Lo publicado esta semana en materia de contratación pública por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y los tribunales de recursos contractuales de Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y Canarias. Esta semana no hay resoluciones de contratación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del OARC/KEAO ni del TACRC. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia de 12 de noviembre de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-268/25, ETS Srl y otros contra Rete Ferroviaria Italiana SpA, ECLI:EU:C:2026:977)

Un tribunal administrativo regional italiano pregunta si puede excluirse de una licitación de Rete Ferroviaria Italiana a una agrupación temporal de empresas porque uno de sus miembros tenía deudas tributarias declaradas firmes, que pagó después de vencer el plazo de presentación de solicitudes de participación. El Tribunal de Justicia responde que la causa de exclusión obligatoria por impago de impuestos o cotizaciones del artículo 57.2 de la Directiva 2014/24 se aplica aunque el operador pague o suscriba un acuerdo vinculante de pago después de ese plazo (salvo los supuestos del apartado 3 del mismo artículo), porque admitir la regularización posterior dejaría sin efecto esos supuestos y reduciría el incentivo para ponerse al corriente. En cambio, se opone a una normativa nacional que impide a la agrupación excluir o sustituir al miembro afectado y la deja automáticamente fuera, sin que la entidad adjudicadora pueda examinar las circunstancias del caso, aunque la agrupación conociera la causa de exclusión después de ese plazo. La entidad adjudicadora debe valorar la diligencia del socio principal (entre otros elementos, el documento europeo único de contratación presentado por el miembro y los medios de que disponía para comprobar su situación tributaria) y cuidar de que la exclusión o sustitución no suponga una modificación sustancial de la oferta.

Tribunal Supremo

Sentencia nº 1230/2026, de 5 de noviembre de 2026, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso nº 6907/2024, ECLI:ES:TS:2026:4456)

La Xunta de Galicia impuso a Rodman Polyships una penalidad de 63.300 euros (el 3 % del presupuesto base de licitación) porque, requerida como segunda clasificada en un suministro de dos patrulleras para el Servicio de Guardacostas, no presentó ninguna documentación ni dio respuesta alguna, después de que la primera clasificada quedara fuera por no aportar el aval de la garantía definitiva. La recurrente alega que a la primera no se le impuso la penalidad y que el plazo de ejecución era imposible de cumplir. El Tribunal Supremo desestima la casación: no cabe invocar la igualdad en la ilegalidad, y la imposibilidad del plazo no puede alegarse tras desistir de la impugnación del pliego y presentar oferta. No responde a la cuestión tal como la planteaba el auto de admisión, porque la primera clasificada no desatendió el requerimiento, sino que trató de cumplirlo; fija, en cambio, que la penalidad del artículo 150.2 LCSP es una cláusula penal de interpretación restrictiva, que «únicamente podrá imponerse en el supuesto de apreciar la existencia de un incumplimiento total de la obligación por causa imputable al propio licitador».

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Resolución nº 700/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 679/2026)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) excluyó a una licitadora del lote 12 de un contrato de acciones formativas porque, al subsanar su oferta, rebajó el precio por edición para mantener el importe global. El error tiene su origen en la documentación de la licitación: el PCAP preveía dos ediciones de dos acciones formativas, las fichas del Anexo I indicaban una sola y la FAMP corrigió esa misma discrepancia en otro lote, pero no en este. El Tribunal aprecia una contradicción «frontal e insalvable» que indujo a error en la elaboración de las ofertas e impidió competir en igualdad y con transparencia, un vicio originario que no puede salvarse con requerimientos de subsanación a posteriori. Estima el recurso, declara la nulidad de la licitación del lote 12 y ordena retrotraer las actuaciones para que se corrijan los documentos y se convoque una nueva licitación.

Resolución nº 714/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 682/2026)

Un colegio profesional impugna el anuncio y los pliegos del contrato de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la nueva Casa Consistorial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con ocho motivos: publicación tardía del proyecto, experiencia admitida solo en el sector público, proporcionalidad de la solvencia, presupuesto, prohibición de subcontratar, criterios de adjudicación y desglose de costes. El Tribunal examina cada motivo y concluye que ninguno explica cómo afecta al estatuto profesional de los arquitectos técnicos; las infracciones denunciadas afectarían por igual a cualquier licitador. Con apoyo en la Sentencia del Tribunal Supremo 317/2024, de 27 de febrero, recuerda que la legitimación de los colegios exige una conexión específica entre el acto impugnado y la profesión, y que admitir la mera defensa de la legalidad contractual equivaldría a «una suerte de acción popular en materia de contratación pública». Inadmite el recurso por falta de legitimación.

Resolución nº 715/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 693/2026)

Se impugnan los pliegos del contrato del Servicio Andaluz de Salud para la redacción del proyecto y la dirección de las obras del nuevo Hospital de Cádiz, con un valor estimado de más de 41 millones de euros. El Tribunal no declara obligatorio el concurso de proyectos, pero aprecia que el expediente no explica por qué no se aplica el artículo 183.3 LCSP a un complejo hospitalario de más de 265.000 m² cuya complejidad describen la propia memoria y el PPTP. Tampoco está justificado en concreto el volumen de negocios de 8.500.000 euros exigido como solvencia económica: cumplir los límites legales «no exonera de la obligación adicional de justificar la proporcionalidad concreta de la exigencia establecida». Desestima el resto de los motivos: la experiencia en hospitales de más de 50.000 m² y la antigüedad del equipo mínimo están vinculadas al objeto, el asesoramiento de expertos independientes es facultativo y el comité de expertos no es preceptivo porque los criterios de juicio de valor (48 puntos) no superan a los automáticos (52). Estima parcialmente el recurso, anula los pliegos y la convocatoria y ordena retrotraer para que el órgano motive ambas cuestiones o reformule la solvencia económica.

Resolución nº 724/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 687/2026)

Las empresas de una futura UTE impugnan su exclusión del contrato de atención telefónica de los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía, convocado por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, por haber presentado la documentación del artículo 150.2 LCSP por correo electrónico y por el Registro Electrónico General, y no por SiREC como exigía el pliego. El Tribunal reconoce que el uso de SiREC es una exigencia válida y vinculante, pero considera desproporcionada la exclusión cuando la documentación estaba en poder del órgano dentro de plazo, la oferta no cambió y el defecto afecta solo al canal. No es decisivo que la Agencia Digital de Andalucía no confirmara la incidencia técnica alegada: lo relevante es que la licitadora actuó con diligencia y avisó de inmediato. Estima el recurso y anula la exclusión para que se examine la documentación y, si procede, se subsanen sus defectos formales, sin prejuzgar su suficiencia, porque usar un canal distinto de SiREC «no justifica por sí sola la exclusión sin proceder al examen de la documentación tempestivamente aportada».

Resolución nº 727/2026, de 30 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 675/2026)

Una licitadora excluida de los lotes 2 y 3 de un acuerdo marco de suministro de hemostáticos y adhesivos tisulares del Hospital Universitario Virgen del Rocío, por no alcanzar el umbral del criterio de juicio de valor, impugna la adjudicación. El Tribunal admite que una oferta conforme al pliego reciba cero puntos si la escala lo prevé, pero el informe técnico se limita a reproducir la definición de oferta apta y tampoco explica por qué la adjudicataria merece la categoría de buena; afirmar que no hay ventajas sin exteriorizar el juicio «comunica el resultado de la evaluación, no su fundamento». No cabe retrotraer para completar la motivación, porque no hay un razonamiento previo que desarrollar y se abrieron las ofertas económicas de todas las licitadoras, también las que no superaban el umbral, de modo que una nueva valoración quebraría la separación de fases. Estima el recurso y anula la exclusión y el procedimiento de los lotes 2 y 3; si persiste la necesidad, el órgano tendrá que licitar de nuevo.

Resolución nº 718/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 697/2026)

Una UTE, segunda clasificada, impugna la adjudicación del servicio de asesoramiento técnico de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA), dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba, porque no se le puntuaron varios méritos de experiencia. El Tribunal recuerda que las aclaraciones publicadas no son vinculantes y no pueden modificar los pliegos, pero considera un formalismo desproporcionado negar los puntos solo por la falta de visado colegial cuando los trabajos no estaban sujetos a visado obligatorio: «Desestimar dichos méritos por la mera ausencia formal del visado desnaturaliza la finalidad sustantiva del criterio de adjudicación». Pesa además que la mesa había calificado uno de los certificados como aplicable y había pedido subsanar su firma, antes de darle cero puntos. En el criterio de autorizaciones ambientales, exigir que la consultora figure por su nombre en la resolución administrativa es una exigencia probatoria no prevista en los pliegos; los certificados de los promotores, junto con las resoluciones, son medios idóneos. Estima parcialmente el recurso, anula la valoración de esos criterios y la adjudicación, y ordena un nuevo informe motivado y el recálculo de las puntuaciones de todos los licitadores.

Resolución nº 725/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 695/2026)

La segunda clasificada impugna la adjudicación de un servicio de apoyo a la producción de programas de Canal Sur Radio y Televisión, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad. El Tribunal rechaza la queja contra el procedimiento elegido: no se basó en la urgencia, sino en dos procedimientos abiertos anteriores que quedaron desiertos, y la recurrente participó en todas sus fases sin objetar, por lo que la doctrina de los actos propios le impide cuestionarlo tras no resultar adjudicataria. También desestima los motivos sobre la solvencia de la adjudicataria, sobre la presentación presencial de las ofertas definitivas (que afectó por igual a las dos licitadoras y es una irregularidad no invalidante) y sobre la falta de convocatoria a la apertura, que en el negociado sin publicidad no es un acto público. Aprecia temeridad, por la debilidad de los motivos y porque la recurrente prestaba el servicio mediante un contrato menor hasta la nueva adjudicación, y le impone una multa de 3.000 euros.

Resolución nº 726/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 705/2026)

Una empresa de nueva creación impugna la penalidad de 1.249,16 euros (el 3 % del presupuesto base) que le impuso la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales al tener por retirada su oferta en un lote del servicio de auxiliares de atención y control del público, por no atender el requerimiento previo a la adjudicación. El Tribunal recuerda que la penalidad solo procede ante incumplimientos totales o graves, no ante un cumplimiento defectuoso, y que la falta de constitución de la garantía definitiva es un incumplimiento grave equiparable a la retirada de la oferta. La ausencia de dolo, culpa o negligencia solo descarta la prohibición de contratar, porque la penalidad «obedece más a la gravedad objetiva del incumplimiento que a los elementos subjetivos». Rechaza la subsanación, porque las dificultades derivadas de ser una empresa de nueva creación no se resolverían en ese plazo, y la indefensión, porque la petición de acceso al expediente era genérica y la recurrente conocía los elementos esenciales. Desestima el recurso.

Resolución nº 728/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 685/2026)

Una licitadora impugna la adjudicación del servicio de redacción del proyecto del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Lebrija, del Ayuntamiento de Lebrija, porque la mesa dio a la adjudicataria, incursa en presunción de anormalidad, un segundo plazo para aportar la tabla de costes de personal. El Tribunal rechaza antes un nuevo acceso al expediente: el Ayuntamiento lo concedió y que la recurrente no pudiera abrir la notificación por tener caducado su certificado digital solo a ella le es imputable. En el trámite del artículo 149 LCSP caben aclaraciones «siempre que no se permita la formulación ex novo de una justificación sustancialmente distinta de la inicialmente presentada»; aquí la memoria ya remitía a esa tabla y su aportación no alteró costes ni magnitudes, aunque el Tribunal advierte que la doctrina invocada por la mesa no ampara sucesivos trámites de justificación ilimitados. La falta inicial de publicación de algunos documentos en el perfil de contratante, luego subsanada, es una irregularidad formal no invalidante, y el Tribunal desestima el recurso.

Resolución nº 733/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 713/2026)

Una empresa impugna su exclusión del lote 2 del contrato de limpieza, jardinería y control de plagas de Mercasevilla, entidad dependiente del Ayuntamiento de Sevilla. El Tribunal examina de oficio su competencia e inadmite: Sevilla es municipio de gran población y, en ese caso, la competencia del Tribunal autonómico exige un convenio con la Consejería competente en materia de Hacienda que no consta solicitado, así que remite el recurso al Ayuntamiento de Sevilla.

Resolución nº 735/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 711/2026)

Una empresa impugna la cláusula del PPT del servicio de información y atención ciudadana del Hospital Universitario Costa del Sol (Servicio Andaluz de Salud) que obligaba a la adjudicataria a aplicar el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center. Durante el recurso, el órgano de contratación elimina la cláusula, deja el convenio como simple referencia para el estudio de costes y amplía el plazo de ofertas, y el Tribunal declara concluso el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto. A mayor abundamiento, distingue entre el convenio que sirve para calcular el presupuesto y el que rige las relaciones laborales durante la ejecución, que determina la legislación laboral y no el pliego: «La protección laboral incorporada a la contratación pública exige respetar esas reglas, no sustituirlas».

Resolución nº 736/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 690/2026)

Dos empresas en compromiso de UTE impugnan la adjudicación del contrato de redacción del proyecto del Teatro Municipal de Espartinas porque la mesa rechazó diez certificados de experiencia del redactor propuesto (criterio automático de 20 puntos), con los que habrían superado a la adjudicataria, que les aventajó por 1,55 puntos. El Tribunal rechaza primero la prueba de dirigirse a las universidades y ayuntamientos emisores: cualquier aclaración se pide al licitador, no a los terceros que expidieron los certificados. En el fondo, recuerda que la forma de acreditación fijada en el PCAP vincula, aunque la mesa puede pedir aclaraciones sobre documentos ya presentados si no se modifica la oferta, con un límite claro: «En ningún caso es posible aceptar nuevos certificados sobre trabajos no propuestos en la oferta». Revisa uno a uno los documentos, confirma el rechazo de cuatro (atribuyen el proyecto a otros técnicos o no son certificados de buena ejecución) y estima parcialmente respecto de los otros seis (falta de firma, de mención de la buena ejecución o del nombre del redactor), con retroacción para pedir aclaraciones a la recurrente y, por igualdad de trato, también a la adjudicataria.

Resolución de rectificación nº 19/2026, de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 701/2026)

La recurrente pide que se rectifique, como error material, la Resolución 722/2026, que inadmitió por extemporáneo su recurso contra la adjudicación de los lotes 2, 21 y 25 de un acuerdo marco de suministro de material sanitario y de implantología dental del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), porque afirma haberlo presentado en plazo en un registro válido. El Tribunal inadmite la solicitud y no rectifica nada: la Resolución 722/2026 ya valoró esa presentación y su tramitación, y lo que se pide en realidad es revisar su juicio jurídico, algo que excede de la rectificación de errores del artículo 59.3 de la LCSP. Además, la solicitud no afecta al segundo motivo autónomo de inadmisión, la falta de legitimación para algunas pretensiones, de modo que la Resolución 722/2026 se mantiene en sus propios términos.

Resolución nº 719/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 692/2026)

Una licitadora excluida del lote 1 de un acuerdo marco de suministro de reactivos para diagnóstico in vitro del Hospital Universitario Virgen del Rocío, por no alcanzar el umbral técnico, impugna la adjudicación de los lotes 1 y 2. El Tribunal inadmite la impugnación del lote 2, al que no se presentó, porque alegar que su oferta lo haría innecesario es un interés hipotético; inadmite por extemporáneas las quejas contra las modificaciones de los pliegos, que debió recurrir cuando se publicaron, y rechaza que la exclusión tuviera que notificarse formalmente antes de la adjudicación. Sí estima la falta de motivación: el informe técnico explica la calificación de excelente de la adjudicataria, pero para la recurrente se limita a reproducir la definición de la escala, sin las razones técnicas que exige el artículo 151 LCSP. Distingue esa insuficiencia del error de valoración, que debe ser patente y demostrado, y anula la adjudicación del lote 1 con retroacción para que se motive la valoración de ambas ofertas «sin alteración de las puntuaciones asignadas».

Resolución nº 732/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 707/2026)

Una empresa que no ha presentado oferta impugna el PCAP del servicio de comunicación y redes sociales de Gestión Integral del Agua de Huelva (GIAHSA) porque atribuye 21 de 100 puntos a tener un certificado ISO 9001 cuyo alcance incluya la producción audiovisual y la gestión de redes sociales. El Tribunal descarta antes que el contrato se rija por el Real Decreto-ley 3/2020, porque su objeto es ajeno a las actividades del sector del agua, y lo somete a la LCSP. En el fondo desestima: la memoria justificativa no motiva los criterios, pero el propio PCAP explica por qué la certificación importa en un contrato de comunicación y gestión de crisis, y lo relevante es que la justificación sea previa y pública, «objetivos que se alcanzan tanto si se incorpora a la memoria justificativa como a los pliegos». Añade que un criterio no necesita abarcar todas las prestaciones para estar vinculado al objeto del contrato y que el certificado da puntos, pero no impide participar.

Resolución nº 737/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 706/2026)

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga impugna el PCAP del contrato de redacción del proyecto del parque de Arquilla del Agua, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, porque exige cinco años de experiencia y trabajos previos sin prever medios alternativos de solvencia para empresas de nueva creación. El Tribunal reconoce la legitimación del Colegio, porque defiende el acceso de sus colegiados (en especial los de reciente colegiación) y no la mera legalidad. El Ayuntamiento, en vez de limitarse a informar a favor de la estimación, desiste de la licitación, y el Tribunal declara concluso el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la legalidad del desistimiento. Aun así, reprocha esa actuación: el desistimiento exige identificar una infracción no subsanable, y el órgano de contratación «debió limitarse a trasladar a este Tribunal lo acordado en el apartado primero» de su decreto (informar a favor de la estimación) para que el Tribunal resolviera sobre el fondo.

Resolución nº 738/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 718/2026)

Una empresa impugna su exclusión del suministro de la bolsa del corredor de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 2027, del Patronato Municipal de Deportes de Jaén, porque sus muestras no cumplían el PPT. El Tribunal inadmite por extemporáneo: la recurrente conocía la exclusión y sus motivos al menos desde el 8 de octubre, cuando pidió su revisión al órgano de contratación, y el recurso especial llega el 4 de noviembre, fuera de los quince días hábiles, sin que las contestaciones posteriores muevan el inicio del plazo. El error estuvo en la vía elegida: «Lo que no procedía era solicitar la revisión a modo de recurso ante el órgano de contratación».

Resolución nº 740/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 689/2026)

La segunda clasificada impugna la adjudicación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua de La Línea de la Concepción, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar. Sostiene, primero, que la adjudicataria anticipó en el sobre 2 información del sobre 3 al ofrecer un fondo social de hasta el 1,50 % de la facturación, que equipara al criterio automático de inversión anual en renovación de infraestructuras; el Tribunal lo rechaza porque son obligaciones distintas y no basta cualquier dato económico, sino que es preciso que el dato «permita identificar, anticipar o condicionar la valoración de algún criterio sometido a evaluación automática». Descarta también la arbitrariedad y el trato desigual en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. Sobre el exceso de doce páginas de la oferta técnica, admite que no computen portadas, portadillas e índices, porque el PCAP limita el «tamaño de la información» y esas páginas no contienen nada valorable. Desestima el recurso y no impone la multa que pedía la adjudicataria.

Resolución nº 743/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 612/2026)

Una licitadora promueve un incidente de ejecución porque considera que CETURSA Sierra Nevada no ha cumplido la Resolución 632/2026, que anuló su exclusión y la adjudicación del servicio de consultoría para la transición de sus establecimientos hoteleros, y pide la nulidad del contrato ya formalizado. El Tribunal constata que el órgano de contratación ha anulado esos actos, ha declarado nulo el contrato (que entra en liquidación) y ha retrotraído al examen de la solvencia, y da por concluido el incidente al haber alcanzado satisfacción. Recuerda que la anulación de la adjudicación lleva consigo la nulidad del contrato formalizado, conforme al artículo 42.1 de la LCSP.

Resolución nº 744/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 715/2026)

Una entidad excluida por no superar el umbral mínimo de calidad impugna la adjudicación de la agrupación 2 (lotes 4, 5 y 6) de un acuerdo marco de estancias sanitarias para pacientes pluripatológicos y de cuidados paliativos del Hospital Universitario de Jaén (Servicio Andaluz de Salud), alegando que las adjudicatarias no tenían la autorización sanitaria U.67. El Tribunal inadmite por falta de legitimación: aunque se excluyera a las adjudicatarias, la recurrente no podría resultar adjudicataria, y la posibilidad de una nueva licitación es una expectativa hipotética. Da igual que el órgano de contratación se muestre conforme con el recurso, porque el allanamiento «no vincula a este Tribunal ni puede suplir la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso».

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Acuerdo nº 122/2026, de 5 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 104/2026)

El segundo clasificado, un arquitecto que licita como persona física, impugna la adjudicación del servicio de arquitectura para una promoción de viviendas asequibles en Pedrola, licitado por Polígono Pradillo 2004, sociedad mercantil íntegramente participada por el Ayuntamiento. El Tribunal desestima el recurso. Como la sociedad es un poder adjudicador que no tiene la condición de Administración pública, no le es aplicable el comité de expertos del artículo 146.2.a) de la LCSP. El reparto de la puntuación de cada criterio entre los subcriterios que el pliego ya enumeraba no introduce criterios nuevos cuando es proporcionado y los licitadores conocían de antemano qué aspectos se iban a valorar. Tampoco aprecia que se puntuara el arraigo territorial, ni desviación de poder en la tramitación urgente (el propio recurrente ofertó reducir los plazos), ni participación previa de la adjudicataria en la preparación del contrato.

Acuerdo nº 123/2026, de 5 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 105/2026)

Océano Ocio y Gestión de Servicios, primera clasificada en el servicio de ludoteca y centro de juventud del Ayuntamiento de Cella, impugna su exclusión: la coordinadora que había propuesto, cuya formación se valoró como criterio de adjudicación, comunicó al Ayuntamiento que no quería ser adscrita, la empresa ofreció a otra persona con una simple declaración de disponibilidad y el Ayuntamiento tuvo por retirada su oferta. El Tribunal estima el recurso. El segundo requerimiento, hecho antes de que la empresa presentara documentación alguna, solo amplió el primero y no puede equipararse al trámite de subsanación del artículo 150.2 de la LCSP. Las declaraciones responsables no bastaban para acreditar la disponibilidad ni la equivalencia del sustituto, pero el órgano debió conceder un plazo para subsanarlas antes de excluir, ya que cabe sustituir el medio personal valorado si el sustituto reúne condiciones equivalentes. Anula la exclusión y retrotrae las actuaciones para conceder ese trámite de subsanación.

Acuerdo nº 124/2026, de 10 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Recurso nº RE 113/2026)

GV Clean impugna la adjudicación a Hako España del lote de una barredora vial aspiradora del Ayuntamiento de Longares, después de que la mesa pidiera aclaraciones a la adjudicataria sobre tres prescripciones técnicas mínimas (tolva de acero inoxidable, depósito de agua de 175 litros e inversión de rotación de los cepillos laterales). El Tribunal considera que la aclaración no modificó la oferta, porque no cambia la máquina ofertada ni sus características, sino que explica algo que ya se había ofrecido. Sí aprecia falta de motivación: la mesa aceptó sin más que una tolva de aluminio y un depósito de 150 litros, más 40 de recirculación, eran equivalentes o superiores a lo exigido, y la discrecionalidad técnica «no permite alterar, dispensar o interpretar arbitrariamente las exigencias vinculantes de los pliegos». Estima parcialmente el recurso, anula la adjudicación y ordena una evaluación técnica motivada de esos dos requisitos.

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Resolución nº 402/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0246)

UAV Autosystems Hovering Solutions España, SL impugna la adjudicación del lote 3 (inspección con dron autónomo) del plan integral de gestión del sistema de saneamiento de Girona, licitado por Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA, porque el dron ofertado por la UTE adjudicataria no acreditaría la navegación autónoma en el interior de los colectores con un alcance mínimo de 600 metros. El Tribunal considera el recurso en plazo: la notificación de la adjudicación indicaba erróneamente el recurso de alzada, la empresa lo interpuso dentro del plazo señalado y el órgano de contratación no lo recalificó como recurso especial, de modo que el error no puede perjudicarla. En cuanto al fondo, lo desestima: la recurrente no aporta elementos objetivos que acrediten un incumplimiento claro de la prescripción técnica, y la declaración responsable posterior de la UTE solo concreta el compromiso ya asumido con la oferta, sin modificarla. Corresponde al órgano de contratación comprobar durante la ejecución que el dron utilizado cumple lo exigido.

Resolución nº 403/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0248)

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU impugna la adjudicación de la concesión de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de Begur, alegando indefensión por no haber tenido acceso completo al expediente y que la valoración técnica de la adjudicataria tuvo en cuenta anexos que excedían la extensión máxima fijada en el pliego. El Tribunal rechaza la indefensión: el acceso tiene carácter instrumental, no indagatorio, y el que facilitó el órgano de contratación se ajusta a la ley. Sí aprecia que en dos criterios se valoró información de anexos que quedaba fuera de lo valorable, pero la consecuencia prevista en el pliego es no puntuar ese exceso, y aun detrayendo todos los puntos de esos criterios (35 en total) la adjudicataria seguiría primera, con una diferencia de 64,54 puntos. Por proporcionalidad, desestima el recurso.

Resolución nº 404/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0253)

Una profesional autónoma impugna su exclusión del lote 4 de un contrato de asistencia técnica en comunicación de la Agència de Residus de Catalunya, acordada en el trámite previo a la adjudicación por no acreditar la solvencia económica. El pliego exigía un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (o el compromiso de suscribirlo) a la fecha final de presentación de ofertas, y la póliza que aporta empieza a cubrir más de dos meses después. El Tribunal desestima el recurso: cada licitación es autónoma y se rige por sus pliegos, así que no sirve invocar que en otra licitación no se exigía ese seguro, y la solvencia debe concurrir al terminar el plazo de ofertas.

Resolución nº 405/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0268)

Transports de Barcelona, SA excluye a Caetanobus - Fabricação de Carroçarias, SA del lote 2 del suministro de autobuses eléctricos, tramitado por licitación con negociación, por ofertar un precio unitario de 585.000 euros sin IVA, por encima del máximo de 560.000 euros fijado en los pliegos. La empresa reclama que las ofertas iniciales son instrumentales y podían ajustarse en la negociación. El Tribunal desestima la reclamación: los pliegos configuran los precios unitarios como elemento esencial de la proposición y como límite de las ofertas, y la negociación solo puede desarrollarse dentro de los márgenes fijados previamente en ellos. Superar ese límite en la oferta inicial impide acceder a la fase de negociación.

Resolución nº 406/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0383)

Suministros Industriales Mior, SL impugna su exclusión de los lotes 2 y 3 de un suministro de material para la brigada municipal de Collbató, acordada porque introdujo la palabra clave de descifrado del sobre B en la herramienta Sobre Digital después de que la mesa lo hubiera abierto. La empresa alega que nunca se le dio un plazo para hacerlo ni se le advirtió de las consecuencias. El Tribunal desestima el recurso: la obligación de introducir la palabra clave existe desde que vence el plazo de presentación de ofertas, y el aviso automático de la plataforma es un simple recordatorio, no un requerimiento que la habilite. Las demás licitadoras cumplieron a tiempo, y la diligencia en ese último paso de la presentación corresponde a cada empresa.

Resolución nº 407/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0466)

General Electric Healthcare España, SAU impugna la adjudicación del suministro de un tomógrafo computarizado al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, porque el equipo de la adjudicataria (Siemens) no alcanzaría la cobertura mínima en el eje Z ni la potencia mínima del generador de rayos X exigidas en el pliego técnico. El Tribunal desestima el recurso: el pliego fija umbrales mínimos sin imponer una configuración constructiva concreta, y la documentación técnica de la adjudicataria muestra a primera vista que los cumple. El error material reconocido por el órgano de contratación al puntuar la potencia en un criterio de mejora no prueba un incumplimiento, y la recurrente no aporta más que su propia interpretación frente a la presunción de acierto del informe técnico.

Resolución nº 408/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0507)

El Tribunal inadmite por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública contra los pliegos del servicio de recogida de residuos de diez municipios del Pla de l’Estany, licitado por el Consell Comarcal, porque la licitación se declara desierta al no presentarse ninguna oferta.

Resolución nº 409/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0541)

Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA impugna la adjudicación a Messer del contrato mixto de suministro de gases medicinales y técnicos del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, que incluye la redacción del proyecto y la obra de una nueva central de gases en el Hospital Residència Sant Camil. El Tribunal desestima el recurso: el pliego técnico no obligaba a incluir en la oferta el detalle de planos que echa en falta la recurrente, y la valoración del criterio de obra civil está motivada. Tampoco obliga a excluir que el DEUC no identifique a la subcontratista de la obra, porque la voluntad de subcontratar consta, los pliegos no limitan la subcontratación y esta puede concretarse antes de la ejecución. Respecto de la baja, la justificación se requiere solo sobre los precios unitarios incursos en presunción de anormalidad, no sobre la partida de obra, que no lo estaba.

Resolución nº 410/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0543)

El Tribunal inadmite por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, SL contra los pliegos de un suministro de equipamiento del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, porque, a raíz del propio recurso, el órgano de contratación deja sin efecto la licitación y acuerda reformular el pliego técnico y convocar una nueva, que la empresa podrá impugnar si lo considera oportuno.

Resolución nº 411/2026, de 15 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0651)

El Tribunal acepta el desistimiento de Timersa Logística, SA en su recurso contra la exclusión del lote 1 de un suministro de equipamiento para los talleres de Transports de Barcelona, SA, y declara concluido el procedimiento.

Resolución nº 412/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0269)

Letter Ingenieros, SL impugna los pliegos del servicio de auditorías y certificados energéticos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que exigen como solvencia un mínimo de cinco auditorías aprobadas por el ICAEN con su herramienta oficial en los últimos dos años, y puntúan la mayor experiencia del equipo y un mayor porcentaje de mujeres en el equipo técnico. El Tribunal considera vinculados al objeto y motivados los requisitos de solvencia y el criterio de experiencia, pero no la limitación a los dos últimos años, que el expediente no justifica (la explicación llega solo en el informe al recurso), lo que le impide comprobar su proporcionalidad. También acoge el motivo contra el criterio de género: la motivación es genérica, sin datos que sostengan que el sector está masculinizado ni por qué el criterio se vincula a este contrato. Estima el recurso, y el órgano de contratación tendrá que justificar ambos extremos si quiere mantenerlos.

Resolución nº 413/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0273)

Cèl·lula Acció Creativa, SL impugna su exclusión del servicio de diseño y maquetación del boletín municipal de Sant Quirze del Vallès por presentar la oferta fuera de plazo en la plataforma VORTAL, porque el campo del formulario sobre la experiencia adicional solo admitía valores numéricos y ella intentaba introducir texto. El Tribunal desestima el recurso: no se acredita un fallo de la plataforma ni un defecto del formulario, cuyo formato numérico seguía el del pliego, y la empresa contactó con el servicio de soporte cuando el plazo ya había vencido. Admitir la oferta tardía supondría un trato desigual frente al resto de licitadoras, y la posibilidad de subsanar o aclarar no cubre una presentación extemporánea. No impone multa por temeridad.

Resolución nº 414/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0285)

Engitec Projectes d’Enginyeria, SL impugna su exclusión, por oferta anormalmente baja, del lote 1 de la redacción del proyecto y dirección de las obras de ampliación del Ayuntamiento y de la nueva Casa de la Festa de Ascó. El Tribunal estima el recurso: el requerimiento de justificación era genérico, la empresa aportó una justificación detallada y cuantificada, y el informe de rechazo concluye en términos genéricos que las horas y ahorros no son suficientes, sin explicar qué obligaciones del pliego quedarían sin atender. Una dedicación horaria menor de la habitual no hace inviable la oferta por sí sola, y antes de excluir conviene pedir aclaraciones; el informe al recurso tampoco puede suplir después esa falta de motivación. Anula la exclusión y ordena retrotraer para una nueva valoración motivada de la viabilidad.

Resolución nº 415/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0288)

Compañía Maquinaria 93, SA resultó adjudicataria del suministro de dos palas cargadoras para el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, pero después comunicó que no podía entregar el modelo ofertado y propuso una versión evolucionada; el Consorcio la excluye por no formalizar el contrato por causa imputable a ella y adjudica a la siguiente clasificada. El Tribunal desestima el recurso: el nuevo modelo supera el peso operativo máximo del pliego técnico, y aceptarlo vulneraría la inmutabilidad de la oferta y la igualdad, porque otras licitadoras fueron excluidas precisamente por exceder ese peso. La penalidad del 3 % todavía no se ha impuesto (solo se ha iniciado el procedimiento), así que no la enjuicia. Confirmada la exclusión, la recurrente pierde la legitimación para impugnar la nueva adjudicación.

Resolución nº 416/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0329)

Un estudio de arquitectura impugna su exclusión del concurso de proyectos para una residencia asistida de personas mayores en Llagostera, acordada porque antes había redactado, mediante un contrato menor, el estudio de viabilidad arquitectónica que sirvió de base a la licitación. El Tribunal estima el recurso: el Ayuntamiento publicó ese estudio para todas las interesadas, el pliego técnico finalmente aprobado se aparta de él en varios puntos y no amplió el plazo de licitación pese a que se le pidió en la fase de consultas. La exclusión por participación previa es la última medida para preservar la igualdad y las causas de exclusión se aplican de forma restrictiva, por lo que, sin prueba de una ventaja que falsee la competencia, resulta desproporcionada. Ordena admitir la candidatura y continuar el procedimiento.

Resolución nº 417/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0558)

Serviobres Queralt, SLU impugna la adjudicación a Elecnor de la concesión de obras para la construcción industrializada de una promoción municipal de viviendas de protección oficial en Bellver de Cerdanya, por falta de motivación de la valoración de varios criterios sujetos a juicio de valor y por introducir elementos no previstos en los pliegos. El Tribunal desestima el recurso: la evaluación técnica se ajusta al objeto de valoración definido en los pliegos y está suficientemente motivada, dentro de la discrecionalidad técnica, y la recurrente no desvirtúa la presunción de acierto del informe. Rechaza la multa por temeridad que pide el Ayuntamiento, porque la debilidad de los argumentos o la desestimación no bastan por sí solas.

Acuerdo nº 22/2026, de 21 de octubre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Recurso nº N-2026-0671)

El Tribunal tiene por desistida a Ferreteria Martí, SA de su recurso contra la exclusión del lote 1 de un acuerdo marco de suministro de material de ferretería y mantenimiento del Área Metropolitana de Barcelona, porque no subsana en el plazo de tres días hábiles el escrito de recurso ni aporta la acreditación de la representación que se le requiere.

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

Acuerdo nº 117/2026, de 12 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

Alínea Ingeniería y Territorio impugna la adjudicación a Nostratec Ingeniería y Diseño de la redacción del proyecto y la dirección de obra de un centro de acogida de animales de la Mancomunidad de Montejurra, tramitada por procedimiento negociado sin convocatoria tras quedar desierto el abierto. El Tribunal inadmite la reclamación contra las actuaciones preparatorias, que no son impugnables, y reconoce legitimación a la reclamante aunque no ofertó en el abierto, porque el perjuicio procede del negociado posterior. En cuanto a la adjudicación, la estima por tres razones: el informe que justifica invitar a una sola empresa no motiva por qué no era posible la concurrencia, como exige el artículo 75.4 de la LFCP; suprimir el volumen de negocios mínimo de 100.000 euros es una modificación sustancial de las condiciones iniciales, que impide acudir al artículo 75.1.a); y no hubo negociación, que es un trámite esencial de este procedimiento. Declara la nulidad de pleno derecho del procedimiento de adjudicación.

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

Resolución nº 316/2026, de 26 de octubre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 256-2026)

Mabrian Technologies impugna su exclusión del lote de Big Data para el análisis de flujos turísticos, licitado por el Ayuntamiento de Candelaria, por no justificar su oferta anormalmente baja. El requerimiento se limitaba a la mención «Justificación de Oferta Anormalmente Baja», al plazo y a una remisión a la ley, sin indicar qué aspectos de la oferta se cuestionaban ni qué debía justificarse. El Tribunal estima el recurso: el marco legal y la cláusula del pliego no sustituyen al requerimiento, cuya función es concretarlo para cada oferta, y no puede reprocharse a la licitadora que no aportara una documentación que «no fue diligentemente solicitada por parte del órgano de contratación». Anula la exclusión y ordena repetir el requerimiento de forma clara, específica y motivada.

Resolución nº 332/2026, de 5 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 259-2026)

Un concejal del Ayuntamiento de Pájara impugna el anuncio y los pliegos del acuerdo marco de defensa y asistencia letrada del Ayuntamiento. El Tribunal le reconoce legitimación, porque no forma parte del órgano que aprobó los actos y no pudo votar en contra, pero inadmite el recurso por extemporáneo. Los pliegos se publicaron el 20 de agosto y se modificaron el 3 de septiembre, pero lo impugnado (el valor estimado, el presupuesto y la mayor puntuación de los letrados de grandes corporaciones locales frente a los abogados del Estado) no cambió con esa modificación. Por eso el plazo se cuenta desde la publicación inicial y vencía el 10 de septiembre, mientras que el recurso se presentó el 23.

Resolución nº 333/2026, de 5 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 170-2026)

Lantania impugna por segunda vez la adjudicación a Acciona Mantenimiento de Infraestructuras del servicio de mantenimiento de edificios municipales y vías públicas de Arona. Tras la Resolución 131/2026, que estimó parcialmente el primer recurso, el Ayuntamiento pidió a Acciona que aclarara su estudio económico, y la empresa explicó el error alegado y los ahorros en varias partidas sin cambiar el importe ofertado. El Tribunal descarta que haya una oferta nueva, pero el informe técnico vuelve a aceptar la justificación «de forma acrítica», sin exponer por qué la oferta es viable. Aunque la baja apenas supere en un 1 % el umbral de anormalidad, la aceptación debe motivarse, y esa motivación, con palabras del TACRC que el Tribunal hace suyas, «puede ser breve, pero no puede ser inexistente». Estima parcialmente el recurso, anula la adjudicación y retrotrae el procedimiento para que se motive la aceptación; rechaza imponer multa a la recurrente.

Resolución nº 336/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 181-2026)

Una empresa impugna la adjudicación a Azudautos del lote de turismos, furgones, 4x4, camiones y tractores del contrato de mantenimiento y reparación de vehículos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Sostiene que la adjudicataria no es un taller genérico o independiente, como exigía el pliego, porque su web y la fachada de su taller la vinculan a una marca de vehículos. El Tribunal desestima el recurso: la adjudicataria aportó el certificado de inscripción en el Registro Integrado Industrial como taller de mecánica y electricidad de vehículos a motor, que el Tribunal comprueba consultando el propio registro, y ser distribuidora de una marca no es incompatible con estar inscrita como taller genérico o multimarca.

Resolución nº 337/2026, de 6 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 238-2026)

El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de Fuerteventura Producciones y Promociones contra la declaración de desierto del lote de montaje de escenarios del Festival Internacional de Circo Malabharía, del Ayuntamiento de Haría. La empresa no licitó, y lo que en realidad discute es la propia licitación (cuyo plazo de impugnación ya había vencido), porque considera vigente su contrato anterior con el mismo objeto, cuya resolución por incumplimiento tramita el Ayuntamiento. Esa controversia debe resolverse en su propio procedimiento y no mediante el recurso especial; de pasada, el Tribunal añade que la falta de ofertas justifica declarar desierto el lote.

Resolución nº 338/2026, de 9 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 189-2026)

El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso de Suministros Sobradillo contra su exclusión del lote 1 del acuerdo marco de suministro de ferretería del Ayuntamiento de Los Realejos, acordada porque no disponía de un establecimiento en el municipio ni se comprometía a tenerlo, como exigía el pliego en la adscripción de medios. El recurso combate en realidad esa cláusula, que la empresa aceptó al ofertar sin impugnarla en plazo, y no se dan los requisitos excepcionales para admitir la impugnación indirecta de los pliegos: la cláusula es clara y la recurrente no pudo verse sorprendida por el resultado. Además, no cabe recurrir los pliegos después de haber presentado oferta.

Resolución nº 339/2026, de 12 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 171-2026)

La Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas impugna los pliegos del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de la zona este de La Oliva. Siguiendo la sentencia del TJUE en el asunto C-210/24, el Tribunal admite que el criterio que puntúa la mejora salarial del personal sobre el convenio está vinculado al objeto del contrato, porque en este servicio el factor humano es determinante y una mejor retribución puede contribuir a su calidad y continuidad. Pero, al configurarse como mejora, sus límites deben justificarse, y el expediente no explica por qué se da la máxima puntuación a los incrementos iguales o superiores al 10 % del salario de convenio. Rechaza los demás motivos (insuficiencia del presupuesto y coste del sistema de control de presencia), estima parcialmente el recurso y ordena justificar los umbrales y la puntuación del criterio.

Resolución nº 341/2026, de 12 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 228-2026)

Evenchar, segunda clasificada, impugna la adjudicación del servicio de organización del Mercado de Navidad de Teguise 2026, porque solo se le valoraron dos de los cuatro trabajos que alegó para acreditar la experiencia de su coordinador. El Tribunal desestima el recurso: según la interpretación literal de los pliegos, el criterio puntúa la experiencia en la organización de mercados de Navidad, y los otros dos trabajos se refieren a actividades parciales. La discrepancia entre los 12,75 puntos por trabajo del cuadro resumen y los 12,5 de la cláusula 12.2 es un error material que se resuelve con la simple lectura del pliego, pues el máximo es de 50 puntos y de cuatro trabajos.

Resolución nº 342/2026, de 12 de noviembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Recurso nº REMC 294-2026)

El Tribunal inadmite el recurso de Odonsertec contra la adjudicación del suministro de equipos de radiología intraoral digital para la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, porque el valor estimado del contrato (58.100 euros) no supera el umbral de cien mil euros que el artículo 44 de la LCSP fija para el recurso especial en los suministros.