Resoluciones de la semana: contratación pública (9 de noviembre de 2026)
Lo publicado esta semana en materia de contratación pública por los tribunales de recursos contractuales: OARC/KEAO, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Navarra y Canarias. Esta semana no hay resoluciones de contratación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo ni del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Cada resolución enlaza a su fuente oficial.
- OARC/KEAO
- Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
- Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
- Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
- Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
- Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
OARC/KEAO
La segunda clasificada impugna la adjudicación de un servicio de asistencia jurídica en materia sancionadora del Ayuntamiento de Abadiño, porque se aceptó la justificación de una oferta anormalmente baja sin asesoramiento técnico y se le denegó parte del acceso al expediente. El OARC rechaza el acceso: la recurrente ha podido fundar su recurso, pide datos de la misma naturaleza que los que ella declaró confidenciales en su propia oferta y la justificación de la baja revela la estrategia empresarial de la adjudicataria. Sí aprecia la infracción del artículo 149.4 LCSP, porque el acta de la mesa solo recoge su propia apreciación y no identifica ningún servicio técnico que haya intervenido. El asesoramiento no tiene que tomar la forma de un informe separado, pero el artículo 149.4 LCSP «sí exige que en el procedimiento quede constancia suficiente de que dicho asesoramiento ha sido solicitado y tenido en cuenta». El OARC estima parcialmente el recurso, anula la adjudicación y ordena retrotraer las actuaciones para recabar ese asesoramiento antes de decidir sobre la baja.
Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones de España impugna su exclusión de un suministro de red de voz y datos de Bilbao Exhibition Centre por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación en los criterios sujetos a juicio de valor. El OARC rechaza que el recurso sea extemporáneo: el acta de la mesa solo recogía las puntuaciones, sin exteriorizar la decisión de excluir, y el licitador no tiene la carga de deducirla cruzando esas puntuaciones con los pliegos. En cuanto al fondo, el informe está suficientemente motivado y el peso dado al dimensionamiento wifi no es un subcriterio oculto, sino un elemento propio del criterio; penalizar la solución cloud por sus consecuencias funcionales tampoco es una preferencia encubierta. Valorar el mismo aspecto de la oferta en dos criterios distintos no es una doble penalización cuando afecta a prestaciones diferentes. El OARC desestima el recurso.
Elurnet Informatika Zerbitzuak presenta un escrito calificado como «alegaciones» contra la adjudicación de un lote de cursos de formación del profesorado del Gobierno Vasco. El OARC lo tramita como recurso especial, porque lo que pretende es anular la adjudicación y la calificación errónea no impide tramitarlo según su verdadera naturaleza. En cuanto al fondo, la recurrente obtiene cero puntos en experiencia del personal porque los cursos que alega no contienen en su denominación las palabras clave del lote que exigía el pliego. Como el criterio es automático y la regla de similitud es clara, el OARC no admite otra vía para apreciar la semejanza, como la afinidad de contenidos, y desestima el recurso con remisión a su Resolución 170/2026 sobre el mismo contrato.
La Cuadrilla de Añana excluye a Contenur porque su memoria técnica para un suministro de contenedores ocupa 57 caras, cuando el pliego limitaba «esta Memoria» a diez. El OARC estima el recurso: el cuerpo de la memoria tenía diez páginas y el resto eran portada, índice y anexos con fichas, planos y certificados que el PPT exigía por separado para acreditar los requisitos mínimos, sin que los pliegos dijeran que esos documentos computaban en el límite. La oscuridad del pliego no puede perjudicar al licitador, porque la exclusión «requiere que el incumplimiento se refiera a una obligación formulada de manera clara e inequívoca». Como ya no es posible valorar por separado los criterios de juicio de valor y los de fórmula, el OARC anula la exclusión y cancela el procedimiento.
Biogen Spain impugna la adjudicación a Amgen del lote de adalimumab de Osakidetza: sostiene que las ventajas de su producto no se reflejan, o se reflejan con diferencias demasiado pequeñas, en varios criterios de juicio de valor. El OARC desestima el recurso porque el informe identifica cada ventaja y la traslada a la puntuación, y el pliego no fija ninguna escala que obligue a una distancia numérica mayor; exigirla supondría sustituir el juicio técnico. Dos ofertas distintas pueden recibir la misma puntuación cuando cada una tiene ventajas y desventajas que se compensan dentro del criterio. El OARC no entra en el motivo sobre el criterio cuantitativo de almacenaje porque, aunque se estimara, la recurrente no llegaría al primer puesto.
El OARC declara concluso, por pérdida sobrevenida de objeto, el recurso contra los pliegos de un servicio de retransmisión de plenos, porque el Ayuntamiento de Tolosa desiste del procedimiento. Advierte que, si una nueva licitación reproduce las cláusulas impugnadas, la recurrente podrá volver a impugnarlas sin que pueda oponérsele que son un acto firme.
Una asociación empresarial impugna los pliegos del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Sestao porque exigen un certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de categoría media. El OARC aclara que no es un requisito de solvencia, sino una exigencia que solo debe acreditar el licitador propuesto como adjudicatario antes de la adjudicación. El ENS no depende de que el contrato sea informático: se aplica porque la ejecución se apoya en un programa de gestión compartido con el Ayuntamiento que trata inventarios, incidencias, documentación laboral y comunicaciones con la ciudadanía. Por eso considera la exigencia vinculada al objeto y proporcionada, y desestima el recurso; mantiene la suspensión porque sigue pendiente otro recurso contra los mismos pliegos (resuelto en la 184/2026).
Clece impugna la adjudicación del servicio de atención de llamadas de emergencias del Gobierno Vasco porque la oferta técnica de la adjudicataria tenía 54 páginas, cuando el pliego exigía una extensión inferior a 40, sin contar índice ni portada. El OARC rechaza el acceso a esa oferta, porque la recurrente pudo identificar el incumplimiento y argumentarlo sin indefensión material. En cuanto al fondo, «inferior a 40» significa un máximo de 39 páginas computables; las doce páginas de índice intercaladas y la contraportada no computan porque no aportan contenido valorable, de modo que solo excede la página 40. La consecuencia prevista en el pliego es no valorar esa página, no excluir la oferta, y como esa página no contenía el aspecto que justificó la máxima puntuación, el OARC desestima el recurso.
Chemtrol División Teatro impugna los pliegos del suministro de equipamiento escénico del Teatro Principal Antzokia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El OARC valida que se exija una muestra física con 34 puntos, la prohibición de subcontratar tareas críticas de integración y coordinación, y la experiencia previa con certificación SIL 3 como requisito de solvencia. Anula, en cambio, los cuatro subcriterios de valoración de la muestra, que solo enuncian un aspecto sin decir qué se valorará favorablemente, y el límite de subcontratación del 40 % del importe, porque la limitación debe ser cualitativa y referirse a tareas críticas concretas, no a un porcentaje abstracto. Anula también la exigencia de certificados de colegiación para acreditar el personal adscrito, porque no acreditan capacidad técnica y no figuran entre los medios del artículo 89.1 LCSP. Estima parcialmente el recurso y cancela el procedimiento, porque las cláusulas anuladas afectan a criterios de adjudicación y de solvencia.
Loraberri impugna tres requisitos que el PPT del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Sestao exige al delegado del servicio, y el OARC anula los tres. Los cinco años de antigüedad en la empresa licitadora no acreditan capacitación ni encuentran amparo en el artículo 76.2 LCSP. Los diez años de experiencia solo en zonas verdes municipales restringen sin motivo, porque el trabajo es equiparable al de otras zonas verdes, y producen un efecto próximo al que prohíbe el artículo 40.b) LCSP. La colegiación solo puede exigirse si una ley estatal la impone para actuaciones concretas, y el pliego no las identifica. Como cambian las reglas de acceso a la licitación, el OARC cancela el procedimiento.
El OARC inadmite por extemporáneo el recurso de PreZero España contra la segunda adjudicación de un lote de limpieza viaria y recogida de residuos de Portugalete, dictada en ejecución de su Resolución 47/2026. Los motivos ya pudieron invocarse contra la primera adjudicación, y la nueva adjudicación no permite reabrir aspectos que la retroacción no tocó y que quedaron consentidos.
El Ayuntamiento de Barakaldo excluye a CHZ Lighting Spain de un suministro de luminarias. La recurrente alega falta de motivación, aunque su oferta declaraba resistencia al impacto IK10 y el ensayo que aportó acreditaba IK09. El OARC considera que la imprecisión del informe sobre el número de modelos no causa indefensión material, porque el recurso rebate cada causa de exclusión, y que hay una contradicción objetiva entre lo declarado y lo ensayado: un ensayo superado en IK09 no acredita el IK10 que exige el PPT. Pedir aclaraciones no permite incorporar después un certificado distinto, porque eso sería completar la oferta fuera de plazo. El OARC desestima el recurso.
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
La recurrente impugna la adjudicación del lote 1 del suministro de una sala de control de emergencias del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla porque la pantalla del videowall ofertada por la adjudicataria tiene un ángulo de visión horizontal de 160º, frente a los 170º del PPT. El Tribunal rechaza la exclusión automática, porque el propio PPT pide entender las especificaciones «en términos aproximados, similares o equivalentes», pero tampoco confirma la adjudicación: ni la oferta ni el informe técnico explican por qué esa diferencia es equivalente, aunque el informe sí razona la equivalencia de otros parámetros. Estima parcialmente, anula la adjudicación y ordena una nueva comprobación motivada sobre la oferta inicial, sin admitir cambios de modelo. El criterio es claro: «La aceptación de una prestación equivalente requiere demostrar la existencia de esa equivalencia».
La recurrente es excluida del suministro de un sistema de videovigilancia del tráfico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por no alcanzar el umbral mínimo de 24,50 puntos en los criterios sujetos a juicio de valor, e impugna la valoración. El Tribunal descarta el error material y la desigualdad de trato, pero aprecia insuficiente motivación en tres puntos: el peso dado a la falta de visitas presenciales a los emplazamientos (que el PCAP no exigía), las referencias a una arquitectura con servidores físicos no impuesta por los pliegos y la coherencia de la puntuación de la tercera clasificada. Aun así desestima: ampliar la motivación no cambiaría la puntuación de la recurrente, que seguiría sin superar el umbral, y aplica los principios de economía procesal y proporcionalidad, porque «el recurso especial no es un mecanismo de depuración abstracta del procedimiento».
Una empresa que no presentó oferta impugna los pliegos del servicio de seguridad y vigilancia de la Delegación Territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Sevilla, que agrupan vigilancia presencial, mantenimiento de sistemas y conexión a central receptora de alarmas (CRA) y exigen las tres habilitaciones. El Tribunal le reconoce legitimación, porque la habilitación de CRA le impide concurrir sola, pero rechaza que la no división en lotes esté mal motivada: la justificación podría ser más detallada, pero supera el umbral del artículo 99.3 de la LCSP. Tampoco ve restrictiva la exigencia de las tres habilitaciones, que son requisitos de aptitud y no se suplen con subcontratación. Sí estima la incoherencia entre el PCAP, que admite la subcontratación sin reservar tareas críticas, y el PPT, que obliga a explotar directamente el servicio, y anula esas previsiones para que se armonicen.
En una reclamación contra los pliegos del suministro de polielectrolitos de Gestión Integral del Agua de Huelva (GIAHSA), la recurrente impugna los criterios evaluables por fórmula sobre rendimiento del producto (sequedad del fango y calidad del escurrido) y la facultad de GIAHSA de declarar no viables las ofertas con valores incoherentes o insuficientemente justificados. El Tribunal no ve criterios ocultos, pero sí una predeterminación insuficiente de los parámetros que hacen suficiente o representativa la justificación técnica, lo que deja un margen de apreciación impropio de un criterio automático y además sin motivar. Rechaza en cambio la ventaja del contratista actual, la insuficiencia del plazo para preparar ofertas y la impugnación de las cláusulas del PPT sobre pruebas y penalizaciones, que operan en fase de ejecución. Estima parcialmente y anula la cláusula 4.2 del PCAP y las determinaciones vinculadas: en los criterios por fórmula, también los elementos previos que condicionan la admisión y la valoración deben estar definidos con precisión.
La recurrente impugna su exclusión del servicio de telefonía e internet del Ayuntamiento de Guillena. El Tribunal admite el recurso en plazo: la exclusión solo se publicó en el perfil, sin notificación individual, y la solicitud de acceso al expediente que presentó la recurrente no se refería a su exclusión, por lo que no prueba que la conociera. En el fondo desestima: la oferta incorpora elementos VoIP y SIP pese a que el PPT descartaba cualquier solución VoIP, no incluye el plan específico del nodo radio exigido y discutir ahora la proporcionalidad de esas exigencias es una impugnación indirecta de pliegos firmes. Aunque la recurrente tuviera razón sobre el Esquema Nacional de Seguridad, la exclusión se sostiene en otras causas autónomas.
La Agencia Pública Andaluza de Educación rechaza por anormalmente bajas las ofertas de la recurrente a los lotes 1 y 2 del servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia de Huelva. El Tribunal desestima: disponer de medios y organización no equivale a acreditar que el precio cubre su coste, y el informe técnico identifica partidas concretas sin justificar (absentismo en un contrato con subrogación, formación, reuniones mensuales ofertadas como mejora y gastos generales). Sobre la formación que la recurrente presenta a coste cero por tener formadores propios, «no resulta aceptable tener por acreditado un coste nulo». Precisa también que la suma de diferencias con la memoria económica no prueba por sí sola un déficit, y que un beneficio industrial positivo no compensa la falta de justificación de partidas esenciales.
La recurrente es excluida de numerosos lotes del acuerdo marco de reactivos y equipamiento para los laboratorios clínicos del SAS en Córdoba porque sus precios superan los unitarios máximos, y alega un error material: consignó el precio por kit en lugar del precio por determinación. El Tribunal desestima: el error no se deduce de la propia oferta económica, sino de otros documentos de los sobres 2 y 3, y corregirlo exigiría aplicar divisores distintos en cada lote, lo que altera la oferta cuando ya se conocían los precios de los competidores. No hay trato desigual respecto de otro licitador al que se dejó corregir un error en el cálculo del IVA, porque ese error sí resultaba de la propia oferta. La impugnación del lote 358, en el que la recurrente no superó el umbral técnico y no lo discutió, no prospera.
La recurrente pide excluir a la adjudicataria del suministro de equipos de patología digital para el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera porque ofertó dos escáneres de 300 portaobjetos en lugar de uno con capacidad mínima de 350, y porque su visor no permitiría visualizar capas. El Tribunal desestima: el PPT no exige expresamente un único escáner, la solución ofertada no es una variante ni una mejora, y solo procede excluir ante un incumplimiento claro, expreso y deducible de la oferta. En cuanto al segundo motivo, el PPT exige escaneado multicapa, no visualización multicapa, y prevalece la presunción de acierto del informe técnico.
El Tribunal inadmite por incompetencia el recurso contra la adjudicación de un suministro del Ayuntamiento de Almería: es un municipio de gran población con órgano propio de recursos contractuales y no ha suscrito convenio para atribuir la competencia al Tribunal autonómico. Remite el recurso a ese órgano municipal.
Una UTE impugna la adjudicación de la asistencia técnica de la estrategia de desarrollo integrado local de Andújar, cofinanciada con FEDER, por la puntuación del criterio de experiencia en proyectos europeos de innovación urbana. El Tribunal desestima: el PCAP solo puntúa los proyectos en que la empresa haya participado como socia, beneficiaria o encargada del diseño de la propuesta seleccionada, no la mera asistencia técnica, y la documentación de la recurrente acredita únicamente servicios prestados como contratista de los ayuntamientos. Tampoco hay trato desigual, porque la adjudicataria sí acreditó haber diseñado uno de los proyectos invocados. Deniega además el acceso al expediente en sede del Tribunal porque no se pidió antes al órgano de contratación, como exige el artículo 52 de la LCSP.
La recurrente impugna su exclusión por falta de acreditación de la solvencia técnica, porque las actas de recepción que aportó tendrían eficacia equivalente a los certificados exigidos. Según el resumen oficial, el Tribunal considera que la mesa erró al rechazar las actas por su denominación formal sin analizar su contenido, pero no tiene por acreditada la solvencia ni admite la documentación aportada con el recurso, y ordena retrotraer para una nueva valoración individualizada. Estimación parcial. [VERIFICAR: resumen sin texto íntegro]
El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de una empresa que no presentó oferta contra la cláusula de penalidades del PCAP del servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Almería. Que las penalidades no fijen un periodo de cómputo no le impide concurrir en igualdad (solo afecta a la rentabilidad de su oferta), y la legitimación del no licitador exige un obstáculo real, efectivo y no subsanable para participar.
La recurrente impugna los pliegos del suministro de vestuario de la Policía Local de El Ejido, que exigen, bajo pena de exclusión, que los informes de laboratorio y los certificados de las prendas (OCS, GRS y otros) estén a nombre del licitador. El Tribunal estima: ni la memoria justificativa ni el expediente explican esa exigencia, y las razones que el órgano ofrece en su informe al recurso llegan tarde y no acreditan que sea necesaria y proporcionada; suma como indicio que solo se presentó una oferta. Recuerda que «La motivación de los elementos esenciales de la licitación debe constar ex ante, en el momento de la aprobación de los pliegos, sin que sea jurídicamente admisible completarla a posteriori». Anula los pliegos, pero no ordena una redacción concreta, porque definir el objeto corresponde al órgano de contratación.
Tras la Resolución 555/2026, que anuló la licitación de la agrupación 1 del servicio de hemodiálisis ambulatoria en la provincia de Cádiz y ordenó una nueva convocatoria, el Hospital Universitario Puerta del Mar acuerda desistir del procedimiento y archivar el expediente. El Tribunal considera el desistimiento un acto recurrible y lo anula: la resolución se limita a transcribir el artículo 152 de la LCSP sin identificar ninguna infracción no subsanable de preparación o adjudicación, las irregularidades anuladas afectaban solo a la valoración técnica y no cabe confundir la ejecución de una resolución del Tribunal con la potestad de desistir. Ordena cumplir la Resolución 555/2026 convocando, en su caso, la nueva licitación con el expediente y los pliegos ya aprobados.
El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso contra el contrato que Cetursa Sierra Nevada, S.A. formalizó durante la suspensión automática: el plazo de treinta días naturales del artículo 50.2.a) de la LCSP corre desde la publicación de la formalización (7 de septiembre) y el recurso llega el 21 de octubre. Reitera que Cetursa es poder adjudicador y añade, a mayor abundamiento, que la propia entidad ya ha declarado nulo el contrato y abierto su liquidación en ejecución de la Resolución 632/2026.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía excluye a la licitadora mejor valorada en la limpieza de viales de los puertos de La Bajadilla y Estepona (contrato reservado a centros especiales de empleo) porque su alta en el epígrafe del IAE de limpieza viaria es posterior al fin del plazo de ofertas. El Tribunal confirma que el alta inicial en el epígrafe 911 (servicios agrícolas y de jardinería) no se corresponde con el objeto del contrato, pero estima el recurso: el expediente no prueba que la recurrente ya ejerciera la limpieza viaria al presentar su oferta, y la mesa debió pedir aclaraciones antes de excluirla. Además, aunque el alta hubiera sido exigible, la empresa regularizó su situación antes de la exclusión, y esa autocorrección (self-cleaning, artículo 57.6 de la Directiva 2014/24/UE) debía admitirse.
El Tribunal acepta el desistimiento de la recurrente en su recurso contra la adjudicación del lote 2 del contrato de renovación de puestos de trabajo digital de la Agencia Digital de Andalucía y declara concluso el procedimiento.
El Tribunal inadmite el recurso de una UTE contra el acuerdo de la mesa que deja sin efecto la propuesta de declarar desierto un lote del servicio de mediación civil y mercantil de la Junta de Andalucía y requiere documentación a otro licitador. El acuerdo no le causa una lesión propia: su perjuicio deriva de su exclusión anterior, ya recurrida en otro procedimiento, por lo que carece de objeto impugnatorio autónomo y de interés legítimo diferenciado.
El Tribunal inadmite por extemporáneo un recurso registrado el 28 de octubre contra una adjudicación notificada el 1 de septiembre (lote 2 de las jornadas de comercialización turística B2B de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía). El registro obedece a un error de la propia recurrente, y la inadmisión no afecta al recurso que presentó el 3 de septiembre, que se tramita aparte.
El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso contra la adjudicación de tres lotes de un acuerdo marco de material sanitario y de implantología dental del Hospital Universitario Virgen de las Nieves: los escritos presentados en plazo ante la Consejería no expresaban de forma clara la voluntad de recurrir, ni el destinatario ni la pretensión, y el recurso identificable llega en octubre. Añade que la flexibilidad sobre el lugar de presentación (STS 215/2025) presupone un auténtico escrito de recurso y que, en el lote 2, la recurrente carecía de legitimación porque había dos licitadores mejor puntuados no impugnados.
La recurrente impugna el anuncio y los pliegos de la concesión del camping La Jarosa, el albergue municipal y las tirolinas del Ayuntamiento de El Pedroso, con un valor estimado anunciado de 480.000 euros. A partir de los estudios de viabilidad publicados (más de 11,3 millones de euros de ingresos solo para el camping), el Tribunal concluye que el valor real supera el umbral de regulación armonizada, por lo que el recurso es admisible y la falta de publicación en el DOUE es causa de nulidad de pleno derecho del artículo 39.2.c) de la LCSP. Aprecia además, entre otros defectos, la falta de memoria justificativa, una duración de dieciséis años sin conectar con la recuperación de las inversiones y un criterio de adjudicación basado en la experiencia de la empresa, que solo puede operar como solvencia. Estima el recurso y declara nulos el anuncio, los pliegos y todo lo actuado.
La mesa excluye a la recurrente de los dos lotes del servicio de poda y control de malas hierbas del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación porque su oferta expresa un descuento del 6 % sobre el presupuesto, sin importes en euros ni IVA como pedía el modelo. El Tribunal admite el recurso en plazo: la exclusión solo se publicó, sin notificación personal, y el plazo cuenta desde el escrito en que la recurrente mostró conocerla. En el fondo estima: el descuento es cerrado y el presupuesto de cada lote es público, así que el importe y el IVA se obtienen con operaciones aritméticas de resultado único y «nos encontramos únicamente ante una diferencia en la forma de expresar un valor objetivamente calculable». La mesa debió pedir una aclaración limitada a traducir a euros ese porcentaje, sin permitir cambiar la oferta.
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Aqlara Ciclo Integral del Agua impugna los pliegos de la concesión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de Fuentesaúco (Zamora) por contener, a su juicio, umbrales de saciedad no justificados en cuatro criterios automáticos, por no prever un comité de expertos y por valorar como criterio de adjudicación el certificado ISO 10002. El Tribunal desestima el recurso. La fórmula de potencia cuarta del criterio de inversión inicial no es un umbral de saciedad, porque toma como referencia la mejor oferta presentada y quien más ofrece siempre obtiene más puntos; los topes de los demás criterios están justificados en la memoria por la viabilidad económica de una concesión con márgenes ajustados. La exigencia de comité de expertos se determina por la ponderación que fijan los pliegos (51 puntos automáticos frente a 49 de juicio de valor), no por la hipótesis de que todos los licitadores oferten lo mismo, y la admisión de certificados equivalentes opera por ley aunque el pliego no la mencione.
FCC Aqualia impugna los mismos pliegos de la concesión del ciclo del agua de Fuentesaúco. El Tribunal rechaza de nuevo los motivos sobre umbrales de saciedad, comité de expertos y vulneración de los principios de competencia, igualdad y eficiencia, pero estima el relativo al criterio que puntúa el porcentaje de facturación que el licitador destinará a un informe externo de seguimiento y control de la concesión. Ese criterio no mide una mejor ejecución de la prestación, sino la disposición a financiar una función de control que corresponde al órgano de contratación y al responsable del contrato, por lo que carece de vinculación con el objeto del contrato; que el Ayuntamiento no tenga medios propios para controlar no lo justifica. Anula el criterio y retrotrae el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos. Para la práctica: un mecanismo adicional de control o auditoría de la ejecución no puede configurarse como criterio de adjudicación.
Aragua Ocio impugna la adjudicación de un lote del servicio de coordinación de los juegos escolares de la Diputación Provincial de León porque obtuvo cero puntos en el criterio de experiencia sin que se le pidiera subsanar. La empresa declaró en su oferta la experiencia del coordinador para la propia Diputación, pero no aportó el contrato o certificado de buena ejecución que el pliego exigía junto con la oferta, y pretende que la Diputación lo compruebe en sus archivos. El Tribunal desestima el recurso: la falta absoluta de la documentación acreditativa de un criterio de adjudicación no es subsanable, porque supondría modificar la oferta, y el pliego ya preveía que la consecuencia era no puntuar. Tampoco cabe acreditar esa experiencia en vía de recurso ni ampararse en el derecho a no aportar documentos en poder de la Administración, cuando la oferta ni siquiera identificaba a la persona propuesta.
El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso de Samyl Facility Services contra el pliego técnico del mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palencia. El plazo se cuenta desde la publicación inicial de los pliegos y no desde una rectificación posterior que solo afectaba a la documentación de subrogación de personal y no a las cláusulas impugnadas.
El Tribunal acepta el desistimiento del comité de empresa de Azvase en su recurso contra los pliegos del servicio de ayuda a domicilio de Salamanca y archiva el procedimiento: el Ayuntamiento anuló el anuncio de licitación y suspendió el plazo de ofertas, con lo que el recurso pierde su objeto.
El Tribunal inadmite el recurso de Entrerríos Automatización contra la propuesta de exclusión de su oferta formulada por la mesa de contratación en el suministro de luminarias de Aranda de Duero. La propuesta de la mesa no es un acto de trámite cualificado; la empresa podrá recurrir si el órgano de contratación acuerda la exclusión.
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Genera Innovació, SCCL impugna, en dos recursos acumulados, la adjudicación de los lotes 1 y 3 del contrato de asistencia en las convocatorias de subvenciones que gestiona Barcelona Activa, por la puntuación recibida en un criterio sujeto a juicio de valor que asigna puntos por tramos predefinidos. El Tribunal desestima los recursos: el informe técnico recoge los aspectos positivos y negativos de cada oferta y permite entender por qué cada una queda en un tramo u otro. Como el criterio no admite graduar la puntuación dentro de cada tramo, que una oferta esté más desarrollada que otra del mismo tramo no obliga a puntuarla más.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya excluye a una licitadora del contrato de gestión del snowpark de la estación de Port Ainé por no alcanzar el patrimonio neto mínimo exigido como solvencia económica, y la empresa recurre. El Tribunal desestima el recurso: sus cuentas de 2024 y 2025 reflejan un patrimonio neto negativo. Los medios alternativos de acreditación del artículo 86.1 de la LCSP exigen una razón válida que impida aportar la documentación prevista en los pliegos, y aquí la empresa sí la aportó, pero no cumplía el umbral; ser una empresa de nueva creación tampoco permite rebajar el nivel de solvencia.
El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de la tercera clasificada (y actual prestataria) contra la adjudicación del servicio de tratamiento de restos de las deixalleries del Área Metropolitana de Barcelona, porque solo discute las autorizaciones ambientales de la adjudicataria, cuando las de la segunda clasificada eran de acceso público y podía haberlas impugnado a la vez. Ve en esa impugnación escalonada una voluntad dilatoria y le impone una multa de 2.100 euros por temeridad.
Una asociación de empresarios de transporte discrecional impugna los pliegos del sistema dinámico de adquisición del transporte escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental, porque un criterio ambiental de valoración automática puntúa solo los vehículos de referencia con etiqueta «0 emisiones» o «ECO» y no los de etiqueta C. El Tribunal desestima el recurso: el criterio está vinculado al objeto, lo respalda la normativa sectorial y su peso (como máximo 10 puntos sobre 100) es proporcionado. Al ser un criterio de adjudicación, no impide acceder a la licitación, y puntuar la etiqueta C carecería de sentido porque ya la garantiza la antigüedad máxima exigida a los vehículos. Que pocos operadores puedan cumplir un criterio ambiental no vulnera por sí solo la igualdad de trato.
La UTE Arnó-CRC-Servidel impugna la adjudicación de una fase del regadío Xerta-Sénia, licitada por Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, por la puntuación recibida en el criterio automático de aplicación de la metodología BIM. El Tribunal desestima el recurso: los pliegos distinguen según que el proyecto se haya redactado o no con metodología BIM, y la UTE presentó el modelo de compromiso del escenario que no correspondía a esta licitación. Ese compromiso es un elemento sustancial de la oferta, por lo que no cabe subsanarlo, aclararlo ni reinterpretarlo sin modificar la proposición. Las demás licitadoras usaron el modelo correcto, lo que descarta que los pliegos indujeran a error.
El Ayuntamiento de Girona excluye a Emiser Vallès, SL del lote 1, reservado, de un contrato de limpieza por no acreditar su condición de centro especial de empleo de iniciativa social. El Tribunal desestima el recurso: el requisito de reinversión de beneficios debe ser íntegro y también finalista (creación de empleo para personas con discapacidad y mejora de la competitividad de su actividad de economía social). Los estatutos de la recurrente solo dicen que los beneficios revierten en la propia entidad, lo que sirve para considerarla sin ánimo de lucro, pero no para calificarla como centro de iniciativa social; la propia empresa reconoce que tiene pendiente adaptarlos.
La mesa de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya excluye a Andacar 2000, SA del renting de vehículos por ofertar 0,00 euros/km en el precio del exceso de kilometraje, por debajo del mínimo de 0,01 euros/km fijado en los pliegos. El Tribunal estima el recurso: aunque se incumple el umbral, los pliegos no asociaban la exclusión a ese incumplimiento (sí lo hacían para la superación del presupuesto), y el subcriterio solo pesa 2,5 puntos sobre 100. La exclusión resulta desproporcionada; lo proporcionado es no valorar ese subcriterio. Para la práctica: un mínimo en los pliegos sin consecuencia excluyente expresa no justifica por sí solo expulsar la oferta.
El Tribunal inadmite, por extemporáneo y por falta de legitimación, el recurso de un particular contra los pliegos del mantenimiento del verde municipal de Esparreguera por no estar reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social. El recurrente no acredita ningún interés propio, y en el recurso especial no existe acción pública.
Qualud, SL impugna la adjudicación de un servicio de plataforma tecnológica para la unidad de investigación clínica de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, financiado con fondos Next Generation EU, por falta de motivación en un subcriterio de juicio de valor (demostración técnica) y por la introducción de elementos no previstos en los pliegos. El Tribunal desestima el recurso: el informe técnico es suficiente y se ajusta al objeto del criterio, y que una misma solución tecnológica se valore en varios subcriterios no supone duplicar valoraciones si lo valorado en cada uno es distinto.
La mesa del Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta rebaja de 30 a 10 puntos a Arbres i Projectes, SL en el criterio automático de experiencia del contratista porque la empresa se constituyó en 2022 y la experiencia acreditada era de su matriz. El Tribunal estima el recurso: la empresa declaró desde el sobre 1 que integraría la solvencia con medios de su matriz, y la mesa aceptó esos certificados para la solvencia, pero los rechazó para el criterio, lo que es incoherente. Ordena retrotraer para que se valore de nuevo, de forma motivada, y no para asignar directamente la puntuación máxima. Recuerda que la experiencia solo puede ser criterio de adjudicación respecto del personal que ejecutará el contrato, no la experiencia de la empresa en abstracto.
Expert Line, SL impugna la adjudicación del suministro e instalación de armarios compactos en el Castell de Montjuïc, licitado por el Institut de Cultura de Barcelona, porque la adjudicataria no habría acreditado unas certificaciones ISO al presentar la oferta y porque su oferta incumpliría varias prescripciones técnicas. El Tribunal desestima el recurso: las certificaciones ISO son una condición ambiental de ejecución exigible a la adjudicataria, no un requisito de solvencia, y esta las aportó en el trámite del artículo 150.2 de la LCSP. Los incumplimientos técnicos alegados no resultan de la oferta, y prevalece la presunción de acierto de los informes técnicos.
Vialser Edificación y Obra Civil, SLU impugna la adjudicación de las obras de encauzamiento del torrente Vinyals (Ayuntamiento de Cabrera de Mar), porque la adjudicataria, al subsanar la acreditación de la experiencia del jefe y del encargado de obra, sustituyó casi todas las obras declaradas en su oferta por otras distintas. El Tribunal estima el recurso: la subsanación puede completar la prueba de la experiencia alegada, pero no sustituir las obras sobre las que se hizo valer. Además, aunque el criterio es formalmente automático, exige verificar y motivar mínimamente qué obras se dan por acreditadas, y el informe se limita a dar la puntuación máxima. Anula la adjudicación y ordena valorar de nuevo el criterio sin computar las obras introducidas en la subsanación.
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA impugna la adjudicación del servicio de limpieza del Institut Joanot Martorell de Esplugues de Llobregat por falta de motivación del informe de valoración de los criterios de juicio de valor. El Tribunal estima el recurso: el informe es genérico, en algún subcriterio se fija en aspectos ajenos a su objeto y, en varios, puntúa a la recurrente sin explicar por qué, lo que la deja en indefensión. La motivación aportada después en el informe al recurso no puede suplir ese defecto. Como ya se conocen las ofertas automáticas, no cabe una nueva valoración imparcial, y el Tribunal anula no solo la adjudicación, sino todo el procedimiento de licitación.
Dopec, SL impugna la adjudicación de los servicios de arquitectura e ingeniería para implantar el IREC, el IBEC y la UPC en el edificio D del Campus Diagonal-Besòs, por la motivación del informe de los criterios de juicio de valor y por la supuesta ventaja informativa de la adjudicataria, que había participado en el proyecto del edificio. El Tribunal desestima el recurso: el informe analiza cada oferta con sus aspectos positivos y negativos, y la recurrente solo expresa una discrepancia técnica. Haber intervenido antes en documentación relacionada con el objeto no supone por sí solo una ventaja contraria a la igualdad cuando, como aquí, la documentación técnica relevante se puso a disposición de todas las licitadoras.
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL impugna la adjudicación de la gestión de las escuelas infantiles municipales de Pineda de Mar porque la adjudicataria no tenía un plan de igualdad vigente e inscrito ni al terminar el plazo de ofertas ni al adjudicarse el contrato (prohibición de contratar del artículo 71.1 d) de la LCSP). El Tribunal estima el recurso: constatada la prohibición, el órgano de contratación debía valorar las medidas correctoras (self-cleaning) que alegaba la empresa, y se limitó a dar por buena su declaración responsable. Como el Tribunal no puede hacer esa valoración en primer lugar, anula la adjudicación y ordena retrotraer al requerimiento previo para que el Ayuntamiento pida y califique esas medidas. Para la práctica: conviene anticiparse al fin de la vigencia del plan, por ejemplo solicitando la inscripción con antelación suficiente.
El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de un particular contra los pliegos de la concesión de uso privativo del edificio Universitari-Auditori de Amposta, porque no presentó oferta ni impugna condiciones restrictivas del acceso, sino que actúa en defensa genérica de los bienes municipales, algo que el recurso especial no ampara.
El Tribunal inadmite por extemporáneo el recurso de Alphanet Security Systems, SL contra los pliegos de la fase 2 del sistema de videovigilancia de Gavà, presentado un día después de vencer el plazo, contado desde la publicación del anuncio y los pliegos. Las respuestas publicadas en el perfil de contratante y la única corrección de los pliegos no desplazan el inicio del plazo, porque no alteran las prescripciones técnicas impugnadas.
El Tribunal se declara incompetente e inadmite el recurso de un particular contra los pliegos de unas obras de reurbanización del Ayuntamiento de Blanes, porque su valor estimado (409.587,73 euros) no supera el umbral de tres millones de euros previsto para las obras. Remite el escrito al Ayuntamiento, que lo recalifica como recurso de reposición.
El Tribunal acepta el desistimiento de Gama Healthcare Europe, SL en su recurso contra los baremos provisionales del lote 15 del acuerdo marco de material de higiene del Institut Català de la Salut y declara concluido el procedimiento.
El Tribunal inadmite por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de Containers del Berguedà, SL contra los pliegos del lote 2 del servicio de deixalleries del Consell Comarcal del Berguedà, porque ese lote queda desierto al no presentarse ofertas.
El Tribunal acepta el desistimiento de SBS Simon i Blanco, SL en su recurso contra la propuesta de exclusión de su oferta en el lote 6 de un contrato de asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y declara concluido el procedimiento.
El Institut Català de la Salut excluye a Palex Medical, SA de un artículo del lote 15 del acuerdo marco de catéteres y recipientes de drenaje torácico por incumplir la capacidad del recipiente y la exigencia de estar libre de DEHP. El Tribunal estima el recurso ante el allanamiento del órgano de contratación: en una respuesta vinculante publicada en el perfil de contratante, el propio ICS admitió recipientes de hasta 2.500 mililitros (el ofertado es de 2.100), y que la ficha técnica indique que el producto está libre de PVC es indicativo de la ausencia de DEHP. Anula la exclusión y la adjudicación de ese artículo y ordena retrotraer al momento previo a la valoración, lo que es posible porque solo hay criterios automáticos.
Acciona Facility Services, SA impugna el pliego de cláusulas del servicio de limpieza de los edificios municipales de Castellbisbal, porque considera insuficientes los costes laborales del presupuesto base de licitación, que no cubrirían las horas del personal subrogable. El Tribunal desestima el recurso: el presupuesto está desglosado conforme al convenio de limpieza de Cataluña y a las horas efectivas previstas para cada perfil, e incluso prevé, sin estar obligado, una compensación de hasta 10.000 euros por posibles extinciones de contratos derivadas del nuevo dimensionamiento. Los datos de subrogación del artículo 130 de la LCSP son informativos y no vinculan al órgano de contratación al configurar el servicio ni al calcular los costes de personal del presupuesto.
Spascat Technologies, SL impugna la admisión de las ofertas, incursas en valores anormales, de dos licitadoras del servicio de obtención de líneas de costa a partir de imágenes satélite del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, porque habría incoherencias entre su menor puntuación técnica y la aceptación de sus justificaciones. El Tribunal desestima el recurso: la valoración técnica y el procedimiento de anormalidad son escenarios distintos, y en este último solo se comprueba si la oferta es viable con el precio ofertado. La recurrente no discute el contenido de las justificaciones, y la admisión, motivada de forma sucinta pero suficiente, se mantiene dentro de la discrecionalidad técnica.
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos impugna su exclusión del suministro de monitores para la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Navarra. El Servicio Navarro de Salud la excluyó porque su memoria técnica decía que, si la formación se organizaba por etapas, una etapa pendiente no impediría considerar suministrado el equipo, lo que a su juicio contradecía la obligación de formación del pliego. El Tribunal descarta la falta de motivación, pero estima la reclamación en cuanto al fondo: el pliego vincula el plazo de ejecución, la recepción y el pago solo al suministro e instalación, no a la culminación de la formación, de modo que la frase es una previsión organizativa sobre el calendario y no una renuncia a formar. La oferta, leída en su conjunto, «no evidencia un incumplimiento claro, expreso y patente del pliego que justifique su exclusión». La exclusión directa es desproporcionada; el Tribunal la anula y retrotrae el procedimiento, sin perjuicio de que el órgano pida una aclaración si tiene dudas.
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dextro Médica impugna la adjudicación a ACJ del suministro de un sistema de monitorización para la unidad de recuperación postanestésica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, al entender que la documentación de la adjudicataria no acredita varias prescripciones técnicas, entre ellas la integración con el programa de gestión clínica PICIS. El Tribunal desestima el recurso: el informe técnico identifica los documentos del fabricante en que se apoya y responde de forma expresa a cada objeción, sin error manifiesto ni arbitrariedad. La falta de una certificación nominativa de integración con una aplicación concreta no supone incumplimiento si el pliego no la exige como medio exclusivo de acreditación.
Bayer Hispania recurre el acuerdo que tiene por retiradas sus ofertas en dos lotes del acuerdo marco de medicamentos del Servicio Canario de la Salud y la adjudicación posterior, porque no acreditó, ni en el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP ni en subsanación, un plan de igualdad vigente e inscrito. El Tribunal acumula y desestima ambos recursos. El plan inscrito había agotado su duración máxima de cuatro años y la prórroga invocada no puede prolongar su vigencia; la solicitud registral de un nuevo plan es posterior al acuerdo y no consta su inscripción. Aunque admite que las medidas autocorrectoras (self-cleaning) pueden valorarse con documentación posterior, la falta de un trámite específico no invalida el acuerdo cuando, a la vista de lo acreditado, ese trámite no habría cambiado el resultado.
Excellence & Business Value impugna la adjudicación del servicio de oficina técnica para la mejora de la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por falta de motivación en la valoración de las memorias técnicas y por errores en el criterio automático de experiencia del consultor. El Tribunal desestima el recurso: los informes explican subcriterio a subcriterio por qué cada memoria recibe su puntuación, y la recurrente solo opone su propio parecer. Las correcciones de errores materiales de la mesa, hechas por simple cotejo de documentos y con transparencia, no comprometen la trazabilidad de la valoración. Dos certificados debieron ser objeto de subsanación, pero su cómputo no habría alterado la clasificación.
Tres estudios de arquitectura impugnan la adjudicación a Estudios ISOC de la redacción del proyecto y dirección de obra de 200 viviendas protegidas en Arrecife, licitada por Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias. El Tribunal estima parcialmente el recurso y retrotrae el procedimiento para que se subsanen los defectos. La solvencia económica se exige a la licitadora: las pólizas individuales de sus socios no la acreditan si la sociedad no es profesional y no integra solvencia con medios externos. La aceptación de la solvencia técnica debió motivarse, dada la distinta naturaleza de los trabajos relacionados, y el informe emitido con el recurso no suple esa motivación; además, faltaban la experiencia de los arquitectos y las cartas de compromiso exigidas.
La UTE formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex impugna su exclusión del contrato de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria por no presentar muestras de contenedores de papel-cartón ni de biorresiduos de carga lateral, aunque los ofertaba en su proyecto de explotación. Sostiene que el pliego solo pedía una muestra por sistema de carga y que la respuesta a una consulta, no vinculante, amplió esa obligación. El Tribunal desestima el recurso: el órgano no puede apartarse de sus propios actos, y si la recurrente creía que la respuesta modificaba los pliegos debió impugnarla entonces. Además, la lectura conjunta de los pliegos exige una muestra por fracción y sistema de carga, el pliego prevé la exclusión y el defecto no es subsanable, al ser preclusivo el plazo de entrega.
En la misma licitación de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria, el Tribunal inadmite el recurso de Valoriza Servicios Medioambientales, que pretende la exclusión de Urbaser y de la UTE de FCC por defectos en sus muestras. El acuerdo de la mesa que toma conocimiento del informe de muestras y propone excluir a otra licitadora no es un acto de trámite cualificado respecto de las demás, ya admitidas, y la recurrente carece de legitimación para impugnar una exclusión con la que está conforme.
DST Factory impugna su exclusión del contrato de la plataforma de inteligencia turística de Tenerife (Spet, Turismo de Tenerife) por no atender en plazo un segundo requerimiento sobre la solvencia técnica de la UTE que integraba. La empresa alega un fallo de la Plataforma de Contratación del Sector Público y remitió la documentación por correo electrónico dentro del plazo. El Tribunal desestima el recurso: los informes técnicos no registran incidencias ese día y los elementos aportados no acreditan una incidencia impeditiva no imputable a la licitadora. Sin esa prueba, el correo electrónico no equivale a cumplimentar el requerimiento por el cauce establecido, y admitirlo supondría un trato diferenciado frente a los demás licitadores.
El Tribunal declara concluso por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de una empresa contra los pliegos del suministro de vestuario y medios defensivos para la Policía Local de Santa Brígida, porque el Ayuntamiento desiste del procedimiento al haber omitido la publicación preceptiva del anuncio en el DOUE.
El Tribunal inadmite el recurso de Ábaco Quality, que no llegó a ofertar en el suministro de un tren de lavado para el Hospital Juan Carlos I, contra la convocatoria de la visita a las instalaciones y la falta de respuesta a su consulta. Aunque dirigido nominalmente contra los pliegos, el recurso combate actuaciones de trámite no cualificadas, pues la visita era facultativa y no consta que fuera imprescindible para ofertar. De pasada, el Tribunal añade que la ampliación de plazos del artículo 136.3 de la LCSP exige que la visita sea «efectivamente indispensable para preparar la oferta, sin que baste su utilidad o conveniencia».
Newlink Education, segunda clasificada, impugna la adjudicación a Integración Agencias de Viajes del lote 1 de las estancias formativas en el extranjero para el profesorado, convocado por la Consejería de Educación de Canarias. La adjudicataria no aportó el certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal ni tras el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP ni tras la subsanación, y la mesa, sabiendo que la causa era una deuda tributaria, le concedió un segundo plazo. El Tribunal estima el recurso: ni la ley ni el pliego permiten sucesivos requerimientos subsanatorios, y no se daban los presupuestos de las medidas autocorrectoras (self-cleaning), pues no se pidió ni se aportó prueba de que la empresa hubiera regularizado su situación. Anula la adjudicación y ordena tener por retirada la oferta y requerir la documentación a la recurrente.
El Tribunal declara concluso por pérdida sobrevenida de objeto el recurso de Rigaz Serviradio contra la rectificación de un acta en el lote de publicidad en radio de una campaña de Gestión del Medio Rural de Canarias, porque el órgano de contratación desiste de ese lote por una infracción no subsanable en la definición de los soportes valorables en el criterio principal.
Serin Global Canarias impugna la adjudicación a Andanza Emplea del servicio de control de acceso de un edificio de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social, porque su calificación como tal no se refiere a la actividad objeto del contrato. El Tribunal desestima el recurso: el pliego solo exige la condición de centro especial de empleo de iniciativa social acreditada mediante inscripción registral, y la normativa no condiciona esa calificación a una actividad concreta. La mención de una actividad en la calificación tiene efectos informativos y no puede fundar una exclusión por falta de capacidad si las prestaciones están en el objeto social de la empresa.
El Tribunal inadmite por falta de legitimación el recurso de Exercycle, cuarta clasificada, contra la adjudicación del suministro de material para las instalaciones deportivas de Mogán, porque no cuestiona a la segunda ni a la tercera y la estimación no le daría el contrato. De pasada, aprecia que la valoración de la memoria técnica estaba insuficientemente motivada, que el pliego obligaba a dar la máxima puntuación económica a la mejor oferta y que debe corregirse el error en el criterio de mejoras que el Ayuntamiento reconoce.