Contratación Pública

Análisis del borrador de la Ley Europea de Contratación Pública

Nosoloaytos · Contratación Pública

La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre su propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones, que derogaría las Directivas de 2014 y pasaría a aplicarse de forma directa en todos los Estados miembros. El repaso recorre los tres procedimientos que sustituirían al mapa actual, la normalización de la negociación, las medidas de acceso para pymes, la adjudicación por mejor relación calidad-precio con un peso mínimo del 30 % para la calidad —50 % en contratos intensivos en mano de obra— y el nuevo marco de preferencia europea. Sigue siendo una propuesta legislativa: no está vigente y puede cambiar durante la tramitación.

Los contratos patrimoniales de las empresas y fundaciones públicas: un punto ciego del estado de derecho

esPublico · Severiano Fernández Ramos · Contratación Pública

A propósito del asunto del ático de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el artículo examina por qué las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público compran y venden inmuebles por importes millonarios con las reglas del Derecho privado, mientras quedan sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público para adquirir bienes muebles desde 15.000 euros. El origen está en que las leyes de patrimonio delimitan su ámbito subjetivo por la forma jurídica de la entidad y no por su condición de poder adjudicador.

De retrasos, incumplimientos y torpezas

esPublico · Mercedes Fuertes López · Contratación Pública

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 5 de mayo de 2026 confirma la resolución de un contrato de obras de un colegio por incumplimiento del contratista y, a la vez, le reconoce el derecho a la revisión de precios: la Administración no siguió el procedimiento del Decreto-ley 2/2022 ni resolvió en plazo, y el tribunal, apelando al principio de buena administración, no le permite sacar provecho de su propia desidia. El comentario reconstruye el calendario de las dos decisiones administrativas, separadas por más de siete meses.

Derecho Administrativo y Contencioso

La suspensión automática de la ejecutividad de los actos administrativos del art. 117.3 de la Ley 39/2015 (ATS 23/07/2026)

Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

El Auto de la Sala Tercera de 23 de julio de 2026 (P.O. 191/2026, ponente Córdoba Castroverde) resuelve que la suspensión que se produce cuando la Administración deja pasar un mes sin contestar a la solicitud es un verdadero acto administrativo, impugnable ante el contencioso por quien resulta perjudicado. Diego Gómez sitúa el auto dentro del régimen de ejecutividad y suspensión de los artículos 38, 39, 98 y 117 de la LPAC, y llega hasta el final del caso: el recurso de la empresa terminó inadmitido por extemporáneo.

Plazo para recurrir las desestimaciones presuntas: algunos no se enteran

delaJusticia.com · JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

La sentencia de la Sala Tercera de 21 de julio de 2026 (rec. 5003/2023) vuelve sobre el plazo de seis meses del artículo 46.1 de la LJCA y reitera como doctrina casacional que no opera mientras la Administración no dicte resolución expresa y la notifique válidamente. Chaves apunta al abogado de otro orden jurisdiccional que lee el precepto y despacha al cliente diciéndole que ya han pasado los plazos, y recuerda que en el caso enjuiciado el recurso se interpuso casi diez años después de la solicitud.

La palabrería genérica de la Administración no interrumpe la prescripción en favor del contribuyente

delaJusticia.com · JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

Otra sentencia de la Sala Tercera, de 22 de julio de 2026 (rec. 1671/2024), fija que en los tributos de devengo instantáneo el acuerdo de inicio de comprobación o inspección que se limita a acotar un periodo temporal, en lugar de una operación individualizada, carece de eficacia interruptiva de la prescripción conforme al artículo 68.1.a) de la LGT. El comentario subraya que el criterio admite extrapolación matizada a otras actuaciones de gravamen, sanción y policía.

Límites del procedimiento sancionador tributario abreviado

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de una empresa sancionada y aclara qué margen tiene el procedimiento sancionador tributario abreviado del artículo 210.4 de la LGT. Lo decisivo no es el momento en que se formula la propuesta, sino que contenga desde el principio los hechos, su calificación jurídica y la sanción; mientras esos elementos no se alteren de forma sustancial hasta la resolución, el trámite de audiencia ya concedido cumple su función y no hace falta una nueva propuesta.

El Supremo descarta la responsabilidad penitenciaria del Estado

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

La responsabilidad civil subsidiaria del Estado por una agresión entre internos exige algo más que el hecho de que ocurriera dentro de un centro penitenciario: hace falta identificar una infracción reglamentaria concreta y su relación causal con el daño. El Supremo rechaza que el historial disciplinario del agresor equivalga a la manifiesta inadaptación del artículo 91 del Reglamento Penitenciario y confirma la exoneración del Estado, con repaso de los precedentes en los que sí apreció esa responsabilidad.

El TSJCLM rechaza indemnizar una caída por un bache visible

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

Más de 100.000 euros reclamados al Ayuntamiento de Albacete por una caída en la vía pública, y una desestimación que se apoya en que la Administración no está obligada a mantener las calles completamente lisas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la irregularidad del pavimento era pequeña, visible y evitable con la atención ordinaria exigible a un peatón, de modo que no se acredita el nexo entre el funcionamiento del servicio público y el daño.

Urbanismo y Medio Ambiente

Fogonazos jurisprudenciales

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Dos extractos de jurisprudencia para volver del verano. El primero, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (STSJ GAL 5056/2026), descarta la indefensión alegada por quien no fue llamado al procedimiento de reposición de la legalidad urbanística después de haber ocultado durante veintiún años su condición de titular de la finca. El segundo, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (STSJ BAL 838/2026), ordena los plazos de la acción pública frente a licencias urbanísticas según se haya tenido o no constancia de la licencia.

Transparencia y E-Administración

Cuatro preguntas incómodas sobre el Real Decreto-ley de grupos de interés (y cuatro propuestas para responderlas)

Hay Derecho · Transparencia y E-Administración

España tendrá por fin una regulación estatal de lobby, y el análisis se mete en el articulado del Real Decreto-ley 21/2026 en vez de quedarse en el titular. Las exclusiones del artículo 4.2 dejan fuera del concepto de actividad de influencia la participación en consultas públicas y en órganos colegiados, el acto meramente protocolario no aparece definido en ninguna norma y la exención de colegios profesionales queda al criterio de quien ha de aplicarla sobre sí mismo. El texto termina con cuatro correcciones concretas y con la pregunta de cuándo estará operativo el Registro.