empleo publico
- Sentencia de 14 de octubre de 2014, recurso 265/2013. Enlace
- Sentencia de 11 de octubre de 2018, recurso 2605/2016. Enlace
- Sentencia de 19 de julio de 2021, recurso 2282/2020. Enlace
- Auto número 12/2019, 6 de mayo de 2019 (conflicto 22/2018) de la Sala de Conflictos de Competencia. Enlace
Lo que se ha publicado esta semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2026
Contratación Pública
Baja anormal: las hipótesis técnicas que no estaban en los pliegos no pueden usarse para excluir
Litinet · Contratación Pública
El TACRC estima el recurso contra la exclusión de una oferta calificada como anormalmente baja en un contrato de servicios (Resolución 911/2026, de 28 de mayo de 2026). El órgano de contratación apoyó la exclusión en un tiempo mínimo de 55 minutos por paciente y en la insuficiencia de medios humanos, pero ese parámetro no figuraba en ningún documento del expediente y el pliego fijaba un presupuesto a tanto alzado sin desglose de costes. La resolución recuerda qué exige la exclusión por baja anormal: una conclusión razonada de inviabilidad real, y no la simple discrepancia entre las hipótesis del órgano y las del licitador.
Nuevos informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
Contrato de obras (Juan Villar) · Contratación Pública
Recopilación de los seis últimos informes de la Junta Consultiva estatal, con enlace al texto completo y a sus conclusiones. Entre ellos, la obligatoriedad del informe previo de la Oficina Nacional de Evaluación en una concesión de servicio de transporte urbano de viajeros, la adscripción de medios personales del artículo 76 LCSP, el recurso al contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes y la aplicación de la disposición adicional novena de la LCSP a la contratación de bases de datos jurídicas con funcionalidades de inteligencia artificial integradas e inseparables.
Derecho Administrativo y Contencioso
La desviación procesal por discrepancias entre el escrito de interposición y el de demanda (STS 8/07/2026)
Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso
La STS de 8 de julio de 2026 (RC 2017/2023, ponente María Alicia Millán Herrandis) declara que no hay desviación procesal cuando el escrito de interposición identifica como impugnados tanto la resolución que desestima el recurso especial en materia de contratación como el acto de adjudicación, y el suplico de la demanda pide la nulidad de este último: la desestimatoria carece de sustantividad autónoma y es meramente confirmatoria, de modo que el acto originario queda integrado en el objeto del proceso. La sentencia reitera además la doctrina de la STS de 7 de noviembre de 2023 (RC 922/2021) sobre la legitimación individual de las sociedades integrantes de una unión de empresas frente a la no adjudicación del contrato.
Notificaciones administrativas en el mes de agosto: ¿cuál es el plazo para recurrir?
esPublico · Régimen Jurídico (José Manuel Bejarano Lucas) · Derecho Administrativo y Contencioso
La pregunta de todos los agostos, resuelta cruzando el artículo 30 LPAC con el 128.2 LJCA. En vía administrativa agosto es hábil a todos los efectos, de modo que el plazo del recurso administrativo corre con normalidad; en la jurisdicción contencioso-administrativa el plazo no corre, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales. El artículo repasa la doctrina casacional (SSTS de 2 de junio de 2020, rec. 3780/2019; de 10 de mayo de 2022, rec. 1874/2021; y de 15 de julio de 2026, rec. 4782/2023) según la cual, cuando la notificación se recibe en agosto, el cómputo de los dos meses se traslada al 1 de septiembre.
El limbo de las normas desplazadas
esPublico · Régimen Jurídico (Leopoldo Tolivar Alas) · Derecho Administrativo y Contencioso
Reflexión sobre qué ocurre con las normas que una norma preferente deja inaplicables sin derogarlas ni anularlas. Tolivar recorre el vaivén de la doctrina constitucional, desde la STC 66/2011 (que obligaba a plantear cuestión de inconstitucionalidad en lugar de desplazar la norma autonómica bajo sospecha) hasta la STC 102/2016, de 25 de mayo, que se aparta de aquel criterio y devuelve al operador jurídico primario la técnica del desplazamiento. El ejemplo final es propio: un estatuto de corporación de derecho público aprobado por Real Decreto en 1976, modificado tres veces por decretos autonómicos y sustituido íntegramente en julio de 2026, sin cláusula derogatoria que se ocupe del texto preconstitucional.
Cuando cambiar la descripción de la conducta lo cambia todo
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Emilio Aparicio escribe desde dentro de un asunto que codirige. El ATS 7401/2026 admite a trámite la casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó una sanción de 100.000 euros por la actuación del buque Esperanza de Greenpeace en el puerto de Sagunto. La Audiencia desplazó el objeto del reproche (del incumplimiento de las órdenes de la Capitanía Marítima al hecho de estorbar el tránsito) y con esa redefinición se le desactivaron la prejudicialidad penal, el non bis in idem y las objeciones sobre autoría. El Supremo se pronunciará sobre si el artículo 308.3.c) TRLPEMM, en conexión con el 298, permite sancionar autónomamente el estorbo de la navegación, y sobre si el artículo 311.3 exige la triple identidad.
Newsletter: los sesenta y nueve autos de admisión del 19 de julio al 2 de agosto
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Recopilación quincenal de los autos de admisión de la Sala Tercera publicados en el Cendoj, agrupados por secciones y con las cuestiones de interés casacional transcritas íntegras. La Sección Segunda concentra veintitrés de los sesenta y nueve, con materia tributaria y sancionadora: competencia para ejecutar resoluciones económico-administrativas parcialmente estimatorias, culpabilidad y conflicto de residencia fiscal, non bis in idem procedimental tras la anulación formal de una liquidación, o el tipo diferenciado de IBI para el uso «Administraciones Públicas».
El Supremo ratifica la responsabilidad del agricultor en el SIGPAC
Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso
El Tribunal Supremo casa la sentencia del TSJ de Aragón que había inaplicado, por primacía del Derecho de la Unión, la normativa española (artículo 6 del Real Decreto 1077/2014 y artículos 93 y 94 del Real Decreto 1075/2014) que atribuye al agricultor la responsabilidad última de comprobar que los datos del SIGPAC coinciden con la realidad de su parcela. La Sala repasa los Reglamentos 1306/2013, 640/2014 y 809/2014 y concluye que ninguno prohíbe a los Estados miembros ese traslado de responsabilidad, ni existía duda interpretativa que justificara cuestión prejudicial. Las actuaciones vuelven a Aragón para que se resuelva el resto de las alegaciones de la demanda.
Función Pública
Se busca Intendente Mercantil (preferiblemente con certificado de equivalencia)
esPublico · Personal (Marcos Peña Molina) · Función Pública
El artículo 169.2.a) del TRRL sigue exigiendo para la Subescala Técnica de Administración General títulos que ninguna universidad española expide (licenciaturas, Intendente Mercantil, Actuario). Marcos Peña confronta ese catálogo de 1986 con el artículo 76 del TREBEP y con la prelación de fuentes de la Administración local que fijó la STS de 18 de julio de 2023 (rec. 4284/2021), y explica por qué el ordenamiento español no contempla ningún procedimiento de equivalencia título a título entre grados oficiales: el Real Decreto 822/2021 regula verificación e inscripción en el RUCT, el Real Decreto 889/2022 se ocupa de títulos extranjeros y de la correspondencia MECES, y el Real Decreto 1393/2007 está derogado. Sobre ese armazón analiza dos resoluciones de la jurisdicción contenciosa en Canarias que anularon los nombramientos de cinco funcionarios de carrera.
Urbanismo y Medio Ambiente
Breve historia de la justa distribución de beneficios y cargas: antecedentes legislativos (ECLI:ES:TSJM:2026:9362)
Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente
Extracto del recorrido histórico que hace la sentencia sobre el principio de justa distribución de beneficios y cargas, desde la Ley del Suelo de 1956 hasta la STC 61/1997 y el artículo 5 de la Ley 6/1998. La entrada distingue cómo opera el principio en la elaboración del planeamiento (delimitación de unidades de ejecución y áreas de reparto, fijación del aprovechamiento tipo o medio) y en su ejecución posterior mediante la reparcelación, y repasa las tres denominaciones que la legislación estatal ha dado a las unidades de gestión: polígonos, unidades de actuación y unidades de ejecución.
Lo que se ha publicado esta semana del 24 al 30 de julio de 2026
Contratación Pública
¿La falta de impugnación del acto de ADMISIÓN del licitador adjudicatario impide impugnar a posteriori el acto de adjudicación?
Litinet · Contratación Pública
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en su Resolución 179/2026, de 16 de abril, rechaza que un licitador clasificado en segundo lugar pueda atacar la adjudicación por la indebida admisión de la oferta del adjudicatario si no recurrió en su día el acto de admisión que le fue notificado. La presidenta del Tribunal formuló voto particular, al entender que el interés legítimo del recurrente nace con la adjudicación. El artículo 44.2.b) LCSP y la doctrina del TJUE en Marina del Mediterráneo (C-391/15) están en el centro del debate.
Noticias sobre contratación pública en España
Contrato de obras · Contratación Pública
Se ha filtrado el borrador del Reglamento de aplicación directa que prepara la Comisión Europea, llamado a sustituir las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE por una norma única y directamente aplicable. El texto reordena los procedimientos de adjudicación (abierto negociado, dinámico simplificado, adjudicación directa y un nuevo procedimiento de reto de innovación), refuerza la planificación previa y desplaza el peso del precio. La presentación oficial se anuncia para el 9 de septiembre de 2026. La entrada da acceso al borrador en español e inglés.
Derecho Administrativo y Contencioso
Si se notifica en agosto la resolución… calma con el plazo para recurrir
delaJusticia.com · Derecho Administrativo
Chaves recuerda, justo antes de agosto, qué ocurre con el plazo de dos meses del artículo 46 LJCA cuando la notificación administrativa llega durante ese mes. La sentencia de la Sala Tercera de 15 de julio de 2026 (rec. 4782/2023) fija que el cómputo arranca el 1 de septiembre, sin restar el tramo residual de agosto, con la única excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
El silencio administrativo negativo en las licencias urbanísticas con incidencia ambiental
Almacén de Derecho · Derecho Administrativo
Mónica Sastre Beceiro analiza la STS 897/2026, de 14 de julio, que estima el recurso de casación del Ayuntamiento de Castril y fija doctrina sobre la lectura conjunta del artículo 24 LPAC y del artículo 11 TRLSRU. La sentencia descarta que la existencia de una autorización ambiental previa permita entender obtenida por silencio positivo la licencia urbanística posterior. La autora sostiene que ambos preceptos forman un mismo sistema de protección preventiva del territorio, y recorre esa línea desde la STC 143/2017.
¿Hace falta un Robin Hood para que se reforme la Ley de Expropiación Forzosa de 1954?
delaJusticia.com · Derecho Administrativo
Un propietario expropiado para una servidumbre eléctrica planteó que el justiprecio calculado por las reglas generales, sin atender a la naturaleza privada y lucrativa de la empresa beneficiaria, encierra una ayuda de Estado y un abuso de posición dominante contrario al artículo 102 TFUE. La sentencia de la Sala Tercera de 7 de julio de 2026 (rec. 1823/2024) rechaza el planteamiento y declara conforme al Derecho de la Unión aplicar la Ley de Expropiación Forzosa para fijar el justiprecio en favor de distribuidoras eléctricas privadas. El comentario cierra con la vejez de una ley de 1954 apenas parcheada.
Newsletter (Sala Tercera, 12 a 25 de julio)
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo
Repaso de las ochenta y tres sentencias de la Sala Tercera (secciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª) publicadas en el Cendoj entre el 12 y el 25 de julio de 2026, ordenadas por sección y con la doctrina fijada en cada una. Entre ellas, la imposibilidad de que la Administración apruebe en ejecución de sentencia una nueva ponencia de valores con efectos retroactivos, a propósito del BICE del Puerto de Bilbao.
El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública
Tirant Prime · Derecho Administrativo
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de 2025, y el texto pasa ya al Congreso. Crea la Agencia Independiente de Integridad Pública, que asume la protección de informantes, la investigación administrativa, el análisis de riesgos y la prevención de conflictos de interés. Prevé el uso de análisis de datos e inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo en contratación pública y subvenciones, sin que esas herramientas puedan sustituir al procedimiento ni determinar por sí solas responsabilidades.
El TSJ de Canarias sanciona a un abogado por usar jurisprudencia inexistente
Tirant Prime · Derecho Administrativo
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha multado con 840 euros al letrado que presentó un recurso de apelación con al menos veinticinco citas de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que no existían o que no decían lo que se les atribuía. El tribunal descarta el error material: la reiteración y el modo de presentar las citas (entrecomilladas y destacadas) revelan una fundamentación artificial que obligó a comprobarlas una por una.
Función Pública
Discrecionalidad sí, arbitrariedad no
esPublico Blog · Función Pública
Aguilera Martínez repasa la cobertura de los puestos por libre designación y concurso específico a partir del artículo 80.2 TREBEP, y el déficit de motivación técnica que arrastran muchas convocatorias. Sostiene que tanto los nombramientos como los ceses deben quedar fundamentados y accesibles antes de la resolución, para que los aspirantes puedan recurrir con conocimiento de causa.
Anulación de preguntas de examen tipo test en oposiciones
Contenciosos · Función Pública
¿Qué ocurre cuando las preguntas anuladas superan las de reserva y el examen queda por debajo del número previsto en las bases? La entrada reconstruye la respuesta del Tribunal Supremo a partir de la STS de 18 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:3505), la STS de 9 de julio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:3029) y la STS de 28 de mayo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2374): conservación del ejercicio salvo anulaciones masivas y reescalado proporcional de la puntuación al número de preguntas válidas.
Urbanismo y Medio Ambiente
Concepto de malla urbana: Tribunal Supremo
Urbanlaw · Urbanismo
Recopilación de los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el concepto de malla urbana como requisito de la clasificación de suelo urbano: no basta con que los servicios urbanísticos pasen a pie de parcela, sino que la acción urbanizadora debe haber llegado al lugar, y la colindancia con urbanizaciones consolidadas no expande la clasificación por sí sola.
Administración Local
Requisitos para la solicitud de plenos extraordinarios
esPublico Blog · Administración Local
Inventario de las condiciones que debe reunir la petición de pleno extraordinario por los concejales conforme a los artículos 46.2 LBRL y 78.2 ROF (escrito, motivada, firmada personalmente por una cuarta parte del número legal de miembros, sobre asunto competencia del Pleno y con propuesta de acuerdo), siguiendo la sentencia 788/2014 del TSJ de Madrid. Concluye que ninguno de esos defectos permite denegar la convocatoria sin abrir antes el plazo de subsanación del artículo 68 LPAC.
Lo que se ha publicado esta semana del 17 al 23 de julio de 2026
Contratación Pública
Informes de Juntas Consultivas de Contratación Pública
Contrato de obras · Contratación Pública
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado suma dos informes nuevos. El primero fija criterios para determinar el coste efectivo de los encargos cuando media subcontratación, en el marco del artículo 32 de la LCSP. El segundo aborda cuándo los grupos de acción local actúan como poderes adjudicadores al ejecutar estrategias de desarrollo local participativo financiadas con fondos FEADER.
Tipo de interés legal de demora en operaciones comerciales
Contrato de obras · Contratación Pública
El BOE ha publicado, mediante Resolución de 30 de junio de 2026 de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre de 2026, que se sitúa en el 10,40 %.
Subsanación de subsanaciones. No existe
Litinet · Contratación Pública
Litinet comenta la Resolución 908/2026, de 28 de mayo, del TACRC, dictada en un contrato de servicios de urología. El adjudicatario había declarado experiencia apoyada en tres profesionales; comprobado que dos no cumplían, el órgano de contratación recalculó la puntuación con el único que sí reunía los requisitos y mantuvo la adjudicación. El Tribunal estima el recurso y recuerda que la subsanación del artículo 150.2 de la LCSP sirve para acreditar lo que ya existía al cierre del plazo de presentación, no para recomponer una oferta con menos medios de los declarados.
Derecho Administrativo y Contencioso
Vuelta a la edad de piedra en la impugnación de las desestimaciones presuntas
delaJusticia (José Ramón Chaves) · Derecho Administrativo y Contencioso
José Ramón Chaves analiza la STS de 8 de julio de 2026 (rec. 8330/2024) sobre el silencio administrativo. El Tribunal Supremo concluye que, cuando el acto impugnado informa de la necesidad de agotar la vía económico-administrativa, quien acude directamente al contencioso frente a la desestimación presunta del recurso de reposición se expone a la inadmisión por no haber agotado la vía previa, con apoyo en los artículos 25.1 y 69 de la LJCA. El autor lee la sentencia como un retroceso respecto de la línea que venía favoreciendo el acceso a la jurisdicción.
El Tribunal Supremo anula la obligación del Reglamento de Extranjería de relacionarse electrónicamente con la Administración
Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso
Diego Gómez comenta la STS de 8 de julio de 2026, que anula el artículo 197.2 del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) en cuanto imponía a las personas físicas la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. El Supremo reitera la libertad de elección de las personas físicas no cualificadas que reconoce el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 y repasa los requisitos para extender esa obligación a colectivos concretos. La entrada enlaza el fallo con precedentes anteriores, entre ellos una sentencia del TSJPV de 2022 sobre un decreto foral de Bizkaia en materia de IRPF.
Las inadmisiones de casaciones
esPublico (Santiago González-Varas) · Derecho Administrativo y Contencioso
Santiago González-Varas reflexiona sobre las inadmisiones de los recursos de casación contencioso-administrativos. Sostiene que, más allá de las fórmulas habituales de las providencias de inadmisión (el escrito planteado de forma «casuística», la falta de encaje en los motivos casacionales), lo determinante es la capacidad material del Tribunal Supremo para enjuiciar, de la que en el fondo depende el porcentaje de admisiones. Apunta como salida el aumento del número de jueces.
Junio en el Supremo: estabilización y vía económico-administrativa
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Emilio Aparicio repasa junio en la Sala Tercera del Supremo (239 resoluciones) y se detiene en dos. La STS 728/2026, de 10 de junio, sobre estabilización, en la que el Tribunal rechaza que quien ha superado el proceso de la Ley 20/2021 pueda renunciar a la condición de funcionario de carrera para mantenerse en la interinidad, porque la finalidad de la norma es cubrir de forma definitiva las plazas estructurales. Y el Auto de 3 de junio de 2026 (rec. 5287/2025), que admite decidir si es obligatorio agotar la vía económico-administrativa cuando la única controversia es la posible inconstitucionalidad de la norma aplicada.
El TSJPV confirma la suspensión de una farmacéutica por una dispensación irregular
Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso
El TSJPV confirma la sanción de un mes de suspensión impuesta por el Colegio de Farmacéuticos a una profesional por una dispensación irregular. Entre 2019 y 2023 dispensó a una misma paciente 1.334 envases de un medicamento cuya ficha técnica preveía uno cada noventa días, y mantuvo acumulados 258 envases facturados al sistema público sin entregar. El tribunal rechaza que baste con seguir una prescripción activa en el sistema informático y recuerda el deber de supervisión que los Estatutos de la profesión y el Código Deontológico imponen al farmacéutico.
Función Pública
Personal laboral fijo: indemnización por abuso de temporalidad
Tirant Prime · Función Pública
El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, reconoce la condición de personal laboral fijo a un trabajador de una televisión autonómica que superó un proceso de consolidación de empleo sin llegar a obtener plaza por falta de vacantes. Aplica la doctrina que la propia Sala revisó en su sentencia de Pleno de 11 de mayo de 2026 a raíz del caso Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 14 de abril de 2026), y precisa que la conversión no procede cuando el proceso superado lo era para contratación temporal y no para plazas fijas.
Urbanismo y Medio Ambiente
El Supremo anula la autorización del parque eólico Moeche por deficiencias ambientales
Tirant Prime · Urbanismo y Medio Ambiente
El Tribunal Supremo anula la autorización del parque eólico Moeche (A Coruña, 50,4 MW) al estimar el recurso de la asociación Petón do Lobo frente a la resolución de la Secretaría de Estado de Energía. El fallo aprecia que el Estudio de Impacto Ambiental no analizó de forma suficiente los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto con otras infraestructuras energéticas del entorno. La Sala precisa que, aunque la normativa no obliga a una evaluación conjunta de proyectos independientes, sí exige que cada evaluación individual valore la incidencia global sobre el territorio cuando existen instalaciones próximas.
Nuevos criterios interpretativos del CTBG y su aplicación práctica al urbanismo
esPublico · Urbanismo y Medio Ambiente
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha publicado siete criterios interpretativos sobre las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información. El autor traslada al terreno urbanístico dos de ellos: el 4/2026, según el cual la mera extracción de datos de una base o el cambio de formato no constituyen la «reelaboración» que permite inadmitir, y el 7/2026, que exige para apreciar abuso tanto el ejercicio abusivo del derecho como la falta de justificación con la finalidad de transparencia. Recuerda que la acción pública propia del urbanismo hace difícil apreciar ese carácter abusivo.
Administración Local
La competencia de prompting del nuevo empleado público
Nosoloaytos · Administración Local
Nosoloaytos plantea el prompting como una nueva competencia del empleado público. Dos empleados con la misma herramienta de inteligencia artificial no obtienen el mismo resultado, viene a decir: uno genera textos planos que luego debe corregir casi por completo, mientras otro la usa para ordenar antecedentes, detectar puntos críticos o traducir el lenguaje burocrático a lenguaje claro. La diferencia no está en la tecnología, sino en la competencia de quien la maneja.
Lo que se ha publicado esta semana del 10 al 17 de julio de 2026
Contratación Pública
Jurisprudencia del TJUE en materia de contratación pública
Contrato de obras (Juan Villar) · Contratación pública · TJUE
El blog reúne tres sentencias recientes del TJUE. La primera (asunto C-888/24) resuelve que las aclaraciones en un concurso de proyectos dependen de la iniciativa del jurado y no constituyen un derecho del participante. La segunda (C-856/24) condiciona la adjudicación directa a un operador interno de servicios de transporte a la transferencia efectiva del riesgo operacional. La tercera (C-186/25) precisa que la ejecución tardía de un contrato y la falta de aplicación de penalidades pueden ser irregularidades, pero no justifican de forma automática una corrección financiera.
Error material subsanable
Litinet · Contratación pública
Una empresa declara mal el umbral de plantilla en su declaración responsable y la Mesa la excluye, pese a tratarse de un error material sin ventaja competitiva. El TACRC, en Resolución 820/2026, de 14 de mayo, estima el recurso: el DEUC y las declaraciones responsables son documentos provisionales, y la subsanación solo cede cuando genera una ventaja ilegítima, lo que no ocurría aquí. La acreditación documental de la plantilla, recuerda el Tribunal, corresponde al trámite del artículo 150.2 LCSP, no a la fase de requisitos previos.
Los encargos derivados de la contratación irregular deben cuantificarse conforme a precios objetivos de mercado
esPublico (Dànae Garcia Manzanares) · Contratación pública
El Tribunal Supremo, en sentencia núm. 570/2026, de 6 de mayo (Rec. 2814/2024), fija cómo debe cuantificar la Administración las prestaciones que encarga al margen de la normativa contractual, en el caso mediante contratación verbal. Cuando ha recibido de conformidad obras, suministros o servicios y el contratista reclama por enriquecimiento injusto, la Administración no puede acudir a los precios de la normativa contractual que ella misma eludió, sino a precios objetivos de mercado y en función de la prueba obrante en el procedimiento.
Derecho Administrativo y Contencioso
La motivación de una sentencia no puede ser la simple reproducción del escrito de alegaciones de una de las partes
Diego Gómez Fernández · Proceso contencioso-administrativo
Un TSJ estimó un recurso en materia de contratación haciendo suyo, de forma literal, el escrito de conclusiones de la parte actora, por su «brillantez, claridad y solidez». La STS de 29/06/2026 (RC 5343/2024) fija que acoger como motivación propia la reproducción íntegra del escrito de alegaciones de una de las partes procesales no satisface la exigencia constitucional de motivación derivada del derecho a la tutela judicial efectiva.
Cómo se cuenta el plazo de diez días naturales del art. 43.2 de la Ley 39/2015 en la notificación electrónica no atendida
Diego Gómez Fernández · Procedimiento administrativo · Notificaciones
A cuenta del reintegro de una subvención deportiva de la Diputación de Granada, la STS de 12/06/2026 (RC 1735/2023) aclara el cómputo del plazo de diez días naturales del art. 43.2 de la Ley 39/2015 para entender rechazada una notificación electrónica no atendida. El plazo se inicia el día siguiente a la puesta a disposición del acto en la sede electrónica, y la notificación se entiende practicada en el momento del rechazo, que fija el dies a quo para interponer recurso.
Newsletter: 71 sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (28 de junio a 11 de julio)
Emilio Aparicio · Jurisprudencia · Tribunal Supremo
Recopilación de las 71 sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo publicadas en el CENDOJ entre el 28 de junio y el 11 de julio, ordenadas por secciones. Entre ellas, la imposibilidad de que la Administración dicte resolución expresa que contravenga el sentido de un fallo firme, varios pronunciamientos que reiteran la doctrina sobre situaciones consolidadas del IIVTNU y la anulación de la ponencia de valores del BICE del Puerto de Bilbao.
Función Pública
Crítica a la sanción disciplinaria de suspensión de funciones
esPublico (Severiano Fernández Ramos) · Régimen disciplinario
El autor examina la sanción disciplinaria de suspensión de funciones prevista en el TREBEP. Se detiene en la amplísima horquilla que el RD 33/1986 fija para las faltas graves —de un día a tres años— y plantea si una franja tan extensa respeta la previsibilidad que exige el principio de tipicidad. Repasa además las diferencias entre el régimen general y las leyes autonómicas, incluida la vasca, en cuanto a la exigencia de firmeza de la resolución.
Participación cautelar en procesos selectivos frente a la suspensión
Contenciosos (Rafael Rossi Izquierdo) · Función pública · Medidas cautelares
Frente a la suspensión de todo un proceso selectivo, el autor expone la alternativa de la medida cautelar positiva de participación provisional del aspirante excluido, al amparo del art. 129 LJCA. Repasa la jurisprudencia que admite estas medidas cautelares «positivas» y explica por qué, cuando la pretensión se colma con la mera participación condicionada al fallo, esta opción perturba menos a la Administración y a los terceros que la suspensión sine die del procedimiento.
Urbanismo y Medio Ambiente
¿Legitima la acción pública urbanística para ser codemandado en un proceso contencioso-administrativo?
Diego Gómez Fernández · Urbanismo · Proceso contencioso-administrativo
La STS de 24/06/2026 (RC 6952/2024) niega que la acción pública urbanística sirva para intervenir como codemandado en defensa de la validez de la disposición impugnada. La Ley 29/1998 solo reconoce la acción pública en su vertiente activa y en los casos expresamente previstos por las leyes, sin que el art. 21 ampare la condición de parte codemandada por esta vía.
Lo que se ha publicado esta semana del 3 al 9 de julio de 2026
Contratación Pública
El TS avala indemnizar los sobrecostes por gastos generales mediante porcentaje del presupuesto
Contrato de obras · Contratación Pública
La STS 793/2026, de 24 de junio (ECLI:ES:TS:2026:2825), resuelve la reclamación de una UTE por el incremento de gastos generales derivado de un retraso imputable a la Administración en el inicio de una obra. El Tribunal confirma que ese retraso da derecho a indemnización y admite cuantificar el incremento de gastos generales mediante un porcentaje del presupuesto (1,5-3,5 %), pero solo como técnica subsidiaria y con dos condiciones acumulativas: acreditar el daño real ligado al retraso y la imposibilidad de calcularlo directamente.
Importante avance en la legitimación colectiva para recurrir adjudicaciones de contratos públicos
Carlos Padrós Reig — esPúblico Blog · Contratación Pública
Comentario a la STS de 4 de febrero de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:271), que reconoce legitimación a una asociación patronal —ANARE, del sector del remolque portuario— para recurrir la adjudicación directa por emergencia de un contrato al que sus asociados no pudieron concurrir. El Supremo rechaza que los estatutos deban individualizar las singulares posibilidades de actuación jurídica de la entidad y considera suficiente la defensa de los intereses comunes de los asociados. El texto repasa la línea previa sobre legitimación de asociaciones, con casos en que se admitió y casos en que se negó.
Derecho Administrativo y Contencioso
Descartada la cuestión prejudicial paralizante de la regularización de extranjería
José Ramón Chaves — delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha descartado plantear ante el TJUE la cuestión prejudicial sobre la compatibilidad de la regularización extraordinaria de extranjería con el derecho europeo, al considerarla «no pertinente en este momento procesal». Chaves distingue entre la apertura del trámite de alegaciones y la resolución de fondo, y apunta que el Supremo podría reservar la cuestión para el momento inmediatamente anterior a la sentencia, cuando el reglamento ya habrá agotado buena parte de su vigencia aplicativa.
Los 107 autos de admisión del Tribunal Supremo publicados en el CENDOJ (21 de junio a 4 de julio)
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Recopilación de los ciento siete autos de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo publicados en el CENDOJ entre el 21 de junio y el 4 de julio, ordenados por secciones. Predominan las cuestiones tributarias de la Sección Segunda —agotamiento de la vía económico-administrativa, confianza legítima, tipos reducidos de IVA—, junto a autos de las Secciones Tercera, Cuarta y Quinta.
Función Pública
La aparición de una tercera categoría en la organización del empleo público local: el «puesto-plaza»
Sebastián Gracia Santuy — esPúblico Blog · Función Pública
Reflexión sobre la aparición de una categoría híbrida —el «puesto-plaza»— entre la plaza, que pertenece al plano jurídico-presupuestario, y el puesto de trabajo, que pertenece al plano organizativo. El autor sostiene que los procesos extraordinarios de estabilización han desdibujado la frontera entre ambos conceptos, especialmente en la estabilización de funcionarios con habilitación nacional, y que muchas decisiones administrativas descansan hoy sobre esa tercera realidad no definida por el ordenamiento.
Delimitación de funciones y «liderazgo» de los Habilitados Nacionales
M.A. Gimeno — Gestores Públicos · Función Pública
Repaso crítico a la idea del «liderazgo» que se atribuye a los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional. A partir de los artículos 92 bis de la LRBRL y del Reglamento de FHCN, el autor sostiene que el liderazgo de la entidad local corresponde a los cargos representativos y que lo propio de los habilitados es el control de legalidad, de carácter preceptivo aunque no vinculante. Dedica una parte a la situación del Secretario-Interventor en los municipios pequeños y a la sobrecarga de cometidos que asume por falta de medios.
¿Puede la estabilización exigir más que el propio puesto?
Emilio Aparicio · Función Pública
El ATS de 24 de junio de 2026 (casación 9504/2024) admite a trámite si una Administración puede exigir en un proceso de estabilización de la Ley 20/2021 un perfil lingüístico de euskera (PL4, nivel C2) superior al que había permitido desempeñar el mismo puesto durante años (PL3, nivel C1). El caso procede del TSJ del País Vasco (es casación admitida al gran Emilio Aparicio) que habría resuelto supuestos sustancialmente idénticos en sentidos opuestos. El Supremo deberá pronunciarse sobre la relación entre la cláusula 4 del Acuerdo Marco y los requisitos de acceso al empleo público, y sobre la distinción entre plaza y puesto.
Urbanismo y Medio Ambiente
El TS reitera que el plazo para recurrir un plan urbanístico se cuenta desde la última de publicación y notificación
Diego Gómez Fernández · Urbanismo y Medio Ambiente
La STS de 10 de junio de 2026 (RC 4672/2024) reitera la doctrina fijada en la STS de 9 de junio de 2025: cuando la aprobación de un instrumento urbanístico se publica en el boletín oficial y, después, se notifica personalmente con indicación de recursos a quien formuló alegaciones en la información pública, el plazo de dos meses para el recurso contencioso se cuenta desde la notificación. Si no ha habido notificación personal, rige el criterio general del artículo 46.1 LJCA a contar desde la publicación.
Los informes técnico y jurídico en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística deben realizarse por funcionarios de carrera
Diego Gómez Fernández · Urbanismo y Medio Ambiente
La STS de 24 de junio de 2026 (RC 7385/2024) aborda la capacitación de quienes emiten los informes técnico y jurídico determinantes en un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Por la intensidad de su intervención en un procedimiento coactivo, el Supremo concluye que esos informes deben emitirse por funcionarios de carrera y que una habilitación no permite a una funcionaria del grupo C2 firmar informes propios del grupo A; su incumplimiento afecta a la validez del acto. El comentario extiende la cuestión a los funcionarios interinos, admitidos ya en el ámbito sancionador.
La potestad de recuperación posesoria de un bien de dominio público
Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente
A partir de la STSJ de Cataluña de 10 de junio de 2026 (ECLI:ES:TSJCAT:2026:5381), la entrada sistematiza la doctrina sobre la potestad de recuperación de oficio de los bienes demaniales por las entidades locales: la facultad de recobrar la posesión sin acudir a los tribunales, su ejercicio en cualquier tiempo, la inadmisión de interdictos frente a esos acuerdos y los requisitos de prueba de la posesión administrativa anterior y de la usurpación reciente.
Lo que se ha publicado esta semana del 26 de junio al 2 de julio de 2026
Semana del 26 de junio al 2 de julio de 2026
La Sala Tercera del Supremo fija doctrina en varios frentes: los límites de la Administración para actuar tras una sentencia firme en su contra, el cómputo del plazo para impugnar planes cuando hay notificación personal, las condiciones que deben acreditar los familiares para recurrir una resolución favorable a la eutanasia, y la invasión competencial en el decreto del Registro Único de Arrendamientos turísticos. También en el Supremo, la confirmación de que quien renuncia a la plaza de estabilización no puede mantenerse como interino.
En contratación, destaca la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre si la indemnización por prestaciones sin cobertura contractual queda dentro de la Directiva de morosidad. El frente urbanístico aporta dos sentencias de TSJ relevantes: una sobre los límites de la revisión de oficio de un estudio de detalle instada por el interesado y otra que anula un gran desarrollo logístico en Meco por ignorar la capacidad agrológica del suelo. Cierra el número una entrada sobre inteligencia artificial agéntica en la Administración, sus riesgos y su encaje en el Reglamento europeo de IA.
Contratación Pública
Noticias sobre contratación pública
Contrato de obras · Contratación Pública
Recopilación de las últimas órdenes publicadas en el BOE con los índices de precios de la mano de obra y de los materiales correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025, aplicables a la revisión de precios de los contratos de las administraciones públicas, con especial atención a los suministros de fabricación de armamento y al transporte de viajeros por carretera.
Informes de las Juntas Consultivas de Contratación Pública
Contrato de obras · Contratación Pública
Seis nuevos informes de la Junta Consultiva de Cataluña: medios propios creados por consorcios y justificación de la eficiencia en cada encargo, régimen aplicable a la modificación de contratos adjudicados bajo normativa anterior a la LCSP, acreditación de solvencia en casos de novación subjetiva, participación de medios propios en licitaciones, cláusulas lingüísticas y razones técnicas que amparan el negociado sin publicidad.
Las leyes, sin los hechos, son inertes y se encarnan en las sentencias
Teresa Moreo (esPublico) · Contratación Pública
Comenta el auto del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2026 que plantea cuestión prejudicial ante el TJUE: si la indemnización por enriquecimiento injusto derivada de prestaciones ejecutadas para la Administración sin contrato encaja en el concepto de «operación comercial» de la Directiva 2011/7/UE. De la respuesta dependen el tipo de interés de demora aplicable —10,15 % frente al 3,25 % del interés legal en 2026— y la sujeción a IVA del pago.
Derecho Administrativo y Contencioso
La cosa juzgada prevalece sobre actos firmes sobrevenidos (Supremo dixit)
delaJusticia (J.R. Chaves) · Contencioso
La STS de 8 de junio de 2026 (rec. 7469/2023) fija doctrina: tras sentencia firme recaída en un proceso iniciado contra una desestimación presunta, la Administración ya no puede dictar resolución expresa que contravenga el fallo, ni siquiera para mejorar la situación del que fue demandante. Solo cabe resolver en sentido coincidente con la sentencia o archivar; lo que se oponga a lo fallado es nulo de pleno derecho.
Reverdecimiento del pro actione frente a las inadmisibilidades
delaJusticia (J.R. Chaves) · Contencioso
Repasa la STS de 10 de junio de 2026 (rec. 4672/2024) sobre el dies a quo para impugnar ordenanzas y planes urbanísticos: si la Administración, además de publicar la disposición, la notifica personalmente con indicación de recursos a quien formuló alegaciones, el plazo de dos meses se computa desde esa notificación y no desde la publicación oficial.
La legitimación de los familiares cercanos para recurrir una resolución administrativa favorable a la eutanasia (STS Pleno Sala 3ª 3/06/2026)
Diego Gómez · Contencioso
Análisis extenso de la STS del Pleno de 3 de junio de 2026 (RC 4557/2025), que fija doctrina sobre la legitimación de los familiares para recurrir las resoluciones favorables a la prestación de ayuda a morir: el recurrente debe acreditar un vínculo afectivo estrecho con el solicitante y aportar, además, un indicio razonable de que la resolución pudo dictarse sin las garantías de la LO 3/2021. Ambos requisitos son acumulativos y el vínculo familiar por sí solo no basta.
La anulación por el Tribunal Supremo del Registro Único de Arrendamientos de corta duración y el inaceptable peregrinaje judicial
Alejandro Fuentes-Lojo (Hay Derecho) · Contencioso
Cuatro sentencias del Supremo de mayo y junio de 2026 anulan parcialmente el RD 1312/2024, creador del Registro Único de Arrendamientos: el Estado invadió competencias autonómicas en turismo y vivienda y generó una duplicidad de registros contraria al Reglamento (UE) 2024/1028. El autor repasa además el dictamen del Consejo de Estado que ya desaconsejó la norma y critica el itinerario judicial que han tenido que recorrer los afectados.
Newsletter: las 54 sentencias de la Sala Tercera del 14 al 27 de junio
Emilio Aparicio · Contencioso
Recopilación quincenal de las sentencias de las Secciones 2ª a 5ª de la Sala Tercera publicadas en el CENDOJ, con la doctrina fijada en cada una. Entre ellas, la que impide a la Administración, en ejecución de sentencia, aprobar con efectos retroactivos una nueva ponencia de valores tras la anulación judicial de la del Puerto de Bilbao, y varias sobre operaciones vinculadas, IAE supramunicipal y medios fraudulentos en sanciones tributarias.
Función Pública
Renuncia a la plaza de estabilización: ¿supone el cese del interino?
Contenciosos.com · Función Pública
La STS 728/2026, de 10 de junio, avala el cese de una funcionaria interina que, tras superar el proceso de estabilización de la Ley 20/2021 en su mismo cuerpo, renunció a la plaza de carrera para seguir como interina. La causa de cese es la del art. 10.3.d) TREBEP —desaparición de la necesidad y urgencia que justificaron el nombramiento—, sin que exista un derecho de opción entre la condición de carrera y la interinidad.
Urbanismo y Medio Ambiente
Revisión de oficio y estudios de detalle: ECLI:ES:TSJAR:2026:966
Urbanlaw · Urbanismo
Extracto de la sentencia del TSJ de Aragón que aborda si es admisible la solicitud de revisión de oficio de una disposición de carácter general. La Sala repasa la jurisprudencia que niega que la revisión de oficio de reglamentos pueda operar como acción de nulidad a instancia del interesado: solo la Administración que aprobó el instrumento puede declarar su nulidad por el cauce del antiguo art. 102.2 de la Ley 30/1992.
ALMA-Meco: el valor agrológico del suelo como límite material a la discrecionalidad del planificador
Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente · Urbanismo
La STSJ de Madrid 486/2026, de 14 de mayo, anula el plan de sectorización de un desarrollo logístico de 256 hectáreas sobre suelo agrícola en Meco y, por impugnación indirecta, el PGOU de 2009. La sentencia trata la capacidad agrológica del suelo, documentada en el Mapa Agrológico autonómico, como valor objetivo que obliga a la protección especial —potestad reglada, no discrecional—, y anula también la declaración ambiental estratégica por omitir el análisis de la afección a la IBA n.º 74.
Administración Local
Inteligencia artificial agéntica: usos en la Administración y matriz de riesgos
Nosoloaytos (Víctor Almonacid) · Administración Local
Explica la distinción entre agentes de IA e inteligencia artificial agéntica —sistemas de agentes coordinados con autonomía y memoria persistente—, con ejemplos de uso en la Administración pública y una matriz de riesgos. Conecta el grado de autonomía de estos sistemas con las orientaciones de la AEPD y con las obligaciones del Reglamento de IA para sistemas de alto riesgo.
Lo que se ha publicado esta semana del 18 al 25 de junio de 2026
Semana del 18 al 25 de junio de 2026
Semana de jurisprudencia contencioso-administrativa más que de novedades normativas. El Tribunal Supremo ha sido el protagonista: fija doctrina sobre la recurribilidad de las comunicaciones previas, matiza la responsabilidad por error judicial en el caso del albañil que pasó dieciocho años en prisión y acota hasta dónde puede llegar la Administración al ejecutar una sentencia. En contratación, poco volumen pero dos piezas de armario de fondo sobre criterios de adjudicación y plazos de resolución contractual. Completan el panorama una reflexión sobre función pública, la figura del Paisaje Cultural en Madrid y una propuesta detallada de automatización con IA en la Secretaría municipal.
Contratación Pública
Criterios de adjudicación con buen criterio, por M. P. Batet
La parte contratante · Contratación Pública
Batet repasa el diseño de los criterios de adjudicación a la luz de la contratación estratégica de la LCSP y se detiene en la valoración del precio. Distingue los umbrales de saciedad dependientes de las ofertas —ligados a la media de las bajas— de los fijados ex ante en los pliegos, y reúne la jurisprudencia que los enmarca: la STS de 5 de marzo de 2024, que los admite con apoyo en el art. 67.2 de la Directiva 2014/24/UE siempre que se motiven, y la STS de 23 de febrero de 2024 (caso Riba-roja de Túria), sobre cuándo el umbral obliga a constituir comité de expertos. Recoge también los límites que el Tribunal de Cuentas marca a las fórmulas del precio.
En defecto de previsión legal específica, el plazo máximo para resolver contratos celebrados por una comunidad autónoma es de tres meses: STS 889/2026, de 17 de febrero de 2026
Litinet · Contratación Pública
La entrada analiza una sentencia del Tribunal Supremo sobre el plazo máximo para tramitar el procedimiento de resolución de un contrato sujeto a la LCSP suscrito por una comunidad autónoma, cuestión conocida desde que la Sentencia del TC 68/2021, de 18 de marzo declaró que el plazo de 8 meses del artículo 212.8 LCSP no es conforme con el orden constitucional de competencias. Ante la ausencia de previsión legal autonómica específica, el Tribunal fija ese plazo en tres meses y se pronuncia sobre las consecuencias de su incumplimiento.
Esta misma doctrina ya estaba recogida en la STS nº 138/2024, de 29 de enero (Rec. 1028/2021, ECLI:ES:TS:2024:422, del propio Diego Cordoba Castroverde).
Derecho Administrativo y Contencioso
Las comunicaciones previas no son actos administrativos, por lo que no son recurribles en vía administrativa ni contencioso-administrativa
esPublico (David Cabezuelo Valencia) · Derecho Administrativo y Contencioso
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de abril de 2026 (recurso de casación n.º 2290/2023), resuelve si la comunicación previa de inicio de actividad es un acto administrativo recurrible. El caso parte de una comunicación para una actividad inocua en Girona frente a la que una comunidad de propietarios pretendió recurrir. El Supremo concluye que comunicaciones previas y declaraciones responsables no expresan voluntad alguna de la Administración —que actúa como mera receptora— ni inician un procedimiento, por lo que no cabe recurso administrativo ni contencioso contra ellas. La entrada recorre el origen de la figura desde la Directiva de Servicios hasta el art. 69 de la Ley 39/2015.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo matiza su doctrina sobre la responsabilidad patrimonial por error judicial (STS 18/06/2026)
Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso
Diego Gómez comenta la STS de 18 de junio de 2026 (RC 4112/2025, ponente Lesmes Serrano), que estima en parte la reclamación de Ahmed Tommouhi —dieciocho años en prisión siendo inocente— y condena al Ministerio de Justicia a 2.500.000 euros. La sentencia matiza la doctrina del art. 293 LOPJ: la sentencia de revisión no genera por sí sola derecho a indemnización, pero puede constituir título suficiente cuando de su fundamentación resulte inequívocamente el error. El autor enlaza la crítica doctrinal de Doménech y Medina al canon del «error craso, patente e indubitado» exigido por la Sala Tercera.
Ejecución de sentencias en libertad vigilada: ni más ni menos, ni cosa distinta de lo fallado
Gestores Públicos (José R. Chaves) · Derecho Administrativo y Contencioso
Chaves examina dos sentencias de la Sala Tercera —de 2 de junio de 2026 (rec. 4380/2024) y de 8 de junio de 2026 (rec. 2833/2024)— sobre los límites de la Administración al ejecutar una sentencia. Dictadas a raíz de la anulación de una ponencia de valores catastrales, rechazan que la Administración aprobara una nueva ponencia con efecto retroactivo amparándose en el art. 39.3 LPAC. El Tribunal recuerda que el fallo se ejecuta en lo que dice, sitúa a la Administración que va más allá en una vía de hecho sin título competencial y descarta que el art. 39.3 LPAC sirva para decidir si una sentencia se ha cumplido.
Newsletter — Los 22 autos de admisión del Tribunal Supremo (7 a 20 de junio de 2026)
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Aparicio recopila los veintidós autos de admisión de la Sala de lo Contencioso publicados en el Cendoj entre el 7 y el 20 de junio, agrupados por secciones, con el texto de la cuestión de interés casacional de cada uno. Predomina la materia tributaria: derivación de responsabilidad por sucesión de actividad (art. 42.1.c LGT), silencio en bonificaciones del IBI, acceso a dispositivos de almacenamiento digital en la inspección, afección de bienes y reparto del IAE entre municipios, entre otras.
Función Pública
La indefensión aprendida de los empleados públicos: cuando el problema no es el sistema, sino lo que hemos aprendido de él
esPublico (Borja Colón de Carvajal) · Función Pública
Colón de Carvajal traslada el concepto de indefensión aprendida de Seligman al comportamiento de los empleados públicos. Sostiene que el problema de las instituciones no suele ser la falta de normas ni de personas capaces, sino la convicción acumulada —tras propuestas sin respuesta y proyectos bloqueados— de que intentar cambiar las cosas no merece la pena. Arranca de la columna sobre un funcionario del SEPE expedientado por atender a ciudadanos fuera del sistema de cita previa.
Urbanismo y Medio Ambiente
La figura del Paisaje Cultural en la Comunidad de Madrid: régimen jurídico y casos declarados
Gabinete Jurídico (Elvira Fernández García) · Urbanismo y Medio Ambiente
Fernández García describe el régimen del Paisaje Cultural como categoría de Bien de Interés Cultural introducida por la Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de Madrid. Detalla la incoación del expediente, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección, la suspensión cautelar de títulos urbanísticos, el plazo de resolución de dieciséis meses y la prevalencia de la declaración sobre el planeamiento. Repasa los tres paisajes declarados hasta ahora: la Presa de El Gasco y Canal del Guadarrama, la Dehesa de Sotomayor y Casa de la Monta, y la Dehesa de la Villa.
Administración Local
Propuesta de automatización asistida con inteligencia artificial en la Secretaría municipal
Nosoloaytos (Víctor Almonacid) · Administración Local
Almonacid presenta un cuadro de tareas de la Secretaría municipal susceptibles de apoyo con IA —borradores de actas, informes y pliegos, búsqueda normativa, clasificación documental, alertas de plazos— clasificadas por tipo de automatización, nivel de autonomía, riesgo legal y base normativa (RD 128/2018, LRBRL, Ley 39/2015, LCSP, Reglamento (UE) 2024/1689, RGPD). Propone empezar por usos de bajo riesgo, excluir la automatización plena en lo que implique fe pública o firma, y fija garantías de trazabilidad, revisión humana y protección de datos.
Lo que se ha publicado esta semana del 12 al 18 de junio de 2026
Semana del 12 al 18 de junio de 2026
Dos referencias relevantes en el ámbito procesal: el Tribunal Supremo ha fijado doctrina, en dos sentencias de la misma fecha, sobre la interrupción de la prescripción de la facultad sancionadora administrativa por proceso penal sobre los mismos hechos aunque no haya procedimiento administrativo, y sobre el cómputo de las notificaciones rechazadas en Lexnet. En contratación, el negociado sin publicidad vuelve a estar bajo la lupa en materia de medicamentos y el Supremo zanja el cómputo del IVA en los intereses de demora de las certificaciones de obra. Completan el panorama una sentencia del TSJPV sobre los límites de la competencia municipal en dominio portuario y dos apuntes sobre función pública y errores judiciales.
Contratación Pública
La importación paralela de medicamentos pone en cuestión el procedimiento negociado sin publicidad
esPublico (José Antonio Ruiz Sainz-Aja) · Contratación Pública
José Antonio Ruiz Sainz-Aja examina si la existencia de una autorización de importación paralela concedida por la AEMPS quiebra la exclusividad objetiva que justifica el negociado sin publicidad del art. 168.a).2º LCSP en la compra de medicamentos hospitalarios. Sostiene que, cuando hay una autorización vigente para el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica, existen al menos dos operadores habilitados y decae la exclusividad, salvo que se acredite que no hay alternativa o sustituto razonable. Detalla el análisis de mercado exigible (consulta a BIFIMED y a la base de la AEMPS) y cita la Resolución TACPM 254/2024 y la Resolución TACP de Madrid 532/2025, esta última favorable al negociado por falta de intercambiabilidad clínica.
Conciertos: gestión directa, indirecta y acción concertada en los servicios públicos
esPublico (Ignacio Pérez Sarrión) · Contratación Pública
Ignacio Pérez Sarrión repasa el encaje del concierto tras la supresión del contrato de gestión de servicios públicos por la LCSP y el renacimiento de los «conciertos sociales» o acuerdos de acción concertada en la legislación autonómica de servicios sociales y sanitarios. Recuerda el marco del art. 85 LBRL y la exigencia de motivación y memoria económica para elegir la forma de gestión, y subraya que el concierto debe quedar abierto a todos los prestadores que cumplan requisitos objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin carácter selectivo ni limitativo.
El IVA se incluye en la base de cálculo de los intereses por morosidad en certificaciones de obra
Tirant Prime · Contratación Pública
El Tribunal Supremo, Sala Tercera, fija doctrina casacional sobre la morosidad de la Administración en el pago de certificaciones parciales de obra: el IVA debe incluirse en la base de cálculo de los intereses de demora con independencia del momento de su devengo tributario y sin que el contratista deba acreditar haberlo ingresado previamente a Hacienda. La sentencia se apoya en la doctrina del TJUE sobre el concepto de «cantidad adeudada» de la Directiva 2011/7/UE y extiende a los contratos de obra el criterio que ya regía para los de servicios desde la sentencia de 5 de diciembre de 2022.
Derecho Administrativo y Contencioso
El proceso penal por los mismos hechos interrumpe la prescripción de la infracción administrativa, aunque no haya procedimiento sancionador abierto
Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso
Diego Gómez comenta la STS de 3/06/2026 (RC 6729/2023, ponente Olea Godoy), que resuelve si un proceso penal previo por los mismos hechos interrumpe la prescripción de la infracción administrativa cuando todavía no se ha incoado expediente sancionador. El Supremo concluye que sí: la existencia de un procedimiento penal por los mismos hechos y contra las mismas personas suspende el plazo de prescripción desde el inicio del proceso penal hasta su conclusión, aun sin procedimiento administrativo en marcha, por la primacía del orden penal del art. 10.2 LOPJ. El caso parte de un sobreseimiento penal en Navarra seguido de denuncia administrativa por infracción en materia de tasa láctea.
Notificación por Lexnet no recogida en tres días: cuándo empieza a correr el plazo
Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso
La STS de 3/06/2026 (RC 379/2024, ponente Román García) precisa el cómputo del plazo cuando el letrado no accede en tres días a una notificación enviada por Lexnet, en relación con el plazo de demanda y el auto de caducidad del recurso. El Supremo fija que, transcurridos los tres días del art. 162.2 LEC sin acceso, la notificación se entiende practicada el último de esos días; aun así, el recurrente conserva el «día de gracia» del art. 135.5 LJCA y puede presentar la demanda hasta las quince horas del cuarto día desde el envío. Diego Gómez reconstruye el supuesto de A Coruña en el que una demanda presentada a las 18:45 del cuarto día se tuvo por extemporánea.
La dosis de motivación exigible a los reglamentos
delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso
El artículo aborda el grado de motivación que cabe exigir a la potestad reglamentaria, un poder gubernativo que califica de exorbitante, y los límites que el control judicial puede imponer a esa discrecionalidad normativa.
[Artículo renderizado en cliente — resumen elaborado a partir del feed.]
El problema actual de la sentencia errónea
esPublico (Santiago González-Varas Ibáñez) · Derecho Administrativo y Contencioso
Santiago González-Varas plantea la falta de remedio efectivo frente a sentencias con errores crasos —errores de comprensión del asunto o incongruencia omisiva— dictadas en única instancia por la Audiencia Nacional, los TSJ o el propio Supremo. Repasa por qué, a su juicio, el recurso de casación tras la reforma de la LJCA, el amparo, la nulidad de actuaciones y el error judicial resultan vías de eficacia prácticamente nula, atendiendo a sus bajísimos porcentajes de admisión, y anuncia una segunda entrega sobre la admisión de las casaciones.
Autos y Sentendias del Tribunal Supremo en mayo
Emilio Aparicio · Derecho Administrativo y Contencioso
Emilio Aparicio resume la actividad de la Sala Tercera del mes (371 resoluciones procesadas) y destaca la STS 2253/2026: declarada la imposibilidad de ejecución de una sentencia, el tribunal está obligado a sustituirla por un equivalente económico ex arts. 105.2 LJCA y 18.2 LOPJ; añade que un error en la cuantificación del daño no hace decaer el derecho a la indemnización y que el daño moral se presume. Reseña además autos de admisión sobre modificación de bases de procesos selectivos ya iniciados, reclamación de indemnización sin previa reclamación patrimonial y consolidación de grado del interino.
Función Pública
Anulación de una prueba selectiva no eliminatoria y exclusión del aspirante
Contenciosos (Rafael Rossi Izquierdo) · Función Pública
Rafael Rossi comenta la STSJ Andalucía (Sevilla, Secc. 3ª) 551/2026, de 6 de junio de 2026, sobre las consecuencias de invalidar uno de los ejercicios de un proceso de consolidación al amparo de la Ley 20/2021. El tribunal rechaza que la invalidación de la parte A —por ruptura del anonimato— excluya automáticamente al aspirante: si las bases declaran la prueba no eliminatoria, la invalidación se traduce en cero puntos y debe ponderarse con la parte B, de modo que tratarla como ejercicio no calificado equivaldría a darle un carácter eliminatorio que las bases negaron.
Urbanismo y Medio Ambiente
Cuando el Ayuntamiento no es competente: el dominio público portuario
Orbenismo (Álvaro Cerezo) · Urbanismo y Medio Ambiente
Álvaro Cerezo comenta la STSJPV 1810/2026, de 21 de mayo de 2026, que anula la regulación municipal del estacionamiento sobre suelos del Puerto de Pasaia. El Ayuntamiento pretendía ordenar y autorizar el aparcamiento en zonas de dominio público portuario, incluida la zona de interacción puerto-ciudad, donde la Autoridad Portuaria conserva su titularidad y sus competencias. El tribunal aplica el principio de especialidad para desplazar la regulación general municipal y recuerda que el convenio de 2024 entre ambas partes alcanzaba mantenimiento y policía, pero no la competencia sobre estacionamiento que el Ayuntamiento ejerció de forma unilateral.
Lesividad, retribuciones y jurisdicción competente. STS 30 enero 2024. - Del blog de Rafael Rossi
Interesantísima sentencia reseñada por Rafael Rossi. Una abogada presta servicios para el Servicio Valenciano de Salud durante 25 años, por medio de una concatenación de contratos menores. Cuando finaliza la relación de servicios, acude a la jurisdicción social que declara la relación como laboral y el despido como improcedente. A lo que reacciona la Administración declarando la lesividad de las retribuciones percibidas en los contratos menores de los últimos cuatro años, por exceder de los que hubieran correspondido a una relación laboral, e impugnando aquellas retribuciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal Supremo declara que corresponde a la jurisdicción social el conocimiento de la impugnación, previa declaración de lesividad, de actos dictados en materia laboral.
> En esta entrada vamos a comentar un supuesto, con unos antecedentes muy singulares, resuelto en casación por la STS de enero de 2024.
> Antecedentes de hecho.
> 1.- La recurrente en casación prestó servicios para el Servicio Valenciano de Salud como abogada desde el 11 de enero de 1989 hasta el 1 de septiembre de 2014, prestación de servicios que traía causa de la contratación administrativa de servicios mediante la adjudicación de contratos menores.
> 2.- Una vez finalizada la relación de servicios, la abogada acude a la jurisdicción social reclamando el reconocimiento del carácter laboral de esa relación de servicios, peticionando en primer término el cese nulo y subsidiariamente su improcedencia con la opción de readmisión o la indemnización correspondiente.
> 3.- El TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, estima el recurso declarando la relación laboral y el despido como improcedente, con opción de readmisión o abono de la indemnización correspondiente, sentencia que es firme una vez el recurso de casación es inadmitido.
> 4.- La Administración, entiende que una vez declarado el vínculo laboral opera un límite salarial propio de lo letrados de la Abogacía de la Administración -conforme se establecía en las leyes de presupuestos para el personal laboral-, que se había excedido en este caso, ya que se habían satisfecho facturas en virtud de los contratos administrativos que superaban esos límites.
> 5.- En atención a estas circunstancias se inicia un procedimiento de declaración de lesividad respecto a esos excesos de abono que afecta a los últimos cuatro años.
> 6.- Interpuesto recurso contencioso administrativo es estimado por el TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, que avala la competencia del orden contencioso administrativo para conocer de este recurso.
> 7.- La recurrente interpone recurso de casación, que es admitido por Auto de 30 de marzo de 2023 de la Sección Primera del TS, que fija como cuestión de interés casacional objetivo la siguiente:
> «1º Si con base en una Sentencia firme de la Jurisdicción Social por despido improcedente, que determina la existencia de relación laboral y el salario que debería haber cobrado el trabajador a efectos de fijar el importe de la indemnización, puede la Administración declarar lesivos para el interés público los pagos efectuados por los servicios prestados bajo la relación jurídica anulada y que excedan de ese salario y, posteriormente, acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para obtener la nulidad o si, por el contrario, está obligada la Administración a plantear cualquier cuestión relativa a aquel salario ante la Jurisdicción Social, incluso la declaración de lesividad, debiendo someterse a los plazos de prescripción de las acciones previstos en la normativa laboral.
> 2º Si en caso de considerarse viable la declaración de lesividad, la revisión jurisdiccional de la misma es competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de la Jurisdicción Social (ex Artículo 151.10 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social).
> 3º Si, en caso de considerarse viable la declaración de lesividad y competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo lesivo y que, por tanto, podría ser objeto de dicha declaración de lesividad y estaría sometido al plazo de prescripción de 4 años (ex artículo 107.2 de la Ley 39/2015) es el contrato celebrado en fraude de ley, y que finalmente se considera laboral, o lo son los pagos derivados del mismo.»
> (…)
> 3.- Partiendo de esta premisa consideramos que la declaración de lesividad no debió ser conocida por el orden jurisdiccional contencioso administrativo sino por el laboral.
> El artículo 151.10 de la LRJS es claro cuando dispone que: «La Administración autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, está legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad». Es decir, procedería acudir a la jurisdicción social cuando se tratase de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a ese orden jurisdiccional. Y, como acabamos de ver, la declaración de lesividad tuvo por objeto actos declarativos de derechos derivados de normas de Derecho laboral: el contrato de trabajo y, en concreto, el salario percibido por la trabajadora.
> A este respecto hay que indicar que la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2015 (FJ3), dictada en el recurso de unificación de doctrina n.º 276/2014, indica que la «impugnación de actos de Administraciones Públicas, sujetos a derecho administrativo que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las prestaciones, se refiere a actos sujetos al derecho administrativo dictados por la autoridad administrativa en calidad de tal, esto es, en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral, y que por ello ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de que después la ley atribuya su conocimiento jurisdiccional, al orden social y no al contencioso-administrativo, siendo estos los supuestos para los que se establece la modalidad procesal del art. 151 de la LRJS».
> En definitiva, aunque en la gran mayoría de supuestos la declaración de lesividad nos abocará a la jurisdicción contencioso administrativo, el Tribunal Supremo excepciona del orden contencioso el conocimiento de estos recursos cuando entren en liza derechos y obligaciones derivados de una relación laboral, tratando de la competencia exclusiva de la jurisdicción social.
Albedrío jurídico: Hoja de ruta
> Por eso, este primer post del blog tiene dos objetivos:
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> En primer lugar, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestras felicitaciones, tanto públicas como privadas; por alentarnos a seguir, por habernos propuesto colaboraciones y haber aceptado colaborar con nosotras, por prestarnos un hueco en vuestras redes sociales y facilitar que se nos conozca, por el cariño, el impulso y la ilusión con la que habéis acogido nuestro proyecto y, por extensión, a nosotras. GRACIAS.
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> En segundo lugar, queremos dar a conocer la estructura y funcionamiento del blog, sus distintas secciones y los objetivos que nos planteamos en cada una de ellas; qué nos gustaría hacer y sobre todo, cómo nos gustaría llevarlo a la práctica.
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> Y como una imagen vale más que mil palabras, todo esto os lo explicamos en esta infografía:
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Qué buena noticia es este nuevo blog, creado por Consuelo Doncel y Jose Hernandez, dos conocidísimas, reconocidísimas y jovencísimas profesionales de la Administración Local. La hoja de ruta del proyecto tiene un aspecto estupendo y seguro que se convertirá en un sitio de referencia del derecho administrativo local. Buen viento en las velas.
Competencia de la jurisdicción social para controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados, también en el caso de funcionarios
Se trata de una reclamación de una funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Madrid, en demanda de una indemnización por importe de 109.730,92€, en concepto de daños materiales y morales causados por la falta de adopción de medidas de prevención frente al acoso laboral sufrido por parte del Ayuntamiento.
El Juzgado de lo Social declaró la falta de competencia de la jurisdicción social, y la Sala de lo Social del TSJ de Madrid confirmó el criterio desestimando el recurso de suplicación. Ambos órganos consideraron que no se pretendía una declaración de incumplimiento de las obligaciones de prevención, sino que se ejercitaba una reclamación de indemnización a la Administración Local demandada, lo que constituiría un supuesto de responsabilidad patrimonial correspondiente a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.e) LJCA.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara la competencia de la jurisdicción social para conocer de las reclamaciones de indemnización de daños por incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, también en el caso de los funcionarios de las Administraciones Públicas.
En primer lugar, la STS nº 1102/2021 analiza la sentencia de contraste aportada por la recurrente, Sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana el 17 de diciembre de 2015, recurso número 2930/2015, que declaró la competencia de la jurisdicción social en un asunto que presentaba identidad suficiente como para cumplir la carga procesal del recurso para la unificación de doctrina, por lo que el Alto Tribunal considera que procede entrar a conocer del fondo del asunto.
En el análisis del recurso de casación, la STS nº 1102/2021 parte del tenor literal del artículo 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.El Tribunal Supremo analiza a continuación anteriores pronunciamientos relativos al orden jurisdiccional competente para conocer de las demandas formuladas por funcionarios frente a la Administración Pública:Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
FUNDAMENTO CUARTO: La demanda contiene dos pedimentos, uno, la condena a adoptar medidas preventivas y paliativas en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y el otro, el resarcimiento por los daños causados que se plasma en la petición de una indemnización por importe de 109.730,92 €.En definitiva, la Sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa la sentencia recurrida, estima el recurso de suplicación y declara la competencia de la jurisdicción social, devolviendo las actuaciones al Juzgado de lo Social para la resolución de las pretensiones contenidas en la demanda.La sentencia impugnada ha apreciado falta de competencia de la Jurisdicción Social respecto al segundo de los pedimentos.
Hemos de poner de relieve, como ya se adelantó, que la Jurisdicción Social también es competente para conocer de dicho segundo pedimento. En efecto, la literalidad del artículo 2 e) de la LRJS, no deja lugar a dudas (…) Del precepto parcialmente transcrito resulta que la reclamación de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales es competencia del orden social de la jurisdicción. Así lo ha señalado la Sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2018, recurso 2605/2016: “Consecuentemente, es de aplicar lo dispuesto en el art. 2-e) de la LJS que atribuye la competencia a esta jurisdicción cuando se trata de controlar judicialmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados por ese concepto”.
Ignasi Beltrán sobre la nueva reforma laboral 2021 y el impacto en contratas y subcontratas y el «trabajo externalizado»
Una primera lectura del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, por Alex Santacana, Socio Director del Departamento Laboral Roca Junyent, en LinkedIn: