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El ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 de Protección a los Informantes (2/2) - HayDerecho

Pues bien, el Anteproyecto que se sometió a información pública incluyó en su ámbito, además del obligado por la Directiva, «Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico siempre que, en cualquiera de los casos, afecten o menoscaben directamente el interés general, y no cuenten con una regulación específica. En todo caso, se entenderá afectado el interés general cuando la acción u omisión de que se trate implique quebranto económico para la Hacienda Pública».

Sin embargo, el texto del Proyecto de Ley presentaba ya una redacción que, con un pequeño añadido, sería definitiva, pasando a la Ley 2/2023 –art. 2.1.b)-: «Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social».

Este cambio sobrevenido explica la falta de sentido de la parte final del precepto finalmente aprobado: «En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social». Ello es así, pues la primera proposición (toda infracción administrativa grave o muy grave) ya engloba a la segunda, que resulta ahora superflua. La referencia al quebranto económico para la Hacienda Pública (y ahora para la Seguridad Social) tenía sentido para definir la noción de afección al interés general, que era complementaria a las infracciones graves y muy graves, pero en la redacción actual carece por completo de significación.

El ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 de Protección a los Informantes (1/2) - HayDerecho

Ahora bien, este dispositivo no es apto para comunicar cualquier incumplimiento legal, sino que está constreñido a un ámbito material determinado por la Ley en su artículo 2. En concreto, la Ley 2/2023 presenta un doble ámbito material de aplicación: de un lado, como no podía ser de otro modo, plasma el ámbito material obligado para incorporar al Derecho español la Directiva 2019/1937; y, de otro lado, añade un ámbito adicional, por decisión del legislador estatal. En esta entrada me ocuparé del primero, a la que seguirá una segunda entrada sobre el ámbito añadido por el legislador estatal.

Hacia el ocaso de la obra pública en España… - HayDerecho. Por José Luís Villar Ezcurra

Acabo de encontrar un ejemplo real de utilización del término «solo» en el que la nueva norma sobre el uso de la tilde diacrítica en el adverbio «solo» no me ayuda nada. Se supone que si, a juicio del que escribe, existe algún riesgo de ambigüedad, puede utilizar la tilde en «solo». Pero es que en este caso la ambigüedad no surge del adverbio, sino del adjetivo. Estoy escribiendo: «Necesito acudir a la interpretación de otros artículos de la norma, porque el artículo 18 solo contradice lo que quiero decir». Aquí, «solo» es adjetivo de «artículo 18», no es adverbio, por lo que va sin tilde. Para eliminar toda ambigüedad, debería decir «por sí solo». Porque de otra forma parecería que el artículo 18 «solamente» contradice lo que quiero decir. Es decir, que la norma de la tilde diacrítica no me ayuda, para una vez que encuentro un ejemplo de ambigüedad real (no como los ejemplos absurdos fabricados por los tildistas: «solo solo tomo café solo»), y tengo que acudir a otras construcciones como «por sí solo». Total, que sigo pensando lo mismo de siempre: el uso de la tilde diacrítica en «solo» y en los pronombres demostrativos es innecesario. Primero, porque apenas hay usos cuya remota ambigüedad no se resuelva con el contexto; segundo, porque no sirve para resolver los escasos ejemplos en los que la ambigüedad es real.