blog legal
Álvaro García Molinero: Principios ESG en “Reflexiones de un interventor”
Consejos del OARC para órganos de contratación
El Gobierno Vasco nombra a Ainara Herce Presidenta de la Autoridad Vasca
¿Se puede justificar la clasificación de un contrato de obras con la de una empresa del mismo grupo?
Requisitos para un rescate: interés público distinto al que motivó la concesión y justificar que la gestión directa es más eficaz y eficiente
No puedo con la casuística infinita de los errores en la presentación de ofertas. No hay ejemplo que no pueda encajar en varios supuestos contradictorios de (in)subsanabilidad. Me encuentro, a la vez, formalizando una demanda en la que defiendo la subsanabilidad de una documentación incompleta, y valorando si permitir o no la subsanación de otro supuesto similar pero con diferencias apreciables. Para los dos tengo criterios y resoluciones que me sirven para apoyar una cosa y la contraria. Viva la seguridad jurídica.
Las Autoridades de Competencia no pueden hacer uso de sus facultades inspectoras para provocar la conducta infractora del denunciado
Leyendo, como si no hubiera un mañana, Directrices Generales y específicas sobre acuerdos de cooperación horizontal para ver si el artículo 101.3 TFUE me arroja un salvavidas.
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado podría ser gemelo del Comité de Defensa del Contrato Menor. Pero no, parece que existe. www.administracionpublica.com/comite-su…
Se va a liar. Un solo traslado más para formalizar o contestar demanda, por plazo de 20 días, que finalice entre los días 24 y 28 de julio (llevo 6), y se lía. Vaya si se lía.
Los puntos de recarga de vehículos eléctricos y las instalaciones solares para autoconsumo solo requerirán comunicación previa (Euskadi)
Microsoft Word para Mac: cómo evitar la opción de «No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo»
Pero qué aburrido es el derecho urbanístico, por dios bendito.
Me encanta que al ponente de esta Resolución del TACP de Madrid se le note que está cansado de dar vueltas a la posibilidad de subsanar la falta de certificado ENS.
He ahí la medida de mi fracaso.
El Boletín Oficial del País Vasco de hoy, 10 de mayo de 2023, publica la LEY 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias.
Dos visiones distintas de ChatGPT sobre el derecho administrativo
Una decisión que ignora los principios éticos en inteligencia artificial - Tecnología - EL PAÍS
Es loable que el gobierno español reconociera en su día dichos riesgos y para afrontarlos creara, en el año 2020, un consejo asesor para la IA cuyo objetivo era “proporcionar asesoramiento y recomendaciones independientes sobre las medidas a adoptar para garantizar un uso seguro y ético de la Inteligencia Artificial”, según lee la web de La Moncloa. Y fue bien consecuente al situar su coordinación en el Ministerio de Economía. No obstante, tras la revisión de la Estrategia Nacional de IA (ENIA), el consejo asesor no ha sido consultado para analizar “las implicaciones que estas tecnologías disruptivas supondrán en ámbitos diversos” en la mayoría de los casos, incluyendo el acuerdo entre el ADIA Lab y la Sedia (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) para instaurar su sede europea en Granada. Un acuerdo que causa gran preocupación, pues contradice los principios de ética y seguridad con los que el gobierno español se comprometió a desarrollar nuevas tecnologías.
El ADIA Lab es un centro científico financiado por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), el emirato más rico de los Emiratos Árabes Unidos, que comenzó a operar en diciembre de 2022. Considerando que ADIA, la entidad que financia ADIA Lab, dispone de activos de alrededor de 800.000 millones de dólares, su inversión en España puede ser considerable.
En los EAU, la ciencia no es independiente del gobierno, según documentan organizaciones como Human Rights Watch. El gobierno influye sobre las decisiones de personal y agenda de los centros de investigación, incluyendo ADIA Lab. Por tanto, la Sedia ha acordado una agenda de investigación centrada, entre otros, en el desarrollo de una modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación, así como el desarrollo de infraestructuras computacionales éticas con un centro científico financiado por un gobierno que no reconoce la independencia de la ciencia, que pisotea los derechos humanos, en especial de mujeres, de las comunidades LGTBQI+ e inmigrantes, y cuya riqueza proviene principalmente del petróleo.
Es decir, investigaciones sobre la transición climática serán financiadas por entidades cuya riqueza proviene de combustibles fósiles y estudios sobre principios éticos serán financiados por un gobierno que cuestiona la dignidad y los derechos de determinadas personas. Los científicos involucrados en el ADIA Lab, si bien reconocidos en sus campos de especialización, no son expertos en ética, ni en ecología o derecho. Sandy Pentland, por ejemplo, cofundó Aadhaar, que comercializa un controvertido sistema de identificación de personas que facilita la vigilancia masiva en la India. En resumen, la credibilidad de los resultados de esta colaboración podría ser equiparable a la de informes sobre los efectos del tabaco en la salud que en su día hicieron las compañías tabacaleras.
El ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 de Protección a los Informantes (2/2) - HayDerecho
Pues bien, el Anteproyecto que se sometió a información pública incluyó en su ámbito, además del obligado por la Directiva, «Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico siempre que, en cualquiera de los casos, afecten o menoscaben directamente el interés general, y no cuenten con una regulación específica. En todo caso, se entenderá afectado el interés general cuando la acción u omisión de que se trate implique quebranto económico para la Hacienda Pública».
Sin embargo, el texto del Proyecto de Ley presentaba ya una redacción que, con un pequeño añadido, sería definitiva, pasando a la Ley 2/2023 –art. 2.1.b)-: «Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social».
Este cambio sobrevenido explica la falta de sentido de la parte final del precepto finalmente aprobado: «En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social». Ello es así, pues la primera proposición (toda infracción administrativa grave o muy grave) ya engloba a la segunda, que resulta ahora superflua. La referencia al quebranto económico para la Hacienda Pública (y ahora para la Seguridad Social) tenía sentido para definir la noción de afección al interés general, que era complementaria a las infracciones graves y muy graves, pero en la redacción actual carece por completo de significación.
El ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 de Protección a los Informantes (1/2) - HayDerecho
Ahora bien, este dispositivo no es apto para comunicar cualquier incumplimiento legal, sino que está constreñido a un ámbito material determinado por la Ley en su artículo 2. En concreto, la Ley 2/2023 presenta un doble ámbito material de aplicación: de un lado, como no podía ser de otro modo, plasma el ámbito material obligado para incorporar al Derecho español la Directiva 2019/1937; y, de otro lado, añade un ámbito adicional, por decisión del legislador estatal. En esta entrada me ocuparé del primero, a la que seguirá una segunda entrada sobre el ámbito añadido por el legislador estatal.