esos informes deben emitirse por funcionarios de carrera y que una habilitación no permite a una funcionaria del grupo C2 firmar informes propios del grupo A; su incumplimiento afecta a la validez del acto. El comentario extiende la cuestión a los funcionarios interinos, admitidos ya en el ámbito sancionador.

La potestad de recuperación posesoria de un bien de dominio público

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

A partir de la STSJ de Cataluña de 10 de junio de 2026 (ECLI:ES:TSJCAT:2026:5381), la entrada sistematiza la doctrina sobre la potestad de recuperación de oficio de los bienes demaniales por las entidades locales: la facultad de recobrar la posesión sin acudir a los tribunales, su ejercicio en cualquier tiempo, la inadmisión de interdictos frente a esos acuerdos y los requisitos de prueba de la posesión administrativa anterior y de la usurpación reciente.