2015s
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Derecho administrativo estadounidense, por Monsieur de Villefort
Hoy, una nota breve para volver a traer otro artículo del blog de política, derecho, historia y cultura de Monsieur de Villefort, como ya he hecho en otras ocasiones, aquí y aquí.
No deja de maravillarme este blog, y es especialmente brillante cuando trata temas de Derecho Comparado, refiriéndose frecuentemente al sistema legal y judicial estadounidense (mi inocente debilidad por los Estados Unidos de América es conocida entre mis allegados, pero carezco de la capacidad de estudio del Señor de Villefort).
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Un resumen del anteproyecto de ley de procedimiento administrativo, en NoSoloAytos
Decía en un post reciente que habrá tiempo de analizar las novedades de la futura Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando el presente Anteproyecto se convierta en Proyecto de Ley, como paso previo a su tramitación y aprobación parlamentaria, que el Gobierno quiere culminar en los próximos meses.
Pero en este tiempo no van a faltar distintos análisis en blogs y publicaciones especializadas. Hoy quiero traer el post que he leído en el blog NoSoloAytos de Víctor Almonacid Lamelas.
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Propiedad administrativa temporal sobre inmuebles, en el blog de Urbaniker
Iñigo Maguregi es letrado urbanista, impulsor de la Ley del Suelo y Urbanismo del Pais Vasco y experto en políticas de vivienda, y tiene un blog (Urbaniker), que se caracteriza, en mi opinión, no sólo por exponer temas de interés en las materias de su especialidad, cosa que hace con detalle y exhaustividad, sino por detectar problemas y proponer soluciones, logrando que sus opiniones vayan más allá de la mera descripción y alcancen un nivel de reflexión jurídica verdaderamente necesaria para impulsar el Derecho un paso más cada día.
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De honorarios profesionales, por obra y gracia de Alfredo Herranz
Es importante hablar de dinero en nuestra profesión, y ya dije aquí que me parece fundamental hablarlo de forma clara con el cliente. Prometí, además, escribir acerca de cómo presupuesto a mis clientes, pero no lo hice en su día y ha pasado mucho tiempo sin cumplir la promesa.
La ocasión para volver a abordar el tema me la ha dado este artículo de Alfredo Herranz, abogado de Zaragoza y de las redes, de sobra conocido por todos.
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Las dos principales leyes de reforma en materia administrativa se aprobarán en esta legislatura
Si lo dice la página del Instituto Nacional de Administración Pública, habrá que creerlo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha anunciado que el Gobierno va a seguir adelante con la tramitación de los dos Anteproyectos que van a sustituir a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), a fin de que sean aprobados por las Cortes antes del final de la presente legislatura.
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Ideas para la regulación de las costas procesales, con permiso de JR Chaves
El Magistrado D. José Ramón Chaves, conocido por todos por su blog Contencioso, ha ingresado como Miembro de Número en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Vaya por delante, por lo tanto, mi enhorabuena, a él por el ingreso y a la Academia por la incorporación.
De su discurso de aceptación, que se puede descargar en este enlace y en el artículo de su blog, me ha llamado la atención lo siguiente, con relación a la necesidad de regular la cuantificación de las costas procesales, fundamentalmente las de abogado y procurador:
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La legitimación para recurrir al contencioso tras los recursos especiales en materia de contratación
La legitimación para recurrir al contencioso tras los recursos especiales en materia de contratación
Es un trabajo de Tomás Cano Campos, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, publicado en la Revista General de Derecho Administrativo 37 (Iustel, 2014), y que he conocido a través del servicio de ‘La Administración Al Día’ del INAP.
El autor examina con detenimiento el particular régimen de legitimación que se establece en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las decisiones que adoptan los tribunales u órganos administrativos de recursos contractuales en el marco de los recursos especiales y las cuestiones de nulidad del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), así como en las reclamaciones de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales (LCSE).
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Un Juzgado de San Sebastián plantea cuestión de constitucionalidad sobre el Impuesto de Plusvalía
Diego Marín-Barnuevo Fabo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo publicado en el blog del Instituto de Derecho Local de la UAM, nos da noticia del Auto por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián ha planteado una cuestión de constitucionalidad acerca del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como Impuesto de Plusvalía.
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Valoración de sistemas generales a expropiar en la jurisprudencia que empieza a aplicar el TRLS de 2008
Valioso artículo de Miguel Sánchez Morón en la página de El Derecho, titulado «La nueva jurisprudencia del 2014 sobre la valoración de los sistemas generales a efectos de expropiación forzosa», en el que analiza dos sentencias que permiten empezar a vislumbrar los criterios de aplicación de la nueva regulación de valoración de suelos establecida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
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Prontuario de principios y casuística en materia de notificaciones tributarias
RAE Prontuario. (Del lat. promptuarĭum, despensa). 1. m. Resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten.
La Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2014 (Rec. 4484/2012), recoge un auténtico compendio de los principios y criterios que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han ido desgranando en la comprobación de la validez o defecto de las notificaciones tributarias, perfectamente trasladable a cualquier otra notificación administrativa, así como un completo catálogo de los ejemplos que ofrece la enorme casuística que se produce en este ámbito, que merece la pena guardar.
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El anteproyecto de ley de procedimiento administrativo, según JR Chaves
Una anotación rápida para dejar constancia del artículo publicado por José Ramón Chaves, en el que resume con su habitual estilo ameno el Anteproyecto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si teníamos pendiente estudiar el Anteproyecto, nada mejor que aprovechar que alguien ya lo ha hecho y, además, nos lo sirve bien cocinado.
Desde luego, seguro que su propuesta de acrónimo («la PACA») va a tener éxito.
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Contra el criterio del vencimiento en las costas del contencioso-administrativo
Como nunca son suficientes las voces que se manifiestan en contra del criterio del vencimiento que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, introdujo en la jurisdicción contencioso-administrativa, hoy traigo un post de Fernando José Zamora Martínez, de Carnicer y Zamora Abogados, despacho de Zaragoza, que se despacha a gusto y con acierto contra costas y tasas en esta jurisdicción.
Aboga, claro está, por la vuelta al criterio de la imposición de costas sólo por temeridad o mala fe:
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Requisitos de la buena fe a efectos de usucapión ordinaria
Nunca me aburro de leer sobre posesión a título de dueño, buena fe o justo título, porque la suerte de haber tenido un profesor como Jorge Caramés Puentes me convirtió en freaky de la usucapión.
Por lo demás, suelo decir a menudo que admiro a la gente a la que genuinamente le gusta el Derecho. A mí me divierte poco, con alguna excepción como ésta de la prescripción adquisitiva. Como digo, disfruté tanto con la oratoria precisa del Profesor Caramés que, casi veinte años después, sigo saboreando sus matices y la huella perdura.
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Hat trick del artículo 135 LEC: sí se aplica en la interposición del recurso contencioso-administrativo
A esta marcha, se va a convertir en el precepto fetiche de este blog, o en una pelmada, pero prometo dejarlo estar una temporada después de esta terna de anotaciones.
Como recogí aquí, no cabe la «presentación a término» en el procedimiento administrativo. En este segundo post, vimos que sí cabe a los efectos del cómputo del plazo para la prescripción de la reclamación judicial por responsabilidad civil.
Y ahora, quiero dejar constancia de la jurisprudencia que aboga con claridad por la aplicación del artículo 135 LEC en la presentación del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo.
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El artículo 135 LEC también se aplica para computar el plazo para la reclamación judicial por responsabilidad extracontractual
Pues va a resultar que el artículo de marras va a dar juego, porque ya hace unos días dejé constancia aquí de una Sentencia que establece que no se puede aplicar en el procedimiento administrativo, y mañana recogeré unas cuantas que sí permiten hacerlo cuando se trata de la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Ahora me voy a referir al ámbito civil y, en concreto, a la reclamación por responsabilidad extracontractual del artículo 1.
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Una propuesta para trasladar el sistema de días-multa penal a las sanciones administrativas
Magnífico artículo de Javier García Luengo, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en en el número 38 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, 2015), y que he leído en la web de La Administración al Día del INAP.
El artículo comienza argumentando la necesidad de que las circunstancias económicas del infractor sean consideradas como criterio para la graduación, tanto al alza como a la baja, de las sanciones administrativas, dando cumplimiento así a los principios de igualdad y proporcionalidad.
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Algo huele mal en la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles, y no es por estos.
Reconozco que este asunto escapa de mi especialidad y no me he detenido a estudiarlo con detalle. Básicamente, mi postura se resume en que, cada vez que oigo a un gobernante decir que un servicio público «continuará siendo gratuito», echo mano de la cartera para que no me la afane.
Pero dejo constancia en el blog de dos artículos muy ilustrativos, de los que he tenido conocimiento a través del blog ‘De Lo Justo Y De Lo Humano’ de Alfredo Herranz, y así ayudo a darles difusión, en la modesta medida de mis posibilidades.
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Colegiación obligatoria de profesionales vinculados a la Administración Pública
El Boletín Oficial del País Vasco de 8 de abril de 2015 ha hecho pública la Sentencia de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 21 de noviembre de 2014 (RC 5463/2002). Se puede descargar en el siguiente enlace de CENDOJ.
Esta Sentencia, que pone fin a un Recurso de Casación interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, anula un inciso de los Estatutos de dicho Colegio, aprobados por el Gobierno Vasco, que excluía de la obligación de colegiación a los profesionales farmacéuticos vinculados a la Administración, fuera por relación administrativa o laboral.
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El servicio de consultas del Consejo de Estado es magnífico
El Consejo de Estado tiene una base de documentación para consultar sus dictámenes, alojada en la página del BOE, útil, práctica y de fácil utilización.
Pero ahí están los dictámenes a partir de 1987, y lo que hoy quiero destacar es el magnífico servicio que presta el Consejo de Estado para acceder a los dictámenes anteriores a esa fecha, a 1987.
Lo probé hace unos meses y volví a necesitarlo ayer, y la verdad es que toda alabanza es poca.
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Cuándo se entiende producida una notificación de Lexnet
El artículo de José Ramón Chaves tiene ya un año, pero es de esos que hay que anotar y no perder la referencia.
En las notificaciones por el sistema Lexnet, se debe entender producida la notificación, a fin de que empiece a computar el plazo correspondiente, en la fecha en la que se entrega en el buzón virtual del Colegio de Procuradores, no cuando el Procurador accede a su propio buzón virtual.