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El Ayuntamiento de Bilbao aprueba provisionalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

Ongi etorri, Alkate jauna. Pozgarria da zu berriz Pleno aretoan ikustea.

De la nota de prensa publicada en la página web del Ayuntamiento:

Bilbao, 18 de diciembre de 2020.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO APRUEBA PROVISIONALMENTE EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) DE LA CIUDAD

  • Hoy, se ha dado un nuevo e importante paso en la tramitación del nuevo PGOU de Bilbao, herramienta que determinará el futuro urbanístico de la ciudad en los próximos años.
  • En la elaboración de este PGOU la ciudadanía ha jugado un papel muy importante, ya que el documento ha estado abierto a la participación de la misma en diferentes momentos. Ya, en el propio Avance del Plan General, fueron recogidas más de 4.000 aportaciones y propuestas.
  • El modelo de ciudad que se plantea en el nuevo plan es el resultado de la fusión de los objetivos urbanísticos propiamente dichos con los relacionados, entre otros con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, o las demandas ciudadanas tales como la inclusión de la perspectiva de género en la planificación urbana.
  • A partir de este momento, al nuevo PGOU le resta para su aprobación definitiva –prevista para junio o julio de 2021– recibir la Declaración Ambiental Estratégica del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).

Todavía no se ha publicado la documentación de la aprobación provisional. La documentación del segundo plazo de información pública está aquí: Bilbao Aurrerago, aunque permaneceremos atentos de la publicación a la documentación actualizada.

Actualización: Aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU)


El recurso especial ante el OARC/KEAO durante y después del estado de alarma

EL RECURSO ESPECIAL ANTE EL OARC/KEAO DURANTE Y DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA (ACTUALIZADO A 27/05/2020)

Pretendo en este artículo resumir la situación transitoria en la que se encuentra el recurso especial en materia de contratación en el ámbito competencial del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC/KEAO, en lo sucesivo), a raíz del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y de las sucesivas modificaciones normativas dictadas en este período.

El artículo se publicó originariamente el 10 de mayo, pero ha sido actualizado a 27 de mayo de 2020, y será actualizado periódicamente a partir de futuros cambios normativos.

El artículo no analiza la situación en la que se encuentran los recursos administrativos ordinarios, en las licitaciones que no son susceptibles de recurso especial.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.- Modificaciones normativas

2.- Notas informativas del OARC/KEAO

3.- Cómo quedan los recursos especiales

1.- Modificaciones normativas

Desde la declaración de estado de alarma, se han sucedido las siguientes normas con incidencia en la tramitación de los procedimientos de contratación del sector público y de los recursos especiales correspondientes:

  • 14 de marzo de 2020: Entra en vigor el Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma y determina, por aplicación de su disposición adicional tercera, la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de contratacion de las entidades del sector público, así como para el inicio de nuevos procedimientos de contratación.
  • 18 de marzo de 2020: Entra en vigor el Real Decreto 465/2020, que modifica el apartado 4 de la disposición adicional tercera antes citada, permitiendo el inicio y la continuación de aquellos procedimientos administrativos, también los de contratación, referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
  • 23 de abril de 2020: Entra en vigor el Real Decreto-ley 15/2020, cuya disposición adicional décima añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, para determinar que los procedimientos de contratación que se hayan iniciado o continuado al amparo del apartado 4 de la D.A.3ª del RD 463/2020 al que nos hemos referido antes, serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la LCSP, computándose los plazos de interposición con normalidad conforme a la propia Ley, sin que opere en estos casos el régimen de suspensión y reanudación de plazos administrativos del estado de alarma.
  • 7 de mayo de 2020: Entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2020, cuya disposición adicional octava determina el levantamiento de la suspensión y, en su consecuencia, la continuación e inicio de los procedimientos de contratación del sector público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, y extendiéndose la medida a los recursos especiales que procedan.
  • 23 de mayo de 2020: Entra en vigor el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, cuyo artículo 9 establece que «Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas».
  • Lo anterior guarda relación con la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que establece que «El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma».

2.- Notas informativas del OARC/KEAO

El OARC/KEAO ha publicado diversas notas informativas, conforme se iban sucediendo los anteriores cambios:

  • 16 de marzo de 2020: Con la entrada en vigor del estado de alarma, el OARC/KEAO publica una primera nota por la que anuncia la suspensión de su actividad: «El OARC/KEAO no dictará acto alguno sobre los procedimientos de recurso o reclamación [de sectores especiales] durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 o prórroga de la misma, incluyendo su resolución definitiva, medidas provisionales o cualquier otro acto de trámite o instrucción (requerimiento de expediente e informe al poder adjudicador, concesión de plazo para alegaciones a los interesados, traslado del recurso al poder adjudicador, vista del expediente al recurrente, etc.)».
  • 23 de abril de 2020: El OARC/KEAO publica una segunda nota, a resultas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020 antes citado, para precisar cómo va a tramitar los recursos especiales referidos a su ámbito de aplicación.
  • 8 de mayo de 2020: El OARC/KEAO publica una tercera nota, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2020, para precisar nuevamente el régimen resultante para la tramitación de los recursos especiales.
  • 26 de mayo de 2020: El OARC/KEAO publica una cuarta nota, con ocasión de la entrada en vigor del Real Decreto 573/2020, para explicar cómo va a tramitar los recursos especiales a partir del 1 de junio de 2020, para procedimientos de contratación suspendidos hasta entonces.

3.- Cómo quedan los recursos especiales

De acuerdo con esta sucesión normativa, se puede hacer el siguiente resumen acerca de cómo se van a tramitar los recursos especiales que procedan en cada caso en el ámbito del OARC/KEAO:

1.- Procedimientos de contratación que (1) no se tramiten por medios electrónicos; y (2) no se refieran a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, ni sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios:

  • Estas licitaciones seguirán suspendidas hasta el 1 de junio de 2020, momento a partir del cual se alzará su suspensión por lo dispuesto en el Real Decreto 537/2020, en relación con el apartado 1 de la D.A.8ª del Real Decreto-ley 11/2020, que dispone el reinicio del plazo de recurso: «el plazo se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma, con independencia del tiempo transcurrido desde la notificación del acto impugnable con anterioridad a la declaración de dicho estado».
  • El OARC/KEAO ha precisado en su nota de 26 de mayo de 2020 que «El día 1 de junio de 2020 se iniciará el cómputo íntegro del plazo de interposición del recurso especial previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017 (...), en los términos previstos en el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020. Esta regla no afectará a los recursos especiales contra actos impugnables incluidos en procedimientos de contratación no suspendidos». A estos me referiré en los siguientes apartados.
  • Para cualesquiera otros procedimientos de resolución de recurso especial que sigan suspendidos a fecaj de 1 de junio, el OARC/KEAO ha añadido en su nota de 26 de mayo que «Con efectos del día 1 de junio de 2020, el OARC/KEAO reanudará la tramitación de los procedimientos de resolución de recurso especial previstos en los artículos 56 y concordantes de la LCSP que se encuentren suspendidos con anterioridad a dicha fecha»

2.- Procedimientos de contratación que (1) se tramiten o no por medios electrónicos; (2) hubieran iniciado o continuado su tramitación, antes del 7 de mayo de 2020, al amparo del apartado 4 de la D.A.3ª del RD 463/2020 (por referirse a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o ser indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios):

  • Estos no han estado suspendidos, y se ha podido o se puede interponer recurso especial, aplicándose los plazos de interposición del artículo 50 LCSP con normalidad, pero el primer día del cómputo del plazo no podrá ser, en ningún caso, anterior al día 23 de abril, fecha en que entró en vigor el Real Decreto-ley 15/2020 que introdujo esta modificación.
  • Por lo tanto, el plazo más habitual de quince días hábiles, que se iniciara el día 23 de abril, finalizó el 15 de mayo de 2020.

3.- Procedimientos de contratación que (1) se tramiten por medios electrónicos; y (2) que no hubieran iniciado o continuado su tramitación, antes del 7 de mayo de 2020, al amparo del apartado 4 de la D.A.3ª del RD 463/2020:

  • Estos tampoco han estado suspendidos desde el 7 de mayo, y se ha podido o se puede interponer recurso especial, aplicándose los plazos de interposición del artículo 50 LCSP con normalidad.
  • Para los actos impugnables publicados, notificados o de los que se haya tenido conocimiento antes del 6 de mayo y cuyo plazo de interposición no haya transcurrido ya en su totalidad, el cómputo se inicia íntegramente el 7 de mayo, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2020.
  • Por lo tanto, el plazo más habitual de quince días hábiles, que se iniciara el día 7 de mayo, finaliza el 27 de mayo de 2020.

4.- Recursos especiales ya interpuestos hasta el día 6 de mayo de 2020, en procedimientos que se tramiten por medios electrónicos:

  • En la nota de 8 de mayo, el OARC/KEAO aclara que, con independencia de lo señalado para los casos antes descritos, «tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 LCSP y demás normativa generalmente aplicable todos los procedimientos relativos a recursos especiales interpuestos hasta el 6 de mayo de 2020 pendientes de resolución a fecha de hoy y referidos a procedimientos de contratación tramitados por medios electrónicos. Los plazos para los trámites legalmente previstos pendientes de realización hasta dicha resolución se reanudarán a partir de dicha fecha».
  • Es decir que, para las licitaciones tramitadas por medios electrónicos, y en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 17/2020, el OARC/KEAO levanta la suspensión de la tramitación de los recursos especiales ya interpuestos, que se había impuesto en la nota informativa de 16 de marzo de 2020.

El levantamiento de la suspensión de las licitaciones públicas y otras medidas del Real Decreto-ley 17/2020

EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS DEL REAL DECRETO-LEY 17/2020

Se ha publicado en el BOE núm. 123, de 6 de mayo de 2020, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

Aparte de su objeto principal (las medidas de apoyo al sector cultural), acuerda el levantamiento de la suspensión de los procedimientos de contratación publica, permitiendo su continuación y también el inicio de nuevos procedimientos de licitación, modifica el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, con la intención declarada de completar y aclarar las medidas de suspensión e indemnización de los contratos en ejecución y matiza también el régimen de los encargos a medios propios personificados por parte de entidades públicas que no son poder adjudicador.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.- Continuación e inicio de los procedimientos de contratación pública suspendidos durante el estado de alarma

2.- Modificación del artículo 34 del RD-ley 8/2020

3.- Modificación del régimen de los medios propios personificados

4.- Medidas en relación con los contratos públicos de interpretación artística y de espectáculos suspendidos o resueltos

1.- Continuación e inicio de los procedimientos de contratación pública suspendidos durante el estado de alarma

Como he adelantado, este RD-ley 17/2020 levanta por fin la suspensión que pesaba sobre las licitaciones públicas, devolviéndolas a la más completa normalidad y posibilitando su continuación, así como el inicio de nuevas licitaciones, incluido el régimen de los recursos especiales que en cada caso resulte de aplicación.

Eso sí, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos. Esta precisión no debería suponer un problema, porque todo el sector público debería estar licitando electrónicamente con normalidad. En aquellos lugares donde aún se siga tramitando en papel, es una buena oportunidad (una más) para ponerse al día.

Así se expresa la Disposición adicional octava:

Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma.

A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.

Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.

En una conversación en Twitter, María Pilar Batet se ha preguntado qué sentido tiene que esta Disposición adicional octava regule el levantamiento de la suspensión «a los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo».

Esta es la opinión apresurada que he expresado:

«No tiene sentido, salvo por la realidad inconfesable de la persistencia de las licitaciones no electrónicas. Quiero decir: el RD 463/2020 permite la continuación de las licitaciones que se declaren indispensables. El RD-ley 17/2020 levanta la suspensión,pero referida a licitaciones electrónicas. Que deberían ser todas, pero el que lo ha redactado se ha imaginado la realidad de un montón de licitaciones en papel, con sobres físicos y actos presenciales de apertura, y ha pensado que eso es foco de contagio. Así que solo electrónicas. Por tanto, en lugar de sustituir todo el apartado 4 de la DA3 RD 463, se ha optado por mantenerlo en vigor y regular el levantamiento de la suspensión en disposición aparte. Con lo cual, se levanta la suspensión de las licitaciones electrónicas, y se mantiene la suspensión de las licitaciones en papel (que no deberían existir pero existen), que solo se podrá levantar si son declaradas indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento basico de los servicios. Todo absurdo, pero es lo que tenemos ahora mismo».

Por lo tanto, y valiéndome de un tuit de Marta Alba Pacheco, concluyo que nos encontramos con estas situaciones:

  • Procedimientos de contratación no suspendidos porque hacían referencia a situaciones derivadas del estado de alarma;
  • Procedimientos no suspendidos porque habían sido declarados indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios;
  • Procedimientos suspendidos porque no utilizan medios electrónicos (ap.1 de la DA 3 RD 463/2020) y,
  • Procedimientos reanudados o iniciados íntegramente electrónicos (D.A. 8 RDley 17/2020).

2.- Modificación del artículo 34 del RD-ley 8/2020

La Disposición final novena del RD-ley 17/2020 modifica el artículo 34 del RD-ley 8/2020 en los siguientes aspectos.

En primer lugar, permite que las indemnizaciones se vayan abonando como anticipos a cuenta, sin esperar a que termine todo el período de suspensión, en los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva. A tal fin, se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:

«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».

No me gusta la modalidad elegida. El artículo 34 permite la indemnización de los gastos efectivamente abonados y, por lo tanto, debería haberse aclarado la posibilidad de efectuar pagos parciales, no anticipos a cuenta, a medida que los contratistas fueran asumiendo efectivamente dichos gastos, y por el importe de esos gastos efectivamente asumidos.

Se opta por la modalidad de los anticipos a cuenta, introduciendo un concepto indeterminado como en el de «importe estimado de la indemnización», y disponiendo que se descontará de la liquidación del contrato. ¿Por qué ha de esperarse a esa liquidación, no sería más lógico descontar los abonos a cuenta de la indemmización definitiva que se fije una vez que se levante la suspensión del contrato?

Además, se posibilita que el órgano de contratación exija que esos anticipos sean garantizados por el contratista, haciéndole incurrir en gastos de aseguramiento, cuando el objetivo debería ser el de ayudar a la liquidez de las empresas, en sintonía con el preámbulo del RD-ley 8/2020, que expone que «se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución (…) y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas (…) tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo».

Como recogeré más abajo, en los contratos de interpretación artística o espectáculos, para los que se reconoce también un abono a cuenta del precio en casos de suspensión, se establece expresamente que no hará falta que se presten garantías. ¿Por qué sí en los demás casos?ç

En mi opinión, se tiene que dejar a un lado la modalidad de anticipos a cuenta y permitir los pagos parciales de gastos efectivamente abonados, a medida que el contratista vaya incurriendo en los mismos.

En segundo lugar, se introduce una precisión en lo relativo a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. El último párrafo del apartado 4 del artículo 34 decía lo siguiente:

Redacción original: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo».

Y se le añade un nuevo inciso:

Nueva redacción: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad».

Por último, para aclarar las dudas que había suscitado el apartado 7 del artículo 34, se introduce un párrafo más, que es ciertamente farragoso pero que, conforme se expone en el preámbulo, responde a la finalidad de aclarar «el ámbito de aplicación, incluyendo los contratos actualmente vigentes celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego».

Así, se añade un párrafo final al apartado 7 del artículo 34, que pasará a tener este contenido completo (completo, complejo y yo creo que innecesario, pues la aplicación del artículo 34 «a todos los contratos vigentes a 14 de marzo de 2020» ya era suficientemente clara):

(Párrafo original) A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

(Párrafo adicional) También tendrán la consideración de “contratos públicos” los contratos de obras, los contratos de servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios a un contrato de obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación, así como los contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos los contratos de gestión de servicios públicos; celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; siempre que estén vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego. En estos contratos, no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo, además de las disposiciones señaladas en sus apartados 1 y 3, lo dispuesto en los artículos relativos a indemnizaciones por suspensiones de contratos en la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas indemnizaciones por suspensión previstas en los pliegos de contratos en el ámbito de la normativa de contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

3.- Modificación del régimen de los encargos a medios propios personificados de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador

El RD-ley 7/2020 también introduce algunas modificaciones en el artículo 33 de la LCSP 9/2017, en lo referido a los encargos a medios propios conferidos por entidades públicas que no sean poderes adjudicadores (las ENPA regidas por el Título II del Libro Tercero, artículos 321 y 322).

Así, el preámbulo del RD-ley explica que se considera necesario modificar el citado artículo 33 «cuya interpretación ha suscitado en ocasiones dudas, con el fin de completar y precisar más su redacción, así como de facilitar que los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas puedan ejercer las funciones que tienen conferidas con la máxima eficiencia y coordinación, aspectos ambos especialmente necesarios en las actuales circunstancias económicas y sociales derivadas del COVID-19, siempre con pleno respeto a la libre competencia».

En este sentido, la modificación pretende aclarar que «el requisito del control exigido para la consideración de un medio propio personificado respecto de una [ENPA] se remite al previsto para los poderes adjudicadores; y se precisa el régimen aplicable a los encargos horizontales, es decir, los casos en que una entidad del Sector Público estatal de las característica indicadas realice un encargo a otra del mismo sector, controladas ambas, directa o indirectamente, por una misma entidad de dicho sector, así como el régimen de la compensación a percibir en estos casos por la entidad que reciba el encargo».

La modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 3 LCSP es del siguiente tenor literal:

«2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el sentido del artículo 32.2.a), primer y segundo párrafos de esta Ley, sobre el ente destinatario del mismo.

b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública.

c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas».

«3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que una entidad del Sector Público estatal realice un encargo a otra del mismo sector, siempre que la entidad que realiza el encargo y la que lo reciba estén controladas, directa o indirectamente, por la misma entidad de dicho sector y, además, la totalidad del capital social o patrimonio de la entidad destinataria del encargo sea de titularidad pública. En este supuesto, el requisito del apartado 2.c) anterior, cuya acreditación deberá reflejarse en la forma dispuesta en él, se entenderá cumplido por referencia al conjunto de actividades que se hagan en el ejercicio de los cometidos que le hayan sido confiados por la entidad que realiza el encargo, por la entidad que controla directa o indirectamente tanto a la entidad que realiza el encargo como a la que lo recibe, así como por cualquier otra entidad también controlada directa o indirectamente por la anterior. En estos casos, la compensación a percibir por la entidad que reciba el encargo deberá ser aprobada por la entidad pública que controla a la entidad que realiza el encargo y a la que lo recibe, debiendo adecuarse dicha compensación y las demás condiciones del encargo a las generales del mercado de forma que no se distorsione la libre competencia.

La posibilidad que establece el párrafo anterior también podrá ser utilizada por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas dentro de cada uno sus respectivos sectores públicos».

4.- Medidas en relación con los contratos públicos de interpretación artística y de espectáculos suspendidos o resueltos

Por último, y entrando de lleno en el objeto propio y en el articulado principal del RD-ley 17/2020 de medidas de apoyo al sector cultural, se adoptan ciertas medidas en relación con los contratos públicos de interpretación artística y de espectáculos que, con motivo del COVID-19, han sido objeto de suspensión o resolución.

En este sentido, el artículo 4 del RD-ley 17/2020 se puede resumir de la siguiente manera:

  • Se aplica a los contratos de interpretación artística y de espectáculos de cuantía no superior a 50.000 euros, que se vean afectados por el COVID-19 o las medidas para combatirlo.
  • Se aplica en los contratos de todas las entidades del sector público.
  • En los casos en los que se acuerde la modificación o suspensión, para ser ejecutados en una fecha posterior, se podrá abonar al contratista hasta un 30 por ciento del precio del contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio.
  • En este caso, este anticipo a cuenta no estará supeditado a la prestación de garantía (pobres contratistas no artísticos).
  • En los casos en los que se produzca la resolución de estos contratos, por la causa prevista en la letra g) del apartado 1 del artículo 210 LCSP (es una errata, quiere decir 211), es decir, La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205, en lugar de la indemnización del 3 % del precio del contrato que se establece en el artículo 213.4 LCSP, se podrá acordar una indemnización a favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni superior al 6 % del precio del contrato.

Obras que siguen suspendidas durante el estado de alarma

OBRAS QUE SIGUEN SUSPENDIDAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, el Real Decreto-ley 10/2020 estableció un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena de actividades no esenciales, con la finalidad de paralizar tales actividades y reducir la movilidad de la población como medidas de lucha contra el COVID-19.

Entre las actividades que se paralizaron se encontraban las obras, públicas o privadas. Algunas habían tenido que parar antes, con el propio estado de alarma, pero la mayoría se vio en la obligación de suspender su ejecución en ese momento.

El 9 de abril se acabó el permiso retribuido recuperable y el día 13 se reanudaron las actividades paralizadas. Sin embargo, algunas obras no pudieron continuar, y todavía siguen suspendidas, por haberlo dictado así el Ministerio de Sanidad.

En concreto, la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, mantuvo la suspensión de las obras de intervención en edificios existentes, para evitar el riesgo de contagio para personas no relacionadas con dichas obras.

Y en el BOE de 3 de mayo se ha publicado la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, que modifica la anterior, introduciendo algunas matizaciones para adaptar la instrucción a la evolución constante de la situación.

A modo de resumen, las cosas a fecha de 3 de mayo de 2020 están así, hasta que se dicten nuevas órdenes adaptativas:

Norma general: obras que quedan suspendidas

Toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, cuando se den las siguientes circunstancias:

  • Que en el inmueble se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra,
  • Y que puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales,
  • Tanto si la presencia de las personas ajenas a la obra se debe a su ubicación permanente o temporal como a necesidades de circulación,
  • Y tanto si esa presencia se debe a razones de residencia, trabajo u otras causas.

En los contratos públicos de obra que queden suspendidos en estas circunstancias, a mi modo de ver, será de aplicación el régimen de suspensión e indemnizaciones establecido en el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, dado que se trata a todas luces de una medida adoptada para combatir el COVID-19, en concreto su riesgo de contagio, que determina la imposibilidad de ejecución del contrato.

Excepciones: obras que pueden continuar

La norma intenta precisar mejor los casos excepcionales en los que se puede continuar con la obra, en determinados supuestos y bajo estrictas condiciones que tienen por finalidad asegurarse de que se evita el riesgo de contagio al que responde la norma general. Así, pueden seguir:

1.- Obras en las que no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra:

  • Sea por el tipo de intervención,
  • por las circunstancias de sectorización del inmueble
  • o por las circunstancias de delimitación de espacios y recorridos de circulación.

2.- Obras en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

  • a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
  • b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.
  • c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

3.- Trabajos y obras puntuales para reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

En todos estos casos (1, 2 y 3), también se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.


Nuevo Real Decreto-ley acoge la recomendación de la JCCA y permite recursos especiales en licitaciones indispensables

ACTUALIZACIÓN: Cómo quedan los recursos especiales ante el OARC/KEAO

La publicación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, me ha llevado a publicar un resumen de cómo quedan los recursos especiales en los diversos supuestos derivados de los sucesivos cambios normativos, en el ámbito competencial del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC/KEAO).


NUEVO REAL DECRETO-LEY ACOGE LA RECOMENDACIÓN DE LA JCCA Y PERMITE RECURSOS ESPECIALES EN LICITACIONES INDISPENSABLES

Comentaba en este artículo anterior que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado había abogado por una modificación del Real Decreto-ley 11/2020 con el fin de que los tribunales contractuales pudieran tramitar y resolver los recursos especiales correspondientes a procedimientos de contratación que previamente hubieran sido declarados por el órgano de contratación como indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios.

Pues bien, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado en el BOE de 22 de abril de 2020, ha acogido esta recomendación y, en su Disposición final décima, sobre modificación del RDL 11/2020, ha introducido el texto íntegro propuesto por la JCCA:

Sexto. Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

«3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera.

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición adicional [que el cómputo del plazo para interponer el recurso se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación con anterioridad a la declaración del estado de alarma] a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley».

Por lo tanto, después de unos cuantos artículos doctrinales y diversas soluciones aplicadas en algunas comunidades autónomas, queda definitivamente despejada la vía para iniciar y continuar las licitaciones que se consideren indispensables para la protección del interés general y el funcionamiento básico de los servicios. Si tienen un valor estimado superior a los umbrales establecidos, serán susceptibles de recurso especial en todos los términos establecidos por la LCSP, y deberán tramitarse con normalidad. Esto significa, al fin y al cabo, que se levanta la suspensión de los plazos administrativos para la tramitación de licitaciones indispensables, que tanta parálisis estaba provocando en muchos órganos de contratación.


La JCCP del Estado aboga por una modificación legal que permita tramitar recursos especiales en licitaciones indispensables

En el informe de 7 de abril de 2020, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado aboga por una modificación del Real Decreto-ley 11/2020 con el fin de que los tribunales contractuales puedan tramitar y resolver los recursos especiales correspondientes a procedimientos de contratación que previamente hayan sido declarados por el órgano de contratación como indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios.

Enlace a la página de la JCCP que publica el informe.

Enlace para descargar directamente el informe.

Comienza la JCCP recordando que la suspensión de todos los plazos de los procedimientos administrativos decretada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma por la crisis del COVID-19, también aplicable a los procedimientos de contratación de todas las entidades del sector público, tiene una excepción, recogida en el apartado 4 de la disposición adicional tercera, en virtud de la cual las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

El debate crucial que se viene produciendo estos días surge con los supuestos de contrataciones que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, sobre todo, aquellos sujetos a recurso especial por la cuantía de su valor estimado: la suspensión de los plazos para interponer recurso especial ¿paraliza toda la actividad de contratación de las Administraciones y entidades del sector público?

En primer lugar, la JCCP afirma la importancia de «la satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales», y entiende que «ha de ponderarse adecuadamente (…) la protección de los derechos e intereses de los licitadores de los contratos públicos», que el legislador habría subordinado «a la necesidad de que se ejecuten los contratos públicos esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos más básicos».

Así, la JCCP concluye que «la interpretación racional de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 (…) debería suponer necesariamente que la exención de la suspensión de los procedimientos referentes a los contratos públicos que son indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios ha de alcanzar también (…) al recurso especial en materia de contratación que contra el mismo proceda».

Sin embargo, el informe encuentra un escollo insalvable en la última legislación de urgencia. En efecto, la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ha establecido:

«El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa (...), en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación».

La JCCP considera aplicable esta norma a los recursos especiales, en tanto que son recursos administrativos, y porque «tampoco parece sencillo negar que la adjudicación de un contrato público puede suponer efectos desfavorables para los licitadores no adjudicatarios», por lo que «parece difícil que el plazo para interponer el recurso corra hasta la finalización del estado de alarma», lo que «comportaría que precisamente aquellos contratos en que el legislador ha querido excepcionar la regla general de la suspensión de los procedimientos de las entidades del sector público, se vieran irremisiblemente detenidos por la paralización de un eventual recurso contra el acto de adjudicación, que tiene efectos suspensivos por ministerio de la ley (artículo 53 LCSP) y que impide la formalización y ejecución del contrato».

Por eso, el informe de la JCCP considera conveniente una modificación legal para este tipo de procedimientos con el fin de que los tribunales contractuales dispongan de una habilitación legal clara y expresa para tramitar los recursos relativos a licitaciones que han sido declaradas indispensables por sus respectivos órganos de contratación, para la protección del interés general y el funcionamiento básico de los servicios, y propone la siguiente redacción para la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020:

«3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera.

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley».

En mi opinión, esta modificación o aclaración legal es totalmente necesaria para que los órganos de contratación puedan lanzar sus licitaciones con seguridad jurídica y los licitadores vean protegidos sus legítimos intereses, porque la transparencia, la igualdad y no discriminación de los procedimientos de contratación también son cuestiones de interés general.

Isabel Gallego Córcoles, en este artículo de OBCP, aportaba desde la academia una interpretación muy sugerente sobre la naturaleza post-contractual del recurso especial actual, que permitiría continuar las contrataciones hasta la formalización sin que el recurso especial perdiera su función revisora de las cuestiones sustantivas o de fondo del procedimiento de contratación; e incluso cabe decir que, conforme a esta nota informativa, el tribunal contractual de Castilla y León (TARCCYL) había decidido tirar por la calle de en medio y, sin mayor habilitación legal, tramitar los recursos especiales de contratos indispensables.

Pero la seguridad jurídica es imprescindible y es más que probable que esos recursos especiales estén, en las condiciones de la legislación actual, viciados de nulidad. Por eso la iniciativa legislativa del Gobierno de Aragón apunta a la vía adecuada (artículos 7 y 16 del Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo) y la modificación del RDL 11/2020 en el sentido apuntado por la JCCP sería más que necesaria.


NOTA: Con relación al supuesto relativo a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, no hay mucha duda: la JCCP las define como todas las licitaciones que se refieran a prestaciones dirigidas a la lucha contra el COVID-19, y recuerda que, conforme al artículo 16.2 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, pueden continuar por los cauces de la tramitación de emergencia del artículo 120 LCSP, sin que puedan someterse a recurso especial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 LCSP.


Novedades para los contratos públicos en el Real Decreto-ley 11/2020

Novedades para los contratos públicos en el Real Decreto-ley 11/2020

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 también trae novedades relevantes para los contratos públicos en estos tiempos de crisis sanitaria:

  1. Los gastos salariales a indemnizar incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social
  2. Se descuenta el permiso retribuido recuperable
  3. Suspensión parcial de servicios y suministros de prestación sucesiva
  4. Suspensión total o parcial de los servicios de seguridad y limpieza
  5. Modificación de la LCSP para incluir un supuesto excepcional de duración de los contratos de servicios y suministros superior a cinco años

En primer lugar, la disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y, en concreto, el artículo 34 con efectos desde la entrada en vigor del propio RDL 8/2020:

Los gastos salariales a indemnizar incluyen las cotizaciones a la seguridad social

Una precisión muy bienvenida, aunque estaba siendo aceptado de manera bastante generalizada.

Se añade un apartado 8 al artículo 34, que dice «A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran».

Se descuenta el permiso retribuido recuperable

Se responde a la pregunta que me hacía en este artículo ¿Habrá que descontar el permiso retribuido recuperable de los gastos salariales a indemnizar por suspensión de los contratos públicos?

Así, se precisa que las Administraciones abonarán los gastos salariales, incluido lo que los empresarios paguen como permiso retribuido recuperable, pero estas cantidades se considerarán abonos a cuenta que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato.

«No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, > > > el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta> > > por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato».

Suspensión parcial de servicios y suministros de prestación sucesiva

Así, para los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva, se distinguen los supuestos de suspensión total de los de suspensión parcial, y se precisa ahora que en las suspensiones parciales los daños y perjuicios a abonar (gastos salariales durante la suspensión y demás conceptos incluidos para la suspensión total) serán los correspondientes a la parte del contrato suspendida.

Suspensión total o parcial de los servicios de seguridad y limpieza

Será posible su suspensión total o parcial, y lo será tanto a instancia del contratista como de oficio.

¿En qué casos? Cuando, como consecuencia de las medidas adoptadas en esta crisis sanitaria, alguno o algunos de los edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados.

En el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la misma se reabra.

A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a restablecer el servicio en los términos pactados.

Modificación de la LCSP para incluir un supuesto excepcional de duración de los contratos de servicios y suministros superior a cinco años

La disposición final séptima de este RDL 11/2020 modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 29 LCSP 9/2017, que queda redactado como sigue:

«Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario».

Esto, en realidad, solo supone que se amplía a los contratos de suministros lo que el artículo 29.4 ya decía sobre los contratos de servicios, pues el párrafo es idéntico en todo lo demás al anterior.


ACTUALIZACIÓN (2) ¿Habrá que descontar el permiso retribuido recuperable de los gastos salariales a indemnizar por suspensión de los contratos públicos?

Nueva actualización (2020-04-14)

Se acaba de conocer un nuevo informe de la Abogacía del Estado, firmado el día 13 de abril de 2020, sobre el permiso retribuido recuperable y su relación con la suspensión de los contratos públicos conforme al artículo 34 del RDL 8/2010.

En opinión de la Abogacía del Estado, el permiso retribuido recuperable regulado por el RDL 10/2020 «no ha convertido en “imposible” ejecutar los contratos de obra, pues no se produce ese efecto por el solo hecho de que a los trabajadores empleados en la obra se les conceda un “permiso” que, además, es “recuperable”. En consecuencia, no procede por tal motivo acordar la suspensión del contrato conforme al artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Ello sin perjuicio de que, una vez se establezca el modo de recuperar el tiempo del permiso, pueda ser necesario, eventualmente, reajustar al programa de trabajo de la obra».

Concluye así el informe que «las solicitudes presentadas por las empresas contratistas (…) que, cumpliendo formalmente los requisitos del artículo 34.3 del Real Decreto- ley 8/2020, vinculen la imposibilidad de ejecución del contrato de obra al permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no resultan atendibles».

Es decir, que la «imposibilidad de ejecutar el contrato» no puede justificarse únicamente en la entrada en vigor del permiso retribuido recuperable del RDL 10/2020, según la Abogacía del Estado.

MI OPINIÓN: No puedo estar de acuerdo, porque el artículo 34 RDL 8/2020 se aplica en todos los supuestos «cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas para combatirlo» (apartado 1) o «como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas» (apartado 3) y está claro que el permiso retribuido recuperable para actividades no esenciales, con la finalidad de reducir la movilidad y los contagios, expresamente declarada así en el RDL 10/2020, es una medida adoptada para combatir el virus.

Por lo tanto, puede por sí solo provocar la imposibilidad de ejecución del contrato, como de hecho hizo en muchas obras que continuaron en las primeras semanas del estado de alarma, adaptando su plan de obra a las dificultades de cada momento, pero que tuvieron que parar cuando el Gobierno ordenó que todas las actividades no esenciales pararan y reguló el permiso retribuido recuperable.

De hecho, con la interpretación de la Abogacía del Estado, no tendría sentido la reforma del artículo 34.1 introducida por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que aclaró que, en los contratos que se suspendan por los motivos descritos, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.

Parece que la interpretación de la Abogacía del Estado quiere distinguir dos situaciones: por un lado, los contratos que se suspendieron desde el comienzo del estado de alarma, cuya imposibilidad de ejecución estaría justificada y a los que se aplicaría el permiso retribuido recuperable por el tiempo que este durara; por el otro, los contratos cuya ejecución se suspendió cuando entró en vigor el RDL 10/2020, cuya imposibilidad de ejecución no podría justificarse en esa sola circunstancia, por lo que no resultarían atendibles salvo que pudieran fundamentar la imposibilidad en otras razones.

En mi opinión, se trata de una distinción injustificada y discriminatoria, que además no encuentra amparo en la letra del artículo 34 del RDL 8/2020. El permiso retribuido recuperable también es una medida que por sí sola justifica la suspensión del contrato y la aplicación del régimen indemnizatorio del citado artículo 34.

Otra cosa es que los salarios abonados durante ese permiso no sean una indemnización, sino un abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato. Pero eso ya lo dice la Ley y no hace falta un informe de la Abogacía del Estado, que solo parece estar motivado por las ganas de poner dificultades y añadir incertidumbre a la aplicación de las indemnizaciones previstas en la citada Ley.


Artículo original:

¿Habrá que descontar el permiso retribuido recuperable de los gastos salariales a indemnizar por suspensión de los contratos públicos?

Como es sabido, se ha publicado ya Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Este RDL 10/2020 ordena la paralización general de la actividad de las empresas, estableciendo un permiso retribuido recuperable para sus trabajadores, con la excepción de las actividades incluidas en su Anexo, que deben continuar.

De interés para las empresas contratistas del sector público, el RDL 10/2020 contiene las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta y el Apartado 18 del Anexo.

Por un lado, se puede concluir que tienen que continuar con normalidad las siguientes actividades:

  • Las que hayan sido contratadas por el procedimiento de emergencia del artículo 120 LCSP.
  • Las obras, servicios y suministros que sean indispensables para:
    • El mantenimiento y seguridad de los edificios,
    • Y la adecuada prestación de los servicios públicos,
    • Incluida la prestación de los mismos de forma no presencial.
  • Los siguientes servicios en particular:
    • Limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia,
    • Recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos,
    • Recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos.

Ahora bien, ¿cómo afecta el permiso retribuido recuperable a los contratos públicos que se suspendieron a partir del estado de alarma o se tengan que suspender a partir de este RDL 10/2020?

Se dice expresamente en la D.A. Quinta que todo lo anterior es «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo» que, como sabemos, regula la suspensión de los contratos públicos por la imposibilidad de su ejecución derivada de la crisis del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las autoridades para hacerle frente.

Más de un contrato público que hasta ahora había podido continuar, a pesar de las dificultades, va a tener que quedar totalmente suspendido ahora, si no ha sido calificado de esencial en el Anexo del RDL 10/2020 o no es considerado indispensable conforme a la D.A.Quinta.

Y surge la pregunta, ¿qué pasa con el permiso retribuido recuperable en estos supuestos de suspensión?

Pues, en mi opinión, puede llegar a quedar fuera de los gastos salariales que se vayan a indemnizar pues, aunque será un gasto salarial efectivamente abonado durante la suspensión (art. 34 RDL 8/2020), tiene carácter de remuneración recuperable por las empresas una vez que la misma se levante.

Por ello, podría darse un supuesto de enriquecimiento injustificado, si la empresa recupera dos veces esos gastos salariales: primero, vía indemnización abonada por el órgano de contratación; después, a través de las horas de trabajo que los trabajadores recuperen una vez que se levante la medida.

Es cierto que ambos conceptos no serán enteramente coincidentes en el tiempo: el permiso retribuido recuperable tendrá una duración, la que determine el Gobierno, y la suspensión de los contratos públicos por imposibilidad de ejecución derivada de la crisis podrá tener una duración distinta, probablemente mayor, en función de lo que se prolongue la situación de hecho.

Por eso, los gastos salariales indemnizables podrán ser de cuantía superior al período de permiso retribuido recuperable. O no, dependiendo de la duración de cada supuesto.

En cualquier caso, llego a la conclusión de que, con toda probabilidad, habrá que descontar el período de permiso retribuido recuperable de los gastos salariales a indemnizar por la suspensión de los contratos públicos.


Addenda: Texto de las disposiciones adicionales y apartado 18 del Anexo del RDL 10/2020.

Disposición adicional cuarta. Continuación de actividad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Disposición adicional quinta. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Anexo. Actividades a las que no resulta de aplicación el permiso retribuido

18.- Las [personas trabajadoras] que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.


La suspensión de las obras públicas es aplicable a todos los contratos vigentes

LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ES APLICABLE A TODOS LOS CONTRATOS VIGENTES

Estoy leyendo en más de un lugar una interpretación del artículo 34, apartado 3, del RDL 8/2020 que me parece incorrecta.

Por ejemplo, en esta Instrucción del Ayuntamiento de Córdoba (pagina 3, punto Quinto). Pero también en otros artículos y opiniones que vengo leyendo en redes sociales.

Según esta interpretación, la posibilidad de suspender los contratos públicos de obra estaría limitada a aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo. Es decir, aquellos que tenían previsto terminar y entregar la obra en estas fechas próximas.

Pero, en mi opinión, esta interpretación es incorrecta, porque no se compadece con el tenor literal y la sistemática del apartado 3 del artículo 34.

Este apartado 3 comienza diciendo:

«En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, (...) siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse».

Continúa diciendo:

«La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo».

Y más adelante se refiere a los contratos que tenían una fecha de entrega cercana en el tiempo:

«Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial».

Lo que está sucediendo es que se está interpretando este último párrafo como «Lo dispuesto en este apartado solo será de aplicación a…», cuando, en mi opinión, se deduce claramente del sentido propio de las palabras, y de la ubicación sistemática de este párrafo, que lo que está diciendo es que «Lo dispuesto en este apartado también será de aplicación a…» las obras cuya entrega estaba próxima en el tiempo.

Además, a renglón seguido el artículo 34.3 dice: «Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes conceptos». Confirmando que está previendo dos supuestos: uno general de suspensión para todo tipo de contratos de obras que han visto imposibilitada la continuación de su ejecución; y otro supuesto específico de ampliación de plazo de entrega para aquellos contratos que, además de verse imposibilitados, estaban a punto de terminar y ser entregados.

Por lo tanto, concluyendo y siempre desde mi opinión falible y sujeta a crítica:

  • El artículo 34.3 del RDL 8/2020 permite la suspensión de todo tipo de contratos públicos de obra, cuando la crisis COVID-19 o las medidas adoptadas para combatirla generen la imposibilidad de continuar la ejecución de la obra.
  • Además, en los contratos que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra», estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo de 2020 y la finalización del estado de alarma, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final.
  • Los requisitos de procedimiento, justificación de datos e indemnizaciones correspondientes son los que se recogen de manera común para ambos supuestos en el propio artículo 34.3, a los que ya me refería en este artículo anterior.

Medidas importantes sobre suspensión e indemnización de contratos públicos por el COVID19

MEDIDAS IMPORTANTES SOBRE SUSPENSIÓN E INDEMNIZACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS POR EL COVID19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 publicado hoy prevé medidas relevantes en lo referido a los contratos públicos en vigor, su suspensión, demora o ampliación de plazo y las consecuencias correspondientes, incluidas indemnizaciones.

Estas medidas son de aplicación a los contratos de todas la entidades del sector público definidas en el artículo 3 LCSP.

Resumimos aquí, por lo tanto, el contenido del artículo 34, en los siguientes apartados:

ÍNDICE DE CONTENIDO

Contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva

  • SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas públicas adoptadas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produzca la situación de hecho que impida su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.
  • Para que opere la suspensión, tendrá que pedirlo expresamente el contratista, reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación.
  • La Administración deberá responder en un plazo de 5 días naturales. Si no se notifica resolución expresa, la petición se entiende desestimada.
  • Después de la suspensión, para reanudar la prestación el órgano de contratación deberá notificar al contratista el fin de la suspensión.
  • En los contratos ya vencidos, pendientes de la licitación que dé lugar a un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación, podrá aplicarse la prórroga del contrato vencido conforme al artículo 29.4 LCSP, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
  • La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.
  • INDEMNIZACIONES EN CASO DE SUSPENSIÓN: la entidad contratante deberá abonar al contratista los siguientes daños y perjuicios, y únicamente esos. El contratista tiene que pedir expresamente esta indemnización y acreditar fehacientemente su realidad, efectividad y cuantía.

    1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

    2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

    3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

    4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

  • No se aplica el artículo 208.2.a LCSP, es decir, no se abonarán indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo ni el 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión.

Otros contratos de servicios y suministros

  • DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES: En contratos de servicios y suministros distintos a los anteriores, siempre y cuando no hayan perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19:
  • Cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas públicas adoptadas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso
  • El órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
  • Aunque no pinta nada aquí, porque habla de suministros y servicios, se dice que es necesario informe previo del Director de obra del contrato (quizá haya que entender el responsable del contrato), donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior.
  • En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.
  • INDEMNIZACIONES EN CASO DE DEMORA: Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato.
  • Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.

Contratos de obra

  • SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS: Siempre y cuando la obra no haya perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas públicas adoptadas para combatirlo, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.
  • Para que opere la suspensión, tendrá que pedirlo expresamente el contratista, reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.
  • La Administración deberá responder en un plazo de 5 días naturales. Si no se notifica resolución expresa, la petición se entiende desestimada.
  • Después de la suspensión, para reanudar la prestación el órgano de contratación deberá notificar al contratista el fin de la suspensión.
  • AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: En el caso de los contratos en los que la finalización del plazo de ejecución estaba prevista entre el 14 de marzo y el período que dure el estado de alarma, y la entrega de la obra no pueda producirse en el plazo previsto como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas, el contratista puede pedir una prórroga en el plazo de entrega final, siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.
  • INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE PLAZO: la entidad contratante deberá abonar al contratista los siguientes daños y perjuicios, y únicamente esos.

    1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

    Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

    Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.

    2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

    3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

    4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

  • El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
    • Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
    • Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.
  • No se aplica el artículo 208.2.a LCSP, es decir, no se abonarán indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo ni el 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión.

Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios

  • DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO: La situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas públicas adoptadas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
  • Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19.
  • Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
  • La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

Contratos a los que se aplica y contratos a los que no

  • Derecho transitorio: Entiendo que se aplica a todos los contratos vigentes en la actualidad, independientemente de que estén sujetos a la LCSP actual o fueran adjudicados bajo leyes de contratos anteriores.
  • Sectores especiales: Lo dispuesto en el artículo que venimos citando también será de aplicación a los contratos, vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
  • Contratos excluidos: Lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 34 no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos: a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
    b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos. c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

Cláusula final

  • El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
  • Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN ESTADO DE ALARMA

SEGUIMOS TRABAJANDO EN ESTADO DE ALARMA

Los clientes podéis estar tranquilos. Estamos cumpliendo con las medidas de precaución y confinamiento decretadas en el estado de alarma, pero seguimos trabajando y estamos en permanente contacto con vosotros.

Consultadnos, por favor, cualquier duda sobre cómo está vuestro procedimiento administrativo o judicial, cómo afecta el estado de alarma a los plazos o qué debéis hacer con los procedimientos que tenéis en marcha o queréis lanzar.

Para nuevas consultas, lo mismo. No hay razón para demorar las consultas o los encargos que sean necesarios.

Podemos contactar por teléfono, email o chat y hacer reuniones a través de videollamada.

La mejor forma de organizarnos es a través de este enlace, en el que podéis acceder a mi agenda y coger cita automáticamente. Serán días de muchas consultas, dudas y preguntas, así que con la cita nos aseguramos todos.

Por tanto, para contactar:

Teléfono: 94 424 35 67
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Segundo plazo para alegaciones al nuevo PGOU de Bilbao

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El 30 de enero de 2020 el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha acordado la apertura de un nuevo periodo de exposición pública del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

La aprobación inicial del nuevo PGOU se produjo el 28 de febrero de 2019 y, tras analizar aquel primer trámite de alegaciones, el Ayuntamiento ha abierto un nuevo plazo para todas aquellas persons y empresas interesadas.

El nuevo periodo de información pública, una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 23, de 4 de febrero de 2020, se producirá desde el 5 de febrero hasta el 20 de marzo de 2020, inclusive.

Toda la información del nuevo PGOU, debidamente actualizada para esta segunda exposición al público, está disponible en este enlace del Ayuntamiento.

En IparBilbao Roca Junyent podemos asistirle en el análisis de las implicaciones del nuevo PGOU en los inmuebles y actividades de su propiedad, así como en la redacción de las alegaciones a presentar en este trámite. Póngase en contacto pinchando en este enlace.