Longform

Feb 5, 2026 ∞

Perfect DOCX-to-PDF/A on macOS

So there I was, automating my life like a proper nerd, when I hit a wall that made me want to throw my MacBook into the sea.

The setup: I’m a lawyer (yes, we can be geeks too), and I deal with a lot of legal documents. Spanish court filings, specifically. My documents have very particular formatting—numbered paragraphs with hanging indents, nested lists, the whole bureaucratic aesthetic. I built a beautiful Keyboard Maestro macro that converted my Word docs to PDF/A-1b using LibreOffice headless mode. One hotkey, boom, done.

Except… it wasn’t done. It was broken.

The Problem

I noticed the PDFs looked off. The hanging indents—those lovely paragraph numbers sitting in the margin with text neatly aligned beside them—were completely mangled. LibreOffice was adding extra indentation to continuation lines, making my professional legal documents look like amateurish.

I compared the LibreOffice output with a “proper” PDF (exported directly from Word) and there it was: LibreOffice simply doesn’t interpret Word’s hanging indent styles correctly. It reads the left indent but loses the negative first-line indent that creates the hanging effect.

This is a known issue, by the way. The internet is full of sad developers asking why their DOCX-to-PDF conversions look wrong. Welcome to the club, friends.

The Solution

Plot twist: use Microsoft Word itself.

Enter docx2pdf, a delightful Python package that uses Word’s actual API (via AppleScript/JXA on macOS) to do the conversion. No interpretation, no guessing—just Word doing what Word does best.

pip3 install docx2pdf

For PDF/A-1b compliance (required for legal archiving), I added a second step: Ghostscript converts the pristine Word-generated PDF into the archival format.

brew install ghostscript

Two-step process, perfect output, sanity preserved.

The Scripts

I ended up with two Keyboard Maestro macros:

DOCX → PDF: Simple, fast, perfect formatting

FILE_PATH="$KMVAR_CurrentFile"
DIR_PATH=$(dirname "$FILE_PATH")
FILE_NAME_EXT=$(basename "$FILE_PATH")
FILE_NAME_BASE="${FILE_NAME_EXT%.*}"

RESULT_PATH="${DIR_PATH}/${FILE_NAME_BASE}.pdf"

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin/docx2pdf "$FILE_PATH" "$RESULT_PATH"

osascript -e "tell application \"Finder\" to reveal POSIX file \"$RESULT_PATH\""
osascript -e "tell application \"Finder\" to activate"
open -b com.adobe.Acrobat.Pro "$RESULT_PATH"

DOCX → PDF/A-1b: Same fidelity, plus archival compliance

FILE_PATH="$KMVAR_CurrentFile"
DIR_PATH=$(dirname "$FILE_PATH")
FILE_NAME_EXT=$(basename "$FILE_PATH")
FILE_NAME_BASE="${FILE_NAME_EXT%.*}"

TEMP_PDF="${DIR_PATH}/${FILE_NAME_BASE}_temp.pdf"
RESULT_PATH="${DIR_PATH}/${FILE_NAME_BASE}.pdf"

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin/docx2pdf "$FILE_PATH" "$TEMP_PDF"

/opt/homebrew/bin/gs \
  -dPDFA=1 \
  -dBATCH \
  -dNOPAUSE \
  -dNOOUTERSAVE \
  -sColorConversionStrategy=UseDeviceIndependentColor \
  -sDEVICE=pdfwrite \
  -dPDFACompatibilityPolicy=1 \
  -sOutputFile="$RESULT_PATH" \
  "$TEMP_PDF"

rm "$TEMP_PDF"

osascript -e "tell application \"Finder\" to reveal POSIX file \"$RESULT_PATH\""
osascript -e "tell application \"Finder\" to activate"
open -b com.adobe.Acrobat.Pro "$RESULT_PATH"

Both use docx2pdf for the heavy lifting, ensuring my hanging indents hang exactly where they should.

The Moral

Sometimes the “lightweight” solution (LibreOffice headless) isn’t actually solving your problem. Sometimes you need the “heavy” tool (actual Microsoft Word) to get things right. And sometimes a two-hour debugging session with Claude saves you thousands of malformed legal documents.

Now if you’ll excuse me, I have court filings to convert. Correctly.

P.S.: Time to tell the truth. I started this project with Gemini 3.0. It hit the LibreOffice wall and suggested switching to AppleScript—no way, that never works reliably. So I turned to Claude (Opus 4.5), and there it was: the solution arrived quickly. Claude even installed docx2pdf and Ghostscript for me (with proper permission at every step, of course). So thanks, Claude.

Feb 2, 2026 ∞

IA, urgencia y el mismo cuello de botella de siempre

Llevo veinticinco años de ejercicio profesional (este 5 de febrero) dedicando tiempo, a diario, a mejorar mis herramientas de trabajo. Como siempre han sido herramientas digitales, eso ha implicado conocer bien el ordenador, el sistema operativo y las aplicaciones con las que trabajo todos los días.

Mi principal motivación ha sido siempre la misma: evitar repetir tareas farragosas, innecesariamente complejas o, sencillamente, desagradables. Por eso, durante estos veinticinco años he ido incorporando todo tipo de automatizaciones: atajos de teclado, lanzadores de aplicaciones, expansores de texto, plantillas documentales, scripts, pequeñas aplicaciones, programas de automatización de procesos, flujos de trabajo, herramientas de resumen y generación de documentación, OCR con resúmenes automáticos, aplicaciones de planificación y gestión de tareas, sistemas de programación de proyectos…

En definitiva, un ecosistema de herramientas que me ha permitido trabajar de forma ordenada, ágil y razonablemente eficiente.

Pero nada de eso ha cambiado de verdad la forma de trabajar ni la manera de responder a la avalancha constante de peticiones de servicios jurídicos. Hacer las cosas más rápido, manteniendo la calidad, siempre ha tenido el mismo efecto: poder asumir más trabajo. No disponer de más tiempo.

Con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial, además, tengo la sensación de haber perdido incluso la ventaja competitiva que me podía dar haber cuidado tanto mis herramientas. Lo que cambia ahora, sobre todo, es la expectativa del cliente: da por hecho que el trabajo debe estar bien hecho y, además, entregado muy rápido. Al fin y al cabo, percibe que todo el esfuerzo previo de estudio, análisis, redacción de borradores y preparación de documentos “ya lo hace” una IA.

Y es cierto que, con estas herramientas, hacemos todo eso y más. En mi caso, incluso me permiten generar código útil para mi propio trabajo. Y haremos todavía más dentro de muy poco, porque el avance es rápido y las herramientas son cada vez más sofisticadas.

Como explicaba Enrique Dans con la metáfora del tobogán, todo esto está reduciendo el coste marginal de ese trabajo previo y, en consecuencia, está alterando el paradigma y los costes de los servicios jurídicos y de consultoría. Pero lo que más me inquieta no es eso, sino el cambio en las expectativas de los clientes: siempre han querido respuestas rápidas, pero ahora esa exigencia empieza a desbordarse.

Siguiendo la metáfora, tengo la sensación de que vamos cuesta abajo por un tobogán sin fin, en el que la aceleración no deja de aumentar. No recuerdo ya cómo se explicaba esto en física —¿había o no una aceleración máxima?, ¿también en un tobogán engrasado?, siempre fui de letras—, pero sí tengo claro que la tendencia, en general, no es buena.

Si ahora, pese a todas esas herramientas, ya tengo más de un cliente al que no puedo servir con la velocidad que me exige, lo razonable es pensar que esto irá a peor. No porque yo trabaje más despacio —más bien al contrario—, sino porque las expectativas de agilidad son cada vez mayores y el flujo de encargos urgentes se ha vuelto inabarcable.

Todo es para ayer, todo es prioritario y todo parece sencillo desde fuera. Se da por hecho que el resultado ha de ser inmediato y que el tiempo que se libera con herramientas como la IA no debe emplearse en pensar mejor, en profundizar en el problema o en contrastar alternativas. Al contrario: se asume que ese tiempo simplemente desaparece. Que no existe. Que el análisis previo, la reflexión jurídica o el matiz fino son un lujo prescindible cuando lo que se busca es una respuesta rápida que permita pasar a la siguiente decisión.

Y ahí es donde el asunto se vuelve más incómodo. Porque, en no pocos casos, lo que realmente se espera no es tanto un buen asesoramiento como un aval rápido. Una respuesta que permita decidir deprisa o, peor aún, descargar también deprisa la responsabilidad de esa decisión. Que el criterio sea sólido o discutible importa menos que el hecho de poder decir que “esto lo ha visto un abogado”. La certeza pasa a segundo plano frente a la velocidad, y la calidad del consejo se mide más por su inmediatez que por su rigor. Y eso, más que un avance tecnológico, es un cambio cultural que convendría tomarse muy en serio.

A partir de ahí, la urgencia deja de ser una circunstancia puntual y se convierte en un marco permanente. Cuando una parte del trabajo se acelera de forma artificial, el resto del proceso queda inevitablemente arrastrado por esa misma inercia, aunque no sea automatizable. El análisis jurídico, la ponderación de riesgos o, simplemente, el pensar con un mínimo de calma no admiten atajos sin coste. Pero ese coste ya no solo se asume: directamente se invisibiliza.

La fricción, entonces, es inevitable. Aumenta entre lo que el cliente espera y lo que razonablemente puede entregarse. Aumenta entre la calidad que uno quiere mantener y los plazos que se dan por supuestos. Y aumenta también la presión interna, porque resulta cada vez más difícil explicar que, precisamente cuando las herramientas son mejores que nunca, el cuello de botella sigue estando en el mismo sitio: en el tiempo, la atención y el juicio profesional disponibles.

En ese contexto, la tentación es dejarse llevar y seguir deslizándose por el tobogán, asumir que no hay alternativa y adaptarse como se pueda. Seguir persiguiendo la siguiente herramienta, la siguiente automatización, la siguiente promesa de eficiencia. Pero no tengo claro que esa huida hacia adelante sea sostenible. Ni profesionalmente, ni en términos de salud, criterio y sentido común. Porque la aceleración constante no es una estrategia: es, como mucho, una forma de aparentar movimiento antes de darse de bruces con el final.

Feb 1, 2026 ∞

Acerca de si el complemento de Sentencia puede alterar el fallo, vía Emilio Aparicio

🔗 El ATS 410/2026 y el incidente de complemento de sentencia: cuando el Tribunal Supremo admite el problema – Emilio Aparicio

Pues bien, esa tensión doctrinal y práctica acaba de recibir un reconocimiento explícito por parte del Tribunal Supremo en el Auto de admisión de 21 de enero de 2026 (ATS 410/2026).

A través del Auto la Sección de Admisión de la Sala Tercera ha admitido a trámite un recurso de casación que sitúa en el centro del debate, de forma directa y sin rodeos, el **alcance del artículo 267 LOPJ. **

La cuestión con interés casacional objetivo se formula en términos claros:

“Determinar si, al amparo del artículo 267 LOPJ, un órgano jurisdiccional puede, al resolver un incidente de aclaración o complemento de sentencia tramitado a instancia de parte, proceder a la redacción de fundamentos de derecho y a la modificación del sentido del fallo, dejando sin efecto un pronunciamiento de estimación parcial previamente acordado y sustituyéndolo por una desestimación íntegra con imposición de costas, o si, por el contrario, dicha actuación excede el ámbito propio de dicho precepto, en relación con los artículos 9.3 y 24 CE.”

El Tribunal Supremo, por tanto, no esquiva el problema: lo identifica expresamente como una cuestión jurídica de alcance general que requiere un pronunciamiento clarificador.

Para guardar, como todo lo que comparte Emilio. Gracias, primo.

Jan 21, 2026 ∞

El fin de la nostalgia: El discurso de Mark Carney en Davos sobre el nuevo orden mundial

Transcripción del Discurso: PM Mark Carney (WEF 2026) YouTube

Inglés (Original)	Español (Traducción)
…is submitted to no limits, no constraints. On the other hand, I would like to tell you that the other countries, especially intermediate powers like Canada, are not powerless. They have the capacity to build a new order that encompasses our values, such as respect for human rights, sustainable development, solidarity, sovereignty, and territorial integrity of the various states.	…no se somete a límites ni restricciones. Por otro lado, me gustaría decirles que los demás países, especialmente las potencias intermedias como Canadá, no carecen de poder. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que abarque nuestros valores, como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los distintos estados.
The power of the less power starts with honesty. It seems that every day we’re reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. Faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won’t.	El poder de los que tienen menos poder comienza con la honestidad. Parece que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en reglas se está desvaneciendo, que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales reafirmándose. Ante esta lógica, existe una fuerte tendencia de los países a dejarse llevar para encajar, a adaptarse, a evitar problemas, a esperar que el cumplimiento les compre seguridad. Pues bien, no lo hará.
So, what are our options? In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called “The Power of the Powerless.” In it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? His answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: “Workers of the world, unite!” He doesn’t believe it; no one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists—not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false.	Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel, más tarde presidente, escribió un ensayo llamado “El poder de los sin poder”. En él, hacía una pregunta sencilla: ¿cómo se sostenía el sistema comunista? Su respuesta empezaba con un verdulero. Cada mañana, este comerciante coloca un cartel en su escaparate: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Él no cree en ello; nadie lo hace. Pero pone el cartel de todos modos para evitar problemas, para señalar su conformidad, para llevarse bien. Y como cada comerciante en cada calle hace lo mismo, el sistema persiste; no solo mediante la violencia, sino mediante la participación de la gente común en rituales que saben, en privado, que son falsos.
Havel called this “living within a lie.” The system’s power comes not from its truth, but from everyone’s willingness to perform as if it were true. Its fragility comes from the same source: when even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down.	Havel llamó a esto “vivir en la mentira”. El poder del sistema no proviene de su verdad, sino de la disposición de todos a actuar como si fuera cierto. Su fragilidad proviene de la misma fuente: cuando una sola persona deja de actuar, cuando el verdulero quita su cartel, la ilusión comienza a agrietarse. Amigos, es hora de que las empresas y los países quiten sus carteles.
For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. Because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false—that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically, and we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim.	Durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamábamos el orden internacional basado en reglas. Nos unimos a sus instituciones, elogiamos sus principios, nos beneficiamos de su previsibilidad. Gracias a ello, pudimos aplicar políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa: que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera, que las reglas comerciales se aplicaban de forma asimétrica, y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o de la víctima.
This fiction was useful. American hegemony in particular helped provide public goods: open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window, we participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality.	Esta ficción fue útil. La hegemonía estadounidense, en particular, ayudó a proporcionar bienes públicos: rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que pusimos el cartel en la ventana, participamos en los rituales y evitamos en gran medida señalar las brechas entre la retórica y la realidad.
This bargain no longer works. Let me be direct: we are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past two decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons: tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination.	Este trato ya no funciona. Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las últimas dos décadas, una serie de crisis en las finanzas, la salud, la energía y la geopolítica han dejado al descubierto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como arma: aranceles como palanca, infraestructura financiera como coacción, cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación.
The multilateral institutions on which the middle powers have relied—the WTO, the UN, the COP—the architecture of collective problem-solving are under threat. As a result, many countries are drawing the same conclusions: they must develop greater strategic autonomy in energy, food, critical minerals, finance, and supply chains. This impulse is understandable. A country that can’t feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself.	Las instituciones multilaterales en las que han confiado las potencias medias —la OMC, la ONU, la COP—, la arquitectura de resolución colectiva de problemas, están bajo amenaza. Como resultado, muchos países están llegando a la misma conclusión: deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. Este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de combustible o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte tú mismo.
But let’s be clear-eyed about where this leads. A world of fortresses will be poorer, more fragile, and less sustainable. And there’s another truth: if great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from transactionalism will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify to hedge against uncertainty. They’ll buy insurance, increase options in order to rebuild sovereignty—sovereignty that was once grounded in rules but will increasingly be anchored in the ability to withstand pressure.	Pero seamos realistas sobre a dónde conduce esto. Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y hay otra verdad: si las grandes potencias abandonan incluso la pretensión de reglas y valores para la búsqueda sin trabas de su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo serán más difíciles de replicar. Los hegemones no pueden monetizar continuamente sus relaciones. Los aliados se diversificarán para protegerse de la incertidumbre. Comprarán seguros, aumentarán sus opciones para reconstruir su soberanía; una soberanía que antes se basaba en reglas pero que se anclará cada vez más en la capacidad de resistir la presión.
This room knows this is classic risk management. Risk management comes at a price, but that cost of strategic autonomy—of sovereignty—can also be shared. Collective investments in resilience are cheaper than everyone building their own fortresses. Shared standards reduce fragmentation; complementarities are positive sum. The question for middle powers like Canada is not whether to adapt to the new reality—we must. The question is whether we adapt by simply building higher walls or whether we can do something more ambitious.	Esta sala sabe que esto es gestión de riesgos clásica. La gestión de riesgos tiene un precio, pero ese coste de la autonomía estratégica —de la soberanía— también puede compartirse. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que si cada uno construye sus propias fortalezas. Los estándares compartidos reducen la fragmentación; las complementariedades son de suma positiva. La pregunta para las potencias medias como Canadá no es si debemos adaptarnos a la nueva realidad —debemos hacerlo—. La pregunta es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso.
Canada was amongst the first to hear the wake-up call, leading us to fundamentally shift our strategic posture. Canadians know that our old comfortable assumptions—that our geography and alliance memberships automatically conferred prosperity and security—are no longer valid. Our new approach rests on what Alexander Stubb, the President of Finland, has termed “value-based realism.” Or to put it another way, we aim to be both principled and pragmatic.	Canadá fue de los primeros en escuchar la señal de alarma, lo que nos llevó a cambiar fundamentalmente nuestra postura estratégica. Los canadienses sabemos que nuestras antiguas y cómodas suposiciones —que nuestra geografía y nuestras alianzas nos conferían automáticamente prosperidad y seguridad— ya no son válidas. Nuestro nuevo enfoque se basa en lo que Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, ha denominado “realismo basado en valores”. O, dicho de otro modo, aspiramos a ser tanto de principios como pragmáticos.
Principled in our commitment to fundamental values: sovereignty, territorial integrity, the prohibition of the use of force except when consistent with the UN Charter, and respect for human rights. And pragmatic in recognizing that progress is often incremental, that interests diverge, and that not every partner will share all of our values. So we’re engaging broadly, strategically, with open eyes. We actively take on the world as it is, not wait around for a world we wish to be. We are calibrating our relationships so their depth reflects our values, and we’re prioritizing broad engagement to maximize our influence given the fluidity of the world, the risks it poses, and the stakes for what comes next.	De principios en nuestro compromiso con los valores fundamentales: soberanía, integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza excepto cuando sea coherente con la Carta de la ONU, y el respeto a los derechos humanos. Y pragmáticos al reconocer que el progreso suele ser gradual, que los intereses divergen y que no todos los socios compartirán todos nuestros valores. Así que nos estamos comprometiendo de forma amplia, estratégica y con los ojos abiertos. Asumimos activamente el mundo tal como es, en lugar de esperar a un mundo que deseamos que sea. Estamos calibrando nuestras relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores, y estamos priorizando un compromiso amplio para maximizar nuestra influencia dada la fluidez del mundo, los riesgos que plantea y lo que está en juego para lo que viene después.
We are no longer just relying on the strength of our values, but also the value of our strength. We are building that strength at home. Since my government took office, we have cut taxes on incomes, capital gains, and business investment. We have removed all federal barriers to interprovincial trade. We are fast-tracking a trillion dollars of investments in energy, AI, critical minerals, new trade corridors, and beyond. We’re doubling our defense spending by the end of this decade and doing so in ways that build our domestic industries.	Ya no confiamos únicamente en la fuerza de nuestros valores, sino también en el valor de nuestra fuerza. Estamos construyendo esa fuerza en casa. Desde que mi gobierno asumió el cargo, hemos reducido los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital y la inversión empresarial. Hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial. Estamos acelerando inversiones por valor de un billón de dólares en energía, IA, minerales críticos, nuevos corredores comerciales y más. Vamos a duplicar nuestro gasto en defensa para finales de esta década y lo haremos de forma que se fortalezcan nuestras industrias nacionales.
We are rapidly diversifying abroad. We’ve agreed to a comprehensive strategic partnership with the EU, including joining SAFE (the European defense procurement arrangements). We have signed 12 other trade and security deals on four continents in six months. In the past few days, we’ve concluded new strategic partnerships with China and Qatar. We’re negotiating free trade pacts with India, ASEAN, Thailand, Philippines, and Mercosur.	Nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos acordado una asociación estratégica integral con la UE, que incluye la adhesión a SAFE (los acuerdos europeos de adquisición de defensa). Hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en cuatro continentes en seis meses. En los últimos días, hemos concluido nuevas asociaciones estratégicas con China y Qatar. Estamos negociando pactos de libre comercio con la India, la ASEAN, Tailandia, Filipinas y el Mercosur.
We’re pursuing “variable geometry”—different coalitions for different issues based on common values and interests. On Ukraine, we’re a core member of the coalition of the willing and one of the largest per capita contributors to its defense. On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland’s future.	Perseguimos una “geometría variable”: diferentes coaliciones para diferentes temas basadas en valores e intereses comunes. En cuanto a Ucrania, somos un miembro central de la coalición de voluntarios y uno de los mayores contribuyentes per cápita a su defensa. En cuanto a la soberanía del Ártico, nos mantenemos firmes junto a Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia.
Our commitment to NATO’s Article 5 is unwavering. We’re working with our NATO allies, including the Nordic-Baltic Eight, to further secure the alliance’s northern and western flanks, including through Canada’s unprecedented investments in over-the-horizon radar, submarines, aircraft, and boots on the ground—boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic.	Nuestro compromiso con el Artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Estamos trabajando con nuestros aliados de la OTAN, incluidos los ocho países nórdicos y bálticos, para asegurar aún más los flancos norte y oeste de la alianza, incluso a través de inversiones sin precedentes de Canadá en radares de largo alcance, submarinos, aviones y botas sobre el terreno… botas sobre el hielo. Canadá se opone firmemente a los aranceles sobre Groenlandia y pide conversaciones centradas para lograr nuestros objetivos compartidos de seguridad y prosperidad en el Ártico.
On plurilateral trade, we’re championing efforts to build a bridge between the Trans-Pacific Partnership and the European Union, which would create a new trading block of 1.5 billion people. On critical minerals, we’re forming buyers’ clubs anchored in the G7. On AI, we’re cooperating with like-minded democracies to ensure we won’t be forced to choose between hegemons and hyperscalers. This is not naive multilateralism; it’s building coalitions that work issue-by-issue.	En cuanto al comercio plurilateral, defendemos los esfuerzos para tender un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, lo que crearía un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas. En cuanto a los minerales críticos, estamos formando clubes de compradores anclados en el G7. En cuanto a la IA, cooperamos con democracias afines para garantizar que no nos veamos obligados a elegir entre hegemones e hiperescaladores. Esto no es un multilateralismo ingenuo; es construir coaliciones que funcionen tema por tema.
Some argue that middle powers must act together because if we’re not at the table, we’re on the menu. Great powers can afford, for now, to go it alone. Middle powers do not. When we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. This is not sovereignty; it’s the performance of sovereignty while accepting subordination.	Algunos sostienen que las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Las grandes potencias pueden permitirse, por ahora, ir por libre. Las potencias medias no. Cuando solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad. Esto no es soberanía; es la representación de la soberanía mientras se acepta la subordinación.
What does it mean for middle powers to “live the truth”? First, it means naming reality. Stop invoking the “rules-based international order” as though it still functions as advertised. Call it what it is: a system of intensifying great power rivalry. It means acting consistently—applying the same standards to allies and rivals. It means building what we claim to believe in rather than waiting for the old order to be restored.	¿Qué significa para las potencias medias “vivir en la verdad”? Primero, significa nombrar la realidad. Dejar de invocar el “orden internacional basado en reglas” como si todavía funcionara como se anunciaba. Llamarlo por su nombre: un sistema de intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias. Significa actuar con coherencia, aplicando las mismas normas a aliados y rivales. Significa construir aquello en lo que decimos creer en lugar de esperar a que se restaure el viejo orden.
Canada has what the world wants: we are an energy superpower, we hold vast reserves of critical minerals, we have the most educated population in the world, and our pension funds are among the world’s largest investors. We have the capital, talent, and fiscal capacity to act decisively.	Canadá tiene lo que el mundo quiere: somos una superpotencia energética, poseemos vastas reservas de minerales críticos, tenemos la población más educada del mundo y nuestros fondos de pensiones se encuentran entre los mayores inversores del mundo. Tenemos el capital, el talento y la capacidad fiscal para actuar con decisión.
We understand that this rupture calls for more than adaptation; it calls for honesty. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, and more just. This is the task of the middle powers. The powerful have their power, but we have the capacity to stop pretending, to name reality, and to act together.	Entendemos que esta ruptura exige algo más que adaptación; exige honestidad. Estamos quitando el cartel de la ventana. Sabemos que el viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero creemos que de la fractura podemos construir algo más grande, mejor, más fuerte y más justo. Esta es la tarea de las potencias medias. Los poderosos tienen su poder, pero nosotros tenemos la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad y de actuar juntos.
That is Canada’s path. We choose it openly and confidently. Thank you very much.	Ese es el camino de Canadá. Lo elegimos abierta y confiadamente. Muchas gracias.

Jan 20, 2026 ∞

Un plugin para revisar proyectos en OmniFocus… a mi manera

Una de las cosas que más me incomodan del sistema de revisiones de OmniFocus es que, aunque permite definir intervalos (diario, semanal, mensual…), la próxima fecha de revisión depende siempre del día exacto en que marcas un proyecto como revisado.

Esto es lógico desde el punto de vista del software, pero no encaja bien con cómo reviso yo mis proyectos:
las revisiones “de verdad” las hago los domingos, de forma concentrada y sistemática. El resto de la semana puedo revisar algo puntualmente, pero no quiero que eso desordene mi calendario de revisiones.

El problema

Ejemplo típico:

Un proyecto con revisión semanal.
Lo reviso un martes.
OmniFocus lo vuelve a programar para el martes siguiente.

Resultado: el proyecto deja de aparecer en domingo y rompe el ritmo de la revisión semanal.

Mi modelo mental

Yo trabajo con proyectos etiquetados por estado, de forma excluyente:

▶️ En ejecución → revisión diaria
⏩️ En cola → revisión semanal
⏸️ En espera → revisión cada dos semanas
⏹️ Archivo → revisión cada dos meses

La clave es que, independientemente del día en que revise un proyecto, la próxima revisión debe caer siempre en domingo:

semanal → próximo domingo
quincenal → segundo domingo
bimestral → octavo domingo

La solución: un plugin personalizado

Con ayuda de ChatGPT he desarrollado un plugin de OmniFocus que sustituye el botón estándar Marcar como revisado por una acción propia:

Marca el proyecto como revisado.
Calcula manualmente la próxima fecha de revisión.
La fija siempre en domingo, según el tag de estado del proyecto.
Si un proyecto no tiene tag de estado, el plugin se detiene y avisa (prefiero errores explícitos a comportamientos silenciosos).

El plugin no toca los intervalos de revisión (eso lo gestiona otro script), solo controla la fecha concreta de la próxima revisión.

Cómo lo uso

No ejecuto el plugin directamente desde OmniFocus, sino a través de Keyboard Maestro, que lanza la acción desde el menú de Automatización. Esto me permite:

asignar el atajo de teclado exacto que quiero,
mantener todos mis atajos centralizados,
y convertir la revisión en un flujo completamente de teclado.

Desde la perspectiva Revisión, reviso proyecto a proyecto y uso siempre este atajo, nunca el botón nativo.

Conclusión

OmniFocus es muy flexible, pero a veces hay que doblar ligeramente su comportamiento interno para que encaje con tu forma real de trabajar. En este caso, el plugin convierte la revisión en algo más parecido a un calendario editorial que a un sistema reactivo.

Y, como suele pasar últimamente, ChatGPT ha sido una ayuda enorme, no solo para escribir código, sino para razonar el diseño, detectar errores de la API y llegar a una solución limpia y documentada.

Si en el futuro olvido por qué mis revisiones “funcionan así”, al menos ya sé dónde mirarlo.

Jan 20, 2026 ∞

¿Cuándo deben publicarse las puntuaciones de los criterios de juicio de valor en una licitación electrónica?

En las licitaciones electrónicas actuales, la apertura de las ofertas económicas ha dejado de ser el acto público solemne que muchos recordamos. Cuando se emplean medios electrónicos, el acto público de apertura no resulta preceptivo según el artículo 157.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El descifrado y apertura se realizan a través de la herramienta de gestión de la licitación que utilice cada poder adjudicador —ya sea la plataforma estatal o autonómica, u otras herramientas comerciales conectadas a estas—, quedando constancia electrónica de fecha y hora, y los licitadores suelen conocer el resultado cuando se publican posteriormente las actas e informes en la Plataforma pública o en el perfil del contratante.

Esta transformación digital ha generado dudas sobre un aspecto crítico del procedimiento: ¿cuándo deben publicarse las puntuaciones de los criterios sujetos a juicio de valor antes de abrir los sobres económicos? Para responder a la cuestión, los tribunales administrativos de recursos contractuales han ido perfilando una doctrina flexible pero exigente.

El marco legal y la doctrina administrativa

El artículo 146.2.b) LCSP

El artículo 146.2.b) LCSP establece que, cuando coexistan criterios automáticos y criterios sujetos a juicio de valor, la evaluación de estos últimos se realizará con carácter previo a la apertura de los sobres económicos, dejando constancia documental de ello, y que dicha evaluación previa se hará pública en el acto en que se proceda a la apertura de las ofertas económicas.

La finalidad de esta norma es clara: evitar que el conocimiento de las ofertas económicas pueda contaminar la valoración técnica, garantizando así la imparcialidad y objetividad del procedimiento de selección.

La adaptación a la licitación electrónica

En procedimientos electrónicos, los tribunales han destacado que la trazabilidad electrónica asegura la invariabilidad de documentos; por ello, la publicación puede producirse inmediatamente antes o incluso después de la apertura económica, siempre que conste que la valoración técnica fue aprobada antes de abrir las ofertas económicas y que la documentación esté disponible dentro del plazo para recurrir.

Esta flexibilidad ha dado lugar a distintas situaciones que conviene analizar.

Doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales

1. Publicación inmediata en la misma sesión (estándar óptimo)

Resolución TACRC 708/2020, de 19 de junio de 2020 (Recurso 445/2020; Instituto Geográfico Nacional; Expte. 2019-1718174) Consultar resolución completa

La Mesa publicó en la Plataforma la puntuación de los criterios de juicio de valor y, acto seguido, abrió las ofertas económicas en la misma sesión, ajustándose al artículo 146.2.b) LCSP. El Tribunal desestimó el recurso que denunciaba apertura económica previa a la publicación.

Del tenor de dicho precepto resulta que las calificaciones sujetas a juicio de valor se publicarán antes de la apertura de los sobres que contengan los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas, pero en el mismo acto. Exactamente así procedió en el presente caso la mesa de contratación que, en su sesión de 3 de marzo de 2020, concretamente a las 12:04, publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la puntuación asignada a los criterios sujetos a juicio de valor e, inmediatamente después, a las 12:04 abrió los sobres que contenían la proposición económica.

Esta práctica representa el estándar de oro: publicar las puntuaciones técnicas en la plataforma inmediatamente antes de proceder a la apertura económica en la misma sesión garantiza transparencia plena y evita cualquier tacha procedimental.

2. Publicación posterior con trazabilidad electrónica (admisible)

Resolución TACRC 640/2021, de 28 de mayo de 2021 (Recurso 280/2021; Conselleria de Sanitat, Expte. 714/2020)
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El Tribunal reitera que en licitación electrónica la publicidad de la valoración puede no ser simultánea, siempre que la aprobación de la técnica sea previa a la apertura económica y quede constancia en acta. La finalidad del artículo 146.2.b) es evitar contaminación de la valoración.

Este Tribunal ha declarado reiteradamente que la finalidad de que se proceda a la aprobación de la valoración otorgada a los criterios valorables mediante juicio de valor con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas es evitar que aquella valoración se vea contaminada por el contenido de tales ofertas económicas. En el caso que nos ocupa, tal finalidad queda acreditada, ya que la aprobación de tales valores se lleva a cabo con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas, aunque fuera en la misma sesión. Además, tal valoración toma como base un informe elaborado con anterioridad. No cabe la posibilidad de contaminación de tal valoración por el contenido de las ofertas económicas presentadas.

El hecho de que la publicación de la valoración atribuida a los criterios valorables mediante juicio de valor se lleve a cabo con posterioridad no afecta a este hecho, debido a la imposibilidad de modificación del contenido de los documentos electrónicos, como se ha señalado anteriormente. En el expediente queda constancia de los correspondientes actos y de su contenido, sin que sea posible sustituirlos o modificarlos con posterioridad.

Este criterio flexible reconoce que, en el entorno digital, lo esencial no es la simultaneidad de la publicación, sino la garantía de que la valoración técnica se aprobó antes de conocer las ofertas económicas.

3. Publicación dentro del plazo de recurso (requisito mínimo)

Resolución TACRC 567/2025, de 10 de abril de 2025 (Recurso 270/2025; Dpto. Salud Alicante–Sant Joan; Expte. PA 224/2023)
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Sobre publicidad, el TACRC afirma que actas de mesa e informes técnicos deben estar disponibles en el perfil con el acto al que sirven de fundamento y dentro del plazo para recurrir; no se exige publicación previa e inmediata a su emisión, bastando su disponibilidad para articular un recurso fundado.

Como señalamos en nuestra Resolución 830/2023, de 22 de junio, del tenor del citado precepto resulta que han de ser objeto de publicación las actas de la mesa relativas al procedimiento de adjudicación, pero sin que la norma concrete en qué momento ha de tener lugar dicha publicación. Ello determina que deba estarse al espíritu y finalidad de la norma, conforme a los parámetros interpretativos que fija nuestro Código Civil. Dicha finalidad se encuentra, en el artículo 151 de la LCSP (…)

Por lo tanto, se observa cómo la preocupación última del legislador es, precisamente, garantizar que los interesados dispongan de la información necesaria y suficiente para poder recurrir, por lo que dicha información debe estar publicada, al menos, dentro del plazo de interposición del recurso. La eventual diferencia temporal entre la publicación del acto recurrido y la de las actas que lo fundamentan no constituye por sí misma una infracción, siempre que no dificulte de manera efectiva el ejercicio del derecho a recurrir.

Esta doctrina vincula la publicidad al derecho de defensa: la información debe estar disponible a tiempo para que los licitadores puedan impugnar fundamentadamente, pero no necesariamente de forma inmediata a la emisión del informe.

4. Irregularidades no invalidantes vs. vicios de nulidad

Resolución TACRC 551/2025, de 10 de abril de 2025 (Recurso 241/2025; Ayto. Carlet; Expte. 2702/2020)
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Aunque el Tribunal detectó una apertura del sobre económico por la secretaria antes de la constitución formal de la mesa, lo calificó como irregularidad no invalidante al haberse respetado el orden legal (primero juicio de valor, luego fórmulas) y no haberse vulnerado el secreto de las ofertas.

Pero lo esencial, a juicio de este Tribunal es que la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se ha realizado por la mesa con posterioridad a efectuarse la de los criterios sujetos a juicio de valor, como se desprende de la fecha de firma electrónica del informe del comité de expertos previsto en la cláusula 17 bis del PCAP, respetándose lo dispuesto en el artículo 146 LCSP. Asimismo, esta evaluación de los criterios sujetos a juicio de valor se hizo pública, en el acto de fecha 25 de noviembre de 2024, al que asistió una licitadora tras contactar telefónicamente con el servicio de contratación y fue objeto de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 26 de noviembre de 2024.

Entiende el Tribunal de lo expuesto, que nos encontramos ante irregularidades no invalidantes, habiéndose salvaguardado el orden en la apertura y valoración de sobres contemplado en el artículo 146 LCSP y 30 del RD 817/2009, sin que se haya vulnerado el secreto de las proposiciones, por lo que cabe desestimar el primer motivo de recurso.

Sin embargo, estimó el recurso por falta de motivación del informe técnico de juicio de valor al no publicarse el “documento de trabajo interno” que contenía la justificación detallada, ordenando retroacción para dictar nueva adjudicación motivada.

Pues bien, este “documento de trabajo interno” que figura suscrito el 23 de octubre de 2024 mediante firma electrónica por los miembros del comité de expertos, en el que se desglosan y detallan las puntuaciones dadas a cada una de las ofertas siguiendo los criterios subjetivos de adjudicación fijados en los pliegos, no ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto con el informe de valoración, por lo que ha de acogerse la alegación de falta de motivación del acuerdo de adjudicación, habiéndose originado indefensión a la recurrente quien no ha dispuesto de la información completa para poder accionar fundadamente contra la valoración realizada y en consecuencia vedar al Tribunal la posibilidad de ejercer el control de tal valoración, que es el que se refiere a las cuestiones de legalidad que puedan verse afectadas por el dictamen técnico, concurriendo motivo de anulabilidad.

Debe anularse en consecuencia el acuerdo de adjudicación, con retroacción de actuaciones al momento anterior a su dictado para que se dicte nuevo acto de adjudicación suficientemente motivado poniendo en conocimiento de la recurrente las justificaciones detalladas en el documento de trabajo interno.

Esta resolución ilustra un principio clave: las deficiencias formales en la publicidad pueden tolerarse si no generan indefensión, pero la falta de motivación suficiente es un vicio invalidante.

5. Vicios graves: alteración de criterios y revaloraciones

Resolución TARCJA 417/2025, de 11 de julio de 2025 (Recurso 319/2025; Universidad de Cádiz; Expte. EXP044/2024/19)
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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía anuló la valoración por haber introducido, en fase de evaluación, subapartados y ponderaciones no previstos en el PCAP para los criterios de juicio de valor (por ejemplo, puntuar el “volumen total de horas” con 10/15 puntos), vulnerando transparencia e igualdad.

En tal sentido se ha de poner de manifiesto, que la controversia a resolver por este Tribunal tiene por objeto la cuestión de si era conforme a Derecho que los referidos subapartados sirvieran de base para la asignación por la mesa de contratación de una determinada puntuación, que además ha devenido determinante en la adjudicación del contrato, y ello tomando en consideración la descripción contenida en el pliego respecto al citado subcriterio de adjudicación, de modo que si aquella descripción, no pudiera amparar la mencionada valoración, como es el caso, la impugnación de la adjudicación ha de estimarse, al margen de los concretos incumplimientos en los que, en su caso, hubiese podido incurrir la oferta recurrente y las consecuencias que de ello hubiera de derivarse, que en ningún caso pueden justificar ni convalidar la extralimitación en la que se ha incurrido por el órgano evaluador en el modo de valoración de las ofertas.

En suma, en el caso que nos ocupa, el órgano de contratación ha valorado factores y ha distribuido la puntuación sin que se encontrase previsto en la descripción del subcriterio de adjudicación en cuestión, ni pudiese inferirse de modo razonable, por lo que su valoración ha supuesto una vulneración de los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia que han de regir la contratación pública.

Este ha sido el criterio seguido por este Tribunal en anteriores Resoluciones, entre las más reciente cabe indicar la Resolución 103/2025, de 21 de febrero.

Además, declaró que no es posible una nueva valoración técnica después de conocidas las ofertas económicas; ello quiebra las garantías de imparcialidad del artículo 146.2 LCSP y obliga a anular toda la licitación.

En cuanto a los efectos de la anulación acordada, cabe reseñar que la mercantil L’OPEROSA en su escrito de interposición solicita que tras la estimación del recurso interpuesto se acuerde una nueva valoración de los criterios sometidos a juicio de valor «respetando el contenido de los pliegos y corrigiendo errores patentes.». Pues bien, en el supuesto examinado no resulta viable una nueva valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, toda vez que ya se conocen y se han valorado las ofertas económicas de las licitadoras, por lo que una nueva valoración supondría una infracción de las garantías de imparcialidad y objetividad en el proceso de selección de la oferta económicamente más ventajosa, que constituyen el objetivo primordial perseguido por los artículos 146.2 de la LCSP (…) Así, como por el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (…) estableciendo un procedimiento de valoración de la oferta en dos momentos separados, valorando en primer lugar, las ofertas conforme a los criterios sujetos a juicio de valor y, en segundo lugar, conforme a los criterios de valoración automáticos.

En consecuencia, en el presente supuesto y al no quedar garantizada la imparcialidad y objetividad en el proceso de selección de la oferta económicamente más ventajosa, la consecuencia inevitable es la declaración de nulidad de todo el procedimiento de licitación, lo cual no impedirá la iniciación por el órgano de contratación de un nuevo procedimiento de adjudicación, si así lo estima necesario.

Esta resolución marca una línea roja infranqueable: una vez conocidas las ofertas económicas, cualquier intento de revalorar los criterios técnicos contamina irremediablemente el procedimiento.

Estado actual: casuística práctica

De la doctrina analizada se desprenden las siguientes situaciones admitidas y rechazadas:

✅ Situaciones admitidas:

Publicación “en el acto”: se admite que la publicación de las puntuaciones técnicas se haga en la Plataforma en la misma sesión inmediatamente antes de abrir la oferta económica.
Publicación posterior próxima: se admite la publicación de actas e informes técnicos con el acuerdo de adjudicación o dentro del plazo de recurso, siempre que conste que la valoración técnica fue previa a la apertura económica.
Irregularidades no invalidantes: descifrado por secretaria o defectos de convocatoria pueden no invalidar si hay trazabilidad, no hay contaminación ni violación del secreto y se respeta el orden del artículo 146.

❌ Situaciones rechazadas:

Irregularidades invalidantes: cambiar “sobre la marcha” la metodología o ponderaciones de criterios de juicio de valor, o pretender revalorar técnica tras conocer las económicas, conlleva nulidad de la adjudicación e incluso de la licitación.
Motivación insuficiente: la falta de motivación suficiente de la valoración técnica (no publicar la justificación detallada disponible) provoca anulabilidad y retroacción.

Recomendaciones finales

Para poderes adjudicadores: extremar cautelas

La flexibilidad de la doctrina administrativa no debe interpretarse como permisividad. En mi opinión, los órganos de contratación deben:

Asegurar el orden legal: Aprobar y documentar la valoración técnica antes de abrir las ofertas económicas; si es en una única sesión, publicar en la Plataforma la puntuación técnica inmediatamente antes de la apertura.
Aprovechar la trazabilidad electrónica: En procedimientos electrónicos, no es exigible acto público de apertura económica; priorizar trazabilidad, sellado temporal y registro de eventos de la Plataforma.
Garantizar la publicidad oportuna: Publicar actas e informes técnicos junto con la adjudicación o dentro del plazo de recurso, garantizando a los licitadores la información necesaria para impugnar.
Motivar suficientemente: Motivar suficientemente la valoración técnica y publicar la justificación detallada empleada para puntuar, evitando indefensión y anulaciones por falta de motivación.
Respetar escrupulosamente los criterios del pliego: No introducir subcriterios o ponderaciones no previstas en el PCAP durante la evaluación; cualquier método interno no puede alterar criterios ni su ponderación relativa.
Evitar revaloraciones: Si se anula la valoración técnica tras abrir las económicas, evitar revaloraciones técnicas; en su caso, reiniciar la licitación para salvaguardar imparcialidad.

Para empresas licitadoras: vigilancia activa

Los licitadores deben ejercer un control activo del procedimiento para asegurar licitaciones justas o fundamentar recursos en defensa de sus derechos:

Verificar la secuencia temporal: Verificar que la mesa haya aprobado la valoración de juicio de valor antes de la apertura económica; si no consta, valorar recurso por infracción del artículo 146.2.b) LCSP.
Exigir motivación completa: Exigir la publicación de la motivación técnica completa; si faltan razones individualizadas o documentos de trabajo usados, alegar indefensión y solicitar retroacción.
Impugnar metodologías no previstas: Impugnar metodologías o ponderaciones “ad hoc” no previstas en pliegos para los criterios de juicio de valor, por vulneración de transparencia e igualdad.
Controlar los plazos de publicación: Controlar el momento de publicación de actas e informes: deben estar disponibles dentro del plazo de recurso con el acto de adjudicación; si no, alegar afectación a la tutela efectiva.
Documentar irregularidades: Documentar cualquier irregularidad en aperturas o convocatorias; aun siendo no invalidantes, pueden apoyar un relato de falta de garantías.

Conclusión

La publicación de las puntuaciones de los criterios de juicio de valor antes de abrir los sobres económicos es un requisito esencial del procedimiento de adjudicación, pero su aplicación en el entorno digital admite cierta flexibilidad.

Lo verdaderamente importante no es la simultaneidad absoluta, sino garantizar tres elementos: orden temporal correcto (valoración técnica antes que económica), trazabilidad documental (constancia fehaciente de la secuencia) y publicidad oportuna (información disponible para ejercer el derecho de defensa).

Los poderes adjudicadores deben extremar las cautelas para documentar adecuadamente cada paso del procedimiento, mientras que las empresas licitadoras deben vigilar activamente el cumplimiento de estas garantías. Solo así se asegura un sistema de contratación pública transparente, competitivo y respetuoso con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Jan 18, 2026 ∞

El plazo de recurso contra instrumentos urbanísticos se inicia con el último acto de comunicación, sea la publicación o la notificación

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta
Sentencia núm. 1113/2025, de 9 de septiembre de 2025
Recurso de casación núm. 5053/2023
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Quesada Varea
ROJ: STS 3927/2025 | ECLI: ES:TS:2025:3927
Enlace CENDOJ: www.poderjudicial.es/search/AN…

I. El supuesto analizado

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó definitivamente el 31 de octubre de 2018 la modificación puntual núm. 24 de la Ordenanza municipal de edificación. La entidad Kimafido, S.L., que había formulado alegaciones en el trámite de información pública, recibió notificación personal del acuerdo el 24 de enero de 2019. Más de cuatro meses después, el 3 de junio de 2019, la disposición se publicó en el periódico oficial. La sociedad interpuso recurso contencioso-administrativo el 3 de septiembre de 2019.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, considerando que el plazo de dos meses del artículo 46.1 LJCA debía computarse desde la notificación personal (24 de enero de 2019) y no desde la publicación oficial (3 de junio de 2019). La cuestión casacional consistía en determinar el dies a quo del plazo cuando concurren notificación personal anterior y publicación posterior de un instrumento urbanístico.

II. Posiciones enfrentadas

Kimafido alegó infracción del artículo 46.1 LJCA y del derecho a la tutela judicial efectiva, invocando la jurisprudencia que establece que cuando la notificación es anterior a la publicación, el plazo se computa desde la última fecha, conforme al principio pro actione (STS de 2 de marzo de 2016, rec. 1530/2014).

El Ayuntamiento de Huelva y la codemandada Centros Infantiles Chicos, S.L. sostuvieron que la participación activa de Kimafido en el procedimiento administrativo le otorgaba la condición de interesada, haciendo necesaria la notificación personal, que debía prevalecer sobre la publicación. Alegaron que computar el plazo desde la publicación otorgaría una «doble oportunidad» para recurrir, constituyendo un abuso de derecho.

III. Razonamiento del Tribunal Supremo

El Tribunal estructura su análisis sobre dos pilares fundamentales.

1. La publicación como requisito de eficacia

La publicación oficial constituye el requisito ineludible para que los planes de urbanismo entren en vigor y produzcan efectos jurídicos (artículos 70.2 LRBRL, 131 LPACAP, 9.3 CE y 2 CC). Como declaró la STS de 9 de febrero de 2012 (rec. 2079/2008), «la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan y de sus normas es el momento que determina su entrada en vigor y el perfeccionamiento de su eficacia en cuanto norma o disposición, iniciándose entonces el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo».

Cuando concurren notificación personal y publicación, el plazo se computa desde el último acto de comunicación. Esta doctrina, aplicada en las SSTS de 31 de enero de 2012 (rec. 878/2008), 13 de julio de 2012 (rec. 3567/2008) y 135/2016, de 28 de enero (rec. 2635/2014), establece que si la notificación es posterior a la publicación, el plazo se cuenta desde aquélla; pero si la notificación es anterior, «hay que estar a la última fecha -la de publicación- como de inicio del cómputo para recurrir, porque la notificación personal no es necesaria y sí lo es una interpretación pro actione, cuando está en juego el derecho de acceso a la jurisdicción».

2. La participación en información pública no otorga condición de interesado

El artículo 83.3 LPACAP establece expresamente que «la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado». El ordenamiento diferencia la información pública, dirigida a todos los ciudadanos, de la audiencia de interesados en cuanto titulares de derechos o intereses legítimos individualizados (artículos 82 y 83 LPACAP).

La jurisprudencia ha reiterado que la participación en información pública, por activa que sea, no convierte al alegante en interesado ni hace necesaria la notificación de la aprobación de instrumentos urbanísticos (SSTS de 30 de enero de 2013, rec. 4659/2009; 9 de octubre de 2014, rec. 1944/2012; 30 de noviembre de 2011, rec. 5935/2008; 2 de marzo de 2016, rec. 1530/2014).

El Tribunal advierte que subordinar el cómputo del plazo a criterios tan difusos como la intensidad de la participación ciudadana «corre el riesgo de provocar una incertidumbre sobre los requisitos para ejercer las acciones judiciales que sería inadmisible desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica» (SSTC 96/2002, 64/2005 y 335/2006).

3. Rechazo del argumento de la “doble oportunidad”

El Tribunal rechaza que computar el plazo desde la publicación otorgue una doble oportunidad para recurrir, señalando que este efecto se produce igualmente cuando la notificación es posterior a la publicación, supuesto en que la jurisprudencia admite que el plazo se compute desde la notificación.

IV. Doctrina fijada y fallo

El Tribunal fija como doctrina que «en el caso de que la aprobación de un instrumento urbanístico sea objeto de notificación personal a quien hubiera formulado alegaciones en el trámite de información pública y con posterioridad de publicación en el periódico oficial, la fecha de inicio del plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es la constituida por el día siguiente a la publicación oficial».

Esta regla general admite únicamente dos excepciones: cuando la impugnante es otra Administración (artículo 46.6 LJCA) y cuando el instrumento se ha tramitado por iniciativa particular, siendo preceptiva la notificación al promotor (SSTS de 2 de marzo de 2016, rec. 1530/2014; 1738/2017, rec. 3028/2016; 1683/2017, rec. 2228/2016).

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y acuerda la retroacción de actuaciones para que la Sala de instancia dicte nueva sentencia resolviendo sobre el fondo del asunto. La cuestión de fondo requiere la interpretación de normas autonómicas (Ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía), cuyo conocimiento corresponde al tribunal autonómico en virtud del artículo 93.1 LJCA.

V. Corolario

La sentencia proporciona un criterio claro y uniforme que refuerza la seguridad jurídica y el principio pro actione en una cuestión que había sido siempre así pero que algunas Administraciones empezaban a poner en duda por mor del artículo 41.7 de la Ley 39/2015 («Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar»; pero habla de notificaciones por distintos cauces, no de notificación y publicación).

En resumen, para calcular el plazo de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un instrumento urbanístico (salvo que se sea su promotor o se trate de un litigio entre Administraciones), ha de estarse a la fecha del último acto de comunicación, sea este la publicación o la notificación individual.

Así, esta STS mantiene la doctrina de la STS de 13 de julio de 2012, que cita:

«Y en la Sentencia de 26 de diciembre de 2007 […] puntualizamos que “la publicación de la norma [estudio de detalle] reabre el plazo de impugnación, lo mismo que lo reabriría la notificación personal si ésta fuera posterior a la publicación”. Habiendo de acudirse, pues, a la última de las dos fechas concernidas […]».

Jan 17, 2026 ∞

Legitimación activa de asociaciones profesionales en el control de ayudas de Estado

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta)
Sentencia de 15 de enero de 2026, asunto C-124/24 P
Asempre/Comisión

EL PROBLEMA JURÍDICO

La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) contra la sentencia del Tribunal General que declaró inadmisible su recurso de anulación de la Decisión de la Comisión que consideró compatible con el mercado interior la compensación de 1.280 millones de euros concedida a Correos por la prestación del servicio postal universal durante 2011-2020.

La cuestión central es si una asociación profesional que agrupa a competidores de una empresa beneficiaria de ayudas de Estado tiene legitimación activa para impugnar una decisión de la Comisión que declara compatible dicha ayuda sin incoar el procedimiento de investigación formal. ¿Basta con haber participado activamente en el procedimiento administrativo previo?

ANTECEDENTES

Correos fue designada como operador responsable del servicio postal universal en España por quince años desde el 1 de enero de 2011, recibiendo compensación por la carga financiera derivada de esta obligación. Asempre presentó una denuncia en 2013 alegando la ilegalidad de diversas ayudas concedidas a Correos, que resultó en que la Comisión ordenara en 2018 la recuperación de aproximadamente 167 millones de euros por compensaciones excesivas del período 2004-2010.

En 2019, Asempre denunció nuevamente las ayudas del período 2011-2020. Las autoridades españolas notificaron una compensación de 1.280 millones de euros, de los cuales Correos había recibido 1.219 millones antes de la notificación. La Comisión, sin incoar procedimiento de investigación formal, consideró la compensación compatible con el mercado interior.

El Tribunal General declaró inadmisible el recurso de Asempre al estimar que no la afectaba individualmente en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

EL RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL

La doble vía de impugnación

El Tribunal establece una distinción fundamental: cuando la Comisión declara compatible una ayuda sin incoar procedimiento de investigación formal, los “interesados” están legitimados para salvaguardar sus derechos procedimentales por esa mera condición. Sin embargo, para cuestionar el fundamento de la decisión deben demostrar una situación particular, especialmente que su posición en el mercado se ve afectada sustancialmente por la ayuda.

La carga de la prueba

La afectación sustancial no requiere un análisis en profundidad de las relaciones de competencia, sino una constatación prima facie de que la concesión de la ayuda conduce a que la posición competitiva se vea sustancialmente afectada. El demandante debe aportar elementos que permitan demostrar que la medida puede afectar sustancialmente a su posición en el mercado.

El Tribunal concluye que el Tribunal General no impuso una carga probatoria excesiva a Asempre, sino que simplemente consideró insuficientes los datos aportados sobre las particularidades de la estructura del mercado, la cuantía de la ayuda y la situación de las empresas competidoras.

Insuficiencia de la posición dominante del beneficiario

El Tribunal rechaza que la mera posición dominante de Correos sea suficiente para acreditar afectación individual. Si la posición de dominio del beneficiario pudiera justificar que cualquier operador se vea individualmente afectado, el requisito de afectación individual se cumpliría sin más en todos los mercados con operador dominante, vaciando de contenido los requisitos jurisprudenciales.

Ninguna de las circunstancias invocadas por Asempre —cuantía de la ayuda, carácter ilegal, evolución del mercado postal o situación de competidores—, ni siquiera consideradas conjuntamente con la posición dominante de Correos, obligaba al Tribunal General a considerar acreditada la afectación sustancial cuando Asempre no aportó elementos de que al menos uno de sus miembros hubiera sufrido, prima facie, un fuerte descenso de volumen de negocios, pérdidas económicas considerables o disminución notable de cuotas de mercado.

La participación activa no basta

El Tribunal precisa que el mero hecho de que una empresa haya desempeñado un papel activo en el procedimiento de investigación formal no basta para considerar que la decisión la afecte individualmente. Con mayor razón, una asociación profesional que cuestiona el fundamento de una decisión adoptada sin procedimiento formal no puede invocar su participación activa cuando no se ha acreditado que la posición de mercado de sus miembros se haya visto sustancialmente afectada.

Tutela judicial efectiva

El Tribunal rechaza la vulneración del artículo 47 de la Carta. Los requisitos de admisibilidad del artículo 263 TFUE deben interpretarse a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que ello se traduzca en obviar dichos requisitos expresamente establecidos en el Tratado. Un particular al que no afecta directa e individualmente una decisión en materia de ayudas de Estado no puede ampararse en el derecho a tutela judicial frente a dicha decisión.

DOCTRINA FIJADA E IMPLICACIONES

La sentencia consolida que la afectación sustancial resulta de una constatación prima facie, no de un análisis exhaustivo, pero exige que el demandante aporte elementos concretos que demuestren que la medida puede afectar sustancialmente a su posición. La mera posición dominante del beneficiario no es suficiente para acreditar afectación individual. La participación activa en el procedimiento previo no confiere legitimación automática para cuestionar el fundamento de la decisión.

La sentencia tiene implicaciones prácticas evidentes: los competidores de beneficiarios de ayudas deben aportar datos económicos concretos —descenso de ingresos, pérdidas, reducción de cuota de mercado— para acreditar legitimación activa. No basta con invocar la lógica económica, la cuantía de la ayuda o la estructura del mercado.

¿Resulta excesivamente restrictiva esta interpretación? La cuestión permanece abierta. El Tribunal mantiene un equilibrio entre el acceso a la justicia y la necesidad de evitar recursos temerarios, pero puede dificultar el control judicial efectivo de las decisiones de la Comisión, especialmente para pequeños operadores o asociaciones con recursos limitados para obtener datos económicos precisos.

Jan 17, 2026 ∞

El derecho de superficie sobre bienes patrimoniales: ¿contrato administrativo o privado? La STS 5961/2025 fija doctrina

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 1686/2025, de 18 de diciembre de 2025 (Recurso nº 7577/2022), con ECLI:ES:TS:2025:5961 y ROJ: STS 5961/2025, resuelve una cuestión de gran interés práctico: cuándo un contrato de constitución de derecho de superficie sobre bienes patrimoniales municipales debe calificarse como contrato administrativo especial y cuándo como contrato privado.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con ponencia del Excmo. Sr. D. José Luis Gil Ibáñez, fija doctrina jurisprudencial sobre esta materia y, de paso, anula la resolución de un contrato de superficie por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido.

El caso: viviendas sociales en Parla

El Ayuntamiento de Parla resolvió en 2017 un contrato de derecho de superficie constituido sobre tres parcelas municipales (B1D, D-3-1 y K2A del sector 4bis “Residencial Este”), incautó la garantía definitiva por importe de 610.169,29€ y abrió procedimiento de daños y perjuicios, motivado por incumplimientos contractuales de los superficiarios.

El contrato se había constituido sobre parcelas patrimoniales municipales con objetivos precisos: la construcción y explotación de unidades de alojamiento temporal para jóvenes y mayores, un edificio de equipamiento multifuncional con dos auditorios, salas de exposiciones, aulas de usos múltiples y biblioteca municipal. Se trataba de una iniciativa del Ayuntamiento de Parla que comenzó en 2004, siendo una respuesta pública a una necesidad social mediante el uso de parcelas de equipamiento para la construcción de residencias transitorias para colectivos con dificultades para acceder a la vivienda.

Tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraron que se trataba de un contrato privado, análogo a un contrato de compraventa o arrendamiento, excluido del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Ambas instancias entendieron que, al ser un contrato privado, no resultaban aplicables los trámites formales contemplados en la LCSP para su extinción, y que la jurisdicción civil, no la contencioso-administrativa, debía pronunciarse sobre la extinción del contrato.

La cuestión de interés casacional

El auto de admisión del recurso de casación fijó como cuestión de interés casacional objetivo: “Si el contrato de constitución de derecho de superficie sobre terrenos de propiedad municipal destinados directamente al servicio público de dotación de vivienda social a colectivos vulnerables (jóvenes y personas de la tercera edad) es un contrato administrativo especial o un contrato privado, a los efectos de poder determinar el orden jurisdiccional competente”.

El razonamiento del Tribunal Supremo: la finalidad como elemento determinante

El Tribunal Supremo comienza recordando que para determinar si se está ante un contrato administrativo o privado, el legislador ha establecido un criterio principal y otro secundario: el criterio principal viene constituido por la propia calificación que se hace en la ley; el criterio secundario es el determinado por la vinculación con el giro o tráfico administrativo y sirve para la calificación como contrato administrativo especial.

Los contratos patrimoniales (compraventa, donación, permuta, arrendamiento y análogos sobre bienes inmuebles) son calificados por el legislador como contratos privados, sin que proceda acudir al criterio secundario o finalista para calificarlos como administrativos especiales, ya que para ello sería necesario que estuvieran incluidos en el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Contratos.

Pero aquí viene lo interesante. El Tribunal establece una distinción fundamental:

Dos modalidades de derecho de superficie sobre bienes patrimoniales

Hay que diferenciar dos modalidades en el contrato de constitución del derecho de superficie sobre bienes patrimoniales de la Administración. La diferencia entre una y otra modalidad estriba en la finalidad perseguida por la Administración al celebrar el contrato, de suerte que una relación jurídica concreta ofrece naturaleza administrativa cuando en su causa se advierte la presencia de un fin público como elemento esencial.

Primera modalidad - contratos privados:

Aquellos derechos de superficie constituidos sobre bienes patrimoniales en los que el propósito de la Administración contratante es puramente privado, como sucede con todos aquellos en los que el interés público se sustituye por un mero interés económico o mercantil ajeno al desenvolvimiento regular de un servicio público o a la satisfacción de una necesidad pública de su competencia.

Segunda modalidad - contratos administrativos especiales:

Los derechos de superficie constituidos sobre bienes patrimoniales para conseguir alguno o algunos de los fines en los que tiene una competencia específica la Administración contratante, de tal modo que el interés público concurrente no justifica que la Administración se despoje de sus prerrogativas ni que se prescinda de las garantías del procedimiento administrativo, lo que ocurre con aquellos contratos destinados a edificar viviendas de protección oficial.

Solo los primeros contratos constitutivos de derechos de superficie entrarían en la exclusión prevista en el artículo 4.1.p) de la Ley 30/2007, no así los segundos, que no serían contratos patrimoniales en los términos previstos en dicho precepto, ya que, dada su finalidad, no pueden reputarse negocios jurídicos análogos a los expresamente mencionados: compraventa, donación, permuta y arrendamiento.

Aplicación al caso concreto

Las finalidades perseguidas con la constitución del derecho de superficie encuentran pleno acomodo en las competencias propias del Municipio que enuncia el artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en especial, con la de “Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera”.

Por tanto, el contrato del derecho de superficie constituido sobre determinadas parcelas municipales para satisfacer una finalidad pública de la específica competencia del Ayuntamiento, no puede calificarse de negocio jurídico sobre bienes inmuebles excluido del ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Contratos ni de contrato privado, como erróneamente apreciaron las sentencias de instancia y apelación.

La doctrina jurisprudencial fijada

La apreciación de que un contrato de derecho de superficie constituido sobre bienes inmuebles patrimoniales de un Ayuntamiento es un negocio jurídico que, conforme al artículo 4.1.p) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (actual artículo 9.2 de la Ley 9/2017), está excluido del ámbito objetivo de aplicación de dicha Ley, requiere tener en cuenta todos los elementos concurrentes y, en especial, la finalidad perseguida con el contrato, de manera que si dicha finalidad o, en el caso de ser varias, la más relevante, es la de satisfacer un interés público de la específica competencia del Ayuntamiento, se deberá rechazar la exclusión y considerar que se está ante un contrato administrativo de los previstos en el artículo 19 de la Ley 30/2007 (actual artículo 25 de la Ley 9/2017).

Consecuencias: nulidad por prescindencia del procedimiento

Una vez establecido que el contrato era administrativo, su resolución requería seguir un procedimiento específico del que se prescindió. Los únicos trámites realizados fueron la evacuación de algunos informes municipales internos y la audiencia del superficiario, que no bastan para suplir las omisiones de otros que, con carácter esencial, debieron practicarse, como, ante la oposición del contratista, el preceptivo informe del órgano consultivo correspondiente (artículo 195.3.a) de la Ley 30/2007), que no es una simple omisión formal intrascendente sino que da lugar a que concurra la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 y en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula las sentencias de instancia y apelación, estima el recurso contencioso-administrativo y anula la resolución municipal de 23 de febrero de 2017 por no ser conforme a Derecho.

Reflexión final

La sentencia me parece especialmente relevante porque establece un criterio claro y práctico: no basta con que un contrato adopte la forma de un derecho de superficie sobre bienes patrimoniales para calificarlo automáticamente como contrato privado excluido de la LCSP. Hay que atender a la finalidad perseguida.

Si la Administración constituye el derecho de superficie para satisfacer una competencia propia (como la promoción de vivienda social), no puede despojarse de sus prerrogativas ni prescindir de las garantías del procedimiento administrativo. El contrato será administrativo especial, con todas las consecuencias que ello conlleva en cuanto a su régimen jurídico y al orden jurisdiccional competente.

Lo que me genera cierta inquietud es la delimitación práctica entre ambas modalidades. ¿Cuándo el interés público es suficientemente irrelevante para aplicar la exclusión del artículo 4.1.p) (actual 9.2) de la LCSP? ¿El derecho de superficie debe tener una finalidad meramente crematística o mercantil para considerar que es un contrato patrimonial privado? ¿Cuándo actúa así un Ayuntamiento? ¿Debe considerarse quizá que el destino que el superficiario dé a la construcción debe estar alejado de las finalidades públicas del concedente, para concluir que el negocio jurídico no pertenece al giro o tráfico administrativo?

En cualquier caso, la doctrina fijada aporta elementos de juicio relevantes y habrá que estar atentos a su aplicación en casos futuros. Si alguien tiene experiencia con contratos de superficie sobre bienes patrimoniales municipales o conoce otras resoluciones que hayan abordado esta cuestión, quedaré muy agradecido por compartirlas.

Jan 16, 2026 ∞

La guerra contra el correo electrónico: un sistema personal para la gestión de la información

El ejercicio de la abogacía nos sitúa en un escenario de sobrecarga informativa constante. Habitualmente, el flujo de correos, documentos y expedientes que recibimos supera nuestra capacidad de procesamiento manual si pretendemos mantener el rigor que nuestra profesión exige. Por ello, he dedicado un poco de tiempo a lo que considero una inversión necesaria: la creación de un sistema de automatización que gestione el tráfico de datos para que yo pueda centrarme en el análisis jurídico.

En esta ocasión, todo ha sido con la ayuda de Google Gemini.

Se trata de un script desarrollado en Python que integra mis herramientas de trabajo habituales —MailMate, OmniFocus y Hookmark— para reducir el margen de error y eliminar la fricción en la gestión diaria.

Un flujo de trabajo sin fisuras

La meta es clara: que la información no se disperse. El sistema que he implementado realiza un recorrido automatizado que garantiza la trazabilidad total de cada asunto:

Análisis y Síntesis mediante IA: No siempre es eficiente leer un hilo interminable de correos para entender qué hay que hacer. El script utiliza la API de OpenAI (GPT-4o) para analizar el contenido y generar, de forma automática, un resumen ejecutivo y un título de tarea claro. Esto me permite, de un solo vistazo en OmniFocus, comprender la naturaleza del encargo.
Acuse de Recibo y Atención al Cliente: La inmediatez es un valor al alza. He configurado el script para que, al detectar un mensaje marcado con un flag, envíe automáticamente un acuse de recibo profesional vía SMTP. Esto asegura al remitente que su mensaje ha sido recibido y que ya está integrado en mi sistema de seguimiento, sin que yo tenga que interrumpir mi estudio para redactar una respuesta de cortesía.
Gestión Inteligente de Expedientes: Los archivos adjuntos son la columna vertebral de nuestro trabajo. El script identifica los documentos relevantes, descartando elementos superfluos como logos o firmas, y los organiza en carpetas específicas dentro de mi estructura de iCloud Drive.
Conectividad Total con Hookmark: El mayor avance en mi flujo de trabajo es la vinculación bidireccional. Mediante AppleScript, el sistema conecta la tarea de OmniFocus con el archivo físico en el Finder. Esto me permite saltar de la tarea al documento, o del documento al correo original, eliminando el tiempo perdido en búsquedas manuales.

Menos gestión, más Derecho

A menudo nos perdemos en tareas de “gestión de la información” que, aunque necesarias, no aportan valor jurídico al cliente. La implementación de este script responde a la necesidad de ser más exigente con mi propio tiempo.

Automatizar el acuse de recibo, el archivado y la creación de tareas no es solo una cuestión de comodidad; es una estrategia para reducir el margen de error. Al delegar en un sistema estructurado la descarga de archivos y la organización de la bandeja de entrada, aseguro que nada quede en el tintero.

En definitiva, se trata de que la tecnología asuma la carga de los procesos rutinarios. Intento así vencer la guerra al correo electrónico (desde aquí escucho sus risas) y asegurar que dispongo de algo más de tiempo de calidad para dedicar a cada asunto, a cada cliente.

Jan 6, 2026 ∞

Calculadora de plazos procesales y administrativos

Captura de pantalla que muestra la interfaz principal de la calculadora, con los selectores de provincia, tipo de plazo, fecha de inicio y botón para iniciar el cálculo.

He publicado una calculadora de plazos procesales y administrativos, accesible desde el navegador, pensada como herramienta práctica para el cómputo fiable de vencimientos en días o meses, conforme a las reglas habituales del derecho administrativo y procesal español (fundamentalmente contencioso-administrativo, aunque funciona igual para el proceso civil).

👉 Acceso directo a la herramienta: calculadora de plazos

La calculadora nace de una necesidad muy concreta: evitar errores mecánicos en el cómputo de plazos cuando entran en juego días inhábiles, festivos territoriales y reglas especiales como la inhabilidad de agosto o navidad.

¿Qué hace esta calculadora?

La aplicación permite calcular la fecha exacta de vencimiento de un plazo legal a partir de:

una fecha de inicio (notificación o publicación),
una duración,
y un tipo de procedimiento, que determina automáticamente las reglas aplicables.

Actualmente la calculadora trabaja con dos grandes modalidades de cómputo:

Plazos por días (principalmente días hábiles, con opción de días naturales).
Plazos por meses, aplicando las reglas específicas previstas en la normativa procesal.

No calcula plazos en horas ni pretende cubrir todos los supuestos imaginables: está pensada para los casos más habituales en la práctica diaria.

Cómo usar la calculadora (paso a paso)

1. Selección de provincia

El primer paso es elegir la provincia, lo que determina el calendario de festivos aplicable.
La aplicación carga automáticamente el archivo correspondiente y confirma si el calendario se ha cargado correctamente.

2. Tipo de procedimiento / plazo

A continuación se selecciona el tipo de procedimiento, que fija de forma automática las reglas de cómputo:

Plazo procesal (LJCA + LEC)
Agosto y navidad inhábiles. En virtud del artículo 130.2 LEC ¹.

Plazo administrativo (Ley 39/2015)
Agosto y navidad hábiles. Conforme al artículo 30 LPAC ².

Interposición de recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 LJCA)
Agosto y navidad inhábiles, con regla especial de exclusión de agosto en el cómputo por meses. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.2 LJCA ³.

La aplicación muestra de forma visible qué reglas se aplican en cada caso.

3. Fecha de inicio y duración

Se introduce:

la fecha de inicio del plazo,
la duración (número de días o meses),
y la unidad del plazo:
- Días
- Meses

Si se eligen días, puede indicarse si el cómputo es por días hábiles (opción habitual) o por días naturales (opción excepcional, pero útil en determinados supuestos, como en procedimientos de contratación pública).

4. Cálculo y resultado

Al pulsar “Calcular vencimiento”, la aplicación muestra:

la fecha final de vencimiento, con indicación del día de la semana,
y, opcionalmente, un detalle paso a paso del cómputo, donde se explica qué días se cuentan y cuáles se excluyen.

Este desglose resulta especialmente útil para comprobar el razonamiento del cálculo o justificarlo internamente.

Reglas de cómputo que aplica la herramienta

La calculadora se apoya en un motor de cálculo propio, desarrollado en Python, que aplica de forma sistemática las siguientes reglas:

1. Días hábiles

En el cómputo por días hábiles se excluyen automáticamente:

sábados y domingos,
festivos incluidos en el calendario provincial seleccionado,
el mes de agosto completo, si es un plazo procesal¹; pero no lo excluye si el plazo es administrativo, porque en tal caso agosto es hábil²,
el periodo de navidad (del 24 de diciembre al 6 de enero), en plazos procesales¹; pero no en plazos administrativos².

2. Días naturales

El cómputo por días naturales se ofrece como herramienta auxiliar, para supuestos menos frecuentes.
En este caso se cuentan días consecutivos, sin excluir festivos ni fines de semana.

3. Plazos por meses

En los plazos computados por meses, la aplicación ¹ y ²:

Determina el mes de vencimiento.
Ajusta el día si el mes final no tiene día equivalente.
Prorroga el vencimiento al siguiente día hábil si la fecha resultante cae en día inhábil.

4. Regla especial: interposición de recurso contencioso y agosto

En los plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo, se aplica la regla específica del artículo 128.2 LJCA ³:

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.

La calculadora “salta” agosto al contar meses y deja constancia de esta regla en el detalle explicativo.

Publicación como aplicación web

La calculadora se ha publicado como aplicación web en Streamlit, lo que permite:

usarla sin instalar nada,
acceder desde cualquier dispositivo,
mantener una única versión actualizada.

El motor de cálculo es el mismo que se desarrolló previamente en versiones locales y de escritorio; Streamlit actúa únicamente como interfaz web.

Aviso importante

Esta herramienta se ofrece “tal cual”, con finalidad orientativa.
No sustituye al análisis jurídico del caso concreto ni a la verificación final del plazo conforme a la normativa aplicable y los calendarios oficiales. El autor no asume responsabilidad por decisiones adoptadas en base a este cálculo.

Acceso a la calculadora

👉 Calculadora de plazos procesales y administrativos

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Artículo 130. Días y horas hábiles.
2. Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.
↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC): Artículo 30. Cómputo de plazos.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Artículo 128.2. Plazos
2. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.
↩︎ ↩︎

Dec 29, 2025 ∞

Ley 6/2025 de Medidas Urgentes: Capítulo II sobre Suelo y Urbanismo

By Clara (GPT), asistente jurídico-administrativa.

El Capítulo II de la Ley 6/2025 constituye el núcleo operativo de la norma y la principal palanca para materializar los objetivos programáticos formulados en la Exposición de Motivos, en particular los relativos a la movilización efectiva de suelo, la reducción de plazos urbanísticos, la producción acelerada de vivienda protegida (especialmente en alquiler) y la superación del modelo rígido de planeamiento derivado de la Ley 2/2006.

La Exposición de Motivos identifica de forma expresa tres problemas estructurales que este capítulo pretende corregir:

la desincronización entre suelo planificado y suelo realmente disponible,
la excesiva duración y fragmentación de los procedimientos urbanísticos,
y la incapacidad del sistema para responder con rapidez a la emergencia habitacional.

Sobre esta base, el Capítulo II introduce una reforma funcional de la Ley 2/2006, más orientada a la ejecución que a la planificación formal.

1. Creación de la figura de la actuación prioritaria

(artículo 2 bis de la Ley 2/2006)

Determinación normativa

La ley introduce la actuación prioritaria como categoría urbanística específica, aplicable a:

actuaciones que prevean vivienda de protección pública, y
actuaciones de intervención en conjuntos urbanos o rurales existentes.

La calificación como actuación prioritaria puede realizarse:

mediante el planeamiento urbanístico, o
de forma singular, mediante la aprobación del proyecto de actuación prioritaria.

Esta calificación habilita:

el uso de un procedimiento abreviado,
la reducción de plazos, y
la flexibilización limitada de la ordenación estructural, sin necesidad de modificar previamente el plan general o de sectorización.

Vinculación con los objetivos de la Exposición de Motivos

La Exposición de Motivos (apartados I y II) denuncia que existe suelo calificado para más de 160.000 viviendas que no se moviliza por rigideces normativas y procedimentales.

La actuación prioritaria se concibe precisamente como un instrumento de desbloqueo, orientado a convertir suelo planificado en suelo ejecutable en plazos reales, especialmente cuando concurre interés público en forma de vivienda protegida.

La prioridad ya no es la perfección formal del planeamiento, sino su capacidad de producir vivienda.

2. El proyecto de actuación prioritaria como instrumento central de ejecución

Determinación normativa

La ley redefine el sistema de instrumentos urbanísticos, situando el proyecto de actuación prioritaria como pieza central, con tres niveles sucesivos:

Anteproyecto: inicia la tramitación y permite fijar criterios municipales.
Proyecto básico: concreta la ordenación, la viabilidad económica y el calendario.
Proyecto ejecutivo: instrumento directamente habilitante para:
- la urbanización,
- la reparcelación,
- y el inicio de la edificación.

El proyecto ejecutivo no requiere instrumento de ordenación pormenorizada y puede incluso modificarla, si existiera.

Vinculación con los objetivos programáticos

La Exposición de Motivos critica expresamente la segmentación histórica entre planeamiento, gestión y disciplina urbanística, y la acumulación de instrumentos intermedios sin valor añadido real.

El proyecto de actuación prioritaria responde a este diagnóstico:

integra en un único instrumento lo que antes exigía varios,
elimina duplicidades,
y desplaza el foco desde la planificación abstracta hacia la ejecución material de viviendas.

Se trata de una lógica coherente con el objetivo declarado de incrementar rápidamente la oferta, especialmente de vivienda protegida en alquiler.

3. Procedimiento abreviado: reducción de plazos y silencio positivo

(nuevo artículo 94 bis)

Determinación normativa

El procedimiento abreviado introduce:

plazos máximos tasados para cada fase,
información pública de 20 días,
solicitud única de informes sectoriales por administración,
y, de forma especialmente relevante, silencio administrativo positivo en:
- la aprobación del proyecto básico,
- la aprobación del proyecto ejecutivo.

Se prevé incluso la indemnización de la iniciativa en caso de denegación no imputable a ilegalidad sustantiva.

Vinculación con los objetivos programáticos

La Exposición de Motivos subraya que los procedimientos actuales alargan indebidamente la producción de suelo y vivienda, lo que impide responder a la presión demográfica y al aumento de la demanda.

El procedimiento abreviado responde directamente a esta crítica:

convierte el tiempo administrativo en un factor jurídicamente controlado,
desplaza el riesgo de la inacción hacia la administración,
y ofrece seguridad temporal a promotores públicos y privados que actúan en vivienda protegida.

La introducción del silencio positivo no es casual: refleja la voluntad de que la inactividad administrativa deje de ser un freno estructural.

4. Flexibilización de la ordenación estructural (límite del 10 %)

Determinación normativa

En actuaciones prioritarias se permite reajustar la ordenación estructural:

sin modificar el plan general o de sectorización,
con un límite máximo del 10 % respecto a:
- superficie del ámbito,
- edificabilidad total,
- o cuantía máxima de usos compatibles.

Vinculación con los objetivos programáticos

La Exposición de Motivos reconoce que la Ley 2/2006 fue diseñada bajo parámetros hoy obsoletos, incapaces de adaptarse a:

cambios demográficos acelerados,
nuevas tipologías residenciales,
y necesidades urgentes de vivienda en alquiler.

La flexibilización limitada responde a un equilibrio deliberado:

se preserva la función de la ordenación estructural,
pero se evita que se convierta en un corsé inmovilizador cuando el interés público exige rapidez.

5. Reforma del régimen de cesiones y creación de una reserva estratégica de suelo

(artículo 27 de la Ley 2/2006)

Determinación normativa

La ley modifica el régimen de cesión del 15 % de la edificabilidad ponderada, introduciendo:

la posibilidad de que la cesión corresponda a la administración pública promotora cuando esta promueva vivienda protegida,
la cesión parcial al Gobierno Vasco en grandes actuaciones residenciales con vivienda protegida,
y la adscripción de estos suelos al Patrimonio Público de Suelo.

Vinculación con los objetivos programáticos

Uno de los objetivos expresos de la Exposición de Motivos es la creación de una reserva estratégica de suelo que permita al Gobierno Vasco planificar y ejecutar políticas de vivienda en alquiler a medio y largo plazo.

La reforma del régimen de cesiones:

transforma una obligación urbanística clásica en un instrumento activo de política pública de vivienda,
refuerza la capacidad autonómica para intervenir en mercados tensionados,
y corrige la dependencia exclusiva del planeamiento municipal para la producción de suelo público.

6. Redefinición de los estándares de vivienda protegida

(artículo 80 de la Ley 2/2006)

Determinación normativa

El capítulo II redefine con precisión:

los porcentajes mínimos de vivienda protegida en suelo urbano no consolidado y urbanizable,
los subestándares de vivienda de protección social y alquiler,
y permite, de forma excepcional y justificada, la reducción del estándar en suelo urbanizable del 75 % al 60 %, manteniendo el mínimo del 55 % para protección social.

Además, cualquier incremento adicional de edificabilidad del 10 % se destina íntegramente a vivienda protegida.

Vinculación con los objetivos programáticos

La Exposición de Motivos insiste en que la emergencia habitacional afecta no solo a colectivos vulnerables, sino también a las clases medias y a la competitividad económica de Euskadi.

El nuevo sistema de estándares persigue:

asegurar un volumen suficiente de vivienda protegida, especialmente en alquiler,
pero evitando que porcentajes rígidos hagan inviables económicamente las actuaciones y, en la práctica, impidan su ejecución.

La posibilidad de reducción condicionada refleja una lógica pragmática: mejor ejecutar con un estándar ligeramente inferior que no ejecutar en absoluto.

7. Depuración del sistema de gestión urbanística

Determinación normativa

El capítulo II culmina con una amplia operación de derogaciones, sustitución de referencias y simplificación conceptual, reduciendo el peso del programa de actuación urbanizadora y reforzando la centralidad de la unidad de ejecución y del proyecto de actuación.

Vinculación con los objetivos programáticos

Esta depuración normativa responde al objetivo transversal de la ley: hacer el sistema urbanístico comprensible, operativo y orientado a resultados, eliminando categorías que ya no aportan valor en un contexto de urgencia habitacional.

Conclusión

El Capítulo II traduce los objetivos políticos y sociales de la Exposición de Motivos en mecanismos jurídicos concretos, apostando por un urbanismo:

menos formalista,
más ejecutivo,
y explícitamente orientado a la producción de vivienda protegida.

La reforma de la Ley 2/2006 no es meramente técnica: supone un cambio de paradigma, en el que la función social de la vivienda y la urgencia habitacional justifican una relectura completa de las reglas clásicas del planeamiento y la gestión urbanística.

Dec 29, 2025 ∞

Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo

El Boletín Oficial del País Vasco de hoy, 29 de diciembre de 2025, publica la Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo.

Se presenta como una norma de medidas urgentes que reforma de manera transversal el marco jurídico vasco en vivienda, suelo y urbanismo, incorporando además modificaciones relevantes en materia ambiental, turismo (viviendas de uso turístico) y sistema vasco de garantía de ingresos.

Su objetivo central es incrementar la oferta de vivienda —especialmente protegida y en régimen de alquiler—, movilizar suelo disponible y reducir de forma significativa los plazos administrativos, manteniendo las garantías urbanísticas y ambientales. Asimismo, refuerza la efectividad de las zonas de mercado residencial tensionado y dota a las administraciones de nuevos instrumentos de intervención.

A continuación, un resumen ejecutivo de su contenido, realizado por Clara (GPT), mi asistente jurídico-administrativa.

1. Estructura formal de la ley

La ley se articula del siguiente modo:

Exposición de Motivos (apartados I a III)
Cinco capítulos
Cuatro disposiciones adicionales
Cinco disposiciones transitorias
Dos disposiciones finales

La Exposición de Motivos cumple una función clave de diagnóstico (crisis habitacional, rigidez urbanística, tensión del mercado del alquiler) y de justificación de urgencia, explicando además la lógica interna de las reformas introducidas.

2. Contenido esencial por capítulos

CAPÍTULO I – Disposiciones generales

Define el objeto y finalidad de la ley: garantizar el acceso a la vivienda mediante:
- movilización de suelo,
- agilización de procedimientos urbanísticos y administrativos,
- regulación del mercado residencial en contextos tensionados.

CAPÍTULO II – En materia de suelo y urbanismo

(Reforma profunda de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo)

Es el núcleo estructural de la ley. Sus principales ejes son:

2.1. Nuevas figuras urbanísticas

Actuación prioritaria: actuaciones con vivienda protegida o de regeneración urbana/rural que se declaren como tales.
Proyecto de actuación prioritaria, con tres niveles:
- Anteproyecto
- Proyecto básico
- Proyecto ejecutivo
Procedimiento abreviado, diseñado para eliminar trámites redundantes.

2.2. Procedimiento abreviado (nuevo artículo 94 bis)

Tramitación secuencial y acelerada.
Información pública de 20 días.
Silencio administrativo positivo en la aprobación del proyecto básico y ejecutivo.
El proyecto ejecutivo integra urbanización y reparcelación, haciendo innecesarios instrumentos intermedios.

2.3. Flexibilización de la ordenación estructural

En actuaciones prioritarias se permiten ajustes de la ordenación sin modificar previamente el plan.
Límite general del 10 % en superficie, edificabilidad o usos compatibles.

2.4. Cesión de plusvalías y reserva estratégica de suelo

Reforma del artículo 27 de la Ley 2/2006:
- Cesión del 15 % de la edificabilidad ponderada.
- En actuaciones promovidas por administraciones públicas de vivienda, la cesión puede corresponder a la administración promotora.
- En grandes desarrollos residenciales, parte de la cesión se destina al Patrimonio Público de Suelo del Gobierno Vasco.

2.5. Estándares de vivienda protegida

Suelo urbano no consolidado: mínimo 40 % del incremento de edificabilidad residencial a vivienda protegida.
Suelo urbanizable residencial: regla general del 75 %, con un mínimo del 55 % para vivienda de protección social.
Posibilidad de reducción hasta el 60 %, justificada por viabilidad económica y ejecución inmediata.
El incremento adicional del 10 % de edificabilidad en actuaciones prioritarias se destina íntegramente a vivienda protegida.

2.6. Simplificación y depuración normativa

Ajustes en programación, delimitación de unidades de ejecución, recepción de urbanización, licencias y primera ocupación.
Eliminación progresiva del protagonismo del antiguo programa de actuación urbanizadora.

CAPÍTULO III – En materia de vivienda

(Modificación de la Ley 3/2015, de Vivienda)

3.1. Zonas de mercado residencial tensionado

Se consideran incumplimiento de la función social de la vivienda los incumplimientos derivados de la declaración de zona tensionada.
Se tipifica como infracción grave el alquiler en estas zonas incumpliendo las medidas específicas.

3.2. Alojamientos dotacionales

Posibilidad de implantarlos en suelos calificados como equipamiento sin necesidad de recalificación.
Autorización de alojamientos dotacionales en levantes mediante estudio de detalle en parcelas residenciales públicas destinadas a alquiler.

3.3. Impulso a la vivienda en municipios rurales

Orientación prioritaria de recursos públicos a municipios rurales o de hasta 3.000 habitantes.

CAPÍTULO IV – En materia ambiental

(Modificaciones de la Ley 10/2021 y de la Ley 4/2015)

El objetivo es sincronizar los procedimientos urbanísticos y ambientales:

Posibilidad de que determinados ayuntamientos asuman funciones del órgano ambiental.
Nuevo artículo 75 bis: coordinación entre evaluación ambiental estratégica simplificada y tramitación urbanística.
Reducción de plazos en actuaciones residenciales.
Reglas específicas para suelos con uso residencial protegido en materia de contaminación del suelo, con efectos favorables por falta de resolución en plazo.

CAPÍTULO V – Otras materias

5.1. Instituciones locales

Se atribuye al Pleno municipal la competencia para aprobar el proyecto básico de actuación prioritaria.

5.2. Turismo

En zonas de mercado residencial tensionado se establece la suspensión automática de nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico durante la vigencia de la declaración.

3. Disposiciones adicionales

DA 1.ª: reglas para la reducción del estándar de vivienda protegida y su cumplimiento conjunto.
DA 2.ª: racionalización de los informes sectoriales, con informes únicos y silencio favorable en supuestos residenciales protegidos.
DA 3.ª: contratación pública urgente para promociones de vivienda protegida y alojamientos dotacionales.
DA 4.ª: modificaciones en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos (concepto de domicilio y unidad de convivencia).

4. Régimen transitorio y disposiciones finales

Disposiciones transitorias

Regulación puente para:
- unidades de ejecución no delimitadas,
- estándares de vivienda protegida en alquiler,
- planeamientos en tramitación,
- valoración provisional de suelos de vivienda protegida,
- aplicación inmediata de reducción de plazos.

Disposiciones finales

Cláusula de revisión a los tres años de las principales medidas de flexibilidad urbanística y reducción de estándares.
Entrada en vigor: al día siguiente de su publicación en el BOPV.

May 12, 2025 ∞

Publicada la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano

El BOPV de hoy, 12 de mayo de 2025, ha publicado la aprobación definitiva y las normas de ordenación del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, que sustituye al anterior de 2006.

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Apr 28, 2025 ∞

Yoink giveaway! - BrettTerpstra.com

🔗 Yoink giveaway! - BrettTerpstra.com

I’m excited to offer the next giveaway, 4 licenses ($8.99 value each) for Yoink. This might be the last app in the series, I think — it’s been a good run (for over a year and a half!).Eternal Storms software is offering 4 licenses for their excellent utility, Yoink.

From the developer:

Yoink offers a “shelf” for files and app-content you want to move or copy.

Virtually anything you can drag on your Mac, Yoink can hold for you until you need it.

From files in Finder to app-content (like text from word processors or images from websites), Yoink has got you covered.

Brett Terpstra is giving away 4 Yoink licenses, so don’t miss the chance to win one.

Yoink, by developer Matthias Gansrigler is an essential tool for me. I’ve been using it forever, and now it’s part of my Setapp subscription. I could not use my Mac without Yoink.

Coupled with LaunchBar, I grab a file, or a bunch of them, I send them to Yoink and they’re ready to be moved anywhere, dragged into a MailMate message, or whatever action I want to do with them.

You need to try Yoink, you’ll thank Matthias later.

Apr 27, 2025 ∞

¿Y si los Gemelos Digitales Urbanos (GDU) fueran la clave para lograr la excelencia en los servicios públicos municipales? – Nosoloaytos

🔗 ¿Y si los Gemelos Digitales Urbanos (GDU) fueran la clave para lograr la excelencia en los servicios públicos municipales? – Nosoloaytos

Un Gemelo Digital es una réplica virtual de un ente físico que utiliza los datos en tiempo real enviados por los sensores del objeto, a fin simular su comportamiento en situaciones reales y ensayar diferentes situaciones. Por su parte, el llamado Gemelo Digital Urbano (GDU), también conocido como Urban Digital Twin, representa un avance significativoen la gestión y planificación urbana al proporcionar un modelo digital preciso y en tiempo real de un municipio (normalmente una ciudad). Estos modelos completamente digitales permiten simular, analizar y prever situaciones urbanas, proporcionando una herramienta muy poderosa para la planificación, la gestión de recursos públicos y la toma de decisiones en el ámbito municipal. Los GDU integran información de sensores IoT, sistemas GIS, imágenes satelitales, datos meteorológicos y de tráfico, entre otros.

Muy interesante esto de Víctor Almonacid, desconocía por completo lo de los gemelos digitales urbanos.

Apr 18, 2025 ∞

Cuando quiero dar gracias

Soy un hombre afortunado. Y de vez en cuando me doy cuenta de que lo soy y siento la necesidad de dar las gracias. Y entonces canto mi oración de agradecimiento, que es “Pequeña serenata diurna”, de Silvio Rodríguez. Porque, además de afortunado, soy ateo escéptico, y no doy las gracias a entidades míticas, sino a la mujer que amo, a la época en la que he tenido la suerte de nacer y a quienes han caído en el camino para hacer posible mi felicidad.

Vivo en un país libre, Cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, Y soy feliz porque soy gigante.

Amo a una mujer clara, Que amo y me ama sin pedir nada. O casi nada, Que no es lo mismo pero es igual.

Y, por si fuera poco, Tengo mis cantos que, poco a poco, Muelo y rehago, habitando el tiempo, Como le cuadra al hombre despierto.

Soy feliz, soy un hombre feliz, Y quiero que me perdonen, Por este día, Los muertos de mi felicidad.

Apr 15, 2025 ∞

Trump is learning from George W. Bush

jonathankoren@sfba.social makes a good point here:

Post by [@jonathankoren@sfba.social](https://micro.blog/jonathankoren@sfba.social)

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Source: Boumediene v. Bush | Oyez. Oyez, www.oyez.org/cases/2007/06-1195. Accessed 15 Apr. 2025.

Question

Should the Military Commissions Act of 2006 be interpreted to strip federal courts of jurisdiction over habeas petitions filed by foreign citizens detained at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba? YES.

If so, is the Military Commissions Act of 2006 a violation of the Suspension Clause of the Constitution? YES.

Are the detainees at Guantanamo Bay entitled to the protection of the Fifth Amendment right not to be deprived of liberty without due process of law and of the Geneva Conventions? YES, YES and YES.

Can the detainees challenge the adequacy of judicial review provisions of the MCA before they have sought to invoke that review? YES, damn it.

Conclusion

5–4 DECISION FOR LAKHDAR BOUMEDIENE, ET AL. MAJORITY OPINION BY ANTHONY M. KENNEDY

A five-justice majority answered yes to each of these questions. The opinion, written by Justice Anthony Kennedy, stated that if the MCA is considered valid its legislative history requires that the detainees' cases be dismissed. However, the Court went on to state that because the procedures laid out in the Detainee Treatment Act are not adequate substitutes for the habeas writ, the MCA operates as an unconstitutional suspension of that writ. The detainees were not barred from seeking habeas or invoking the Suspension Clause merely because they had been designated as enemy combatants or held at Guantanamo Bay. The Court reversed the D.C. Circuit's ruling and found in favor of the detainees. Justice David H. Souter concurred in the judgment. Chief Justice John G. Roberts and Justice Antonin Scalia filed separate dissenting opinions.

Apr 13, 2025 ∞

Indemnización de daños y perjuicios cuando se anula la resolución de un órgano de recursos contractuales

🔗 JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

No nos encontramos aquí ante una reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida frente a una Administración Pública al amparo de los preceptos que señala el Ayuntamiento (artículos 106 de la Constitución, 91 y 92 de la Ley 39/2015, y 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público) sino ante una pretensión compensatoria planteada de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; esto es, formulada por la parte favorecida por una sentencia cuya ejecución ha devenido imposible. Y, siendo este el caso, están fuera de lugar las alegaciones del Ayuntamiento referidas a su falta de culpabilidad y en las que identifica al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público como “Administración responsable”.

_ 2/ _Establecido así que en la presente controversia se examina pretensión indemnizatoria planteada al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, entendemos que el abono de la compensación corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, en tanto que órgano de contratación. Y a ello no cabe oponer la “falta de culpabilidad” que el Ayuntamiento aduce en su defensa pues la indemnización que se contempla en el citado artículo 105.2 no se fundamenta en un criterio de responsabilidad subjetiva (culpa) sino que opera sobre un parámetro objetivo como es el de la compensación a la parte favorecida por una sentencia que no puede ejecutarse.

3/ La redacción del artículo 21.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resulta escasamente clarificadora a la hora de señalar quién ha de ser parte demandada en los procesos en que se impugnen las resoluciones de los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales…[a pesar de ello]… es indudable que el Ayuntamiento de Barcelona, órgano adjudicador del contrato, era responsable de ejecutar la sentencia, lo que lo coloca en la posición de Administración obligada al pago de la indemnización que se fije, conforme a lo p

4/ El Ayuntamiento de Barcelona alega que si se le condenase a satisfacer una indemnización a la recurrente se estaría causando a la Corporación municipal una clara indefensión, con vulneración del artículo 24 de la Constitución, porque sería condenada en un proceso sin oportunidad de haber sido oída. Pues bien, tampoco cabe acoger este alegato.

Por lo pronto, no es ocioso recordar que, a diferencia de lo que hizo en su momento la entidad Multinau, S.L., el Ayuntamiento de Barcelona no impugnó en vía jurisdiccional, pudiendo haberlo hecho, la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (….) Y también hemos visto que si bien la Corporación municipal no estuvo personada, por decisión propia, durante la tramitación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Multinau, S.L., sí compareció en las actuaciones más adelante, cuando ya se había dictado la sentencia; y fue precisamente el Ayuntamiento de Barcelona quien promovió el incidente para que se declarase la imposibilidad de ejecutar la sentencia (…) En consecuencia, entendemos que el Ayuntamiento de Barcelona no ha sufrido indefensión, ni cabe apreciar vulneración alguna del artículo 24 de la Constitución.

[Importe de la indemnización] (….) En estas circunstancias, la indemnización en favor de Multinau, S.L. no puede quedar reducida -como pretende el Ayuntamiento de Barcelona- al importe de los gastos en los que hubiese incurrido la recurrente en la preparación de su oferta sino que ha de equipararse a la prevista para casos de resolución del contrato por causa no imputable al contratista; en concreto, la que se contempla en el artículo 309.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, esto es, el 10% del beneficio dejado de obtener. (…) [Nota: Este artículo 309.3 del TRLCSP se corresponde al actual artículo 313.3 de la LCSP, en la que el porcentaje se reduce al 6%]

(…) En fin, tiene razón la recurrente cuando aduce que ha de tomarse en consideración lo declarado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la vía especial de impugnación en materia de contratación administrativa, y, en particular, sobre determinación y cuantificación de conceptos indemnizables.

En este sentido, es oportuno citar la STJUE de 30 de septiembre de 2010 (asunto C-314/09), en cuya parte dispositiva se establece: << La Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 […] en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita el derecho a obtener una indemnización de daños y perjuicios, derivada de una infracción del Derecho en materia de contratación pública por parte de la entidad adjudicadora, al carácter culposo de esta infracción,…>>.

Más recientemente, la STJUE de 6 de junio de 2024 (asunto C-547/22), que interpreta diversos preceptos de la citada Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1981, contempla específicamente que el licitador puede sufrir diversas clases de perjuicios, que pueden consistir en no haber obtenido la adjudicación de un contrato público (lucro cesante) pero también en el perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad al ser privado de la posibilidad de participar en el procedimiento de licitación (apartados 31, 32, 33, 38 y 39 de la sentencia). Esta sentencia recuerda, con cita de pronunciamientos anteriores, que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la reparación de los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido, en el sentido de que debe permitir, en su caso, compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos (apartado 35). Concepto este último, el de “compensación íntegra” de los daños, que guarda correspondencia o paralelismo con la figura de la “satisfacción equitativa” acuñada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pues bien, en el caso que nos ocupa no se trata de que la recurrente quedase privada de la posibilidad de participar en la licitación, con la consiguiente pérdida de la expectativa de adjudicación del contrato sino que sufrió un perjuicio significativamente más tangible, pues, como hemos visto, el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que resultó de imposible ejecución, habría determinado que Multianau, S.L. fuese adjudicataria del contrato. De ahí que, a efectos de cuantificación de la indemnización, hayamos considerado el caso equiparable a una resolución del contrato por causa no imputable al contratista

La cita es larga porque la sentencia no tiene desperdicio. Y me da una pista importantísima en el momento más oportuno. Gracias a Juan Carlos.

#legal
#contratos

Apr 12, 2025 ∞

Multimodal image generation (Ethan Mollick)

🔗 No elephants: Breakthroughs in image generation

I can give GPT-4o two photographs and the prompt “Can you swap out the coffee table in the image with the blue couch for the one in the white couch?” (Note how the new glass tabletop shows parts of the image that weren’t there in the original. On the other hand, the table that was swapped is not exactly the same). I then asked, “Can you make the carpet less faded?” Again, there are several details that are not perfect, but this sort of image editing in plain English was impossible before.

Or I can create an instant website mockup, ad concepts, and pitch deck for my terrific startup idea where a drone delivers guacamole to you on demand (pretty sure it is going to be a hit). You can see this is not yet a substitute for the insights of a human designer, but it is still a very useful first prototype.

It is impressive.