Contratación Pública

Caso de éxito con startup innovadora: cuando la experiencia previa puede cerrar la puerta a una licitación

Litinet · Contratación Pública

Una startup tecnológica localiza una licitación relacionada con la solución que ha desarrollado, pero el pliego exige acreditar experiencia previa en contratos similares que una empresa recién creada no puede aportar. Litinet propone revisar si ese requisito guarda relación con el objeto del contrato y es proporcionado conforme al artículo 74 LCSP, y repasa las vías para concurrir: la solvencia de empresas de nueva creación, la integración con medios de terceros o la impugnación del pliego si el requisito resulta injustificado.

Derecho Administrativo y Contencioso

La fecha de presentación en Correos de un recurso administrativo, en sobre cerrado (STS 29/09/2026)

Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

La STS de 29 de septiembre de 2026 (RC 643/2024) fija doctrina sobre la fecha de presentación de un recurso administrativo entregado en Correos en sobre cerrado. Según la sentencia, puede tomarse como fecha válida la del envío certificado siempre que el certificado acredite la fecha, el remitente y el órgano destinatario, y no existan elementos que generen una duda razonable sobre el contenido enviado. El post repasa además el régimen de presentación a través del operador postal y el Reglamento de servicios postales.

Bienvenidas nuevas pruebas al recurrir administrativamente una sanción

delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

Comenta la STS de 6 de octubre de 2026 (rec. 7/2026), dictada en el ámbito disciplinario del CGPJ, sobre la posibilidad de aportar en el recurso documentación que no se presentó durante la instrucción. El caso se refiere a informes médicos aportados en alzada para justificar circunstancias que podían excluir o atenuar la culpabilidad. La sentencia anula el acuerdo del Pleno y ordena retrotraer las actuaciones para que se valore esa documentación antes de resolver de nuevo.

La urgencia discrecional del Gobierno, domesticada por el Supremo

delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

Recoge la STS de 6 de octubre de 2026 (rec. 377/2025), que anula el Real Decreto de reconocimiento de universidades privadas por considerar injustificado el procedimiento de urgencia, con omisión de la consulta pública. El texto examina la motivación que dio el Consejo de Ministros, basada en el artículo 27.1.b) de la Ley del Gobierno, y el razonamiento del tribunal para revisar esa apreciación. Termina planteando hasta dónde puede llegar el control judicial de la urgencia cuando se ejerce la potestad reglamentaria.

Plazo para recurrir un acuerdo administrativo

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Tribunal Constitucional (Sala Primera) estima un amparo frente a la inadmisión, por extemporaneidad, de un recurso contencioso contra una modificación de la relación de puestos de trabajo de un ayuntamiento. El recurso se había presentado dentro del plazo abierto por el acuerdo de corrección de errores, que había alterado el régimen de recursos de la resolución inicial. La sentencia considera que la rectificación, cuando afecta a la integridad del acto, computa para interponer recursos y para el cómputo de su plazo.

El insuficiente control de la discrecionalidad administrativa

Hay Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

El magistrado José Pérez Gómez examina el control judicial de la potestad discrecional en el nombramiento de cargos y en los procesos selectivos de función pública. Recorre la evolución jurisprudencial, desde el control de los trámites reglados hasta el de la motivación, y los casos en que el Supremo anula un nombramiento y ordena retrotraer el procedimiento. Incluye una referencia a un análisis de Tomás Ramón Fernández sobre la posición del Tribunal Constitucional en el nombramiento de un Fiscal de Sala.

Urbanismo y Medio Ambiente

En el urbanismo a veces no hay vuelta atrás

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Comentario a la STSJPV 3281/2026 sobre un sector residencial de un municipio vasco desarrollado por concertación. Dos propietarias que ya habían construido sus viviendas pretendían salir de la junta de concertación conservando el suelo. El texto repasa el artículo 22.1.b) de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 13.2.c) del TRLSRU, y explica por qué ninguno de los dos contempla esa salida una vez consumido el aprovechamiento.

Juntas de Compensación: jurisdicción competente y plazo para recurrir

Gabinete Jurídico Urbanismo MA · Urbanismo y Medio Ambiente

Cuando un juzgado civil declara su falta de jurisdicción y remite a los interesados al contencioso-administrativo, el plazo para recurrir es de dos meses (artículo 46.1 LJCA) y no de uno (artículo 5.3), según la STS de 21 de abril de 2021. El post analiza la naturaleza de las juntas de compensación, que tienen carácter administrativo cuando ejercen funciones públicas de ejecución del planeamiento, y la vía de recurso de sus acuerdos: primero la alzada ante la Administración actuante y después la jurisdicción contencioso-administrativa.

Plazo para reclamar las cuotas de urbanización

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Según la STS nº 768/2020, de 15 de junio (rec. 1418/2019), el plazo de prescripción de las cuotas de urbanización es el previsto para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil. El post extiende el criterio a otras deudas urbanísticas, como la reposición o ejecución de garantías, por ejemplo el aval del 7 % que responde de las obras de urbanización, salvo que la normativa autonómica disponga otra cosa.

Administración Local

La asesoría jurídica en los municipios de gran población: funciones, límites y titularidad

esPublico · Administración Local

Analiza la Asesoría Jurídica de los municipios de gran población a partir del artículo 129 LRBRL, la STC 143/2013 y el Dictamen 016/2026 del Consell Jurídic Consultiu valenciano. Distingue la función consultiva de la contenciosa, separa el órgano de su titular y de los letrados adscritos, y deslinda el informe jurídico de la decisión, que sigue correspondiendo al órgano competente.

Transparencia y E-Administración

Potestad reglamentaria y relación electrónica obligatoria

FiscalBlog · Transparencia y E-Administración

Esaú Alarcón relaciona dos cuestiones: la frontera entre los reglamentos internos y los reglamentos en sentido estricto, a raíz de la llamada «ley de nietos», y la relación electrónica obligatoria del artículo 14 de la Ley 39/2015. Parte de un caso concreto con una universidad y recuerda la lista cerrada de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, así como la posibilidad de que los reglamentos amplíen ese deber a colectivos determinados para ciertos procedimientos.