Resoluciones de la semana: empleo público, responsabilidad patrimonial y otras materias (11 de noviembre de 2026)
Lo publicado esta semana en empleo público, responsabilidad patrimonial, subvenciones, ayudas de Estado y derecho regulatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.
Empleo público
Un funcionario de la Comisión impugna su informe de evaluación de 2022, que califica su rendimiento de insatisfactorio, y reclama una indemnización por daños materiales y morales. El Tribunal General desestima el recurso: no es competente para ordenar ascensos o reclasificaciones retroactivas, inadmite las pretensiones nuevas formuladas en la réplica y rechaza los motivos de falta de motivación y de error manifiesto de apreciación. El motivo sobre el doble papel del superior jerárquico (autor de una contribución al informe y, a la vez, validador) es inadmisible porque no se planteó en la reclamación administrativa previa. Criterio útil: la reclamación previa contra un informe de evaluación no es obligatoria, pero si el funcionario opta por ella, el recurso posterior queda vinculado a lo planteado en esa reclamación.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles impugna el Real Decreto 353/2025, que reorganiza la Dirección General de la Guardia Civil, porque no se recabó el informe del Consejo de la Guardia Civil ni se consultó a las asociaciones profesionales. El Tribunal Supremo admite que, en abstracto, los cambios en los órganos de representación y en la secretaría que interviene en los ascensos podrían afectar a los guardias civiles. Pero desestima el recurso porque la recurrente no concreta cómo esas modificaciones afectan a sus condiciones profesionales, y le impone las costas hasta 4.000 euros. Criterio útil: quien alega la omisión de esos trámites debe justificar con detalle la afectación concreta a las condiciones profesionales.
El Ayuntamiento de Bilbao recurre la sentencia que anula la base del proceso de estabilización (por concurso) de ocho plazas de trabajador social que solo valoraba la experiencia en el propio Ayuntamiento adquirida a partir del 31 de diciembre de 2015. La Sala desestima la apelación. Admite que se limite la valoración a la experiencia más reciente, pero exige que la justificación conste en el expediente de aprobación de las bases: «Es preciso que durante la tramitación del expediente que llevó a la aprobación de las bases se dejara constancia de los argumentos que servían para incorporar la limitación en la valoración de la experiencia». El informe municipal elaborado más de un año después de aprobarse las bases no cubre ese deber, y tampoco justifica la fecha elegida.
Un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía reclama la diferencia entre el componente singular del complemento específico que cobra en el puesto de «Personal Operativo Investigación» de la Jefatura Superior del País Vasco y el que tiene asignado el mismo puesto en Madrid. La Sala estima el recurso siguiendo su doctrina reiterada: si los puestos tienen la misma denominación en la RPT, corresponde a la Administración, por facilidad probatoria, acreditar las razones objetivas de la diferencia retributiva, y la Abogacía del Estado se limita a criterios genéricos. Rechaza que fuera necesario impugnar la RPT y que la Ley de Presupuestos de 2013 impida reconocer la diferencia, y condena a pagar 1.811,04 euros más intereses, con costas.
Una médica con plaza fija en Osakidetza, en comisión de servicios en el Servicio Riojano de Salud desde 2013, queda excluida de la convocatoria extraordinaria de asignación de nivel de desarrollo profesional porque no acredita un año de prestación efectiva de servicios en Osakidetza en los tres últimos años. La Sala estima la apelación y reconoce su derecho a participar. Quien está en comisión de servicios conserva su plaza y sigue en servicio activo con todos sus derechos, entre ellos el desarrollo profesional, y excluirla podría dejarla sin ningún servicio de salud que le reconozca la carrera profesional. La Sala reitera el criterio de sus apelaciones anteriores sobre la misma convocatoria.
En un recurso en materia de personal contra Osakidetza, la Sala revoca el auto que archiva las actuaciones por incomparecencia de la actora a la vista y ordena retrotraerlas para que se le requiera que aclare si comparece por sí misma o representada. Ante la confusión sobre la representación, el principio pro actione exige requerir la subsanación, porque «es al órgano de instancia a quien compete velar por la observancia de los presupuestos procesales».
Responsabilidad patrimonial
El juzgado penal omitió el ofrecimiento de acciones al hijo de una víctima de asesinato, que por ello no pudo personarse en el proceso penal, y la Audiencia Nacional rechazó su reclamación por el distanciamiento total entre el recurrente y su padre. El Tribunal Supremo fija doctrina: esa omisión es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia con independencia de las relaciones personales entre perjudicado y víctima, que solo pueden valorarse al cuantificar la indemnización. Estima el recurso, aprecia una pérdida de oportunidad de reclamar en el proceso penal y, atendido ese distanciamiento, fija la indemnización en 1.000 euros (frente a los 51.751 reclamados).
Un alumno de formación profesional dual de un instituto público sufre la amputación de varias falanges al manejar una plegadora durante sus prácticas en una empresa con convenio con la Junta de Andalucía. El TSJ rechazó la reclamación porque el daño sería imputable a la empresa y no a la Administración. El Tribunal Supremo fija doctrina en sentido contrario: «La acción formativa llevada a cabo por la empresa forma parte del servicio educativo prestado por la Administración», de modo que la empresa no es un tercero ajeno y los daños son imputables al servicio público, sin perjuicio de que la Administración pueda reclamar a la empresa por incumplimiento del convenio. Estima el recurso y condena solidariamente a la Junta y a su aseguradora a pagar 42.313,11 euros; la impericia del alumno no rompe el nexo causal, porque es propia de quien está en formación.
Subvenciones
El Gobierno de las Illes Balears denegó una ayuda directa COVID-19 por no estar la solicitante al corriente de sus obligaciones tributarias, y el TSJ anuló la denegación aplicando el principio de proporcionalidad. El Tribunal Supremo fija doctrina: la proporcionalidad solo opera en la fase de comprobación y control posterior a la concesión, para graduar las consecuencias de incumplimientos parciales, y no permite modular los requisitos para obtener la condición de beneficiario, que son binarios: «o se está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el momento legalmente relevante, o no se está». Aun así, desestima la casación por otra razón: las liquidaciones no estaban notificadas en la fecha de la solicitud, así que no había deuda exigible y la solicitante sí estaba al corriente. Criterio útil: el mero devengo de una obligación tributaria no equivale a una deuda que impida obtener la subvención.
Una investigadora no seleccionada impugna la concesión de una ayuda del Programa Postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor del Gobierno Vasco a otro candidato, porque su solicitud carecía de documentos esenciales, se le computaron méritos fuera de plazo y la valoración no está motivada. El Tribunal desestima el recurso: la falta de documentos preceptivos es subsanable conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, a diferencia de los méritos que cada aspirante aporta voluntariamente, de modo que «el elenco de posibles subsanaciones del art. 27 de las bases de esta convocatoria no puede entenderse como un numerus clausus». Admite también la motivación incorporada al resolver la alzada, porque «la motivación tardía debe limitarse a explicitar o desarrollar razones ya contenidas implícita o explícitamente en el expediente». Para combatir el juicio técnico del comité evaluador, la recurrente tenía que aportar un criterio técnico alternativo, y no lo hace.
Ayudas de Estado
La Comisión autorizó, en el marco temporal de la COVID-19, una garantía estatal y un préstamo subordinado de los Países Bajos a KLM, y consideró que KLM y sus filiales eran las únicas beneficiarias. El Tribunal General anuló esa decisión a instancia de Ryanair por error manifiesto al excluir al holding Air France-KLM y a Air France. El TJUE estima los recursos de casación: el Tribunal General aplicó correctamente el concepto de unidad económica, pero excedió los límites de su control al sustituir la apreciación de la Comisión por la suya sin demostrar que esta fuera inverosímil. Rechaza el primer motivo de Ryanair y devuelve el asunto al Tribunal General para que resuelva los demás. Criterio útil: los compromisos contractuales que asignan la ayuda a una sociedad del grupo no pierden eficacia por haberlos suscrito el holding que la controla.
La Comisión no formuló objeciones a una ayuda de reestructuración de Alemania a Condor (modificación de préstamos COVID-19 y condonación parcial de deuda), y el Tribunal General anuló la decisión a instancia de Ryanair por entender que debió dudar del cumplimiento del punto 67 de las Directrices de salvamento y reestructuración, que exige que el Estado participe en las futuras plusvalías del beneficiario. El TJUE estima la casación: ese requisito de reparto de cargas solo se aplica cuando el beneficiario conserva fondos propios después de que los accionistas y acreedores subordinados existentes hayan absorbido las pérdidas, y no alcanza a los nuevos inversores. Como el antiguo accionista perdió todo el valor de su participación y los acreedores condonaron casi todos sus créditos, la Comisión examinó implícitamente esa cuestión. El TJUE anula la sentencia y desestima el recurso de Ryanair.
Derecho regulatorio
Un tribunal austriaco pregunta si un cliente final puede negarse a que el gestor de la red eléctrica le instale un contador inteligente. El TJUE responde que la Directiva 2019/944 no obliga al gestor de red a aceptar esa negativa ni a facilitar en tal caso un contador convencional. La Directiva 2014/32 no se opone a una definición nacional de contador inteligente sin requisitos específicos de seguridad de los datos, siempre que otras normas nacionales garanticen la seguridad y la protección de datos personales. Por último, las condiciones del artículo 5.3 de la Directiva 2002/58 sobre acceso a información en el equipo terminal no se aplican a una red eléctrica por la que puedan transmitirse datos personales.
La autoridad bávara de protección de datos deniega a quien presentó una reclamación el acceso a sus datos personales que obran en el expediente, porque la ley regional excluye todo acceso a los expedientes de las autoridades de control. El TJUE declara que, en el procedimiento de reclamación del artículo 77 del RGPD, la autoridad de control es responsable del tratamiento y debe, en principio, dar acceso a esos datos conforme al artículo 15. El artículo 23 del RGPD se opone a una norma nacional que niega al reclamante cualquier derecho de acceso a sus datos en poder de la autoridad de control.
La Dirección General de Carreteras autorizó un cartel de EBOCA Vending Labs junto a la autovía A-23 con la condición de suprimir la expresión «audaces y rebeldes», y el TSJ de Aragón anuló esa condición porque la expresión forma parte del nombre comercial. El Tribunal Supremo estima la casación del Abogado del Estado y confirma la resolución: la Ley de Carreteras solo permite carteles que informen de la identidad corporativa de la actividad, un concepto más estricto que el nombre comercial, y «No puede confundirse esta información referida a la identidad corporativa con el nombre comercial de una empresa». Criterio útil: en los carteles visibles desde la carretera solo caben el nombre de la empresa y su actividad, no las expresiones destinadas a fomentar la contratación, aunque formen parte del nombre comercial.
La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicó a Barcelona de Serveis Municipals que su concesión para explotar un aparcamiento en el puerto, otorgada antes de la Ley de Puertos de 1992, vence el 15 de diciembre de 2027, y el TSJ de Cataluña reconoció el plazo pactado de cincuenta años. El Tribunal Supremo estima la casación y fija doctrina: estas concesiones están sujetas al límite temporal del régimen transitorio del texto refundido de la Ley de Puertos (35 años), porque lo decisivo es la ocupación del dominio público portuario y no el objeto de la concesión. Tampoco cabía la ampliación hasta cincuenta años, porque la concesionaria no la solicitó en la forma prevista.
Terminales Marítimas del Sureste, titular de la terminal pública del puerto de Alicante, pide acceso a la documentación no confidencial del expediente de una concesión solicitada por un competidor durante el trámite de información pública. La Autoridad Portuaria lo deniega y el TSJ de la Comunidad Valenciana inadmite el recurso por falta de legitimación, porque la recurrente no participó en la competencia de proyectos. El Tribunal Supremo fija doctrina: tienen legitimación quienes participaron solicitando la concesión y quienes impugnaron el inicio de la competencia de proyectos, y en el trámite de información pública cualquier persona puede examinar el expediente conforme al artículo 83.2 de la Ley 39/2015, con protección de la parte confidencial. Anula la sentencia y ordena al TSJ dictar otra sobre el fondo, delimitando qué documentos son accesibles.
Un abogado recurre la suspensión del ejercicio durante siete meses que le impone el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, confirmada por el Consejo Vasco de la Abogacía, por interponer demandas en nombre de una clienta sin su consentimiento y sin informarla, lo que la obligó a pagar costas. La Sala desestima la apelación: la queja de la clienta basta para desvirtuar la presunción de inocencia y no se exige al letrado una prueba diabólica, porque «él tenía la facilidad probatoria de haber acreditado que sí facilitó a la cliente la obligada información». La suspensión es proporcionada atendida la reiteración de la conducta, ya sancionada en otros expedientes confirmados judicialmente.
La Diputación Foral de Álava apela el auto que mantiene suspendida cautelarmente la inhabilitación durante tres años para organizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil impuesta a la Asociación Sarrea Euskal Udalekua por no presentar la comunicación previa de sus campamentos de verano. La Sala desestima la apelación: el perjuicio que justifica la medida es concreto (daño reputacional y ruptura de un proyecto de más de cincuenta años que una sentencia estimatoria tardía no repararía). Rechaza que la Diputación invoque quejas de familias y unas diligencias penales en curso: «Pretende la Diputación que se valoren en este incidente cautelar hechos distintos a los que tuvo en cuenta en su resolución sancionadora, lo que indudablemente implica una vulneración de los principios básicos del derecho sancionador».