Vaya por delante que no creo haber descubierto la América de la prueba en el proceso contencioso-administrativo pero, como en su momento tuve mis dudas y el Tribunal ha acabado admitiendo el planteamiento y toda la prueba complementaria que propuse, recojo aquí la forma en la que pude ampliar la prueba propuesta tras la contestación de la Administración a mi demanda.

Antes de la reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, en lo sucesivo) operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en el escrito de formalización de demanda se debía solicitar el recibimiento del pleito a prueba expresando únicamente –habitualmente por medio de Otrosí y de forma ordenada–, los puntos de hecho sobre los que habría de versar aquélla.

Tras la citada reforma, el artículo 60.1 LJCA establece ahora que, además de los puntos de hecho, se deben expresar “los medios de prueba que se propongan”.

60.1 LJCA: «Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan».

Antes, la proposición de prueba se producía después de que el juzgado o tribunal acordara el recibimiento del proceso a prueba, en el llamado primer período probatorio. Por tanto, se producía después de recibida la contestación a la demanda, con pleno conocimiento de su contenido y pudiendo acomodar los medios probatorios a la postura expresada por la Administración.

Ahora, la proposición se produce, no en el vacío, puesto que se cuenta con el expediente administrativo a la hora de formalizar la demanda, pero sí con la sensación de vértigo de tener que decidir demasiado pronto en el proceso la batería de pruebas con la que se va a contar durante el mismo.

En el caso que quiero exponer, el objeto del proceso es la impugnación de un Plan Territorial Parcial (instrumento de ordenación del territorio, de competencia autonómica y superior al planeamiento urbanístico municipal), por parte de uno de los ayuntamiento que se ve afectado por las determinaciones territoriales de dicho Plan. Así, es un pleito entre administraciones, la entidad local como recurrente frente al gobierno autonómico como administración demandada, aunque esto en nada afecta al aspecto probatorio del procedimiento.

Uno de los motivos de impugnación se refiere, resumiendo, a las determinaciones que el Plan establece sobre la red de carreteras del área territorial, que en opinión del Ayuntamiento va a provocar modificaciones en el tráfico de vehículos ligeros y pesados de la zona, en perjuicio de las condiciones de circulación de este municipio.

La alegación se fundamenta en un informe pericial de una ingeniería que aplica modelos informáticos de cálculo de flujos de tráfico, y que llega a la conclusión de que, con las modificaciones establecidas por el Plan, los actuales flujos se van a derivar a viales internos del municipio, provocando su saturación por la incapacidad de las travesías urbanas de asimilar dichos incrementos de tráfico.

Pues bien, ese informe pericial se aportó junto con la demanda (hasta aquí, ninguna novedad, como en la LJCA anterior a la reforma), pero la totalidad de la proposición de prueba (interrogatorio, prueba documental complementaria requerida a la administración, testifical y otras periciales) también se hubo de formular en dicho escrito, de manera preclusiva, a expensas de que la contestación se produjera con todas las cartas de la demanda sobre la mesa.

Así, en la contestación, la Administración demandada puso en duda el informe pericial, afirmando que este estudio no tenía en cuenta dos circunstancias con incidencia en el tráfico: la apertura en fechas recientes –posteriores a la demanda– de una nueva salida con peaje gratuito en la autopista principal que cruza el área y la futura construcción de una nueva carretera de carácter comarcal, que de acuerdo con un estudio de la Administración reduciría los flujos de tráfico ‘conflictivos’ en porcentajes nada desdeñables. No se aportaba dicho estudio con la contestación, ni formaba parte del expediente administrativo, se trataba de una mera manifestación de parte.

La ingeniería encargada nos informó de que no sería capaz de contestar a estos motivos de oposición en el acto de ratificación o aclaración de su informe, sino que le resultaba imprescindible contar con los datos de tráfico alegados por la Administración demandada para incorporarlos a sus modelos informáticos y analizar su verdadera incidencia.

El cauce procesal adecuado para el planteamiento alegatorio y probatorio de esta cuestión viene establecido en el segundo apartado del artículo 60 LJCA:

60.2 LJCA: «Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56».

De esta forma, presenté, dentro de dicho plazo de cinco días desde el traslado de la contestación, al amparo del artículo 60.2 LJCA y en relación con los artículos 338 y 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un escrito de alegaciones sobre hechos nuevos de trascendencia para el pleito, solicitud de recibimiento a prueba de los mismos y proposición de los medios de prueba correspondientes.

En el primer apartado de Alegaciones expuse que los motivos de oposición de la Administración demandada a nuestro informe pericial constituían hechos nuevos, uno de fecha reciente y el otro ausente de toda la vía administrativa y su expediente, y procuré explicar con claridad que, para su comprobación, acreditación o rechazo pretendía proponer una ampliación del informe pericial de nuestra ingeniería cuya necesidad venía suscitada por la contestación (artículo 338 LEC) y, sobre todo, que para su elaboración resultaba imprescindible recabar de la Administración, de manera previa, los datos que había alegado pero no aportado.

El segundo apartado de Recibimiento a prueba y proposición de medios probatorios, lógicamente, se basaba en el anterior, para solicitar el recibimiento a prueba de los dos puntos de hecho ya citados (peaje gratuito y futura carretera comarcal) y proponer, primero la prueba documental, a fin de que se requiriera a la Administración la aportación de los datos necesarios para la elaboración del informe, y a continuación esta prueba pericial, solicitando del Tribunal que estableciera un plazo para su elaboración y aportación posterior a la práctica y traslado de la documental requerida.

El resultado ha sido que el Tribunal ha admitido la totalidad de la prueba propuesta, tanto la inicial del escrito de formalización de demanda como la contenida en este escrito posterior a la contestación, ordenando todo lo necesario para su práctica.

Por lo que se refiere a los hechos y medios probatorios nuevos, el Tribunal ha requerido a la Administración demandada la aportación de la prueba documental propuesta, y «en cuanto a la pericial que se anuncia, se admite, a practicar en un plazo de veinte días a partir de la entrega de la documentación requerida a la parte proponente».

Así que, por ahora, contento, puedo al menos contar con la prueba (lo del resultado final del recurso está por ver) y he despejado las dudas respecto del nuevo régimen de proposición de prueba en el escrito de demanda. Entiendo que el artículo 60.2 LJCA no abre la vía a cualquier tipo de alegación complementaria a resultas de la contestación, por lo que la mayoría de las veces la demanda será momento preclusivo para la proposición, pero cuando la Administración se sale por peteneras y alega hechos nuevos, el cauce procesal para la ampliación de la prueba es claro.

Eso sí, la lección definitiva que me he apuntado para mí es la siguiente: antes, para preparar a conciencia la prueba, bastaba con esperar, después de la contestación, a que el tribunal recibiera el proceso a prueba y abriera el primer período probatorio concediendo un plazo de quince días para su proposición; ahora, ésta se tiene que preparar concienzudamente en la formalización de demanda, y hay que examinar la contestación tan pronto llegue, porque se abre, sin mención expresa por parte del tribunal, el plazo de cinco días establecido para la ampliación a nuevos hechos planteados por la Administración. Transcurrido ese plazo, la suerte de la prueba está echada.