Resoluciones de la semana: urbanismo, empleo público y otras materias (18 de noviembre de 2026)
Lo publicado esta semana en urbanismo, empleo público, responsabilidad patrimonial, subvenciones y derecho regulatorio por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.
Urbanismo
El TSJ de Galicia anuló en 2001 una licencia de rehabilitación del Ayuntamiento de A Coruña; la sentencia se declaró inejecutable y, en 2019, su ejecución se encauzó mediante un acuerdo de mediación intrajudicial homologado, en el que el Ayuntamiento se comprometía, entre otras cosas, a construir un edificio de unas cincuenta viviendas de protección oficial. Ante el incumplimiento de ese compromiso, los recurrentes presentaron demanda ejecutiva, que el TSJ desestimó por entender que la sentencia quedó ejecutada con la homologación y que las incidencias del acuerdo debían plantearse por otras vías. El Tribunal Supremo fija doctrina en sentido contrario: la ejecución no termina con la homologación, porque el auto que homologa el acuerdo es título ejecutivo y la sentencia solo queda ejecutada cuando se cumple lo pactado, de modo que «todas las incidencias que surjan en el cumplimiento del acuerdo deben ser resueltas por el órgano judicial que ha homologado, no por la Administración». Estima el recurso, anula los autos y ordena al TSJ que resuelva sobre las pretensiones del incidente de ejecución.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ordenó demoler una edificación residencial no legalizable en suelo rústico de Sanxenxo. El Juzgado anuló la orden por caducidad en un procedimiento cuya cuantía se fijó en 22.183,51 euros (el coste de la demolición), pero el TSJ de Galicia admitió la apelación tomando el valor de la construcción (83.226 euros) y confirmó la orden. El Tribunal Supremo fija doctrina: en los procesos de restablecimiento de la legalidad urbanística con demolición, la cuantía a efectos de apelación es el valor económico real de la pretensión, integrado por el valor de la construcción más los gastos de demolición y reposición, porque lo que busca el demandante es conservar la edificación y «el coste del derribo o demolición no agota el interés económico litigioso, aunque integre el mismo». Como el valor de la construcción ya superaba por sí solo los 30.000 euros, la apelación estaba bien admitida, y el Tribunal desestima la casación aunque corrige la fundamentación del TSJ, que atendía solo a ese valor.
En la ejecución de una sentencia que declaró ilegal una vivienda autorizada por el Ayuntamiento de Sopuerta, la parte ejecutante apela el auto que tiene por cumplida parcialmente la sentencia y pide que el derribo alcance también los muros y rellenos que siguen en la finca. La vivienda se construyó tras demoler un edificio de principios del siglo pasado (las antiguas escuelas de La Venta), y los muros que quedan son los que sostenían esas escuelas. La Sala recuerda la jurisprudencia que exige restaurar «la realidad física alterada o transformada por la acción ilegal» sin margen para el principio de menor demolición, pero aquí esa realidad «no es el estado natural del terreno, pues sobre el mismo se encontraba una construcción preexistente». Por eso la reposición no obliga a devolver el terreno a su estado anterior a las escuelas, y la Sala desestima la apelación con costas limitadas a 500 euros.
Los propietarios de unas viviendas en Berriz piden la desafectación de 47 m² expropiados para la variante de la carretera BI-633, que solo sirven de acceso a sus fincas, y la Diputación Foral de Bizkaia la deniega por considerarlos dominio público viario. La Sala estima el recurso: durante más de una década la arista exterior de la explanación dejó fuera ese acceso, y la Diputación la modifica en 2024, justo después de la solicitud de desafectación y tras tener el expediente paralizado dos años. Frente a esos hechos determinantes, «una clara extemporaneidad de la Administración en la alteración de la arista exterior de la explanación», decaen las potestades discrecionales invocadas, por retraso desleal y por vulnerar la confianza legítima y el principio de buena administración. Anula las órdenes forales y, por recurso indirecto, el Plan Territorial de Carreteras de Bizkaia en cuanto incluye esos terrenos.
Empleo público
Un funcionario jubilado de la Comisión impugna la denegación parcial del reembolso de unos análisis de sangre por el régimen común del seguro de enfermedad, basada en un dictamen desfavorable del médico asesor que consideraba algunos análisis una práctica no convencional y no validada científicamente. El Tribunal General anula la decisión por falta de motivación: el dictamen era su fundamento principal, pero no se comunicó al interesado ni con las liquidaciones, ni cuando pidió aclaraciones, ni al resolver su reclamación, y sin él no podía conocer las razones de la denegación ni discutirlas. La Comisión no puede subsanar ese defecto aportando el dictamen en el proceso, salvo en casos excepcionales que no invoca. Criterio útil: la motivación sumaria de las liquidaciones de gastos médicos es admisible por el volumen de solicitudes, pero debe completarse, a más tardar, al resolver la reclamación. El Tribunal rechaza por incompetencia la pretensión de condena al pago, porque no puede dirigir órdenes a las instituciones.
Un aspirante a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía (convocatoria de 2018), declarado no apto en la entrevista personal, obtuvo del TSJ de Madrid el reconocimiento de que había superado esa prueba y el derecho a continuar el proceso selectivo con la nota de corte de su convocatoria de origen. El aspirante recurre ese último criterio y el Tribunal Supremo estima la casación aplicando la doctrina de sus sentencias 490/2024, 497/2024 y 509/2024: como el test psicotécnico que se haga con la promoción en curso ha de tener una dificultad parecida al original, lo procedente es que a todos los aspirantes, «ya concurran en virtud de sentencia ya lo hagan por primera vez, se les aplique la nota de corte» de la convocatoria en que se realiza la prueba. Si supera el proceso, el aspirante se ordena entre los de su promoción original, con los efectos económicos y administrativos reconocidos a quienes fueron nombrados entonces.
Un aspirante a los procesos especiales de consolidación de empleo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco impugna la valoración de sus méritos: pide que su experiencia como técnico de prevención del subgrupo A2 en una mancomunidad se valore en el Cuerpo Superior Facultativo, escala de prevención de riesgos laborales (subgrupo A1), y que se anulen las bases porque puntúan más la experiencia en la propia Administración. La Sala desestima el recurso. No hay indefensión por no haberse resuelto todos sus recursos, porque uno se resolvió de forma expresa y sus reclamaciones tuvieron respuesta en las sucesivas resoluciones publicadas. La experiencia en el subgrupo A2 no es valorable en el proceso del Cuerpo Superior Facultativo, subgrupo A1, y por eso el recurrente no obtendría ningún beneficio de la nulidad de las bases.
Un funcionario transferido con las competencias de instituciones penitenciarias impugna la modificación de la RPT del Gobierno Vasco (Decreto 315/2024) que configura su puesto como responsable de área de prevención de riesgos laborales, abierto a los subgrupos A1 y A2, cuando antes de la transferencia era jefe de servicio del subgrupo A1. La Sala rechaza primero la falta de legitimación sobrevenida por su jubilación: pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y conserva un interés legítimo. En el fondo, desestima el recurso. Aunque queda acreditado que sigue desempeñando las mismas funciones, la elaboración de la RPT es discrecional y, como recuerda la Sala con su doctrina anterior, «la Administración no queda vinculada por una situación fáctica previa fundada en el hecho de que concretos funcionarios vinieran realizando tales o cuales funciones y tareas». Encajar el puesto transferido en la estructura preexistente de la Administración vasca es coherente y lógico.
El Gobierno Vasco recurre el auto que declara no ejecutada una sentencia sobre la adscripción de una funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a un puesto del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Bilbao y le ordena abonarle 6.929,20 euros por guardias. La Administración solo discute tres guardias de su periodo de vacaciones, porque el complemento exige la prestación efectiva del servicio. La Sala confirma el auto: el propio certificado de la Administración recoge esas guardias, de modo que «debe tenerse por acreditado que durante su período vacacional la demandante realizó el servicio de guardia» y deben incluirse en la liquidación. Impone las costas a la Administración, con el límite de 500 euros.
Una funcionaria interina de la Administración de Justicia que fue concejala con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Errenteria entre 2015 y 2019 pide que ese periodo compute a efectos de antigüedad y trienios, como si hubiera estado en servicios especiales. El juzgado lo deniega porque entonces solo pidió quedar en suspenso en la bolsa de interinos. La Sala estima la apelación: cuando tomó posesión, el marco jurídico no permitía a los interinos pasar a servicios especiales (lo admitió después el Tribunal Supremo en su sentencia 1294/2020, de 14 de octubre), y «resulta desproporcionado exigir a la recurrente que en 2015 hubiera solicitado pasar a la situación de servicios especiales, cuando tal cosa no estaba permitida por el marco jurídico entonces vigente». Tampoco cabía exigirle una solicitud posterior, porque cuando cesó como concejala aún no existían esa sentencia ni la Instrucción 4/2019 del Gobierno Vasco. Declara su antigüedad desde el 2 de junio de 2009, suma el periodo de concejala y condena a abonar las diferencias de trienios dentro del plazo de prescripción de cuatro años.
Un oficial de la Ertzaintza con la especialidad de Investigación Criminal, sujeto a servidumbre de especialidad hasta 2027, impugna su exclusión de una convocatoria para la asignación transitoria de puestos de subcomisario, en la que solo podía optar a los puestos que exigían esa especialidad. La Sala desestima la apelación. La servidumbre de especialidad obliga a permanecer un tiempo mínimo en puestos que la requieren y limita la participación en la provisión de los demás, lo que también recogía la base segunda de la convocatoria, de modo que la exclusión «es conforme al marco jurídico aplicable». La Sala reitera su doctrina: la limitación es razonable en provisiones temporales por comisión de servicios y no vulnera el derecho de acceso en condiciones de igualdad. No examina el uso de las comisiones de servicios como forma ordinaria de provisión, porque no se planteó en la instancia.
El Gobierno Vasco recurre la sentencia que reconoce a un miembro de la Ertzaintza el permiso por hospitalización de familiares hasta el segundo grado de afinidad (artículo 37.2 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de la Ertzaintza) cuando la hospitalizada es la esposa de su suegro, es decir, la madrastra de su mujer. La Administración sostiene, con apoyo en una circular interna, que solo dan derecho al permiso el padre y la madre del cónyuge. La Sala desestima la apelación siguiendo la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1998: la afinidad incluye al nuevo cónyuge del padre de la esposa del trabajador, pues «no puede asumirse que aquel concepto sólo incluya a los consanguíneos del otro cónyuge». No impone costas por la complejidad jurídica de la cuestión.
Una funcionaria de la Policía en un puesto de Personal Operativo Información reclama cobrar el complemento de productividad funcional en la misma cuantía que perciben los funcionarios de puestos similares en las Comisarías Provinciales de San Sebastián e Irún, y la Dirección General de la Policía no contesta. La Sala estima el recurso aplicando su doctrina reiterada: ante una diferencia retributiva entre puestos sustancialmente iguales, corresponde a la Administración, por facilidad probatoria, acreditar las razones que la justifican, y no bastan argumentos abstractos. Tampoco vale alegar que la productividad es una retribución contingente, porque «es la propia Administración quien ha desnaturalizado dicho complemento retributivo» al pagarlo en cuantía fija y periódica, ni que las leyes de presupuestos lo impidan. Condena a abonar el complemento reclamado con intereses desde la reclamación administrativa, y con costas.
Un aspirante a una plaza de Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Zumaia queda excluido porque firmó con su nombre y apellidos el caso práctico (redactar un correo electrónico con una opinión técnica), pese a que las instrucciones del tribunal advertían que cualquier signo identificativo anulaba el ejercicio. La Sala desestima la apelación con costas. «La norma establece de manera imperativa el deber de anonimato siempre que sea posible y en este caso lo era claramente», y la exclusión no es desproporcionada porque el aspirante actuó contra la normativa, las bases y las instrucciones. Rechaza también que el ejercicio pudiera corregirlo otro tribunal, porque una valoración distinta podría afectar a la igualdad con el resto de aspirantes.
Responsabilidad patrimonial
Un paciente con demencia se cae de la camilla en urgencias del Hospital de Basurto y reclama a Osakidetza por no haberlo inmovilizado desde el principio, atribuyendo a la caída una fractura de cadera. La Sala corrige a la sentencia de instancia, que daba por probado que el padre del paciente pidió que no se le sujetara: ese dato solo aparece en un informe de la jefatura del servicio redactado cinco meses después, a raíz de la reclamación, y la Sala sostiene que «no podemos sino dar más valor al informe de alta, por su inmediación y por ser el más pegado al momento en que se produjeron los hechos». Aun así, desestima la apelación por falta de relación de causalidad: el paciente había sufrido dos caídas en su domicilio los días anteriores y el perito judicial no explica por qué las descarta como causa de la fractura. No impone costas, porque desestima por motivos distintos a los de la instancia.
Construcciones Fhimasa, contratista de unas obras municipales de saneamiento en la calle Zamacola de Bilbao durante las que se rompió una conducción de gas y se produjo un incendio, impugna la resolución del Ayuntamiento de Bilbao que desestima una reclamación de daños y atribuye la responsabilidad a las contratistas. El juzgado inadmite el recurso por cosa juzgada, porque en un proceso anterior, en el que Fhimasa intervino como codemandada, ya se resolvió sobre la causa del siniestro y la ausencia de responsabilidad municipal. La Sala desestima la apelación remitiéndose a su sentencia 342/2026 sobre un supuesto idéntico: el artículo 51.2 de la Ley de la Jurisdicción permite inadmitir si ya se han desestimado recursos sustancialmente iguales, y «La norma no exige que se haya actuado la misma pretensión en uno y otro recursos». Si quien es parte en el nuevo pleito intervino en el anterior, donde se determinó qué ocurrió y quién fue responsable, tramitarlo de nuevo solo puede vulnerar la seguridad jurídica. No impone costas.
Una vecina de Basauri reclama al Ayuntamiento los daños de una caída en unas escaleras públicas a primera hora de una mañana de diciembre, que atribuye a la falta de iluminación. La Sala practica prueba testifical en la apelación, pero la desestima: tres de los testigos son familiares cercanos, la única con mayor verosimilitud no declaró en vía administrativa y nadie vio la caída, que en vía administrativa se atribuyó también al estado resbaladizo de la escalera. Sin prueba concluyente de la mecánica del daño, mantiene la valoración de la instancia. Descarta, eso sí, el argumento del ascensor público cercano, porque «nadie tiene obligación de coger el ascensor si quiere bajar por las escaleras». No impone las costas de la apelación por la duda que introduce esa testigo, pero mantiene las de la instancia, limitadas a 400 euros.
Un peatón reclama al Ayuntamiento de Zarautz por la caída que sufrió al tropezar con una baldosa levantada por las raíces de un árbol, con un desnivel de unos 14 milímetros, en una acera de paso hacia el centro de salud. La Sala desestima la apelación y confirma la sentencia que niega la responsabilidad: la acera estaba en buen estado general, tenía anchura suficiente y buena visibilidad, no constaban quejas ni caídas previas y el lugar era conocido por el recurrente. Rechaza que la levedad del defecto lo haga más peligroso, porque «acoger este razonamiento equivaldría a premiar la desidia de la administración en el mantenimiento de la vía pública». Tampoco exime al peatón ir pendiente de su hija: esa distracción no traslada la responsabilidad a la Administración cuando esta ha cumplido razonablemente su deber de mantenimiento. Criterio útil: la cercanía de un ambulatorio no eleva el estándar de conservación exigible, que sigue siendo el medio.
Subvenciones
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (UGT-A) impugna el reintegro parcial de una subvención para cursos de formación profesional ocupacional, en la parte que corresponde a las retribuciones de los formadores que superaban los mínimos legales o del convenio colectivo, porque entiende que esas cantidades son subvencionables mientras no superen el valor de mercado. El Tribunal Supremo reitera la doctrina de su sentencia de 5 de octubre de 2026 (recurso 2457/2024): solo son gastos estrictamente necesarios, a efectos del artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones, las retribuciones mínimas legales o convencionales, y el límite del valor de mercado no permite prescindir de ese requisito. Hace suyo el criterio de la sentencia de instancia: el empresario puede mejorar el salario del convenio, «pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención». Desestima el recurso y confirma la sentencia del TSJ de Andalucía.
Bodegas Campillo, S.L. impugna la exclusión de varias acciones de las ayudas del Gobierno Vasco a la promoción y comunicación en terceros países de la Intervención Sectorial Vitivinícola (convocatoria de 2024), por no presentar tres presupuestos válidos, comparables e independientes. La Sala estima el recurso en parte. Confirma la exclusión de las acciones de Brasil, Perú y una de México: no basta el correo del intermediario que dice tener los presupuestos y, aunque se trate de ferias con tarifa fijada por el organizador, la empresa debió justificar de algún modo que el coste no superaba los precios de mercado, porque sin esa documentación «la Administración no tenía forma de evaluar si se cumplía con el requisito del art. 61 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre». En cambio, anula la exclusión de la cena maridaje en México, que sí contaba con tres presupuestos de tres entidades diferentes, y ordena dictar una nueva resolución que la incluya. Criterio útil: que el precio lo fije el organizador del evento no exime de justificar la moderación de costes (por ejemplo, con la posibilidad de participar en otra feria o evento similar).
Derecho regulatorio
Telekom Slovenije pide al organismo nacional de resolución de litigios que obligue a T-2 a darle acceso a una infraestructura física existente para desplegar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad; T-2 acude entonces a la jurisdicción civil, y el organismo archiva el procedimiento porque la ley eslovena lo cierra cuando una de las partes demanda ante un tribunal por el mismo asunto. El Tribunal Supremo de Eslovenia pregunta cómo se articulan ambas vías en la Directiva 2014/61/UE. El Tribunal de Justicia declara que la Directiva admite que el operador elija entre el organismo de resolución de litigios y los tribunales ordinarios, pero que, por el principio de efectividad, se opone a ese archivo automático, porque priva de efecto útil el derecho a obtener una decisión vinculante de un organismo especializado en plazos breves y permite a la otra parte bloquear esa vía con solo demandar. Corresponde a los Estados establecer reglas de coordinación entre ambas vías para evitar decisiones contradictorias.