Contratación Pública

Atención contratistas: la Administración no puede esperar a que finalice el contrato para imponer penalidades

Litinet · Contratación Pública

El TSJ de Aragón, en su sentencia de 7 de septiembre de 2026, ha anulado dos penalidades (por demora y por ejecución defectuosa) que la Administración inició a mediados de marzo de 2023, cuando los trabajos ya se habían entregado y el contrato estaba recibido desde enero. La Sala recuerda que las penalidades del artículo 192 y siguientes LCSP no son sanciones sino un instrumento coercitivo para asegurar el cumplimiento, de modo que dejan de tener sentido una vez recibida la prestación; lo que queda, si hay daños, es la indemnización del artículo 194. La segunda penalidad también cae: no puede imputarse como incumplimiento una solución técnica comunicada durante la obra que no figuraba en los pliegos.

Derecho Administrativo y Contencioso

La sustitución del pie de recursos en una publicación administrativa mediante una rectificación de errores del art. 109.2 de la Ley 39/2015 abre un nuevo plazo de impugnación (STC 19/10/2026)

Diego Gómez · Derecho Administrativo General

Una modificación de la RPT del Ayuntamiento de Jerez se publicó en el BOP con un pie de recursos incompleto y se corrigió después, por la vía del artículo 109.2 LPAC, con otras dos publicaciones. El recurso contencioso se inadmitió por extemporáneo y el Supremo, en su sentencia de 4 de noviembre de 2024, solo contaba el plazo desde la rectificación cuando esta afectaba al contenido de las pretensiones ejercitadas. La STC de 19 de octubre de 2026 (recurso 130/2025) otorga el amparo: esa lectura vulnera el acceso a la jurisdicción del artículo 24.1 CE y los dos meses del artículo 46 LJCA vuelven a contar desde la publicación del nuevo pie. El post repasa los antecedentes y reúne la jurisprudencia que cita el Tribunal.

No existe plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos producidos por silencio administrativo

esPublico Blog · Derecho Administrativo General

La esposa de un deudor apremiado por la TGSS recurrió en 2019 la desestimación de su alzada, resuelta en 2009 y notificada en un domicilio que no era el suyo. El Supremo, en su sentencia de 21 de julio de 2026 (casación 5003/2023), distingue la falta total de notificación de la notificación simplemente defectuosa y aplica la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 46.1 LJCA: mientras no haya resolución expresa notificada, el plazo para recurrir frente al silencio no corre contra quien desconocía el acto. Confirma así la estimación del TSJ de Canarias.

El escurridizo daño moral de la paternidad no querida

delaJusticia · Derecho Administrativo General

Una vasectomía fallida, un embarazo posterior y una información incompleta sobre el riesgo de fracaso llevaron a una pareja a reclamar 70.000 euros al servicio de salud. En vía administrativa y ante el TSJ solo se reconocieron 6.000 euros al padre y se negó legitimación a la madre. La sentencia del Supremo de 21 de octubre de 2026 (recurso 8395/2024) reconoce legitimación a la pareja por un daño propio, vinculado a la frustración de su planificación reproductiva, y fija una indemnización de 35.000 euros para cada uno, sin tratar como daño moral el nacimiento del hijo en sí.

Preguntas de un jurista ante la catástrofe ferroviaria: ¿se cobra vidas el Derecho administrativo?

José Ramón Chaves, en delaJusticia · Derecho Administrativo General

Tras la colisión de trenes de Urda, Chaves enumera una serie de preguntas incómodas desde el derecho administrativo: los retrasos de los contratos de mantenimiento y suministro por estudios, licitaciones, reclamaciones y suspensiones; el exceso de trámites de la Ley de Contratos frente a las averías urgentes; la planificación de infraestructuras; y los entes instrumentales que nombran directivos por afinidad. También se pregunta por la naturaleza jurídica del «protocolo» que se dice aplicado antes de la colisión.

El crédito público y los planes de reestructuración (a propósito de la sentencia Duro Felguera)

Nuria Bermejo, en Almacén de Derecho · Derecho Administrativo General

La sentencia 134/2026 del Tribunal de Instancia nº 3 de Gijón, de 15 de junio de 2026, admite que un plan de reestructuración afecte al crédito del FASEE, concedido bajo el Marco Temporal de Ayudas de Estado. Bermejo discrepa del razonamiento: sostiene que la Directiva 2019/1023 permite afectar créditos públicos y que el TRLC, tal como lo transpuso la Ley 16/2022, la incumple. Examina además por qué el juez de la homologación no puede salvar el problema con una interpretación conforme y cuándo debe, o puede dejar de, plantear cuestión prejudicial al TJUE.

Derecho administrativo de máximos y derecho administrativo de mínimos

delaJusticia · Derecho Administrativo General

El autor parte de la «Obra Jurídica Completa» de García de Enterría (Aranzadi, 2026) para presentar el segundo volumen, en formato Kindle, de su Derecho Administrativo Mínimo, dedicado al sometimiento a la ley y al derecho y a su interpretación. Distingue tres perfiles de letrado según cómo manejan la interpretación de la norma (quien solo invoca el precepto, quien combina todos los criterios y quien se apoya en la inteligencia artificial) y anuncia que seguirá publicando el resto de volúmenes por entregas.

Función Pública

Excedencia en procesos de estabilización ley 20/2021: STSJ Galicia 22 de octubre de 2026

Contenciosos · Función Pública y RRHH

Una aspirante que entró en un proceso de estabilización de un ayuntamiento coruñés al correr la lista, y que ya era personal laboral fijo en un consorcio público, optó por mantener su puesto de origen y quedar en excedencia en el ayuntamiento. El consistorio la excluyó y nombró a otra persona. El TSJ de Galicia, en sentencia de 22 de octubre de 2026, desestima los recursos de apelación del ayuntamiento y de la codemandada: la excepcionalidad de la Ley 20/2021 no permite recortar el derecho de opción por un supuesto abuso de derecho, y lo que cuenta es la voluntad inequívoca manifestada desde el inicio del expediente, aunque no usara el término exacto de la excedencia.

Urbanismo y Medio Ambiente

Tesis: los efectos de los vicios de legalidad de los instrumentos de ordenación urbanística bajo la perspectiva del desarrollo urbano sostenible e integrado

Álvaro Cerezo, en Orbenismo · Urbanismo y Medio Ambiente

Álvaro Cerezo retoma el blog tras defender el 28 de septiembre su segunda tesis, dirigida por Marta Lora-Tamayo, y publica su resumen. La tesis sostiene que la incorporación del desarrollo urbano sostenible e integrado refuerza la naturaleza reglamentaria de los instrumentos de ordenación urbanística, de modo que no integrarlo en las nuevas ordenaciones es un vicio de legalidad que acarrea la nulidad de pleno derecho del artículo 47.2 LPAC. Para llegar ahí repasa los tres modelos históricos del sistema urbanístico español y los vicios, los mecanismos de impugnación y los efectos de esa nulidad.

Administración Local

Situación de interventores y tesoreros tras el Real Decreto-ley 13/2026

esPublico Blog · Función Pública y RRHH

El Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, ha cambiado el artículo 92 bis.6 de la Ley de Bases de Régimen Local para los interventores y tesoreros de libre designación: desaparecen la autorización estatal para acudir a ese sistema y el informe previo al cese, que se sustituye por una comunicación motivada a Función Pública. La reforma solo afecta a las entidades donde existen esos puestos (grandes municipios, diputaciones, cabildos, áreas metropolitanas, Ceuta y Melilla). El texto examina la colisión con el Real Decreto 128/2018, que no se ha modificado, y concluye que están tácitamente derogados sus artículos 45.1 y 47.3, además de analizar qué se gana y qué se pierde en el control interno local.