Contratación Pública

Caso de éxito con empresa del sector salud: exclusión tras justificar una oferta anormalmente baja

Litinet · Contratación Pública

Una empresa sanitaria queda primera clasificada, su precio se considera anormalmente bajo y, pese a explicar costes, organización del servicio y medios, la excluyen sin que la decisión diga por qué esas explicaciones no bastan. El caso se plantea desde el artículo 149 LCSP, que exige tramitar el procedimiento de comprobación antes de rechazar una oferta por inviable. Si el órgano de recursos aprecia un defecto en la valoración o en la motivación, puede anular la exclusión y ordenar que se examine de nuevo la viabilidad, lo que no equivale a ganar el contrato. Es una entrada de un despacho que presenta su servicio a través de un caso.

La legitimación en la contratación pública (art. 48 LCSP)

esPublico Contratación · Contratación Pública

Repaso casuístico de quién puede interponer el recurso especial. Reúne supuestos de inadmisión por falta de legitimación: el licitador que no ha presentado oferta frente a un pliego, la empresa con prohibición de contratar inscrita en el ROLECE, el segundo clasificado cuando la distancia de puntuación es insalvable o quien queda cuarto sin beneficio acreditable, y un ayuntamiento disconforme con los medios asignados a su municipio en un transporte sanitario autonómico. También recoge que la legitimación se examina aunque nadie la haya alegado y que participar en la licitación no la otorga por sí solo.

La relevancia de la conducta del contratista en los modificados y las ampliaciones de plazo de las obras públicas

José Antonio Segura Prieto, en Almacén de Derecho · Contratación Pública

Si el contratista firma un modificado o una ampliación de plazo sin reservas y meses después reclama los sobrecostes del retraso, la Administración suele oponerle esa firma. A partir de las SSTS 372/2026, de 25 de marzo (rec. 1078/2024), y 1088/2025, de 21 de julio (rec. 4247/2022), el texto sostiene que el silencio no basta para rechazar la reclamación y que hay que examinar qué se aceptó realmente. Separa tres preguntas: si hubo renuncia o una solución que incluía las consecuencias económicas, si el retraso es imputable a la Administración y si los daños están acreditados. Advierte además de que el caso de 2026 se resolvió bajo la Ley 30/2007 y de que los artículos 29.2 y 195.2 LCSP no son intercambiables.

Derecho Administrativo y Contencioso

Sentencia casacional: penalización de la Administración por remitir el expediente incompleto

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

Comenta la sentencia de la Sala Tercera de 23 de octubre de 2026 (rec. 74/2024), dictada en materia tributaria pero con vocación de aplicarse a cualquier ámbito. Un expediente de regularización del IVA no incorporaba documentos que fundamentaban el acto, entre ellos el contenido volcado de varios ordenadores. El Supremo fija doctrina: que el interesado no haya pedido el complemento del expediente no neutraliza el deber de la Administración de ponerlo a disposición completo, y las consecuencias de los defectos recaen sobre ella, por derivar del artículo 24 CE. La entrada recuerda el cauce del artículo 55 LJCA y recoge comentarios de lectores sobre la práctica de reservar documentos para la contestación a la demanda.

Restringido portillo para promover la revisión de oficio de nulidad por falta de requisitos esenciales

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

La sentencia del Supremo de 26 de octubre de 2026 (rec. 2441/2024) aborda la nulidad del artículo 47.1.f) LPAC y su equivalente tributario, el 217.1.f) LGT. Una constructora pidió la revisión de oficio de una resolución que le denegaba una devolución de ingresos indebidos y el Tribunal desestima: esa causa solo vale para actos favorables, de los que se adquieren facultades o derechos, y no para actos de gravamen o denegatorios. Quien resulta perjudicado tiene que acudir a otros motivos de nulidad, tasados y de interpretación restrictiva. Chaves extiende la regla al artículo 47.1.f) LPAC.

La ejecución de sentencias no llega más allá de sus pronunciamientos específicos

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo y Contencioso

El auto del Supremo de 22 de octubre de 2026 (rec. 891/2022) resuelve un incidente de ejecución tras anular un acuerdo por haber dictado la AEAT liquidaciones de IVA con competencias autonómicas. Las entidades ejecutantes pedían anular también las liquidaciones y devolver lo pagado, pero el fallo no lo decía, y tampoco habían solicitado complemento de sentencia. El Tribunal rechaza ampliar en ejecución el objeto del proceso y descarta el artículo 103.4 y 5 LJCA, porque las liquidaciones eran anteriores a la sentencia y no se dictaron para eludirla. La entrada concluye que, ante un fallo abierto, conviene pedir aclaración o complemento antes de instar la ejecución.

Ayudas por la DANA Adam | Claves del Real Decreto-ley 33/2026

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 un real decreto-ley para los daños de las inundaciones del 17 al 19 de octubre. Tiene cinco capítulos y treinta artículos. Para el sector agrario complementa la subvención al seguro hasta el 70 % de la prima, con 700.000 euros de crédito, y crea una ayuda de minimis de oficio para la parte del daño no indemnizada, con 3.000.000 de euros y un mínimo de 100 euros. Prevé obras de emergencia en caminos agrícolas e infraestructuras de riego, canalizadas por SEIASA y con 85.000.000 de euros, además de una línea ICO-MAPA-SAECA hasta el 1 de marzo de 2028.

Función Pública

¿Puede excluirse el anonimato en determinadas pruebas selectivas a través de las bases reguladoras de una convocatoria?

esPublico Personal · Función Pública

Parte del anonimato como garantía ligada a los artículos 23.2 y 103.3 CE y al 55 TREBEP, y del artículo 4 del RD 896/1991, que lo exige en los ejercicios escritos siempre que sea posible. De ahí deduce que las pruebas no escritas, como la exposición oral en el acceso a cuerpos superiores de la Administración Local, podrían no admitirlo. Repasa la jurisprudencia de la Sala Tercera, entre ella las SSTS de 19 de enero de 2009 (rec. 8098/2004) y 8 de julio de 2015 (rec. 1460/2014), que configuran el anonimato como derecho de cada aspirante, cuyo ejercicio no depende de la conformidad de los demás.

Urbanismo y Medio Ambiente

Nulidad parcial del planeamiento: STSJ CANT 1101/2026

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

El TSJ de Cantabria ha anulado el PGOU de un municipio cántabro aplicando la STS 1462/2025, de 17 de noviembre (rec. 3501/2023). La doctrina parte de que los planes son normas y su vicio es nulidad de pleno derecho con efectos ex tunc; la regla general es la nulidad total y la parcial solo cabe si el vicio puede individualizarse en un ámbito o en determinaciones concretas sin afectar al resto. Al caer el PORN de las Marismas de Santoña en que se apoyaba el plan, la Administración no acreditó qué partes podían sobrevivir y la nulidad fue total.

Suspensión de licencias

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Resume la doctrina de la STS de 30 de junio de 2022 (rec. casación 5615/2020) sobre la suspensión de licencias mientras se tramita un nuevo plan. Es facultativa, puede acordarse con ocasión del estudio del plan sin que haya empezado el procedimiento formal de aprobación, y busca evitar que se consoliden aprovechamientos amparados por el plan vigente pero contrarios al nuevo modelo. Como limita derechos, su contenido se interpreta de forma restrictiva y todo exceso sobre los supuestos que permite la ley resulta ilegal.