Derecho Administrativo y Contencioso

En un recurso contencioso-administrativo indirecto del art. 26 LJCA se puede alegar la falta de publicación del planeamiento general que le sirve de base al plan impugnado directamente (STS 20/7/2026)

Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso

Diego Gómez repasa la STS de 20/07/2026 (RC 2029/2024, ponente Quesada Varea), que responde afirmativamente a la cuestión casacional planteada: la impugnación indirecta de un instrumento de planeamiento puede fundarse en la omisión de trámites, concretamente en la falta de publicación, del planeamiento general del que aquel trae causa. El caso venía de un municipio malagueño cuyas Normas Subsidiarias de 1986 no vieron publicado su texto completo hasta 2015, de modo que el Plan Parcial de 2005 se aprobó sin cobertura normativa eficaz. La entrada recorre además el régimen del recurso indirecto contra reglamentos, la cuestión de ilegalidad del art. 27 LJCA y la doctrina sobre nulidades en cascada.

Algunas sentencias sobre la organización de los servicios públicos

Santiago González-Varas Ibáñez (esPublico) · Derecho Administrativo y Contencioso

Recopilación de pronunciamientos sobre la elección de la forma de gestión de los servicios públicos, desde los recursos sindicales contra externalizaciones hasta la remunicipalización y sus indemnizaciones. Se detiene en la STS 767/2025, de 16 de junio, sobre la justificación reforzada del art. 85.2 LRBRL, y en la STS 846/2026, de 2 de julio (rec. 1513/2023), que fija cuándo y cómo debe valorarse la repercusión sobre el gasto público del art. 7.3 LOEPSF cuando la Administración decide no prorrogar un contrato de gestión de servicios para asumir la gestión directa.

Anteproyecto de reforma integral contra el blanqueo de capitales

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la de la proliferación de armas de destrucción masiva. La pieza central es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, autoridad administrativa independiente con funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección y potestad sancionadora, financiada por una tasa sobre determinados sujetos obligados. La reseña recoge también la ampliación de sujetos obligados, el refuerzo del control de titularidad real y la reordenación del sistema de resolución bancaria.

Tipo de cotización de los trabajadores cedidos por ETT

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

La Sala Tercera confirma que a los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal no les resulta aplicable el tipo reducido de cotización por accidentes de trabajo previsto para el personal en trabajos exclusivos de oficina, aunque presten servicios en las oficinas de la empresa usuaria. El tercer requisito de la disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos para 2007, en la redacción de la Ley de Presupuestos para 2016, exige que los trabajos se desarrollen en las oficinas de la propia empresa que cotiza. El litigio arrancaba de una liquidación de la Inspección de Trabajo superior a 990.000 euros.

IVA no deducible en artículos promocionales gratuitos

Tirant Prime · Derecho Administrativo y Contencioso

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2026 que desestima el recurso de Heineken España y ratifica la liquidación de la AEAT: el IVA soportado en mesas, sillas, sombrillas, vasos y otros elementos entregados gratuitamente a clientes del canal HORECA no es deducible cuando esos bienes tienen valor económico propio y funcionan como atenciones a clientes, no como objetos publicitarios. La resolución declara compatible con el Derecho de la Unión la limitación del art. 96 de la Ley del IVA, amparada por la cláusula standstill del art. 176 de la Directiva 2006/112/CE, con apoyo en la STJUE de 12 de marzo de 2026 (C-515/24).

¿Qué tiene que ver el contrabando con el sector aeroespacial?

Diego González López (Almacén de Derecho) · Derecho Administrativo y Contencioso

Recorrido por el régimen de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso (Reglamento (UE) 2021/821 y Ley 53/2007) y por su traslación al delito de contrabando. El artículo explica por qué la Ley Orgánica 14/2022 introdujo un apartado 4 en el art. 3 de la Ley de Represión del Contrabando para castigar la conspiración y la proposición en esta modalidad, excepción al régimen general de los actos preparatorios, y por qué el legislador atribuyó estos delitos a la Audiencia Nacional.

Función Pública

La generación Z en la administración pública

Carles Ramió (esPublico) · Función Pública

Ramió sostiene que los sistemas de acceso al empleo público, diseñados para captar élites sociales muy anteriores a los boomers, no encajan con la generación nacida entre 1997 y 2012, y que las oposiciones memorísticas penalizan precisamente las fortalezas de los nativos digitales. Describe el riesgo de un «funcionariado de mínimos» cuando quienes acceden se encuentran con modelos de organización, liderazgo e incentivos intactos, y plantea que el reto ya no es solo atraer talento joven, sino fidelizarlo.

Urbanismo y Medio Ambiente

Licencia de primera ocupación: STSJ Madrid 14 de julio de 2026

Urbanlaw · Urbanismo y Medio Ambiente

Extracto de la STSJ de Madrid de 14 de julio de 2026 sobre quién debe probar que un inmueble se destina efectivamente a vivienda cuando la Administración exige licencia de primera ocupación y ordena el cese del uso residencial. La sentencia distingue la presunción de validez del acto del art. 39.1 de la Ley 39/2015 de la presunción de veracidad de los hechos, acota el art. 77.5 al ámbito de los funcionarios con condición de autoridad, y aplica el principio de disponibilidad y facilidad probatoria del art. 217 LEC para situar la carga en la Administración, que dispone de inspecciones, informes y datos de consumo.

Transparencia y E-Administración

La obligada inserción jurídica de los lobbies

Gonzalo Quintero Olivares (Almacén de Derecho) · Transparencia y E-Administración

Comentario al Real Decreto-ley 21/2026, publicado en el BOE de 26 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Quintero Olivares repasa la inscripción obligatoria en un Registro estatal adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, su interconexión con los registros autonómicos, el régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones de inscripción y comunicación, y la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Dedica la segunda parte a la frontera entre la actividad lobbística lícita y el delito de tráfico de influencias, a la luz de la Directiva 2026/1021 sobre lucha contra la corrupción.