Contratación Pública

Las prestaciones sin contrato I. La continuidad de la prestación.

esPublico Contratación · Contratación Pública

Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo (SSTS 78/2025, 85/2025 y 1200/2025) fijan que el contratista que sigue prestando un servicio de buena fe tras extinguirse el contrato, sin que la Administración se oponga, tiene origen contractual a efectos del devengo de intereses de demora, conforme al artículo 198.4 LCSP. El post distingue este supuesto del resuelto por la STS 605/2020, donde sí existió un encargo distinto al contrato ya extinguido, y recoge el criterio del Consejo de Estado sobre cuándo la indemnización debe descontar el beneficio industrial del contratista.

Bibliografía en la red sobre contratación pública. 10 entradas

Contrato de obras · Contratación Pública

Nueva entrega de la recopilación bibliográfica de este blog, con diez aportaciones publicadas entre febrero y abril de 2026: la garantía definitiva, la identidad del código CPV como garantía de equivalencia entre prestaciones, los contratos de emergencia, la exclusión de ofertas anormales, el enriquecimiento injusto en obras no previstas en el contrato y los límites de la legitimación para recurrir sin haber licitado, entre otras.

Derecho Administrativo y Contencioso

Lo que queda de la sentencia del TJUE Associação Sindical dos Juízes Portugueses tras la sentencia Sociedad Civil Catalana

Pedro Cruz Villalón, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

La sentencia Sociedad Civil Catalana (C-523/24), de 16 de julio, introduce en su apartado 115 un giro sobre el alcance del artículo 19.1.2 TUE: el control del TJUE sobre el poder judicial de los Estados miembros por esa vía pasaría a operar solo ante problemas de carácter sistémico, y no ante cualquier vulneración de la tutela judicial efectiva, como venía entendiéndose desde ASJP (C-64/16). El autor considera que la reinterpretación no era necesaria para resolver el caso, pero valora que la restricción del ámbito de control vaya en la buena dirección.

¿Qué habría sido del pleito de las mascarillas si se hubiera desarrollado en lo contencioso?

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

Ejercicio de historia contrafactual a partir de la sentencia penal que declaró delito la compra de mascarillas del Ministerio de Transportes en marzo de 2020: el autor plantea qué habría pasado si esas órdenes ministeriales se hubiesen recurrido en plazo por la vía contencioso-administrativa, y concluye que, dada la doctrina sobre discrecionalidad y motivación en la contratación de emergencia, el recurso habría acabado probablemente en inadmisión o desestimación. El contraste entre la nulidad declarada por la vía penal y unos actos que habrían quedado incólumes en lo contencioso sirve de base para reclamar que esta última jurisdicción se fortalezca.

Cosa juzgada negativa en el procedimiento contencioso-administrativo

Javier García Sanz, Almacén de Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

Repaso de la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre las singularidades de la cosa juzgada negativa en lo contencioso-administrativo, con la triple identidad de objeto, partes y causa de pedir como referencia (artículo 222 LEC, ex artículo 69.d LJCA). El texto detalla cuándo un acto distinto del ya enjuiciado impide o no apreciar cosa juzgada, las reglas del artículo 72 LJCA sobre los efectos de las sentencias estimatorias y desestimatorias, y el criterio para fijar la identidad de pretensiones cuando la demanda inicial incluía una petición indemnizatoria no resuelta expresamente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo y la Ley de Amnistía

Javier Tajadura Tejada, Hay Derecho · Derecho Administrativo y Contencioso

Comentario crítico a la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2026 sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con la Directiva 2017/541 de lucha contra el terrorismo. El autor sostiene que el Tribunal, pese a reconocer que la LOA añade un requisito de punibilidad (violación intencionada y grave de derechos humanos) no previsto en la Directiva, descarta la incompatibilidad apelando a consideraciones políticas de reconciliación nacional planteadas por el abogado general, en lugar de a un argumento estrictamente jurídico. A su juicio, el fallo debilita el principio de primacía del derecho de la Unión al deducir del silencio de la Directiva sobre las amnistías una autorización implícita para aprobarlas.

¿Puede la prueba pericial de parte destruir la presunción de veracidad de los informes de la Administración o hace falta pericial judicial? (STS 22/07/2026)

Diego Gómez · Derecho Administrativo y Contencioso

La STS de 22 de julio de 2026 (RC 8248/2023) fija que la Sala de instancia no puede dejar de valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, un dictamen pericial de parte por el solo hecho de no haberse practicado como pericial judicial: informes administrativos, pericial de parte y pericial judicial deben ponderarse libre y conjuntamente, sin que esta última tenga eficacia vinculante automática. El post repasa los antecedentes del caso, una reclamación por incapacidad de una militar, y explica por qué, a pesar de fijar esta doctrina, el recurso terminó desestimándose por la firmeza de una resolución previa no impugnada en su momento.

El expediente digital incompleto, desordenado o caótico perjudica a la administración responsable

José R. Chaves, delaJusticia.com · Derecho Administrativo y Contencioso

La STS de 20 de julio de 2026 (rec. 1209/2024) declara que la falta de hipervínculos o de un índice que permita localizar los documentos dentro de un expediente electrónico voluminoso solo puede perjudicar a la Administración, nunca al administrado: si el juzgador no logra acceder al documento relevante por la deficiente configuración del expediente digital remitido, la prueba de los hechos correspondientes se resuelve en contra de quien tenía la obligación legal de remitirlo en condiciones. Chaves señala el fragmento como argumento aprovechable frente a expedientes electrónicos remitidos como volcados de PDF sin ordenar.

Subsanación de errores en escritos procesales y LexNet

Rafael Rossi Izquierdo, Contenciosos · Derecho Administrativo y Contencioso

A partir de la STS de 10 de diciembre de 2025 y de un auto de 2020 sobre personación en casación, el post distingue cuándo un error material en la presentación telemática de un escrito (demanda equivocada, formulario mal cumplimentado) es subsanable y cuándo no: la subsanación opera si se corrige de buena fe en cuanto se advierte el error, pero no si se encadenan sucesivos fallos de diligencia profesional en el manejo de la plataforma LexNet.

Transparencia y E-Administración

El precio real de los medicamentos financiados con dinero público: un nuevo secreto de Estado

Miguel Ángel Blanes, Hay Derecho · Transparencia y E-Administración

Desde el 1 de agosto de 2026, una modificación del artículo 97 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, introducida a través de una ley ajena a la materia (la Ley 3/2026, sobre cribado neonatal), declara confidenciales los acuerdos de financiación de medicamentos y los precios de adjudicación de los contratos públicos de suministro. El autor señala que el cambio llega justo cuando el Tribunal Supremo está a punto de resolver un recurso de casación del Consejo de Transparencia y de la Fundación Civio sobre esta misma cuestión, y que el preámbulo de la norma no ofrece ninguna justificación frente a la Ley de Transparencia y la LCSP.

Reconocimiento facial e IA en la Administración: riesgos, garantías y una vía posible

Víctor Almonacid, NosoloAItos · Transparencia y E-Administración

Versión abierta de un artículo más extenso sobre el uso del reconocimiento facial en servicios públicos, con la distinción entre identificación biométrica 1:N y autenticación 1:1 como eje del análisis. El texto describe los ciberkioscos administrativos como ejemplo de uso admisible (verificación local, efímera y voluntaria de una identidad ya declarada con DNIe o TIE) y enumera las condiciones que debería cumplir cualquier solución de este tipo: necesidad acreditada, consentimiento revocable, alternativas no biométricas, supervisión humana, evaluación de impacto y garantías de ciberseguridad frente a proveedores y algoritmos.