Contratación Pública

STJUE de 9 de julio de 2026, asunto C-186/25: Análisis de imposición de correcciones financieras en contratos públicos financiados con fondos europeos

Litinet · Contratación Pública

El TJUE responde a una cuestión prejudicial del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna sobre dos correcciones financieras impuestas en un contrato de servicios financiado con fondos europeos: una del 25 % por no constar acreditada la experiencia exigida al adjudicatario y otra equivalente a la penalidad que el beneficiario no aplicó ante un retraso de ocho días. La sentencia concluye que el incumplimiento no determina por sí solo la irregularidad ni justifica una corrección automática: hay que acreditar el incumplimiento, que proceda de un acto u omisión del operador económico y que produzca o pueda producir perjuicio al presupuesto de la Unión. Añade que la decisión de no imponer una penalidad contractual puede llegar a examinarse como modificación de las condiciones iniciales del contrato a la luz del artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.

Los requisitos para ser medio propio deben acreditarse no solo en el momento de su creación, sino también en cada encargo concreto que se le haga

esPublico Blog — David Cabezuelo Valencia · Contratación Pública

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de junio de 2026 (rec. 5151/2024), resuelve sobre el encargo del Principado de Asturias a TRAGSA para construir un centro de música por 1.446.030,17 euros. Fija que los requisitos del artículo 86.2 de la Ley 40/2015 no se agotan en el reconocimiento de la entidad como medio propio, sino que han de comprobarse también respecto de la actuación que integra cada encargo. En el caso enjuiciado faltaban el informe de eficiencia previo y la memoria justificativa, lo que llevó al TSJ de Asturias a anular la resolución del encargo.

Licitaciones desiertas: qué dicen los datos abiertos y qué puede hacer el servicio de contratación antes de publicar

La parte contratante — Pablo Matheis · Contratación Pública

Pablo Matheis cuenta los procedimientos declarados desiertos en PLACSP y TED, sin contratos menores: 74.165 de 830.655 con resultado publicado, un 8,9 %, con diferencias muy grandes por división CPV —34,5 % en servicios inmobiliarios frente al 4,7 % en tecnologías de la información—. Repasa después las herramientas que la LCSP ya ofrece para rebajar ese riesgo antes de publicar: revisar el estudio de costes conforme al artículo 102.3 justo antes del anuncio y no solo al iniciar el expediente, consultas preliminares del 115, división en lotes del 99.3, solvencia ajustada al objeto y plazos por encima del mínimo. Termina con el negociado sin publicidad del artículo 168 a) 1.º y su límite: no permite incrementar el presupuesto base de licitación.

Contratar mejor o fortalecer Europa: el difícil dilema del futuro Reglamento europeo de contratación pública

esPublico Blog — Antonio Segura Martínez · Contratación Pública

Antonio Segura analiza la propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones que la Comisión Europea presentó el 9 de septiembre de 2026 para sustituir las tres Directivas de 2014 por una norma única directamente aplicable. Expone la tensión que detecta en el texto, que promete menos cargas mientras incorpora objetivos de sostenibilidad, innovación, resiliencia, seguridad económica y preferencia europea, y la que ve entre reforzar la competencia y hacer la contratación más estratégica. Recuerda el diagnóstico del Tribunal de Cuentas Europeo de 2023: menos licitadores por procedimiento, casi el doble de procedimientos con oferta única y una contratación transfronteriza que apenas llega al 5 %.

Contratar cultura sin perderse en el intento: lo que nos dejó el I Congreso Nacional de Contratación Cultural

Albedrío Jurídico — María José Hernández Martínez · Contratación Pública

Relatoría del congreso, con las cuestiones que se debatieron sobre contratación de programación cultural: cuándo cabe invocar la exclusividad artística y cuándo no —las bandas de música no la admiten—, el peso del informe o memoria justificativa en el expediente, la diferencia entre patrocinio y mecenazgo según el retorno que busque quien aporta el dinero, los criterios de adjudicación manejados en contratos abiertos con lotes para fiestas, la documentación exigible a instalaciones temporales y el opt-out en la minería de datos del Real Decreto-ley 24/2021.

Derecho Administrativo y Contencioso

Juzgado o «Plaza» contencioso-administrativo, no cabe recurso de casación directo frente a sus resoluciones

delaJusticia.com — JR Chaves · Derecho Administrativo y Contencioso

Al hilo del auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2026 (rec. 207/2026), el artículo recuerda que las sentencias de los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hoy Secciones del Tribunal de Instancia, ya no admiten casación directa en ningún supuesto en procedimientos incoados desde el 20 de marzo de 2024. La adición de la letra e) al artículo 81.2 LJCA por el Real Decreto-ley 6/2023 abre la apelación a toda sentencia susceptible de extensión de efectos con independencia de la cuantía, y deja materialmente sin contenido el párrafo segundo del artículo 86.1 LJCA. La vía a la casación pasa necesariamente por la sentencia de apelación.

Incidente de ejecución de sentencia contencioso: límites y problemáticas

Contenciosos.com · Derecho Administrativo y Contencioso

Un concurso para una jefatura de servicio del SESCAM sirve para delimitar hasta dónde alcanza el incidente de ejecución. La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha nº 328/2026 (apelación 182/2026) sostiene que la ejecución no puede examinarse limitada a la primera resolución dictada para cumplir el fallo, sino que comprende los actos posteriores que fijan definitivamente la posición de la Administración, y que estimar un recurso de reposición para reabrir la valoración global de méritos contraviene lo que la sentencia había rechazado de forma expresa. El tercer bloque aborda la restitución íntegra y su proyección sobre la duración del nombramiento.

Ni ley, ni solo de nietos: una instrucción nula de pleno derecho. Capítulo II

FiscalBlog · Derecho Administrativo y Contencioso

Segunda entrega sobre la instrucción que la Dirección General de Seguridad y Fe Pública dictó cinco días después de publicarse en el BOE la Ley de Memoria Democrática. El artículo sostiene que la instrucción innova el ordenamiento y resulta contra legem al ampliar los supuestos de opción a la nacionalidad e introducir una presunción de exilio ligada a la salida de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Apoya el argumento en que durante la tramitación parlamentaria se rechazó de forma expresa una enmienda que habría dado cobertura legal a esa misma lectura.

La convalidación de Decretos-leyes por la Diputación Permanente del Congreso

El derecho y el revés — Miguel Ángel Presno Linera · Derecho Administrativo y Contencioso

Repaso a qué ocurre con la convalidación de un decreto-ley cuando el Congreso está disuelto y la competencia pasa a la Diputación Permanente, que la asume por atribución directa del artículo 78.2 CE y no por delegación del Pleno. Examina su composición actual conforme al Acuerdo de la Mesa de 3 de noviembre de 2023, la posibilidad de que se formen en ella mayorías distintas a las del Pleno y la conclusión de que un decreto-ley rechazado por el Pleno puede someterse después a convalidación ante aquella. Sitúa el control del Tribunal Constitucional en la verificación del presupuesto habilitante y de los límites materiales del artículo 86.1 CE.

Urbanismo y Medio Ambiente

Nulidad en cascada: no hay estudio de detalle sin plan parcial válido

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Sentencia del TSJ de Madrid sobre la aprobación definitiva de un Estudio de Detalle que ordenaba una manzana amparándose en un Plan Parcial declarado nulo de pleno derecho por sentencia firme. Aplica la doctrina de la nulidad en cascada: anulado el instrumento de planeamiento, la nulidad se extiende a los que lo desarrollan aunque no hayan sido impugnados, y opera desde que el derivado fue aprobado, no desde la declaración. Descarta la salida de la nulidad parcial porque el vicio provenía de la evaluación ambiental estratégica y afecta a todo el sector, sin posibilidad de individualizarlo respecto de esa manzana.

Transparencia y E-Administración

La AEPD fija garantías para videovigilancia con inteligencia artificial

Tirant Prime · Transparencia y E-Administración

La Agencia Española de Protección de Datos ha dirigido advertencias, fechadas el 6 de octubre de 2026, a dos ayuntamientos cuyos proyectos de videovigilancia incorporan análisis automatizado de imágenes: reconocimiento facial en un caso, y detección de personas y vehículos con generación de metadatos y búsqueda por vestimenta, cabello, sexo o grupo de edad en el otro. La Agencia exige que cada funcionalidad responda a una finalidad concreta y legítima, que se analicen los datos generados, su conservación y quién accede a ellos, y que se realice evaluación de impacto cuando el tratamiento pueda implicar alto riesgo. Si alguna capacidad supone tratamiento biométrico dirigido a identificar de manera unívoca, se aplica el régimen reforzado, y en los tratamientos de la Policía Local hay que justificar necesidad, idoneidad y proporcionalidad.