Contratación Pública

Propuesta de Reglamento europeo de contratación pública: principales novedades y guía práctica

LitiNet · Contratación Pública

La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre la Propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones [COM(2026) 590], que derogaría las tres Directivas de 2014 y pasaría a ser directamente aplicable en los Estados miembros. El repaso recorre los tres procedimientos ordinarios —abierto, dinámico y de innovación—, la negociación convertida en técnica utilizable dentro de ellos y ya no en procedimiento autónomo, el límite del 50 % del valor anual estimado para exigir volumen de negocios, la ponderación mínima del 30 % para la calidad (50 % en contratos intensivos en mano de obra), la preferencia europea y los nuevos regímenes de modificaciones y de pagos. Incluye enlace a la guía práctica gratuita elaborada por Javier Vázquez Matilla.

IA y contratación pública: una presencia transversal

Víctor Almonacid (Nosoloaytos) · Contratación Pública

Cruce entre la propuesta de Reglamento europeo de contratación y el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial. Almonacid sitúa la IA en tres planos dentro del futuro texto: como objeto de compra, como herramienta para gestionar el procedimiento y como fuente de riesgos que hay que gobernar. Detalla qué debería exigirse en los pliegos —localización de los datos, trazabilidad de decisiones, reversibilidad y planes de salida, cadena de subcontratación, dependencias tecnológicas críticas— y subraya que ninguna de las dos normas exime del cumplimiento de la otra.

Derecho Administrativo y Contencioso

El Supremo abre la apelación: lo que la resolución sancionadora ha unido, no lo separará el proceso

J.R. Chaves (delaJusticia.com) · Derecho Administrativo y Contencioso

Comentario a la STS de 27 de julio de 2026 (rec. 6927/2023), dictada sobre una resolución sancionadora portuaria que imponía a la vez una multa de 4.800 € y una indemnización de 30.558,7 €. La Sala Tercera fija doctrina: cuando la sanción y la obligación de reparar el daño están en relación de accesoriedad que impide desagregarlas procesalmente, la cuantía a efectos de acceso a la apelación es la suma de ambas, con independencia de cuál sea mayor. Chaves apunta que, por identidad de razón, el criterio alcanzaría también a la obligación de restaurar la realidad alterada.

La suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral de los residentes ausentes, la Instrucción de la DGSJFP y la «Ley de nietos»

Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

Análisis minucioso de los autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2026, que suspenden cautelarmente la inscripción en el CERA de quienes han adquirido la nacionalidad por la disposición adicional 8ª.1, inciso primero, de la Ley 20/2022, y los efectos electorales de las ya practicadas. Diego Gómez desgrana cómo razona la mayoría el periculum in mora, la ponderación de intereses y la apariencia de buen derecho, y discute punto por punto el voto particular de la magistrada Millán Herrandis sobre si la medida cautelar puede alcanzar a la Instrucción de la DGSJFP de 25 de octubre de 2022, que no fue impugnada directamente.

El SESCAM se excede en la ejecución de sentencia, según el TSJ

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El TSJ de Castilla-La Mancha anula en apelación una resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de enero de 2026 dictada dentro de la ejecución de una sentencia de 2024 sobre la jefatura de Cardiología del Hospital de Ciudad Real. Aquel fallo había ordenado una retroacción acotada al reconocimiento de ocho puntos del baremo y la Administración aprovechó para reabrir otro apartado distinto, el de trabajos científicos. La Sala reconoce además el derecho a ejercer la jefatura durante cuatro años completos y rechaza la indemnización de 12.000 € por daño moral, porque la ejecución no abre un proceso declarativo nuevo.

Condena por fraude a fondos europeos de investigación

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

La Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos años de prisión y 750.000 € de multa al administrador único de la empresa coordinadora de un proyecto del Séptimo Programa Marco. De los 1.245.605,10 € recibidos de la REA transfirió 218.434,69 € al resto del consorcio. El tribunal sitúa el reproche penal no en la obtención de la financiación sino en su aplicación a una finalidad distinta, y fija la consumación del delito —y con ella el arranque de la prescripción— en el incumplimiento definitivo de la obligación de distribuir, no en las fechas de cobro.

Real Decreto del Comité de inversiones estratégicas

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión, en desarrollo del artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026. El Comité queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia, con presidencia compartida, cinco vicepresidencias y catorce vocalías. La declaración se articula en dos fases, previa y definitiva, y resuelve la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Comité.

Función Pública

El decreto de normalización del euskera en el sector público, anulado

Tirant Prime · Función Pública

El TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, del Departamento de Cultura y Política Lingüística, que regulaba la normalización del uso del euskera en el conjunto del sector público vasco. El motivo es exclusivamente procedimental: la memoria económica adolece de insuficiencia sustancial. La Oficina de Control Económico había advertido en la tramitación de la falta de estimación real de costes para las entidades afectadas y de discrepancias en las cifras de personal, y el resto de informes se limitaron a ratificar el proyecto sin responder a esos reparos. La Sala no entra en los motivos de fondo y deja abierta la casación.

Urbanismo y Medio Ambiente

El recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno del País Vasco contra la Ley por el derecho a la vivienda

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Consejo de Gobierno vasco contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: las definiciones del artículo 3 no operan como norma supletoria autonómica y el índice de precios estatal no desplaza al que cada comunidad quiera definir. Urbanlaw se detiene luego en el artículo 15.1.e), que en los municipios con zonas de mercado residencial tensionado obliga a destinar a vivienda social o dotacional el suelo de cesión del artículo 18.1.b) del texto refundido de la Ley de Suelo, y también el dinero cuando esa cesión se monetiza.

Administración Local

La Ley de Memoria Democrática 20/2022, de 19 de octubre, y su aplicación a las entidades locales

Octavio Manuel Fernández Hernández (esPublico) · Administración Local

Repaso de lo que la Ley 20/2022 obliga a hacer a los ayuntamientos: revisar el inventario de bienes, retirar los elementos del artículo 35 y tramitar revisión de oficio, con audiencia e información pública, para dejar sin efecto honores y distinciones anteriores a la ley incompatibles con los valores democráticos. Recoge la doctrina del Supremo sobre el callejero (STS de 17 de julio de 2025, rec. 6318/2023, junto a las 1662/2022 y 477/2023) y el Real Decreto 1040/2025, sobre el Catálogo de símbolos, con el ejemplo de la resolución notificada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su plazo de seis meses bajo apercibimiento de multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

Transparencia y E-Administración

Suspensión cautelar del acceso a la información

Tirant Prime · Transparencia y E-Administración

El TSJ de Cataluña deniega la medida cautelar con la que una empresa pretendía frenar la resolución de la GAIP que reconoció a un periodista el acceso a los análisis cuantitativos de riesgo de las industrias SEVESO del Camp de Tarragona, limitado a las franjas de seguridad y previa depuración de datos sensibles. La Sala razona que la recurrente se quedó en alegaciones genéricas de seguridad sin concretar qué perjuicio real provoca la información ya filtrada, y que aplicar con rigor los presupuestos de la suspensión equivaldría a posponer el derecho de acceso hasta la sentencia en todos los casos.

Atlas de la IA en España

Víctor Almonacid (Nosoloaytos) · Transparencia y E-Administración

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó en agosto el «Atlas de la IA en España», que ordena el ecosistema por capas bajo el marco SpainStack. Almonacid sintetiza los datos del informe —la AESIA, el primer sandbox regulatorio de la UE, el proyecto de ley orgánica de gobernanza de la IA, la Plataforma Soberana de IA, los 19 casos de uso del GovTechLab, los modelos ALIA— y añade al final su lectura sobre la distancia entre la producción normativa española y la creación de empresas de alto impacto, y sobre el hábito de reducir «Administración pública» a la Administración General del Estado.