Contratación Pública

¿Puede la Administración decidir no adjudicar un contrato por razones de interés público?

Litinet · Contratación Pública

La Resolución 1368/2026 del TACRC ha anulado la decisión de no adjudicar un acuerdo marco de inmunoglobulinas en el que cuatro de los siete lotes habían quedado desiertos y los demás estaban en fase de propuesta. El órgano de contratación invocaba el riesgo para el suministro, pero la estructura en lotes la había diseñado él mismo y las dificultades del mercado ya existían cuando licitó. El Tribunal ordena retrotraer las actuaciones para los lotes a los que concurría la recurrente.

Contratar cultura no es contratar sin reglas

esPublico Contratación · Contratación Pública

Lectura conjunta de la Resolución 1242/2026 del TACRC (el ciclo «Daimiel en Concierto 2026») y del Informe 7/2026 de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunitat Valenciana. Ser artístico no equivale a ser exclusivo, la exclusiva del artista no se extiende por sí sola a sonido, montaje y producción, y la sucesión anual de contratos menores para las fiestas puede constituir fraccionamiento. Aborda además cuándo el pago a una asociación local por una actuación es ya un contrato y no una subvención.

Una explicación para españoles («de un jurista persa») de la nueva regulación europea del contrato de concesión

Juan Martínez Calvo, en Almacén de Derecho · Contratación Pública

Con la propuesta de Reglamento europeo de contratos públicos y concesiones como pretexto, el autor repasa cómo la LCSP de 2017 trasladó casi literalmente la Directiva 2014/23/UE y cómo la Oficina Nacional de Evaluación ha ido construyendo una lectura restrictiva del riesgo operacional. Sostiene que reducir la Parte IV a trece artículos no flexibiliza nada, sino que consolida la licitación concurrencial, y cita como contraejemplo el plan de concesiones de carreteras de Aragón.

Derecho Administrativo y Contencioso

La legitimación de los vecinos para recurrir en la vía contencioso-administrativa contra una actividad administrativa con potenciales efectos medioambientales (STS 30/10/2026)

Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

Unos vecinos de un municipio de Cuenca impugnaron la autorización ambiental integrada de una granja porcina y el TSJ de Castilla-La Mancha inadmitió el recurso por falta de legitimación. El Tribunal Supremo (RC 6879/2024) fija ahora que la acción pública medioambiental de la Ley 27/2006 no excluye la legitimación ordinaria del artículo 19.1.a) LJCA, y que los vecinos pueden ostentarla si existe conexión suficiente entre la actuación y el entorno en el que viven. La entrada reconstruye los antecedentes y el razonamiento de la sentencia.

Inadmisibilidad: la boca muda de la sentencia

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

Un Juzgado declaró inadmisible por extemporáneo el recurso contra el reintegro de una ayuda de emergencia social y, a la vez y «subsidiariamente», estimó el fondo. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2026 (Error Judicial 48/2025) aprecia error judicial patente porque el artículo 68.1 LJCA no admite fallos que mezclen inadmisión y pronunciamiento de fondo.

Función Pública

Baremación de cursos de la ESSSCAN como «escuela oficial de formación similar» a la EGAP (STSJ Galicia 4 de noviembre de 2026)

Contenciosos · Función Pública

En un proceso de estabilización de la Xunta de Galicia no se había computado a un aspirante un curso de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. La Administración sostenía que esa escuela solo era comparable a la FEGAS y no a la EGAP. El TSJ de Galicia (sentencia 644/2026) estima íntegramente el recurso: considera a la ESSSCAN escuela oficial de formación similar a la EGAP y no necesita anular indirectamente las bases.

Medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público

Tirant Prime · Función Pública

Dosier sobre el Real Decreto-ley 37/2026, que habilita para 2027 un incremento retributivo global máximo del 4,5 % con efectos desde el 1 de enero y con carácter básico, en un contexto de prórroga presupuestaria. Recoge la comparación homogénea de efectivos y antigüedad, las reglas sobre acción social, masa salarial laboral e indemnización por residencia, y la actualización de cantidades de la Ley de Presupuestos de 2023.

Urbanismo y Medio Ambiente

Disciplina urbanística y principio de proporcionalidad: STSJ País Vasco 3618/2026

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

En la ejecución de una sentencia que anuló la licencia de una vivienda levantada sobre unas antiguas escuelas en núcleo rural, el Ayuntamiento derribó la casa pero conservó unos muros de contención y sus rellenos. El TSJ del País Vasco reafirma que la demolición completa es la regla desde la doctrina del Supremo de 2012, pero entiende que la realidad física alterada era un terreno ya ocupado por una edificación preexistente. Avala por tanto la demolición parcial y advierte de que el supuesto es excepcional.

Transparencia reforzada en materia de protección de medio ambiente

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Urbanismo y Medio Ambiente

Una fundación que había sido interesada en un procedimiento sancionador por vertidos mineros a un cauce pidió copia de los expedientes y la Confederación Hidrográfica se la denegó con apoyo en los límites de la Ley 19/2013. El Tribunal Supremo declara que la Ley 27/2006 contiene un régimen propio y completo de acceso a la información ambiental, de modo que la Ley de Transparencia solo opera de forma supletoria y los únicos límites aplicables son los de aquella, interpretados de manera restrictiva y con ponderación en cada caso.

Administración Local

Penalidades al agente urbanizador: límites temporales en la ejecución del PAI

Fiscalización Local · Administración Local

Comentario al Dictamen 601/2026, de 30 de julio, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre un programa de actuación integrada. Las penalidades tienen naturaleza contractual y coercitiva, no sancionadora, y presuponen una prestación todavía ejecutable. Un procedimiento paralizado más de tres años, con las obras ya ejecutadas y recibidas, pierde la finalidad que justificaba imponerlas.